DENUNCIA CRISTINA TORRES A EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS ANTE LA PGR POR USO INDEBIDO DE RECURSOS

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La Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, interpuso una nueva denuncia contra funcionarios de primer nivel de la Administración anterior ante la Procuraduría General de la República (PGR), por ejercicio indebido de recursos federales por cerca de 150 millones de pesos, de los cuales 47 millones fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.

“En Solidaridad estamos en la ruta de la recuperación de la grandeza de nuestro municipio, seguiremos defendiendo el patrimonio de los solidarenses; para ello no se necesitan protagonismos estériles, nuestros actos son concretos en la búsqueda de quienes nos han dañado y regresen lo que es nuestro”, enfatizó la Munícipe.

Informó que del resultado de las auditorías que ha realizado tanto la Contraloría Municipal como auditores externos, se ha detectado la violación a las reglas de operación de programas federales para los que estaban destinados los recursos y no hay comprobación del uso de 47 millones de pesos de recursos federales.

Señaló que los recursos federales fueron enviados a una cuenta general, de esa cuenta general no se sabe en qué fueron utilizados. “Aparate de todo esto, se reintegran a las cuentas federales solo ciertas cantidades que no coinciden con el total, es decir, 47 millones no hemos encontrado su aplicación, entonces no hay comprobación de 47 millones de pesos provenientes de recursos federales”.

Subrayó que al no saber para qué fueron destinados estos recursos o en qué se utilizaron, hubo violación al cumplimiento de los programas federales para lo cual estaba destinado este dinero.

Asimismo, recordó que las tres denuncias anteriormente interpuestas ante la Fiscalía General del Estado tienen que ver con delitos de fuero común, mientras que la autoridad encargada de indagar el destino de los fondos federales es la PGR.

En total, las cuatro denuncian interpuestas hasta el momento contra ex funcionarios públicos, suman más de 350 millones 500 mil pesos aproximadamente, y están relacionadas, principalmente, con el uso indebido de recursos.

“Hemos seguido la ruta del dinero a través de las auditorías internas. Seguramente se puedan interponer más denuncias o ampliar las ya existentes. Las auditorias continúan y dentro de estos procesos van saliendo estas irregularidades; algunas tienen solventación de tipo administrativo; pero cuando no, se actúa ante la autoridad investigadora para que realice las acciones pertinentes”, detalló.

A esta denuncia se suma las dos presentadas ante la misma instancia iniciadas el 15 de diciembre del 2016 en contra de quienes fungieron como Presidente Municipal, Tesorero, Oficial Mayor y Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública.

Una de ellas interpuesta debido a que, como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestamista FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la empresa prestamista, ni entregó tales recursos a la Administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.

La segunda, se promovió por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y/o Encubrimiento en contra de quien fungió como Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Solidaridad, debido a que en su carácter de servidora pública expidió constancias laborales a ocho supuestos trabajadores del Ayuntamiento, los cuales nunca fueron servidores de ésta Municipalidad, con la finalidad de que éstos tramitaran créditos fraudulentos ante el INFONACOT, por un monto de 400 mil pesos.

Asimismo, 1 de abril del 2017 se presentó ante el Ministerio Público una denuncia más por uso indebido de recursos por parte de funcionarios de la Administración anterior, que asciende a los 200 millones de pesos.

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