newsPor: Mary Hernández
Son ahora los legisladores locales quienes tienen gran parte de la responsabilidad de castigar los hechos de corruptela cometidos por ex funcionarios del Borgismo y al mismo Borge cuando los procesos legales se cumplan conforme a ley.
Las demandas de Juicios Políticos llegaron al Congreso del Estado para que se investigue y castigue tanto al ex mandatario Roberto Borge como a Presidentes Municipales y ex funcionarios de la anterior administración.
Hasta el momento, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia han dado luz verde para el Juicio Político del ex alcalde cozumeleño, Freddy Marrufo, pero la cercanía y lealtad del priísta a Félix González le fue recompensado con un nuevo cargo de grandes ligas en el Gobierno Federal de Peña Nieto.
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Fredy recibió poco después de haber sido nombrado delegado de la SEDATU en Quintana Roo, el regalo de su sucesora Perla Tún. La isleña presentaba ante el Congreso la demanda de Juício Político en su contra con las pruebas sustentadas por 121 millones de pesos, derivado de inconsistencias en 73 cuentas bancarias. Las inconsistencias reportadas, se localizan en los rubros de partidas pendientes de conciliación, saldos deudores, prestaciones pactadas, convenios de pago con el ISSSTE, éste por más de 62 millones, y otros rubros.
La tarea de la Comisión de Justicia es analizar la procedencia del Juicio Político, es decir, verifican y analizan que las faltas cometidas por el servidor público estén condenadas en la Constitución y en la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Declarándolo procedente se lleva al Pleno y será la Comisión instructora elegida la que determinará la responsabilidad o no en base a la gravedad y las violaciones a la ley.
“Las demandas de Juicios Políticos vienen cargados, ya pudímos analizar tres de ellos en el que declaramos procedente la demanda en contra de Fredy Marrufo, ex presidente municipal a quien se le demandó y sustento debidamente por la administración actual de Cozumel” declaró el diputado Fernando Zelaya.
Aún con las pruebas en mano, los legisladores no tienen fecha para proceder al siguiente paso de llevarlo al pleno, situación que sin duda pondrá nervioso al amigo del Senador González Canto teniendo muy bajas posibilidades de ser perdonado cuando quienes lo juzgaran son sus enemigos políticos y forman parte de la gran mayoría en el Congreso opositora al Partido tricolor. No hay tanta esperanza por acercarse al Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martinez quien tiene poder por su cargo para ordenar su perdón, el panista ya debe saber que castigar a Marrufo es debilitar a un ambicioso y retador enemigo.
Por su parte, arreglar con Carlos Joaquín tampoco parece una opción que lo pueda salvar de ser condenado. Sería un impacto negativo para la imagen del Gobernador si al final el caso queda impune, ya suficiente se habla a nivel nacional de las ejecuciones diarias y conflictos con el narco que desestabilizan los trabajos del gobierno actual.
Entre las solicitudes de juicio político que se demandaron se incluyen una lista de ex alcaldes que hicieron evidente el endeudamiento de las arcas municipales. Los priístas Gabriel Carballo de Carrillo Puerto y Juan Parra de Jose María Morelos salvaron su pellejo al ser desechado su Juicio Político por la Comisión de Justicia en el Congreso Local. Esto con la justificación de que sus demandas atienden mas a investigaciones de autoridades judiciales y no corresponden los argumentos a lo referido en el Juicio Político.
“En el caso de Carballo, si se llega a determinar algún tipo de desfalco en las arcas municipales y se aportan las pruebas, se contarían con los elementos para instrumentar un Juicio Político, independientemente de lo que se pueda llegar a determinar por los órganos auditores, es decir, la contraloría municipal y la Auditoría Superior del Estado que con base a sus facultades pueden iniciar un proceso de responsabilidad”. Comentó el panista Zelaya.
A su vez, Harley Sosa Guillen fue otro de los demandados que se salvo de llegar al juicio, debido a que su cargo no es específicamente el de servidor público, así lo justificó Carlos Mario Villanueva, presidente de la comisión de justicia.
En la lista figuran funcionarios actuales y ex funcionarios pero hasta el momento el del colaborador del Presidente de la República, Fredy Marrufo es el único que se logró llevar al Pleno para ser investigado y valorado.
