newsPor: Mary Hernández
Ante la polémica situación de lo que vino después de la era “Borgistas” muchos fueron los que se dieron un respiro cuando Roberto Borge por fin terminaba su gobierno. Revanchistos y castigos políticos, caprichos y berrinche del ex mandatario afectaron a cientos de empresarios, políticos y sobre todo al patrimonio del Estado.
La Torre Maioris en Cancún fue uno de los abusos de autoridad de la anterior administración, hace 15 meses atrás la pesadilla comenzó para los legales propietarios tras ser arrebatados de sus inmuebles de lujo. Patricio de la Peña en colaboración con Borge que lo autorizó prepararon demandas laborales a favor de 5 ex empleados del Corportivo Maioris.
Con Alexis Zavala Ayala al frente de la Junta de conciliación y arbitraje se llevó a cabo el desalojo de estos departamentos que quedaron en nombre de Lenny Beatriz Manzanilla Hernández, quien se presume es hermana de uno de los trabajadores beneficiados por el “juicio laboral”. También se beneficiaron Edgar Sadot Rodríguez Esparza, Eladio Cruz López, Dominga González Martínez y Hugo Alfredo Galleti Cipadero.
A todo esto, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo indicó que estos abusos se dieron gracias al tráfico de influencias que operó para que estas propiedades les fueran cedidas a los demandantes.
“Se les dio la posesión jurídica y material de cuatro departamentos por una orden federal de la Juez de Distrito y la actual representante de la junta de conciliación y arbitraje número 2 a los propietarios legítimos”.
Son aproximadamente 34 los propietarios afectados en Tulum, Playa del Carmen y otros más en Cancún quienes bajo el mismo sistema perdieron bienes inmuebles para después haberse vendido a precios de remate.
“El departamento debía ser deshabitado en ese momento porque sus documentos carecían de validez al ser anulados por el juez.”
Portillo Navarro declaró que al recibir la Secretaria se dieron el trabajo de indagar las demandas laborales que “torturaron” a ajenos, por ello, se les dio cese inmediato a todos los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Albitraje en el Estado para evitar que estas acciones vuelvan a ocurrir. Posteriormente, la Secretaria de la Gestión Pública se encargara de los procedimientos legales para estos ex funcionarios.
Los fraudes y despojos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron respaldados por ex presidentes de cada junta, actuarios, secretarios de acuerdos y generales, además de abogados y trabajadores «fantasmas».
Entre los cesados figuran Eddie María Medeyén Pérez, quien atendía la Junta Especial 1, Alexis Zavala Ávila de la Junta Especial 2; Javier Ernesto Rosado Sauri de la Junta Especial 3, y Roberto Javier Ibarra de la Junta Local de Playa del Carmen.
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es Alexis Zavala Ávila no Ayala