Van por corruptos

Ex funcionarios de cuatro Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por presuntos ilícitos que cometieron utilizando sus cargos y usurpando autoridad, entre ellos posibles fraudes y robos, informó Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los ahora denunciados fueron funcionarios en la administración de Roberto Borge Angulo, y entre las ilegalidades que se les imputan están la desaparición de dinero previamente depositado por empresas a favor de trabajadores, así como el despojo de propiedades a través de juicios laborales apócrifos.

Se trata de los anteriores presidentes de la Juntas Locales en Cancún y Playa del Carmen: Elidé María Meriggi Pérez, Alexis Zavala Ávila, Javier Rosado Sauri y Roberto Javier Ibarra Morales, así como algunos actuarios que son también presuntos responsables de estas ilegalidades.

La Secretaría Estatal del Trabajo dio a conocer que se han presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex funcionarios y funcionarios de cuatros Juntas de Conciliación y Arbitraje, por diversas irregularidades en la anterior administración.

Portillo Navarro indicó que estas acciones legales cuyo número de carpeta de investigación es FGE/QR/BJ/12/7722/2016, se tomaron luego de analizar la información de entrega-recepción, donde se detectaron inconsistencias e irregularidades en al menos 15 juicios apócrifos utilizados para despojar a propietarios de sus predios.

Además, se dio la sustracción y pérdida de expedientes, así como la falta de dinero en efectivo y cheques correspondientes a los depósitos de empresas y patrones a favor de los empleados, que ganaron juicios pero que nunca recibieron sus finiquitos o indemnizaciones; sin embargo, se omitió señalar la cuantificación del monto en efectivo que se extravió o presumiblemente fue hurtado por los funcionarios.

“Las acciones legales se están realizando a favor de particulares para resarcir los daños y también para recuperar algunas propiedades, sobre todo predios que fueron embargados a través de juicios falsos”, señaló.

Un ejemplo es la desmedida multa que la justicia laboral impuso a las empresas Inmobiliaria Ku S.A. de C.V., e Inmobiliaria Las Palmeras, a través de un avalúo de más de 5 millones de pesos y que fueron adjudicados a supuestos trabajadores que reclamaron indemnizaciones por afectación laboral, de entre uno y dos millones de pesos.

Comentó que a través de amparos interpuestos ante los Tribunales Colegiados, se logró la restitución de estos bienes inmuebles a sus legítimos dueños y adelantó que, en breve, propietarios legales de otras tres empresas estarán recuperando los predios Playa Azul, Cabaña Puerto del Cielo y Cabañas Itzel, en Tulum.

En su opinión, este tipo de irregularidades sólo se van a acabar cuando se homologuen los formatos de citatorios de las Juntas Locales de todo el estado y cuando sea obligatorio que los actuarios llenen estos formatos en las notificaciones, para que de manera simultánea los dos partes en juicio tengan información puntual sobre sus diligencias.

El modus operandi de la red de corrupción al interior de las Juntas de Conciliación, explicó, incluye grupos de supuestos trabajadores y abogados externos que se prestan para promover demandas contra personas físicas o empresas, a las que deliberadamente no notificaban los juicios laborales en su contra, para realizar un dictamen de laudo condenatorio y de esta manera embargar los predios.

Posteriormente, abundó, los predios públicos fueron rematados de manera ilegal ya que nunca se publicaron de acuerdo con los lineamientos y sólo los clasificaron como “remates de escritorio”.

La funcionaria estatal puntualizó que se hará justicia hasta que funcionarios y exfuncionarios responsables paguen los daños ocasionados. Por: (Luces Del Siglo)

Pedro Canché es un periodista independiente y el fundador de Pedro Canche Noticias. El ha sido perseguido por el Gobierno Mexicano por darle voz al pueblo indígena Maya y los campesinos del Yucatan y pasó 9 meses en la cárcel en un caso de persecución politico que Reporteros Sin Fronteras llamaban absurdo. "Podrán encerrar el cuerpo humano pero nunca podrán encerrar la libertad de expresión." dijó Pedro Canché.

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