noticias
“Cinco delitos” contra el personal que cerró cenotes
MÉRIDA.— El delegado de la Profepa en Yucatán, José Lafontaine Hamui, aseguró ayer lunes que fue una lamentable y desafortunada coincidencia la clausura de cinco cenotes en Homún y la protesta de los habitantes contra una megagranja porcícola, el viernes 21, lo que generó la retención y amenazas contra cinco inspectores de esa dependencia federal.
Insistió en que la clausura es parte de un procedimiento administrativo que la Profepa inició en marzo pasado en atención a denuncias ciudadanas sobre la habilitación de cenotes como paradores turísticos.
Añadió que en una primera inspección, constataron que los operadores no tenían la autorización de impacto ambiental, lo que es viola la ley ambiental.
“Todos los inspectores fueron al sitio con un absoluto desconocimiento, yo también lo desconocía, de que habría movilización contra la granja”, aseguró.
“Nosotros desconocemos sobre procesos legales que dicen tener contra la granja; nos avocamos estrictamente a lo que nos obliga la ley.
“Fue una desafortunada y lamentable coincidencia, nosotros no estamos del lado de ninguna persona, estamos del lado del cumplimiento de la ley que es lo que nos compete”, sostuvo.
Dijo que procedieron a la clausura por hechos muy específicos: cuando un ciudadano o grupo quiere operar un parador turístico en un cuerpo de agua nacional, como un cenote, requiere de una autorización en materia de impacto ambiental expedido por la Semarnat.
“Cualquier obra y actividad que se realice en aguas nacionales, como el cenote, río o cualquier cuerpo de agua, debe tener autorización.
“Esto es porque para ambientar el cenote con fines turísticos hay rompimiento de la bóveda, extracción de material pétreo, instalación de escalinatas en las paredes y otras adecuaciones para que sea atractivo.
Más enPortada
“Al no contar con este documento, el reglamento dispone la clausura.
“No es una cuestión de criterio del delegado, el reglamento es muy claro: si no cuenta con el permiso y la autorización de impacto ambiental, se debe clausurar, ese es nuestro trabajo.
“Nosotros no somos políticos ni nos metemos en política, nosotros solo atendemos las denuncias.
Se clausuraron los cinco cenotes derivados de cinco procedimientos administrativos que (se) iniciaron en marzo pasado”.
Informó que la Profepa prepara una denuncia penal federal contra las personas de Homún que privaron de la libertad por tres horas a cinco inspectores.
Afirmó que los empleados de la Profepa fueron torturados psicológicamente y amenazados de ser quemados, sufrieron vejaciones y les robaron documentación, entre otros malos momentos que les hicieron pasar.
Por esos hechos, dijo, los pobladores cometieron al menos cinco delitos federales: motín, resistencia a particulares, privación de la libertad, robo de documentación confidencial y daño a la propiedad pública por las camionetas lapidadas.
“Estamos frente a un grupo que cometió delitos federales y no alcanza ni fianza”, afirmó. “Lo vamos a acreditar cuando presentemos las denuncias co
rrespondientes ante la representación social competente, que es la PGR”.
Dijo que entre los inspectores retenidos había mujeres que recibieron mal trato, empujones, jaloneos, y un inspector que es diabético y pudo costarle la vida si se le hubiese subido la azúcar.
“Los obligaron a remover los sellos a punta de empujones y amenazas, les tomaron una serie de datos personales, pero eso no anula el acta administrativa de clausura”, indicó.
“Los cenotes están clausurados y se correrá el proceso administrativo. Todo está documentado, los mismos vídeos de las redes sociales demuestran elementos de conductas delictivas”.
Aseguró que el procedimiento contra los operadores de los cenotes seguirán hasta sus últimas consecuencias y si creen que impidiendo la clausura o cometiendo conductas delictivas la Profepa se va a detener, están equivocados porque para él, la ley no se negocia.
Advertencia
Afirmó que si prestan servicios en los cenotes clausurados, incurrirán en nuevos delitos y aumentará la sanción de la Profepa.
Descartó que pidan el apoyo de la fuerza pública para impedir la operación de esos cenotes.
Para desvincular la presencia de los inspectores de la Profepa a la misma hora y día de la protesta contra la granja porcícola, Lafontaine Hamui dijo que las inspecciones no se dan de un día para otro, tienen un sistema de programación de diligencias y fue una lamentable casualidad que coincidieran en ese momento.
“No tiene relación con los hechos de la granja. De ninguna manera tenemos que ver nosotros si opera o no.
Futura inspección
“Ya tendremos la oportunidad de inspeccionarla en cuanto al manejo de residuos peligrosos y en conjunto con la Conagua verificar la descarga del agua residual. Tendremos la oportunidad de hacer el monitoreo cuando esté en funcionamiento.
“La primera queja que atendimos de los pobladores contra la granja no había descarga de aguas ni generación de residuos sólidos porque no estaba en operación”, explicó.
“No tengo ningún interés de que funcione o no, nuestro único interés es que se cumpla la normatividad.
“Cuando fuimos a inspeccionar nos mostraron y entregaron toda la documentación donde cumplen.
“Los empresarios también tienen derechos humanos y garantías legales.
“Ya el secretario (de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Eduardo) Batllori (Sampedro) dijo que cumplen con la normatividad, así que los pobladores estarían violando los derechos de esas personas”, dijo.— Joaquín Chan Caamal
