MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El primer borgista confeso de malversación que fue condenado a prisión y obligado a reintegrar a las arcas públicas del estado más de 39 millones de pesos en 2017, se negó a pagar la certificación de unos documentos que servirían para su defensa en un segundo proceso que enfrenta ante la Contraloría estatal.
Primer eslabón del saqueo orquestado en la administración estatal anterior, Mauricio Rodríguez Marrufo reprochó a la justicia federal que las cosas no deberían ser de esa manera, pues el cobro de validación es presuntamente inconstitucional, aunque por su conducta le fue negado un amparo que tardó en resolverse más de dos años.
El ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda que fue detenido y encarcelado mientras se desempeñaba como secretario general del entonces alcalde benitojuarense Remberto Estrada, pretendió desvirtuar las actuaciones que enfrenta de la coordinación general de Substanciación y Resoluciones de la Secretaría de Contraloría del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, desde mayo de 2018.
Al acusado se le responsabiliza de ejercicio público indebido en el expediente administrativo SECOES/SRN/CGSR/PARA00002/2018, que a la fecha suma más de tres mil 500 fojas y con las que se podría decretar su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
Rodríguez Marrufo quedó libre tras cumplir una pena de prisión de seis meses en 2017 y enfrentó una inhabilitación de nueve meses por incumplimiento de su declaración patrimonial como parte del expediente SGP/SSAJ/CGRSP/PAD0001/2017 que culminó el 15 de agosto de 2018, además de pagar una multa de siete mil 573 pesos.
Ante el Juzgado Cuarto de Distrito, acusó a la coordinadora de Investigaciones “A” adscrita a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, Susana Elena Sala Góngora, de impedirle aportar elementos a su defensa al condicionar la certificación de unas impresiones que obtuvo de Internet con las que pretendía demostrar su presunta inocencia.
El juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez conoció el caso pero desechó el amparo 1642/2018 contra diversos acuerdos de la Contraloría que le requirió a Rodríguez Marrufo el pago de los derechos para acceder a un recurso de reclamación, pero que ante su reiterado incumplimiento se dio por no presentado y se ordenó darlo como asunto concluido en diciembre de 2018.
Al analizar el recurso de revisión 305/2019 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, María Adriana Barrera Barranco, validó la negativa tras considerar que esa instancia “no comparte dicha apreciación” de que ese tribunal debiera hacer una interpretación más favorable y amplia en cuanto a la tutela de derechos del quejoso, quien “únicamente refiere que ello debería ser así”, según resolución del 14 de agosto pasado.
Para el ex funcionario estatal, en cambio, la Contraloría asumió facultades que no le competen, al condicionar parte de su defensa al pago de copias certificadas, lo que supuestamente evidenció que los recursos de defensa son optativos para la autoridad, “al no ser procedente ningún medio de impugnación contra sus determinaciones prácticamente puede hacer lo que a su interés convenga”.
La revisión del caso de Mauricio Rodríguez Marrufo fue turnada originalmente al Juez Cuarto de Distrito que se declaró legalmente incompetente para conocerlo, el 31 de diciembre de 2018, aunque tampoco el Juez Sexto de Distrito aceptó la competencia y devolvió el expediente el cuatro de enero de 2019. Finalmente, el caso regresó al primer juez el 10 de enero del año pasado, y fue quien le negó el amparo.
