• La Fiscalía General del Estado informa que los detenidos son Yuliana Liceth “N”, de origen extranjero, y Óscar “N”
• Las tres mujeres rescatadas en un inmueble del fraccionamiento Arboledas del Sur en la Supermanzana 336, son de origen extranjero
Benito Juárez.- Gracias al intercambio de información de inteligencia y a la colaboración internacional de la Fiscalía General del Estado, un hombre y una mujer detenidos, así como tres mujeres extranjeras rescatadas, fue el saldo de un cateo cumplimentado por la FGE, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, en un inmueble ubicado en este municipio.
La diligencia deriva de una orden de cateo girada por un Juez de Control, relacionada con una carpeta de investigación abierta por posible trata de personas; esta tuvo lugar en una casa habitación ubicada en el fraccionamiento Arboledas del Sur en la Supermanzana 336 de Benito Juárez.
En el lugar, los agentes detuvieron a Yuliana Liceth “N” y Óscar “N” por su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.
Las primeras indagatorias señalan que en el domicilio cateado vivían tres mujeres y un hombre, una de ellas, Yuliana Liceth “N”, se encargaba de las jóvenes, a quienes desde hace un mes y medio las promueve para ejercer la prostitución, exigiéndoles una cuota económica por cada servicio que prestan.
Así también, las víctimas abonaban ciertas cantidades para cubrir la deuda contraída con los detenidos, por haberlas trasladado a México, además de que Óscar “N” era el encargado de transportarlas a los lugares donde prestaban los servicios sexuales, mismos que eran conseguidos por Yuliana Liceth “N”, quien les retenía sus pasaportes y les cobraba multas y otros pagos porque les brindaban protección y por el trabajo que les dieron.
Tras concluirse la diligencia, fueron colocados los sellos oficiales en el inmueble, en tanto que Yuliana Liceth “N” y Óscar “N” quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de trata de personas. En el término constitucional previsto, la autoridad correspondiente definirá su situación jurídica.
