Agresiones de periodistas en QRoo no se compara con persecución borgista

Aunque en lo que va del gobierno de Carlos Joaquín González se han registrado algunas agresiones a los periodistas, actualmente en Quintana Roo hay condiciones para que los periodistas puedan elaborar mecanismos de protección para mejorar sus condiciones laborales, aunque primero se debe de analizar qué es lo que necesita el gremio dentro del estado, consideró director del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
Si bien se han dado casos de violencia hacia la prensa que involucra “a unos desconocidos”, a miembros del Sindicato de Taxistas y al fiscal del estado, Miguel Ángel Pech, por las amenazas de denuncia en contra de un diario local por su honor, no se compara a las 42 agresiones que se registraron tan sólo en 2014 con el gobierno de Roberto Borge, aunque instó al actual mandatario a que tome cartas en el asunto.
“Nos parece muy importante retomar el antecedente de Roberto Borge, que el gobierno tome cartas en el asunto, que no permita que esto se convierta en una bola de nieve, aunque no permita que prácticamente el único agresor de la prensa que no sea el gobierno, es más, que no haya agresores; que al contrario, el gobierno se convierta en un aliado en un factor de protección y de acceso a la justicia”.
El especialista pidió a los periodistas que reflexionen sobre qué es lo que necesita el gremio en el contexto actual de Quintana Roo, luego de que hace seis años el principal agresor hacia la prensa era el gobierno estatal.
Consideró que actualmente hay “muchas ganas de querer cambiar las cosas”, y que deben ser los propios periodistas los que mantengan la agenda para elaborar un mecanismo de protección que sea adecuado para las condiciones actuales de Quintana Roo.
“Hay una necesidad muy grande de clarificar temas que pasan por la seguridad física, psicológica, digital, pero también pasan por las garantías laborales, también pasan por las garantías de acceso a la justicia para quienes han sido agredidos, el tema de la regulación de la publicidad oficial, que se convierte en un verdadero medio de control editorial”.
Leopoldo Maldonado advirtió que si se hace una ley estatal para replicar el mecanismo federal, se corre el riesgo de que no cumpla con los objetivos. En cambio, si es una ley de protección para establecer las medidas de protección institucionales coordinadas entre la Federación, el gobierno estatal y municipal, podría haber un avance.
Sin embargo, acotó, la ley no debe ser vista como “fin en sí mismo, (sino) hacerla trabajar, hay que hacerla un instrumento vivo”.
Señaló que en este momento la prensa de Quintana Roo cuenta con “las condiciones para crear un mecanismo de protección eficaz, “pero este es un proceso del que ustedes se tienen que hacer dueños”.
Desde hace unas semanas, periodistas y defensores de derechos humanos se agruparon en un colectivo para exigir la abrogación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue expedida por el exgobernador Roberto Borge, por lo que el actual gobernador, Carlos Joaquín González, ya envió al Congreso del Estado la iniciativa para ello.
A cambio, el Congreso estatal pondrá en marcha foros de consulta con periodistas y defensores de derechos humanos para poder crear una nueva ley.