noticias
Arturo Mendoza Mouciño /
Pedro Canché Noticias
Cancún, Quintana Roo.- Cuando Laura Beristain Navarrete era candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por los partidos MORENA-PT prometió el 21 de junio del presente año que acabaría con la concesión de Aguakan a la familia Ballesteros.
¿Por qué? Porque los usuarios del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad se quejan de lo mismo: mal servicio y altas tarifas.
“En beneficio de tu economía familiar, pondré fin a los abusos de la empresa Aguakan y se retomará el control del servicio público de agua potable y drenaje, el cual regresará a las manos del pueblo y puedan tener precios justos, porque mi prioridad es que le vaya bien a todos los que vivimos en Playa del Carmen, Puerto Aventuras y Uxuxubi”, comentó Beristain Navarrete antes de convertirse en la nueva presidenta municipal de Solidaridad bajo las siglas de Morena.
La guerra por sacar a Aguakan de Quintana Roo ha sido larga y ha tenido diferentes batallas. En abril de este año Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. (DHC), conocida comercialmente como Aguakan, recibió una denuncia por lesividad por parte del Ayuntamiento de Solidaridad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
En esa demanda se detalla, por una investigación del portal Noticaribe, difundida el 1 de julio de 2016, cómo en sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos el gobierno de Roberto Borge Angulo vendió a DHC el servicio de agua potable para tres municipios.
A “Los papeles de Aguakan”, como Noticaribe llamó a su trabajo, se sumó otra querella de la empresa con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque en febrero se impusieron cuatro sellos a la empresa, luego de múltiples quejas por irregularidades en el servicio prestado.
Luego, como parte de una “tormenta perfecta”, el 26 y 27 de marzo se llevó a cabo una consulta pública para determinar la opinión de los 90 mil, 962 clientes de Aguakan en Solidaridad para saber si querían o no seguir contando con el servicio de DHC.
La alcaldesa de entonces, Cristina Torres, tuvo que acoger los resultados como un plebiscito anticipado de su gestión, porque sólo participaron 379 ciudadanos.
Larga concesión
Hasta 2053 acaba la concesión de Aguakan para operar el suministro de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad e Isla Mujeres.
Así que el malestar ciudadano tendrá varios años para perdurar y manifestarse.
Hace algunos años, el periodista Carlos Cantón Zetina dio a conocer que detrás de la familia Ballesteros, considerados como los dueños de Aguakan, en realidad los argentinos Roberto Enrique Robles, Carlos Ignacio Broggi y César Gastón Borda eran los operadores de esta empresa que se vio beneficiada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Roberto Borge.
Aún así, en el Consejo de Administración de Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC) hay cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes.
Los primeros son, según Cantón Zetina: Jorge Eduardo Ballesteros Franco (presidente), su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala; Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez.
Los suplentes: Diego Xavier Aviles, Paul Andrew Rangel Merkley, Fernando Ramos Gonzalez de Castilla y Manuel Rodriguez Arregui.
Todos ellos, según el periodista, subordinados a los argentinos.
La fortuna del clan Ballesteros se liga a varios gobiernos priistas. Primero, con el presidente Carlos Salinas de Gortari se benefició de recursos públicos del Fobaproa. También, el Grupo Mexicano de Desarrollo de los Ballesteros consiguió, en 1989, el contrato para construir la Autopista del Sol (Cuernavaca-Acapulco), que pronto se hizo célebre por lo mal hecha que estaba.
GMD lo mismo construye carreteras que maneja 28% de los minerales del país, y 7% de la energía que se produce en el país se hace con carbón que surte a través de sus puertos. El cemento también está presenta en su cartera de negocios.
En los años 90, la familia Ballesteros se benefició del programa de rescate carretero autorizado por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Y hace unos años, gracias a Roberto Borge, se adueñaron del agua potable del Caribe mexicano.
Operación “Salvar Aguakan”
En su investigación “La mafia de Aguakan en Quintana Roo”, Carlos Cantón Zetina apunta que la extensión de la concesión a DHC se hizo para salvar a la empresa por sus incontables deudas a pesar de sus ganancias: En 2013 obtuvo 960.7 millones de pesos, contra los 940.9 millones de pesos que logró en 2012 y los 857.3 de 2011.
El 30 de septiembre 2014, DHC debía 515 millones de pesos por dos créditos por 355 millones de pesos que le otorgó la dupla de consorcios aliados Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y GBM Hidráulica. Otras cuentas por pagar suman 68.2 millones, y adeuda otros 55.9 millones por concepto de impuestos.
“Para atenuar su crisis financiera, DHC tiene proyectado emitir certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 900 millones de pesos. Significa que recurrirá a una deuda bursátil de cinco años, dando como garantía… ¡el agua quintanarroense!. Es decir, su principal activo que es la concesión otorgada por el gobierno del estado y los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres el 20 de octubre de 1993. El de Solidaridad (Playa del Carmen) será nuevo cliente.
“Como condición para la bursatilización (instrumento de deuda), los evaluadores financieros exigieron a Aguakan conseguir la prórroga de su concesión para “evitar riesgos de una revocación” e incluso una eventual expropiación por parte de los gobiernos federal o estatal”.
Y es de esa forma que Aguakan podrá operar hasta 2053 en la región.
