Enrique Huerta

De enero a mayo de este año, Quintana Roo registró 158 asesinatos, según el “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017”, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe resaltar que, pese a que no lo dice dicho informe, poco más de la mitad de estos homicidios se dieron en Cancún, en donde cada día se incrementa el número de homicidios. Hasta el cierre de esta nota, se contabilizan más de 80 en esta ciudad.

Pese a ello, el estado de Quintana Roo está muy lejos de ser una de las entidades con más homicidios, sean culposos o dolosos, ya que el primer lugar a nivel nacional en este delito es Guanajuato, con mil 690, seguido de Estado de México con mil 493 y Veracruz con mil 171.

Incluso si comparásemos a Quintana Roo con estados que viven del turismo, este estado está muy lejos de Guerrero y Baja California, que registran mil 194 y 940 asesinatos, respectivamente.

Con respecto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, este estado sale perdiendo, ya que en el primero cuentan con 46 y en el segundo con 82.

En cuanto a homicidio doloso, que es aquel en el que tras una investigación las autoridades determinan que se cometió este delito con la intención de asesinar a la víctima-, Quintana Roo tiene 100 de los 11 mil 155 registrados en todo el país, mientras que el más altos son Estado de México y Guerrero, con 955 y 983, respectivamente.

En cuanto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, tienen 26 y 33, respectivamente.

Sobre el delito de secuestro, en el país hubo 568 casos, de los cuales Quintana Roo aportó seis, siendo de los más bajos a nivel nacional, mientras que Tamaulipas y Veracruz son los líderes, con 105 y 84.

En cuanto a sus vecinos, Yucatán y Campeche, tienen 0 y 3. Y, con respecto a sus competidores, Guerrero tiene 28 y Baja California siete.

En cuanto a extorsión, en el país hubo 2 mil 480 casos, de los cuales Quintana Roo tiene 30, muy lejos de los 419 del Estado de México y de los 338 de Nuevo León.

Con respecto a sus vecinos sale más alto, ya que Yucatán tiene 25 casos y Campeche 13. Y, comparado con sus competidores en turismo, Quintana Roo es más seguro, ya que Guerrero tiene 69 y Baja California 85.

Cabe mencionar que este análisis toma en cuenta información proporcionada por las Procuradurías Generales y las Fiscalías de todas las entidades del país, por lo que estos números se refieren a las carpetas de investigación abiertas por dichos ilícitos, es decir, sólo los delitos que se han denunciado.

En sesión extraordinaria, el pleno de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobaron las reformas en distintas leyes, las cuales serán el andamiaje legal que permita la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto se da a cuatro días de que se termine el plazo -el último día es el 18 de julio- para que las entidades que faltaban de armonizar sus leyes con el marco federal para construir su sistema local anticorrupción.

La diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, pidió no cantar victoria, ya que este proceso para concretar una oficina anticorrupción no ha concluido, pues con este paquete de reformas sólo se cierra la fase de diseño legal. A partir de hoy comienza el periodo de implementación.

“Se da un importante paso hacia la meta, pero aún no la cruzamos”.

La legisladora del PAN aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción será una herramienta muy poderosa para enfrentar a los poderes fácticos “que por décadas se aprovecharon de la falta de solidez institucional, de los vacíos legales y la falta de voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”.

El coordinador de la bancada del PRI, Raymundo King de la Rosa, expresó que el paquete de reformas aprobado está “en plena concordancia” con las normas federales.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que el trabajo de los contralores internos será dirigir con autonomía los organismos anticorrupción y declaró que “su trabajo es ver que se hagan bien las cosas y que se aplique bien el recurso público, los bienes y también fiscalizar”.

La aprobación del marco legal que permita la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción se da al tiempo que la construcción de este órgano a nivel federal atraviesa dificultades, toda vez que el Comité de Acompañamiento Ciudadano acusara al Senado de omisión para no nombrar al fiscal en la materia, cuando debió de haberlo hecho desde 2014.

Las reformas

Entre las muchas leyes que surgieron y cambiaron con el fin de construir el Sistema Estatal Anticorrupción, como la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

En ella se establece que el sistema estará integrado por un Comité Coordinador Estatal y un Comité de Participación Ciudadana, que a su vez será formado por cinco ciudadanos “de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.

Los integrantes de este Comité serán nombrados por la Legislatura a través de una Comisión de Selección y durarán en su cargo cinco años.

También surgió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Quintana Roo, el cual sustituye al anterior marco jurídico en fiscalización.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que una de las principales aportaciones de esta ley es que la fiscalía podrá revisar años anteriores al Ejercicio Fiscal en curso y, los que estén bajo la ley actual, seguirán su curso hasta que sean agotados.

“También va a entrar la fiscalización en tiempo real, pues los entes obligados tendrán que enviar avances de su gestión cada trimestre. Si en alguno de estos avances se detecta alguna irregularidad, la fiscalía podrá hacer una auditoría completa”.

El legislador perredista precisó que en esta ley se establecieron los requisitos para quien quiera ocupar los puestos de auditor superior, auditores especiales y unidades de vigilancia. También se especificaron mecanismos de remoción de estos funcionarios.

Asimismo, los diputados del Congreso estatal modificaron las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos.

El objetivo de ello es fortalecer el régimen jurídico respecto a los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en la Constitución local.

Con las reformas se establece que los contralores Internos de la Fiscalía General, del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, entre otros, serán designados por el Congreso, a través de una convocatoria pública que emita la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

Nuevos órganos

De igual manera, se crearon nuevos organismos, como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya designación del titular será a cargo del Congreso, el cual evaluará la terna enviada por el fiscal general. Los candidatos tendrán que comparecer ante el Legislativo.

También se aprobó la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que estará integrado por cinco magistrados, tres que integrarán la Sala Superior y dos magistrados unitarios, que estarán en los Tribunales Unitarios Regionales. La designación de los magistrados se hará previo a una convocatoria pública abierta, la cual estará sujeta a principios de paridad de género y máxima publicidad.

Pero estas nuevas reformas también trajeron cambios en la estructura del gabinete, pues la Secretaría de la Gestión Pública pasó a ser la Secretaría de la Contraloría, la cual se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno estatal.

El nombramiento del titular de esta dependencia, que estará a cargo del Ejecutivo y será ratificado por el Legislativo, auqnue se estableció que mientras tanto, el titular y servidores públicos de los órganos internos de control de las dependencias y entidades paraestatales que se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se realicen los nuevos nombramientos.

También se aprobó que se deberá emitir un Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal y otros documentos para el ejercicio de la función pública.

Luego de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación decretara la alerta de género en Benito Juárez, el presidente municipal Remberto Estrada aseguró que es cuestión de días para que se cumpla con los requerimientos solicitados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Incluso aseguró que el municipio es el más adelantado de la región en el cumplimiento de las exigencias federales en protección y prevención de violencia hacia las mujeres.

“Benito Juárez es el municipio más avanzado en cuanto a las recomendaciones de la Conavim. Nos faltan algunas cuestiones, pero estoy seguro que en los próximos días, y hablo de días, cumpliremos cada una de ellas, incluyendo el refugio y el centro de justicia”.

Hace una semana, el gobierno federal le solicitó a su par municipal que desarrolle cinco puntos por la alerta de género, que son elaborar un estudio de factores de riesgo de la violencia contra las mujeres que sirva de base para elaborar una estrategia.

También solicita la implementación de un programa coordinado de atención a mujeres víctimas de violencia y protocolos de actuación; así como uno de capacitación y otro de cómo actuar en caso de órdenes de protección a mujeres y niños.

Asimismo, pidió juzgar con perspectiva de género casos de feminicidios y abusos sexuales.

Rodeos

Ante el reconocimiento de la escasez de recursos humanos y materiales en la Secretaría de Seguridad Pública municipal por parte del encargado del despacho, Darwin Puc, el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada aseguró que se buscarán más recursos federales para subsanar dicha situación.

Sin embargo, el presidente municipal no detalló ni de qué manera ni de cuánto sería el monto solicitado ante las instancias federales.

“Estamos buscando recursos en materia de recursos federales (sic) para seguridad pública”.

Con esa respuesta, Remberto Estrada tampoco respondió con certeza sobre la propuesta expresada por el regidor encargado de seguridad pública, Rubén Treviño acerca de que se busca al interior del Ayuntamiento un reajuste presupuestal, en el que algunas dependencias tendrán que sacrificar sus recursos para que sean canalizados a la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Asimismo, Remberto Estrada declaró que se está trabajando para mejorar los cuerpos policiacos, luego de que se le cuestionó sobre cuál sería su respuesta ante la inconformidad de los policías municipales, quienes consideran que están en desventaja ante el crimen.

“Cancún es una ciudad que crece todos los días y todos los años, de manera exponencial, somos el municipio que crece más rápido del país. Sin lugar a dudas las necesidades van a ser muchas y los recursos van a ser limitados. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos en el poco tiempo que llevamos para poder fortalecer a la corporación”.

Con el fin de impulsar una iniciativa en el Congreso de Quintana Roo que busque establecer una tarifa fija de 100 pesos al mes por el servicio de distribución del agua, con lo cual se pretende terminar con los aumentos discrecionales de la empresa Aguakán, iniciará el próximo martes 18 de julio una consulta en todo el estado para recabar firmas que apoyen dicha propuesta, informó el perredista Esquivel Cruz.

“Lo más importante aquí es que haya una cuota fija, o sea que tú sepas que vas a pagar 100 pesos al mes”, explicó.

El impulsor de este movimiento señaló que esta iniciativa además cuenta con otra propuesta, que es la de garantizar el suministro de 2 mil litros de agua por casa, ya que este es un derecho universal reconocido internacionalmente.

Recordó que la XIV Legislatura del Congreso local aprobó que Aguakán incremente cada año el costo del consumo de agua potable, basado en los índices nacionales del precio al consumidor, con lo cual no necesitan la aprobación del Congreso.

Para reforzar su propuesta, Esquivel Cruz detalló que en otros estados las tarifas son más baratas, por ejemplo, en la Ciudad de México sus habitantes pagan 82 pesos por el servicio de agua potable cada dos meses, en Yucatán 62 pesos y en Campeche 30 pesos.

“La pregunta es ¿por qué pagamos más nosotros?”, cuestionó el integrante dela expresión Vanguardia Progresista.

Pero su propuesta, la cual espera que llegue al Congreso del estado impulsado por la firma de al menos 50 mil firmas, también busca que se garantice 2 mil litros de agua por casa, ya que el acceso al agua potable es un derecho universal reconocido, expuso.

“El Estado está obligado a garantizarte por lo menos 2 mil litros de agua en una casa y una vez que superes los 2 mil, obviamente empiezas a pagar, entonces es muy importante el respaldo de esta iniciativa”.

Esquivel Cruz señaló que el martes comenzará la recolección de firmas en el domo de la Región 91 en Cancún, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche.

Dijo que se busca recabar más del 3 por ciento del padrón electoral -que es el equivalente a 900 mil habitantes- en todo estado para acabar con los abusos de la empresa Aguakán, por lo que espera la respuesta de los quintanarroenses.

“Si no estamos conformes con lo que actualmente nos cobran por el tema del suministro de agua, esta es nuestra oportunidad”.

La diputada federal por Quintana Roo, Patricia Sánchez, responsabilizó a las bancadas en el Senado del PRI y del Partido Verde de retrasar el proceso para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción, lo que ha ocasionado la salida de los grupos ciudadanos participantes.

“Esa cosa no tienes que buscarle tanto, para qué esconderle, es el PRI-Verde los que están tratando de aguantar, aguantar, aguantar (…) No sé qué quieran, no soy del PRI ni del Verde, lo que sí creo es que no se están apresurando para terminar con estos trabajos”, comentó en entrevista la legisladora del PAN.

Condenó que estos retrasos, que tienen desde 2014, ya hayan ocasionado la salida de este proceso del Comité de Acompañamiento Ciudadano, luego de acusar al Senado de omisiones, al incumplir con el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción de la PGR.

“Eso es muy sencillo, creo que para poder avanzar y transitar con dignidad, hay que reconocer que hay cosas que están quedando rezagadas, y cosas importantes. Eso debió haber quedado desde 2014 y ya estamos a una distancia bastante considerable y nos damos cuenta que el Senado, por ‘x’ o por ‘y’, no ha sesionado y ha dado 20 mil evasivas y no ha determinado cómo va a quedar el planteamiento final, de tal suerte que los grupos de estos serios, sociales, de ciudadanos, obviamente están molestos, no les parece que haya un resultado en relación a todo lo que es el Sistema (Anticorrupción) para establecerlo ya firme”.

La diputada federal lamentó que mientras estados como Quintana Roo trabajan para que contar con su propio sistema anticorrupción, a nivel federal se frene esta medida.

“No solamente es paradójico, sino que yo me atrevería a decir que es penoso, por no decir vergonzoso. Pero creo que esto es un reto que tienen los senadores y aunque nos lleva y nos caiga a nosotros (los diputados), es cuestión particular del Senado”.

La panista consideró que “lo que estamos viendo es que se está cayendo este gran pilar con el cual se pretenden sostener todas las acciones contra la corrupción”.

Sin embargo, Patricia Sánchez reviró con optimismo y dijo estar confiada en que la presión social que ha generado esta situación ocasione que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda ver la luz.

Los taxistas de Isla Mujeres, agremiados al sindicato Díaz Ordaz, buscan que la Junta de Conciliación y Arbitraje terminé finalmente con los casi 13 años de liderazgo del gremio de Eduardo Peniche Rodríguez, alias “El Wato”, y que se convoque a una asamblea donde se elija a un nuevo dirigente.

En conferencia de prensa, taxistas de esta ínsula señalaron que el largo “reinado” de Peniche Rodríguez se sostenía gracias a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte estatal (Sintra) han tolerado su presencia al frente del sindicato, pese a las múltiples violaciones a sus estatutos.

“Ha violentado el estatuto de arriba abajo. Lleva cinco reelecciones y lleva 13 años, claro, con el contubernio de los anteriores gobernadores, Félix González y Roberto Borge. No había asambleas a pesar de que el estatuto dice que deben ser cada tres meses debe haber una asamblea informativa y él lo dejó de hacer y lo hacía anual y después cada que se reelegía, violentando totalmente los estatutos, pero le daban la toma de nota, porque lo tenían protegido los gobiernos anteriores. Creo que a él no le cae el 20 de que esto ya cambió”, dijo Miguel Ángel Chan Mena, aspirante a secretario general del sindicato de taxistas Díaz Ordaz.

Adelantó que buscarán reunirse con el gobernador Carlos Joaquín González en su próxima audiencia, para exponerle este caso.

Los taxistas de Isla Mujeres refirieron que el liderazgo de Peniche Rodríguez incluso fue negado por las propias autoridades federales, luego de que la Junta de Conciliación y Arbitraje no le dio la toma de nota por las inconsistencias e irregularidades en la asamblea donde se dio su reelección.

Agregó que, ante ello, “El Wato” buscó una revisión la cual también fue negada el 29 de junio pasado, por lo que legalmente dejó de ser el líder del sindicato.

“Esto quiere decir, como ya lo habíamos anunciado, que ni él ni su directiva van a ser más los líderes. El sindicato está acéfalo, por eso nos interesa que se convoque ya una asamblea electiva, la cual no necesariamente la tiene que hacer Eduardo, lo podemos hacer nosotros, porque Eduardo y su directiva ya sólo son socios, como nosotros”.

Dijo que ya cuentan con las firmas del 50 más uno para que Conciliación y Arbitraje les de la fecha para realizar la asamblea.

Chan Mena aseguró que los demás aspirantes declinaron por él, “pero esto no quiere decir que no vaya a salir otro grupo, pues adelante; queremos una asamblea equitativa y transparente, y que gane el mejor”.

Por su parte, el abogado y exaspirante a suceder a Peniche Rodríguez al frente del sindicato, Julio César Osorio Magaña, dijo que ante la situación de los transportes que trasladan a los trabajadores a las obras de construcción de cuatro grandes hoteles en Isla Blanca les urge tener una nueva directiva que los represente, por eso la urgencia de la asamblea para convocar a nuevas elecciones para secretario general.

“Nos está afectando ahorita, hay muchas situaciones que se están dando, como los 60 camiones en Isla Blanca llevando a los trabajadores de las cuatro obras grandes, que eso debería estar transportando nuestro sindicato, no otra transportadora. Se presupone que Sintra ya dio permisos para eso, en detrimento para nosotros. ¿Por qué si antes Eduardo se oponía a eso, ahora ya no? Porque está agarrado por las autoridades, ya no puede brincar porque si brinca, lo aquietan y eso nos está afectando”.

Asimismo, dijo que hay un desorden en la lista de agremiados que sólo benefició a Eduardo Peniche Rodríguez, ya que mientras en la Junta de Conciliación y Arbitraje hay más de 600, en el padrón de Sintra se tienen registrados más de mil, pero en las asambleas sólo reconocen a los registrados en la junta, porque nunca ha sido oficialmente reconocido el resto del padrón de socios.

Por ello, los taxistas de Isla Mujeres aseguraron que ya con el respaldo jurídico y las firmas para realizar una nueva elección de secretario general del sindicato a favor, sólo esperan que la Junta de Conciliación y Arbitraje les dé fecha para renovar dirigencia.

Los dirigentes estatales del PAN y del PRD en Quintana Roo iniciaron el primer acercamiento para conformar una alianza electoral de cara a los comicios del próximo año.

Juan Carlos Pallares, líder del PAN estatal, explicó que la finalidad de la reunión entre ambos dirigentes e dar los primeros pasos para conformar esta alianza en lo local, pero lo que “suceda a nivel federal serán otras circunstancias, otros momentos”.

Explicó que este primer acercamiento tiene la finalidad de ir preparando y analizar las áreas de oportunidad y plataformas para cada municipio. “Y de ahí partir para buscar a quien será el candidato para cada uno de los municipios”.

El dirigente albiazul reconoció las críticas sobre las alianzas entre su partido y el PRD, por lo que, dijo, primero deben establecer una agenda común, de la que emanen propuestas, la cual se comenzará a forjar a través de dos foros regionales -que se podrían realizar en Felipe Carrillo Puerto y en Cancún o Playa del Carmen- en donde se darán cita los comités directivos municipales de ambos partidos.

“Siempre se ha mencionado que el PRD y el PAN es mezclar el agua con el aceite, entonces primero tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser nuestras propuestas de gobierno que vamos a impulsar en torno a los municipios (…) Lanzar candidatos por lanzar candidatos, se nos hace irresponsable en este momento”.

Señaló que, además, estos foros buscan recabar ideas y formas de pensamiento en torno a este gobierno, así como detectar “las fallas en los gobiernos que no sean del PAN y del PRD, para que tengamos una propuesta  que podamos llevarle al electorado y que nos permitan triunfar”.

Por su parte, el dirigente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, aclaró que aún no se anuncia una alianza formal de cara a los comicios del 2018, sino que estos acercamientos forman parte del Frente Amplio Democrático propuesto por su partido a nivel nacional y “que tiene que replicarse en los estados”.

Aguilar Osorio señaló que, al ser el gobernador Carlos Joaquín González un abanderado de esta coalición, no descarta que llegue a “sugerir algunos allegados, pero no estamos en el tema de definir quién se queda con cada cosa, ni siquiera estamos formalizando la alianza (…) Estamos generando plataformas, propuestas y proyectos municipales para un gobierno posible de coalición”.

Primero arreglar la casa

Sin embargo, ambos dirigentes coincidieron en que primero, para pensar en una alianza entre ambos institutos políticos, antes deben resolver sus pendientes internos.

El panista Juan Carlos Pallares recordó que hace unas semanas se realizaron elecciones internas en el PAN, por lo que están esperando la confirmación de los ganadores -es decir, que no se presenten impugnaciones-, para que en 15 días  después, los nuevos dirigentes albiazules sean ratificados en sus puestos.

“Después de estos 15 días, ya estaremos nosotros de manera formal formando los comités municipales para empezar a trabajar en lo que denominamos esta coalición”.

Dijo que a más tardar en 20 días deben comenzar los dos foros regionales para recabar propuestas y elaborar una agenda común con el PRD.

Por su parte, el dirigente estatal del sol azteca, Jorge Aguilar Osorio, señaló que la elección del Comité Ejecutivo Nacional será el próximo 28 de julio en el Congreso Nacional para renovar la dirigencia en septiembre y así empezar a trabajar con miras hacia el 2018.

“Por lo pronto, nosotros hemos estado en constante comunicación con el presidente del PAN para hacer un análisis de lo que está sucediendo en los municipios, también un poco en el gobierno del estado y ver cómo de alguna forma poder coadyuvar e ir compartiendo opiniones rumbo al 2018”.