Pedro CanchéPLAYA DEL CARMEN, MX.- (Noticaribe). El juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, admitió la demanda de amparo que promovió la presidente electa de Solidaridad, Cristina Torres, en contra del registro del crédito por mil 30 millones de pesos —en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Marcela Andrade— que las actuales autoridades de este municipio contrataron con Bansi.
El amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Quintana Roo y otras autoridades es el 1132/2016 y fue admitido el pasado 17 de agosto. El próximo 14 de septiembre se deberá realizar la audiencia constitucional para discutir el caso, de acuerdo con una copia del documento en poder de Noticaribe.
La admisión de la demanda en sí es relevante porque sentará un precedente importante en controversias relacionadas con los endeudamientos de estados y municipios.
Trascendió que el alcalde interino de Solidaridad, Rafael Castro, junto con su comitiva, viajó esta semana a la Ciudad de México para tratar de presionar a las autoridades de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP para que les aprueben el registro de la deuda a pesar de las inconsistencias evidenciadas.
De acuerdo con reportes obtenidos, esta Unidad de Coordinación requirió al municipio información adicional sobre el destino del crédito solicitado, ya que, aunque parezca insólito, ese dato no está asentado en el decreto de la XIV Legislatura en el que se aprobó el nuevo endeudamiento de Solidaridad.
Rafael Castro no ha podido solventar las observaciones porque lo que busca es discrecionalidad total para utilizar los recursos del nuevo crédito para tapar los desvíos en los que incurrió la actual administración que fue presidida hasta principios de marzo del 2016 por Mauricio Góngora, derrotado candidato priista a la gubernatura de Quintana Roo, y quien ha sido señalado por la oposición de usar recursos públicos para financiar su campaña.
En la recta final de su gobierno y ya contra reloj, el alcalde interino está tratando de usar todas las influencias políticas dentro de su partido, el PRI, para que Marcela Andrade autorice el registro de la nueva deuda, último requisito que les falta para tener acceso a los recursos del crédito antes de terminar la actual administración el próximo 30 de septiembre. (Noticaribe)
