AGENCIA SIM
Cancún.- José Fernando Sánchez Escobedo no solo sigue ostentándose como secretario del Comisariado Ejidal de Puerto Morelos, pese a estar separado de este cargo, sino que también ha celebrado distintos contratos para ceder derechos sobre el mismo terreno, sin informar de ello a la asamblea.
Así fue denunciado hoy por el presidente del Comisariado Ejidal de Puerto Morelos, Braulio Núñez López, en rueda de prensa, acompañado de la suplente de esta persona, Alejandra Paredes Sánchez, así como con el tesorero, Gustavo de Jesús Icaz Balceta, un día después que la Fiscalía General del Estado acudiera a desalojar las pertenencias de un socio de Sánchez Escobedo, por un predio en la Ruta de los Cenotes, perteneciente a la parcela 212.
El líder ejidal aseguró que fue mucha la sorpresa al enterarse de esa diligencia, en la que Sánchez Escobedo participó como presunto propietario, pero quien figuró en la prensa como secretario del comisariado ejidal, lo que no es correcto.
Aunque él fue electo como parte de la actual directiva en 2019, su desempeño fue deficiente lo que generó reclamos por parte de la asamblea, culminando en su separación del cargo, el 5 de marzo de 2021, al notificar a la Procuraduría Agraria que no podía desempeñar sus funciones por problemas de salud.
“Él comentó que estaba deprimido, sufría de presión y estrés”, comentó el presidente ejidal.
A pesar que en la asamblea se le tomó protesa a su suplente, Alejandra Paredes Sánchez, esta persona ha continuado ostentándose como secretario, lo que ya le ha valido la censura de sus compañeros.
Lo cierto es que sí es secretario titular, aceptó, pero sin funciones, e incluso podría regresar a su cargo, notificando otra vez a la Procuraduría Agraria. Por ello, lo que debiera proceder, continuó, es su remoción del cargo, pero como a la actual directiva solo les queda hasta junio antes de convocar a nuevas elecciones, ya no da tiempo de hacer esto.
En cuanto al pleito surgido por la Parcela 212, Braulio Núñez López comentó que en 2018 la asamblea realizó una asignación de estos terrenos, pero el Registro Agrario Nacional rechazó su inscripción por deficiencias técnicas. Actualmente esto está en litigio ante el Tribunal Superior Agrario.
No obstante, existe previamente, desde 2004, un parcelamiento económico de estas tierras, por el que todos los ejidatarios recibieron una extensión de tierra. Se trata de un acuerdo de asamblea que no tiene valor jurídico, pero sí en los hechos, pues “son acuerdos que tenemos que respetar”, comentó el líder.
Todos los ejidatarios, incluido José Fernando Sánchez Escobedo, tienen derecho a disponer de estas tierras, ceder los derechos sobre las mismas o usarlas para participar en una empresa, pero como jurídicamente son todavía tierras de uso común, deben notificar de ello a la asamblea, cosa que esta persona no hizo.
El presidente del comisariado ejidal quizo hacer énfasis en que sí está permitido disponer de estas tierras, pero lo que sí se transforma en un fraude, es hacerlo más de una vez, como al parecer ocurrió en este caso, sin conocimiento de la asamblea.
Braulio Núñez dijo saber de dos contratos de cesión de derechos celebrados por Sánchez Escobedo, por una hectárea y luego por dos hectáreas, además del contrato de venta con un despacho de abogados, por el que recibió 10 millones de pesos, mismo que ya desconoció para ofrecerlo a un cuarto comprador.
El comunero lamentó que surjan estas acusaciones y litigios, pues dañan la imagen del ejido y hace que posibles compradores sientan que no hay certeza legal en la compraventa de estas tierras.
“El tema será llevado ante la asamblea y ellos decidirán”, comentó, cuestionado sobre qué acciones tomarían.
