Garantizar el agua para Quintana Roo

La Senadora, Luz María Beristain Navarrete, de la LXIII legislatura en representación del Estado de Quintana Roo promueve ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión un punto de acuerdo por el cual exhorta a los diputados quintanarroenses a realizar las modificaciones necesarias en su Constitución Local para dar certeza jurídica a los habitantes de la entidad federativa y evitar que se siga vulnerando el derecho humano de acceso al agua.
La Organización de las Naciones Unidas en 2002 y 2007 reafirmaron a través de la Observación N°15 y un estudio publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el acceso al agua potable como un derecho humano concluyendo que cada persona debe disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

En México la Constitución Política en su artículo cuarto fue reformada en el año 2012 para reconocer explícitamente el agua y su saneamiento como derecho de toda persona y está vinculado con los artículos primero en que se especifica que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos de su población y los tratados internacionales sobre la materia y el artículo 27 que refiere al dominio de las aguas por parte del Estado.
La reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en esta materia refrendaría el derecho humano de acceso al agua potable y a los servicios anexos que esta conlleva; asimismo que los ampliaría, y se establecería, a detalle, la política hídrica que se deberá desarrollar en el estado para dar cumplimiento al mandato del artículo 4 de la Ley Suprema de la Nación.

La ciudadanía de Quintana Roo ha sido testigo de deficiencias que presenta el servicio de agua potable en el Estado, tanto el que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así como la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (Aguakán), los problemas que han sido de conocimiento público, que van desde agua que no es apta para el consumo por los altos contenidos de sólidos, cortes injustificados del suministro, poblados que no cuentan con el vital líquido por falta de infraestructura, falta de inversión, déficit presupuestal, desvíos de recursos, tarifas exorbitantes e injustificadas, y una ilegal privatización en el Municipio de Solidaridad en el 2014.

El agua es un derecho humano vital y por ello requiere la mayor protección posible. Cabe destacar que ya existe una propuesta de reforma en el Congreso del Estado de Quintana Roo, misma que se espera sea aprobada previo al termino de sesiones ordinarias de la cámara legislativa local, que pondría fin a los abusos de la empresa “Aguakán” que vulneran los derechos humanos de los Quintanarroenses.