Pedro CanchéPor: Luis Ángel
Pese a que, desde algunos puntos de vista, el tema de la venta irregular de terrenos de Quintana Roo durante el oscuro sexenio de Roberto Borge no es más que un “teatro” que se le habría caído al gobernador Carlos Joaquín González, lo cierto es que involucra ¡95 millones de metros cuadrados!, la mayoría de ellos, no todos, vendidos a precios menores al 1%, muy por debajo de su valor real.
Lo anterior surge de una entrevista radiofónica al titular de la Secretaría de Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, quien explicó al periodista Eduardo Ruiz Healy que Quintana Roo contaba al inicio de la administración borgista con alrededor de 80 mil hectáreas, de las que el vilipendiado mandatario enajenó unas 9 mil 500, más del 10% del total, lo que implica “un daño patrimonial enorme”.
A la serie de declaraciones de quien fuera secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez durante el trienio de Julián Ricalde Magaña, este viernes despertamos con la “novedad” de que las irregularidades, para variar -no podría faltar nunca en este tema- también involucran al tristemente “célebre” ex gobernador priísta Félix González.
En efecto, Del Pozo Dergal declaró a El Universal que durante el sexenio del cuestionado ex mandatario (2005-2011), ahora senador, también se desincorporaron predios del patrimonio para beneficiar a familiares, entre ellos su hermana Patricia Jacqueline, quien pagó al IPAE 5 mil pesos por un terreno de mil metros cuadrados en Tulum, pese a que su valor catastral era de 500 mil pesos.
Reproducida por Diario de Yucatán, la información señala como probables responsables del daño patrimonial a las ex directoras del IPAE, Gina Ortiz y Claudia Romanillos, pues el 18 de marzo de 2011, un mes antes de que Félix González dejara el cargo, la primera aprobó una “indemnización por afectación” a favor de Industria Cozumeleña de la Construcción para cederle gratis un predio de 647 metros con valor de 161 mil 932 pesos.
La lista de grandes beneficiarios por el “remate” del patrimonio en siete de los 11 municipios de Quintana Roo incluye políticos, empresarios, funcionarios, amigos, familiares y hasta empleados de Roberto Borge, a quienes se denunció ante la Fiscalía General del Estado y la PGR
Por ejemplo, aparece la madre del ex gobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien adquirió tres predios de 4 mil 432, 111 mil 763 y 2 mil 498 metros cuadrados, respectivamente ¿Procederá el Fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera contra la madre de su ex patrón?
El abogado de la familia Borge y socio de “Impulsora Marítima del Caribe”, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también se incluye en las denuncias, así como en la que interpuso en septiembre la organización Somos tus Ojos contra Borge por enriquecimiento ilícito y peculado sobre 34 terrenos públicos.
El 3 de marzo de 2014, junto con Franco González y María Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de Roberto Borge Martín -padre del ex gobernador- y socia de González Hermosillo y Franco González, constituyeron la empresa “Caracol 65” para compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, beneficiada con diversos del IPAE, según investigó Fabiola Cortés, presidenta de Somos tus Ojos.
Lamentablemente, para la transacción del patrimonio no se requiere autorización del Congreso del Estado, sólo del IPAE, como si se tratara de un trato entre particulares, lo que agrava el tema de las operaciones, ya que las 9 mil 500 hectáreas enajenadas equivalen a 6 veces la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie total del municipio de Isla Mujeres.
Ahora bien, lo que demanda el gobierno de Carlos Joaquín es que la PGR investigue la procedencia de los recursos que implicaron sospechosas operaciones vinculadas, entre ellas de la naviera que controla la familia de Roberto Borge.
Entre los temas con los que algunos medios han creado controversia se incluye el volumen de inmuebles involucrados, ya que Del Pozo Dergal habló sólo de 850 hectáreas vinculadas entre compradores y la familia del ex mandatario, aunque recalcó que sólo se trataba “de las primeras”.
Asimismo, se cuestiona que el funcionario habría dicho que ninguna operación habría sido delictiva, aunque, según la entrevista, diferencia el tipo de responsabilidad de las operaciones entre administrativas, resarcitorias y penales, la primera no constitutiva de delito, que se sanciona de manera diferente.
Así, el Gobierno de Quintana Roo habría presentado las penales por conllevar conductas delictivas, ya que existiría un “modus operandi” que se podría analizar desde la perspectiva delincuencia organizada, sobre la que se ignora cuántos compradores o nombres estarían involucrados, aunque se trata de alrededor de 20 personas entre físicas y morales pertenecientes a un círculo muy cercano a Roberto Borge.
Se trata de terrenos agrestes sobre los que recién concluyeron los levantamientos y avalúos sobre las áreas ya denunciadas que, por cierto, desde el 2011 habría comenzado a vender el ex mandatario hasta salir, con lo que cada uno de sus 5 años vendió el equivalente a una zona hotelera de Cancún.
Ciertamente, con sobrada razón el 2 de agosto último, unos dos meses antes de concluir su “administración” Roberto Borge decretó la desaparición de la Unidad de Transparencia de Quintana Roo, donde, al igual que en el malogrado sexenio de Félix González, existió de todo, ¡excepto transparencia!
Si de opacidad se trata, el diputado panista Fernando Zelaya Espinoza informó que analizan el estado de las obras que licitó la Secretaría de Infraestructura y Transporte durante el sexenio borgista, esto ante supuestas irregularidades como tráfico de influencias, desvío de recursos y facturas infladas.
Así, ejemplificó licitaciones a favor del consorcio Grupo Desarrollador Rumega, empresa que se constituyó apenas un mes después del inicio del sexenio del cozumeleño, en cuyos primeros siete meses Sintra le entregó 10 licitaciones.
¡Otra manchita más al tigre!
Ahora bien, será interesante conocer al final de3 cuentas los nombres de TODOS los involucrados en las transacciones de inmuebles del IPAE, ya que no pocos coinciden en involucrar a personajes de la política relacionados con el equipo de Carlos Joaquín, entre ellos el mismito Secretario de Gobierno, el panista Francisco López Mena.
¿Lo desmentirá el funcionario?
