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ESPECIAL: PERIODISTAS BAJO AMENAZAS
Estigma de amenaza ronda a periodistas en Quintana Roo
*Desde el gobierno pasado, se complica para algunos ejercer el derecho de libertad de expresión
AGENCIA SIM/Martín G. Iglesias
Playa del Carmen.- En los últimos 12 meses, al menos siete trabajadores de medios de comunicación en Quintana Roo se encuentran acogidos por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque fueron amenazados de muerte o quisieron intimidarlos para no publicar o exhibir tal o cual tema, principalmente aquellos que tienen que ver con la corrupción y la impunidad.
Las personas que se dedican al periodismo, que tienen amenaza son Pedro Canché Herrera, director del portal “Pedro Canché Noticias”; Amir Ibrahim, director del portal “quintanaroo.mx”; César Guzmán, del portal “Noticaribe”; Santiago Rodas Hernández, quien trabaja de manera independiente; Tina Pinzón, con su programa de streaming en redes sociales; Irma Ribbón, actual directora editorial de “La Jornada Maya” y Renán Moguel Quintal, del periódico “Quintana Roo Hoy”.
Recientemente (25 de abril), la Asociación Civil “Artículo 19” dio a conocer que en lo que va del año (2018) fueron asesinados 16 periodistas en América Latina y el Caribe, por ello organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.
Las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, reclamaron la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas.
Es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
En la experiencia, la amenaza a periodistas es planeada desde la inteligencia del crimen organizado, en sus diferentes modalidades; pero también es ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas, como le sucedió al activista social Pedro Canché Herrera. Algunos periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función, lo hacen producto de investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
En julio del 2017, los periodistas Pedro Canché Herrera y Amir Ibrahim fueron amenazados por presuntos integrantes del Cártel de los Zetas “de la vieja escuela”, para ello colocaron dos mantas en distintos puntos de Cancún: una en la Secundaria Federal número 6, en avenida Chichen Itzá, y la otra en el Seguro Social de la Región 510.
Por su parte, Amir Ibrahim interpuso una denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR) y fue abierta la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000789/2017, por amenazas precisamente del teléfono de Carlos Mimenza Novelo. Asimismo, se adscribió al mecanismo de protección para periodistas.
Los periodistas amenazados coinciden en exigir, tanto a las autoridades federales como las locales, investigar y dar con los responsables de la amenazas. Se demanda que las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como los Poderes del Estado tomen responsabilidad para la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público. Tomar acciones concretas para proteger la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región, porque también la omisión se castiga.
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NOTA INDENTADA (o para datos)
Urge rescatar confianza
Desde su creación, en 2012, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha atendido 394 casos. De estos, 115 se han cerrado, sin que disminuyera el riesgo contra las personas afectadas.
Al consultar las Medidas de protección que puede tomar el Mecanismo, se dice que la Ley establece los siguientes tipos de medidas:
Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas l beneficiarias. Estas medidas deberán ser implementadas en un plazo máximo de 9 horas.
Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger la vida, integridad, libertad y seguridad del periodista o persona defensora.
Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones.
Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas, con el objetivo de reducir los factores de riesgo, combatir las causas que las producen y establecer garantías de no repetición.
Si el periodista o la persona se siente amenazada, puede iniciar un proceso bajo las siguientes características: Cuando un periodista o persona defensora enfrenta algún riesgo a consecuencia de su trabajo puede solicitar personalmente o a través de tercero la protección del Mecanismo. La solicitud la puede hacer de cualquier forma: escrita, verbal, teléfono, correo electrónico a mecanismo@segob.gob.mx, o al celular (044) 55 4554 8236.
