Mary Hernandez(SinEmbargo)*
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en crisis. El saldo de la elección del pasado 5 de junio en siete estados motivó la salida del anterior dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y su reemplazo con el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, considerado un “desconocido” que tuvo que empezar a recorrer México para presentarse a la militancia.
Los resultados de los comicios, si bien previstos como complicados, sorprendieron aun así tanto en el Comité Ejecutivo Nacional del partido como en la Presidencia de la República, donde todavía hasta las seis de la tarde de ese domingo las encuestas de salida y los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) les permitían esperar al menos nueve victorias.
Luego llegaron las noticias de las derrotas en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Puebla, que fueron siete de las 12 entidades en disputa y, las cuatro primeras, lugares donde el Revolucionario Institucional no había perdido en sus más de 80 años de historia.
Para el CEN anterior, la principal causa de la debacle fue clara: hubo un castigo por parte de los electores, sobre todo a los gobernadores priistas con los más conocidos casos de corrupción y endeudamiento de las finanzas públicas, como Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.
El caso de Veracruz, sobre todo, ilustró el fracaso de la estrategia de la anterior dirigencia nacional para tratar de evitar las pérdidas y distanciarse de Duarte de Ochoa cuando, en febrero pasado, se promovió que el mandatario tomara licencia.
“Pero ¿qué pasó? Vino a Los Pinos, alegó lo que a su parte consideró y se quedó en su cargo, y nos hizo todo el daño que nos tenía que hacer”, dice una fuente del Comité Ejecutivo Nacional.
El motivo de esa falta de sanciones, plantea el entrevistado, es el “compromiso económico” que le generó al actual Presidente Enrique Peña Nieto el financiamiento de su campaña en 2012 en esos y otros estados –distinguidos también por el aumento en sus deudas públicas.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, agrega la fuente consultada, quien narró la percepción de una parte de la dirigencia nacional con la condición de no ser citada.
La Comisión Nacional de Justicia del PRI recibió el mes pasado una solicitud para suspender los derechos políticos a los tres gobernadores más problemáticos (los dos Duarte y Borge); procedimiento considerado por la anterior presidencia partidista como parte del trabajo necesario para, ahora sí, tratar de marcar distancia antes de la elección de 2018.
La nueva dirigencia del tricolor, sin embargo, no ha dado respuesta. Por lo que, de continuar sin prevenir de nuevo un castigo de los electores por las constantes denuncias de corrupción, consideran priistas consultados, lo que les espera es la derrota en la elección presidencial de 2018.
