Se propone cárcel para quienes compren celulares robados 

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Foto propiedad de: Cuartoscuro

Y para funcionarios que permitan por omisión la venta de celulares robados en la vía pública o en establecimientos.

México.- En el Congreso de Jalisco se planteó una iniciativa para encarcelar a quienes compren celulares robados.

El proyecto, presentado por el legislador Javier Romo Mendoza, contempla sanciones de 4 a 8 años de cárcel a quienes roben celulares. La sanción aplica también a quienes los comercialicen, desbloqueen o remarquen.

Además se planteó una sanción de 16 a 32 meses de prisión si se compra el equipo robado, aplicando una cancelación de la licencia de operación del establecimiento que lo haya ofertado.

Como agravantes se considerarán usar armas de fuego o provocar lesiones para robar el celular, con sanciones que subirían hasta 15 años de cárcel.

“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso el diputado.

Si el equipo contiene información personal biométricay financiera, la pena aumenta 10 años más. De comprobarse el uso de la información, se incrementan 12 años.

La iniciativa fue turnada a comisiones. También se incluyó castigo a los servidores públicos que autoricen o permitan por omisión la comercialización de celulares robados en espacios públicos abiertos.

Dicho correctivo va desde la inhabilitación y retiro del cargo público a prisión por 2 años.

El legislador justificó que de los 9.5 millones de robos que se cometen en la calle, al menos según la Encuesta Nacional de Victimización 2017, el 51.2 por ciento de lo robado son celulares.

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Pedro Canché es un periodista independiente y el fundador de Pedro Canche Noticias. El ha sido perseguido por el Gobierno Mexicano por darle voz al pueblo indígena Maya y los campesinos del Yucatan y pasó 9 meses en la cárcel en un caso de persecución politico que Reporteros Sin Fronteras llamaban absurdo. "Podrán encerrar el cuerpo humano pero nunca podrán encerrar la libertad de expresión." dijó Pedro Canché.

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