Pedro CanchéLa Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 6 de julio, 2016
A menos de dos meses de concluir la presente administración, el gobierno del estado inició el pago de facturas a través de la creación de nuevas Notarías Públicas que fueron repartidas en secrecía entre diputados, funcionarios estatales y, en el peor de los casos, a uno de los socios de la empresa Medios y Procedimientos Tecnológicos S. A de C.V, empresa que ha sido demandada por intentar monopolizar el mercado de los verificentros en Estado de México y Puebla. Se trata de Marco Antonio Valenzuela Villalpando, ya titular de la Notaría 100; él y su hermano, Manuel Valenzuela, están acusados en Puebla y Estado de México, por obtener dudosamente concesiones y de intentar monopolizar el sector.
El asunto de los verificentros, fue discutido en el 2012 por el Congreso de Quintana Roo, en donde también fueron aprobadas la concesión a 12 empresas, que hasta la fecha no entran en funcionamiento. La iniciativa de decreto, fue aprobada a pocos meses del inicio del gobierno de Roberto Borge Angulo.
El decreto, aún vigente, no se puso en marcha porque diversos sectores se manifestaron en contra de la instalación de verificentros pues no es una medida necesaria por el bajo índice de contaminación en el estado, sin embargo se mantienen en obras de construcción por lo que en cualquier momento podrían ser puestos en marcha.
A partir de junio, quedaron asignadas las diez nuevas Notarías Públicas que entregó la presente administración a través de la Secretaría de Gobierno, trámite que inició desde abril, de acuerdo con la Ley de Notarías que establece el procedimiento para su reparto.
Las diputadas priístas Berenice Polanco Córdova y Judith Villanueva son dos de las autorizadas ejercer en la ciudad de Cancún y Chetumal, respectivamente.
El pasado jueves 30 de junio, se publicó en un medio de comunicación de circulación estatal, avisos que notificaban la creación de dos Notarías, la 93 y la 94, esta última a cargo de la todavía diputada local, la priísta Berenice Polanco Córdova, hija de un connotado político cancunense, ex Senador Jorge Polanco, quien pese a ello trabajó a favor del hoy gobernador electo, Carlos Joaquín González.
Otro aviso, sobre la Notaría 93 a cargo de Jorge Julián Pereyra Escudero, hermano del diputado electo Juan Carlos Pereyra, que casualmente le fue asignada en abril, dos meses después de que declinara en su apoyo a Carlos Joaquín, en su intención de contender por la gubernatura. El mismo abogado ya tiene en su historial el uso de influencias para beneficiarse.
En el 2014, a Jorge Julián Pereyra, le fue permitida –a través del nombre de su esposa, la explotación de frentes de playa en Playa del Carmen por el cabildo encabezado en ese entonces por el ex candidato a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, según documentó la revista Proceso.
Este martes, se publicaron otros nuevos avisos, uno de éstos, en reconocimiento de Armando Rodolfo Rincón Ruíz, como titular de la Notaría número 96 en Cancún y al abogado Juan Manuel González López la 99, también con residencia en Cancún.
La Notaría Pública 91, le fue asignada a Javier Jesús Cárdenas Rivero, actual titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en el estado.
Aún no se publica la lista completa de Notarías que se suman a las 89 existentes en Quintana Roo hasta antes de junio cuando se dio a conocer el listado completo previo a la jornada electoral.
De acuerdo con la Ley de Notariado vigente en el estado, el cargo de Notario Público Titular es vitalicio y sólo podrán ser suspendidos o en su caso, les será revocada y cancelada la patente respectiva, en los términos de esta Ley, y así lo declare el Gobernador del Estado.
La misma ley en el artículo 37, establece que para que se pueda iniciar la actuación notarial, se debe pagar una garantía a favor del gobierno del estado, por la cantidad de mil salarios mínimos que en términos monetarios es de dos millones 220 mil 416 pesos si se trata de depósito en efectivo ante la Secretaría de Planeación y Finanzas o cinco mil salarios mínimos -11 millones 102 mil 80 pesos- si se otorga en hipoteca o fianza y deberá actualizarse en el mismo porcentaje en que se modifique el citado salario mínimo.
Entre los requisitos para obtener dicha franquicia, los aspirantes deben presentar y aprobar, con un mínimo de 75 puntos en una escala del 0 al 100, el examen de oposición teórico-práctico ante el jurado.
No se publicó.
El artículo 31, también señala que “cuando estuviere vacante una Notaría, o cuando fuere creada una nueva por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno publicará un anuncio, por una vez en el Periódico Oficial, convocando a los interesados al ejercicio del notariado, que pretendan obtener la patente de la Notaría vacante o de nueva creación, para que dentro del término de diez días”
El Abogado litigante Raúl Ojeda González, afirmó que dicho anuncio no fue publicado.
“Hay todo un procedimiento, y no debe ser escondido, está a concurso, se tiene que cumplir con ciertos requisitos; no se sometió a concurso, los Colegios y Barras de Abogados no tuvimos ese conocimiento”, precisó.
Agregó que este gobierno se ha caracterizado por el pago de favores.
El abogado indicó que esta práctica ha sido realizada por los últimos gobiernos priístas, que hasta ahora sumarían 100 pese a la poca actividad.
“Para los ciudadanos está bien, porque habrá menos costos, pero ya no es negocio para los Notarios, ataca a la profesionalización de las concesiones que deben tenerse, daña a la colectividad por no haberse hecho transparente”, dijo.
Según el abogado, al menos otras 15 nuevas Notarías se sumarán a las diez que ya se otorgaron, y existen otras 20 que están en trámite por parte del Ejecutivo, con lo que sumarían 45.
