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Agresiones a Ricardo Ramírez Juárez en Xalapa, Veracruz

Ciudad de México a 4 de octubre de 2018.- El periodista Ricardo Ramírez Juárez fue privado de su libertad, amenazado, intimidado y robado junto con un acompañante por dos hombres armados el 7 de septiembre debido a que exhibió en un trabajo periodístico una red de prestanombres familiares del Secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán y su medio hermano Balfred Martín Carrasco Castán en Xalapa, Veracruz.

Al salir de la oficina de su medio, un par de sujetos en una camioneta modelo Hilux interceptaron al periodista y a su acompañante y les exigieron ir a beber un whisky con ellos.
Al negarse debido a que no conocían a los sujetos de la camioneta, el conductor del vehículo les mostró un arma y les insistió ante lo cual se subieron a la unidad.

Los sujetos de la camioneta comenzaron a dar vueltas por la ciudad mientras les decían que no tuvieran miedo y que no les pasaría nada. Después de conducirlos sin rumbo fijo el conductor decidió que sería mejor que volvieran a la oficina del periodista a conversar.

Al volver, los agresores le dijeron: “Balfred está muy molesto con lo que has publicado, tú bien sabes de lo que te estoy hablando, tienes que bajarle”.

Antes de bajar de la unidad, fueron obligados a tomar una bebida que los hizo perder el conocimiento. Cuando despertaron el periodista se percató del robo de su computadora de escritorio, de documentos oficiales de identificación, un estéreo, un celular, y 150 mil pesos que tenía en su oficina por la venta de una propiedad.

Ricardo Ramírez Juárez ha informado en diversas columnas periodísticas la trayectoria y cómo operaba la red familiar de Franco Castán en la adquisición de bienes raíces y vehículos en la que presuntamente están involucrados el propio secretario de Gobierno, su exesposa Guillermina Alvarado González, el medio hermano del funcionario, Balfred Martín Carrasco Castán y su ex esposa.

Sucesos como el vivido por el periodista Ramírez Juárez no son una práctica ajena a funcionarios del estado de Veracruz. Apenas el lunes 3 de septiembre, ARTICLE 19 pudo documentar cómo la Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, Judith Gamboa Murcia, amenazó al director del medio digital Llanos del Sotavento, Brígido López Zepahua, después de que él realizará distintas solicitudes de acceso a la información.

Ante los hechos antes descritos, Article 19 considera especialmente grave que se realicen acciones de represalia a nombre de familiares del Secretario de Gobierno debido al trabajo informativo de un reportero. Por esto, exige al Gobierno Estatal de Veracruz y a sus miembros se abstengan de participar o habilitar actos como los realizados contra Ramírez Juárez. La participación, habilitación u omisiones de funcionarios estatales en situaciones o eventos como los antes descritos contravienen su obligación de garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio periodístico en la región.

Del mismo modo, Article 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de  Expresión para que conozca del caso y lleve a cabo  las investigaciones necesarias a fin de conocer la identidad de los agresores del periodista a fin de que estos reciban la sanción correspondiente.

Así mismo llamamos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que brinde el apoyo necesario al periodista a fin de evitar una escalada en las agresiones hacia el periodistas y así conservar su vida e integridad intactas.

Fuente

Taxistas de Los Cabos amenazan con que quemar unidades de UBER si llegan a BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Apenas este 11 de septiembre, la empresa internacional Uber, anunció su arribo al municipio de Los Cabos, el líder de Transportes Colectivos S.A. Pascual Álvarez, afirmó que si Uber entra al destino turístico, tomarían la ley por su cuenta e incendiarían unidades.

En entrevista, Pascual Álvarez mencionó que en un primer paso buscarán el diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California Sur; pero, de no ser escuchados tomarían medidas como la quema de unidades y todo lo que esté en sus manos, para evitar la llegada de Uber a Los Cabos.
“Primero vamos a manifestarnos, con el Gobierno, ahorita pedimos a ver si nos puede atender el Gobernador (Carlos Mendoza Davis), directamente para plantearle la problemática y si no pues vamos a tener que pues tomar la ley por nuestra cuenta, vamos a tener que, si es posible, quemar una unidad o no sé qué tengamos que hacer para poder detener esto, porque no podemos permitir que se violenten las leyes”, aseveró en entrevista telefónica.
El líder de Tracolsa en Los Cabos declaró que Uber había llegado a La Paz, porque los taxistas y las propias autoridades lo permitieron, cosa que, según lo afirmó, no pasará en el municipio cabeño.
“Entraron a La Paz porque lo permitieron los transportistas también y lo permitió el Gobierno, nosotros estamos agotando primero el diálogo del Gobierno del Estado y con el Secretario de Sepuim (Luis Genaro Ruiz Hernández) que es el encargado de Movilidad y Transporte, ya si no se puede vamos a tomar acciones nosotros para poder también detenerlos porque es una competencia desleal.
Finalmente, Pascual Álvarez reiteró que, previendo que los choferes quieran “tomar cartas en el asunto” agotarán primero los diálogos con las autoridades pertinentes.
“Nos vamos a unir todos los transportistas para no permitir que se pretenda dar este servicio aquí en Los Cabos […] Le pedimos a la Sepuim que tome cartas en el asunto antes de que se vaya a desbordar aquí en Los Cabos o que los choferes y socios quieran tomar acciones por su cuenta, es lo que nosotros no queremos que se vaya a desbordar esto”, concluyó.
Con información de: BCS Noticias

Por denunciar a borgistas, recibe amenazas Catalina Portillo, funcionaria de Carlos Joaquín

CATALINA PORTILLO, VICTIMA DE AMENAZAS E INTIMIDACIÓN POR PROPICIAR CERTEZA JURÍDICA AL INTERIOR DE LA STYPS
Cancún, Quintana Roo 30 de Enero de 2017.- Edgar Olavarria.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), Catalina Portillo Navarro declaró ser víctima de amenazas e intimidaciones como consecuencia de interponer seis denuncias por probables delitos de peculado e infidelidad y custodia de documentos, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de ex presidentes y funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Benito Juárez y Playa del Carmen.
De acuerdo a la funcionaria estatal, tocó intereses de particulares al cumplir con la indicación del Ejecutivo Estatal, sobre cero impunidades y tolerancia a irregularidades e inconsistencias detectadas durante la auditoria del proceso de entrega y recepción, como juicios laborales apócrifos, que derivaron no sólo en el despojo de terrenos y propiedades en Cancún sino también en el municipio de Tulum.
“Si está en riesgo mi integridad personal, debido a todo el trabajo que estamos realizando. No quisiera dar mayor información, ya después sobre las bases, en la carpeta de investigación por la secrecía de la misma, porque también, luego me dicen que debido a mis declaraciones que van a ir en contra de mí, que yo me cuide, he sido amenazada. Dicen que estoy haciendo lo que no debo de hacer, estoy haciendo mi trabajo, de acuerdo a las instrucciones de que no va haber impunidad”, indicó Portillo Navarro.
Una vez se normalice la operación y trabajo administrativo en la FGE serán interpuestas entre 6 y 10 denuncias, en el orden de diversas irregularidades cometidas en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Asimismo, sin especificar nombre del propietario y en referencia a un juicio procesal sobre despojo de un bien inmueble en Tulum, se llevará a cabo la resolución que emitió el tribunal colegiado de la federación, respecto a restituir un predio derivado de un amparo indirecto presentado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número 2, en función a haber acreditado la legitima posesión, lo que ocurrirá en un lapso no mayor a 20 días.