También a su casa Paula González Cetina, funcionaria encargada de desaparecer 1,050 millones de pesos por la privatización del agua

Durante la administración de Roberto Borge, Paula González Cetina era una funcionaria menor, que mantenía un bajo perfil y nunca se hacía notar. Quizá ese sigilo y misterio con los que se desenvolvía González Cetina fue lo que llamó la atención de Borge y pronto vieron un negocio que hacer. Paula González Cetina era una funcionaria de mediano nivel que estaba a sus anchas en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, (CAPA).
Acusada de desaparecer mil 80 millones de pesos, dinero que la empresa Aguakan entregó a CAPA como parte del contrato por la privatización del agua potable en Solidaridad. Paula González Cetina dice que ella entregó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el dinero y fue ahí donde desapareció. Sin embargo no hay pruebas de ello.
En la Carpeta Administrativa 308/2017 se puede leer que Paula González Cetina, no solamente está acusada por ese desvío millonario, sino también por la desaparición de 506 millones de pesos, dinero de un crédito bancario a CAPA para el saneamiento de sus finanzas.
No sólo eso, sino también la desaparición de 198 millones de pesos que debieron llegar a ser utilizados para el funcionamiento de cárcamos para aguas negras.

Esos son los delitos por los que se acusa a González Cetina y por los cuales fue recluida en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Chetumal, sin embargo, hoy obtuvo un arraigo domiciliario y será vigilada las 24 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Cabe señalar que veinte días atrás, Alicia Rivera Galera, exdirectora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, también obtuvo este beneficio.
En noviembre de 2014, el gobierno de Roberto Borge amplio el plazo de concesión a la empresa Aguakán del sistema de agua potable que dota a los municipios de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres, del preciado líquido.
En tan sólo dos días se avaló la ampliación de la concesión del servicio del agua potable en Isla Mujeres y Cancún y la privatización del agua en Solidaridad a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakán, empresa de la familia Ballesteros, dueños de entre otros negocios, El Palacio de Hierro.
En un hecho sin precedentes por su celeridad, la Cámara legislativa del estado de Quintana Roo y con la mayoría del PRI, en ese entonces encabezados por su coordinador, José Luis “Chanito” Toledo, ampliaron la concesión de privatización del agua hasta el año 2053. El gobierno de Roberto Borge recibió de forma inmediata, un pago único de mil 55 millones de pesos. Dinero que Paula González Cetina se encargó de desaparecer.

BOLETÍN /2018-ZS
25 DE ABRIL DE 2018

LA FISCALÍA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN INFORMA CAMBIO EN LA MEDIDA CAUTELAR DE PAULA “N”

Chetumal, Quintana Roo; 25 de abril de 2018. La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa que, la tarde de este miércoles se realizó una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, en la cual la imputada Paula “N” a través de su defensa, solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control.

El Juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, de acuerdo a la petición efectuada por la defensa de Paula “N”, decretó la modificación de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificado a la medida de arresto domiciliario, con base en lo establecido en el artículo 155 fracción XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en que faculta a los jueces de control para ordenar el resguardo en su propio domicilio a personas a las que no se quiere dejar en libertad mientras se les procesa. Paula “N” es imputada por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, que se sigue en la carpeta administrativa 151/2017, en tanto se lleva a cabo el procedimiento penal en su contra.

Es importante señalar que el proceso continúa y el embargo de bienes se mantiene independientemente de que presentó testigos, así como documentación que avala su residencia; también dejó a resguardo del juez de control el pasaporte, visa y documentos personales que lo limitan para deambular hacia algún lugar distinto al impuesto como arraigo, la vigilancia será a cargo de Seguridad Pública del Estado.

Para la Fiscalía Especializada es importante aclarar que la medida cautelar de arresto domiciliario es temporal y si por alguna circunstancia se acredita la violación del ordenamiento se puede revocar la medida y regresan a los imputados a prisión preventiva justificada. Por tal motivo se solicita a la sociedad ayudarnos a documentar si los imputados de arresto domiciliario son vistos fuera de su domicilio, ya que con esas pruebas se puede pedir la revocación de la medida cautelar impuesta por el juez.