AntiLibertaddeExpresion- Pagina 2

ONU-DH condena el asesinato del periodista José Guadalupe Chan en Quintana Roo

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Ciudad de México, 30 de junio de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista José Guadalupe Chan Dzib en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la noche del viernes 29 de junio.

El periodista José Guadalupe Chan trabajaba para el semanario Playa News y contaba con una amplia trayectoria como reportero, durante la cual trabajó con diversos medios locales. La ONU-DH obtuvo información de que el Sr. Chan Dzib había recibido amenazas en su contra durante las últimas semanas y que lo habría comunicado a las autoridades sin que se hubieran
adoptado medidas de protección. La ONU-DH también ha tenido conocimiento de amenazas en contra de otros periodistas de la región durante los últimos meses, incluido el director general del medio con el que colaboraba el Sr. Chan Dzib.

Con el asesinato del señor Chan Dzib se suman al menos siete periodistas asesinados en 2018, mientras que otro más continúa desaparecido, convirtiendo este año en uno de los más trágicos para la historia del periodismo en México1.

La ONU-DH llama a las autoridades a conducir una investigación exhaustiva y pronta del asesinato del señor Chan que permita dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho. Dicha investigación debería considerar como una de sus líneas de investigación la actividad periodística, así como el contexto de amenazas contra integrantes de la prensa en la localidad. Además, es necesario que las autoridades brinden la atención necesaria a su familia y que garanticen medidas de protección a los colegas del Sr. Chan Dzib que pudieran estar en riesgo.

La ONU-DH recuerda la importancia de una prensa libre e independiente, que pueda informar sin temor para contribuir con una sociedad democrática, por lo que llama a las autoridades correspondientes a adoptar medidas estructurales que puedan generar cambios en las condiciones de trabajo de las y los periodistas. Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias y solidaridad con la familia, amistades y colegas periodistas del Sr. José Guadalupe Chan Dzib.
FIN

Asesinan a periodista en Monterrey; presumen que fue a agredida a golpes

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Monterrey, Nuevo León.- Una mujer, presuntamente, fue privada a golpes en el interior de su domicilio en la colonia Del Paseo Residencial, al sur de Monterrey.

Las autoridades ya investigan el crimen de la víctima, quien fue identificada como Alicia Díaz González, de 52 años, quien se desempeñaba como colaboradora de El Financiero y trabajó en el Grupo Reforma (periódico El Norte).

Trascendió que su cuerpo fue encontrado, durante la mañana de éste jueves, por su hijo, identificado como Eduardo Andrés, de 20 años.

El joven contó a las autoridades que cuando despertó la localizó tirada en el piso, boca abajo y con manchas de sangre.

El robo se ha descartado como móvil del ataque debido a que en la casa no faltaba nada.

Periodistas bajo amenazas en Quintana Roo

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ESPECIAL: PERIODISTAS BAJO AMENAZAS

Estigma de amenaza ronda a periodistas en Quintana Roo

*Desde el gobierno pasado, se complica para algunos ejercer el derecho de libertad de expresión

AGENCIA SIM/Martín G. Iglesias

Playa del Carmen.- En los últimos 12 meses, al menos siete trabajadores de medios de comunicación en Quintana Roo se encuentran acogidos por el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), porque fueron amenazados de muerte o quisieron intimidarlos para no publicar o exhibir tal o cual tema, principalmente aquellos que tienen que ver con la corrupción y la impunidad.
Las personas que se dedican al periodismo, que tienen amenaza son Pedro Canché Herrera, director del portal “Pedro Canché Noticias”; Amir Ibrahim, director del portal “quintanaroo.mx”; César Guzmán, del portal “Noticaribe”; Santiago Rodas Hernández, quien trabaja de manera independiente; Tina Pinzón, con su programa de streaming en redes sociales; Irma Ribbón, actual directora editorial de “La Jornada Maya” y Renán Moguel Quintal, del periódico “Quintana Roo Hoy”.
Recientemente (25 de abril), la Asociación Civil “Artículo 19” dio a conocer que en lo que va del año (2018) fueron asesinados 16 periodistas en América Latina y el Caribe, por ello organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.
Las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, reclamaron la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas.
Es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
En la experiencia, la amenaza a periodistas es planeada desde la inteligencia del crimen organizado, en sus diferentes modalidades; pero también es ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas, como le sucedió al activista social Pedro Canché Herrera. Algunos periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función, lo hacen producto de investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
En julio del 2017, los periodistas Pedro Canché Herrera y Amir Ibrahim fueron amenazados por presuntos integrantes del Cártel de los Zetas “de la vieja escuela”, para ello colocaron dos mantas en distintos puntos de Cancún: una en la Secundaria Federal número 6, en avenida Chichen Itzá, y la otra en el Seguro Social de la Región 510.

Por su parte, Amir Ibrahim interpuso una denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR) y fue abierta la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000789/2017, por amenazas precisamente del teléfono de Carlos Mimenza Novelo. Asimismo, se adscribió al mecanismo de protección para periodistas.
Los periodistas amenazados coinciden en exigir, tanto a las autoridades federales como las locales, investigar y dar con los responsables de la amenazas. Se demanda que las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como los Poderes del Estado tomen responsabilidad para la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público. Tomar acciones concretas para proteger la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región, porque también la omisión se castiga.

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NOTA INDENTADA (o para datos)

Urge rescatar confianza

Desde su creación, en 2012, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha atendido 394 casos. De estos, 115 se han cerrado, sin que disminuyera el riesgo contra las personas afectadas.
Al consultar las Medidas de protección que puede tomar el Mecanismo, se dice que la Ley establece los siguientes tipos de medidas:
Medidas Urgentes de Protección: conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad, la libertad y seguridad de las personas l beneficiarias. Estas medidas deberán ser implementadas en un plazo máximo de 9 horas.
Medidas de Protección: conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger la vida, integridad, libertad y seguridad del periodista o persona defensora.
Medidas Preventivas: conjunto de acciones y medios a favor del beneficiario para evitar la consumación de las agresiones.
Medidas de Prevención: conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas, con el objetivo de reducir los factores de riesgo, combatir las causas que las producen y establecer garantías de no repetición.
Si el periodista o la persona se siente amenazada, puede iniciar un proceso bajo las siguientes características: Cuando un periodista o persona defensora enfrenta algún riesgo a consecuencia de su trabajo puede solicitar personalmente o a través de tercero la protección del Mecanismo. La solicitud la puede hacer de cualquier forma: escrita, verbal, teléfono, correo electrónico a mecanismo@segob.gob.mx, o al celular (044) 55 4554 8236.

Amenaza de muerte a Reportero; Policía municipal es acusada de probable secuestro

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Amenazan de muerte a reportero, colaborador de Noticaribe, que denunció a ‘Sombra’, Policía municipal acusado del probable secuestro de cuatro colombianos y aprehendido hoy por la PGR

noticaribe.com.mx

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- El reportero César Guzmán, colaborador de Noticaribe, fue amenazado de muerte a través de una llamada telefónica anónima, tras la detención del policía preventivo Ulises ‘N’, alias ‘Sombra’, como uno de los cinco probables responsables del secuestro de cuatro colombianos el pasado mes de diciembre en Cancún.

El comunicador fue advertido de ser dañado en su integridad física en caso de que la detención de ‘Sombra’ haya sido con base en las denuncias interpuestas por él.

“Cesar, si la detención es por la denuncia que pusieron, se los va a cargar la verga”, le amenazaron durante la llamada realizada momentos después de la aprehensión de ‘Sombra’.

Ante ello, la Procuraduría General de la República (PGR) activó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante las advertencias sobre el periodista, quien como se sabe, interpuso sendas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

El 29 de enero pasado, alrededor de las 13:15 horas, César Guzmán, fue detenido junto con otro reportero por policías preventivos por una aparente falta de tránsito cuando circulaban a bordo de una motocicleta marca Pulsar, modelo Discovery, color rojo, sobre la avenida Costa Maya a la altura de la Región 234.

Sin mediar palabra, el elemento ‘Sombra’ bajó del vehículo desenfundando su arma de cargo en contra de los periodistas y amenazándolos con apresarlos.

Por ese motivo, César Guzmán presentó una denuncia ante la PGR con número de Carpeta de Investigación (CI) FED/QR/CUN/0000069/2018, además de una queja ante la Cedhqroo que asignó el número de expediente VG/BJ/032/01/2018-4, por detención arbitraria, trato cruel y degradante. (Noticaribe)

Por desaparición de colombianos en Cancún detienen a 3 policías municipales

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Héctor Astudillo ataca la liberad de expresión

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Con información de Artículo 19

Ciudad de México, 21 de abril de 2018.- El 19 de abril del presente año, Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Guerrero emitió un comunicado en que anuncia que no tolerará la difusión de material audiovisual “que atente contra los derechos de las víctimas, haga apología de la violencia y contribuya a la revictimización”, por ningún medio de comunicación.

 

Respecto a la difusión de material audiovisual que haga apología de la violencia https://t.co/RhuclunVEbpic.twitter.com/N8PtkKRMJN

— Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) 19 de abril de 2018

El mismo comunicado afirma que ya ha solicitado al gobierno del estado intervenciones de la Fiscalía General y de la Policía Cibernética estatal para localizar el origen de la difusión y con ello emprender acciones legales contra quienes divulguen contenidos de naturaleza violenta.

Las acciones anunciadas en el comunicado del Gobierno del Estado de Guerrero son a todas luces restrictivas de la libertad de expresión, derecho a la información y del derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones.

Es contrario al derecho a la libertad de expresión puesto que prohíbe la manifestación de información que pudiese resultar violenta o contribuya a la revictimización y apología de violencia. El parámetro del derecho a la libertad de expresión no permite la censura previa sea directa o indirecta bajo ningún pretexto y mucho menos cuando se trata de información de interés público, y que está afectando a la sociedad, como son los actos de violencia en aquella entidad.[1]

El artículo 13 párrafo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solamente permite la censura previa en casos de espectáculos públicos que afecten a menores de edad. En el caso de información difundida por internet, los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH han considerado que este tipo de medidas solamente en casos de pornografía infantil.[2]

Resulta preocupante que el gobierno estatal funde la restricción del derecho a la libertad de expresión en la revictimización.

Si bien existen criterios y principios para el ejercicio del periodismo respecto del uso de datos personales de víctimas y de imputados y sujetos implicados en un proceso penal, estos constan en nuestra Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en ningún momento prohíben a quienes ejercen la libertad de expresión, referirse a los hechos ocurridos que dieron lugar al delito o violación de derechos humanos.[3]

En cuanto a la apología de la violencia, tal figura solo puede atribuirse bajo mecanismos de responsabilidades ulteriores, no previamente a la difusión de cierta información. Además su uso a partir del ámbito penal es contraria también a la libertad de expresión[4] puesto que podrían usarse otros mecanismos menos restrictivos para perseguir los mismos fines, como sanciones en el ámbito del derecho civil o administrativo.

De cualquiero forma, ello no habilita a las autoridades para realizar actos de censura previa. Siendo la apología de la violencia una figura que entraña instigar al odio, la discriminación y la guerra, bajo parámetros sumamente estrictos y bien definidos establecidos en el Derecho Internacional delos Derechos Humanos, no se pueden aplicar medidas generales como las publicadas el día de ayer por el gobierno estatal.

En el mismo sentido, las medidas anunciadas son contrarias al derecho a la información, puesto que la sociedad en general tiene derecho a recibir información sobre lo que acontece en su entorno para: 1) crear opiniones públicas y con ello generar debates públicos sobre lo que concierne a todos, 2) tomar decisiones que afectan directamente sus vidas y la de su Entidad, de manera informada.[5]

El derecho a la información ha sido uno de los pilares más importantes de la Democracia, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación[6] como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[7] Una sociedad informada permite la construcción de una verdadera democracia, donde se sujeta a escrutinio las actividades de los funcionarios y se exija funcionalidad y rendición de cuentas de la administración pública, así como el respeto y garantía de los derechos humanos.

En este sentido, las acciones y omisiones del Estado respecto a la seguridad de todas las personas es de primer interés social, máxime cuando los niveles de violencia delincuencial y estatal alcanzados en Guerrero alcanzan niveles alarmantes.

El mensaje también es contrario al derecho a la privacidad e inviolabilidad de comunicaciones puesto que el gobierno estatal no solo pretende prohibir la divulgación de información, también ha amenazado con localizar a quienes lo realicen a partir de técnicas de la policía cibernética, que en principio deberían ser utilizadas para combatir los delitos que se llevan a cabo en las redes, y no para amedrentar a quienes se expresan e informan lo que está pasando en Guerrero.

Es por demás preocupante que este tipo de mensajes se dan en un contexto adverso al periodismo en Guerrero, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, los periodistas de la entidad han sufrido 163 agresiones[8], resaltando los asesinatos de Cecilio Pineda y Pamela Montenegro, asesinatos que permanecen en la impunidad.[9]

En este sentido, ARTICLE19 ha documentado en Guerrero agresiones graves como amenazas de daño físico y de muerte, así como actos de intimidación con armas de fuego, robo de equipo hasta la privación ilegal de la libertad y el asesinato.[10]

Vale la pena recordarle al gobierno de Guerrero que está sujeto a partir del principio de legalidad, y en su caso solamente puede  restringir derechos consagrados en la Constitución y en normas de derecho Internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos cuando se persigan fines legítimos y la medida sea necesaria y proporcional en una sociedad democrática.

El comunicado del 19 de abril, da cuenta de una medida demagoga y restrictiva que podría inhibir el flujo de información sobre la violencia en el Estado, pretendiendo con ello ocultar la incapacidad del mismo gobierno  de hacer frente a la violencia en que la sociedad guerrerense se encuentra sumergida hoy en día.

Por lo anterior, ARTICLE19 exige al Gobierno del Estado de Guerrero abstenerse de realizar acciones contrarias a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo y al derecho a la información. Bajo esta lógica, exigimos que realice lo necesario para acabar con el clima de hostigamiento e impunidad contra la prensa que impera en la entidad.

[1] Artículo 13. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); Cfr. Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Párrafo 70; Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrafo 54, señala que la violación al derecho a la libertad de expresión es especialmente radical en los casos de censura previa, ya que “viola tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.”

[2] Ver Artículo 13.4 de la CADH

[3] Artículo 20 CPEUM; Artículo 106 Código Nacional de Procedimientos Penales.

[4] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párrafo 76; Voto Concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Sentencia de la CoIDH sobre el Caso Kimel Vs. Argentina del 2 de mayo de 2008.

[5] Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, Párrafo 83; Opinión Consultiva OC-5/85

[6] Amparo en Revisión 1359/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Resuelto el 15 de noviembre 2017.

[7] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, Párrafo 85; Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, Párrafo 151; Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 116

[8] Cfr. Cifras sobre agresiones a periodistas, en Democracia simulada, nada que aplaudir: informe anual 2017 de ARTICLE 19

[9] Protección fallida e impunidad en agresiones previas derivan en asesinato de Cándido Ríos. Disponible en https://articulo19.org/proteccion-fallida-e-impunidad-en-agresiones-previas-derivan-en-asesinato-de-candido-rios/; El asesinato de la videobloguera Pamela Montenegro agrava la espiral de violencia contra la prensa en Guerrero. Disponible en: https://articulo19.org/la-espiral-de-violencia-contra-la-prensa-en-guerrero-se-agrava-con-el-asesinato-de-la-videobloguera-pamela-montenegro/  Democracia simulada, nada que aplaudir: informe anual 2017 de ARTICLE 19

[10] Íbid

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Autoridades ecuatorianas analizan imágenes que serían de periodistas secuestrados

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Noticias RCN conoció las fotografías que corresponderían a los cuerpos de los periodistas ecuatorianos.

Varias autoridades de Ecuador se han reunido en Quito para analizar las imágenes que serían de los cuerpos de los periodistas secuestrados en la zona de frontera el pasado 26 de marzo.

 

En esa reunión también interviene el director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte, a quien Noticias RCN le envió las fotografías que obtuvo.

Una fuente de Fundamedios dijo a la agencia de noticias Efe que Ricaurte acudió a la sede del Sistema de Seguridad Integrado ECU-911 en Quito, para atender la reunión con las autoridades del país encargadas de la seguridad del Estado.

 

Además, en redes sociales circuló la versión de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que viajó a Lima para participar en la Cumbre de las Américas, volvería a Quito en las próximas horas para atender la situación.

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Se ve amenazada la vida e integridad física del reportero Odilón García por medio de un video en redes

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Ciudad de México, 2 de abril de 2018.- El reportero Odilón García, titular del portal noticioso diariotijuana.info de Tijuana, Baja California, recibió amenazas a su vida e integridad por parte de  Iván Martín del Campo o también conocido en su perfil de Facebook como Iván Riebeling, el 30 de marzo de 2018.

La amenaza ocurre tres días después de que Odilón publicara una investigación en el que señalan que Iván Riebeling, quien afirma ser el representante de una organización llamada Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos Internacionales, ha sido investigado y detenido anteriormente  por la agencia de investigación criminal estadounidense, Drug Enforcement Administration (DEA) por los cargos de robo, violación y secuestro.

ARTICLE19 documentó que Iván Martín del Campo o Riebeling también ha sido denunciado en México por ostentarse como representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como “Coordinador Nacional de Derechos Humanos del Senado”, cargo que es inexistente y por ello en enero de 2016, este órgano presento formalmente una denuncia por el delito de usurpación de funciones.

En la amenaza, Riebeling afirma, entre otras cosas lo siguiente: “lo único que voy a violar es el trasero de ustedes, los putos malos y sabrás a que sabe mi cota cuando esté hasta el fondo de tu trasero. Si fuera un criminal, créeme, ya los hubiera mandado matar… en cuanto te vea, de un putazo, te voy a tumbar la cabeza, escúchalo bien… y si tú me mandas otra nota, periodista chayotero, voy a buscarte a tu casa y te voy a sacar frente a tu familia y te voy a poner una putiza que en toda tu perra vida… (inaudible)”.

Además, el día 1 de abril, el agresor publicó otra amenaza en su perfil de Facebook contra el periodista Odilón García que decía lo siguiente: “te voy a cambiar el nombre pseudoperiodista chayotero ya no serás odilon García ahora serás ORINON GARCÍA , porque eres como las perritas que te ORINAS cuando ME VES , te tendré que pegar en el hocico con el periódico para no lastimarte y sólo asustarte con el ruido …”

Lo anterior, resulta de la mayor preocupación ya que en palabras de Odilón García, “todo esto se ha hecho bajo la protección de la policía federal con quien tiene una gran cercanía en Baja California”.

Esta amenaza se suma a las 100 agresiones contra la prensa que ARTICLE19 ha documentado de 2009 a 2017 en Baja California y a las 376 amenazas que se documentaron tan sólo en el año 2017 contra periodistas en el país.

Por lo anterior, ARTICLE19 hace un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para investigar las amenazas vertidas contra el periodista Odilón García con apego a la legalidad, garantizando una justicia pronta, imparcial y expedita.

Además, instamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a brindar las medidas idóneas al periodista y su familia, para prevenir que nuevas agresiones se materialicen en su contra.

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Funcionarios del ayuntamiento de Agua Dulce intimidan y bloquean a periodistas

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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.- Janeth Javier Chiñas y Alma Rosa Jiménez Hernández, reporteras de ADV Noticias, fueron víctima de actos intimidatorios y bloqueo informativo por parte del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, el 15 de enero y el 27 de febrero de 2018.

 

Javier Chiñas, quien también colabora en el Diario El Liberal y Alma para la Red, acudieron a una rueda de prensa del alcalde Sergio Guzmán Ricárdez en relación con un conflicto sindical el 27 de febrero. Sin embargo, al intentar ingresar al recinto con el resto de periodistas que estaban entrando, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Martínez Monroy, le dijo que ella no podía pasar.

 

Janeth Javier Chiñas cubre política local y ha dado seguimiento a críticas hacia el gobierno de Agua Dulce en el portal de ADV Noticias.  Particularmente, el 15 de enero de este año, la periodista subió una foto a la página de Facebook del medio sobre un programa que realiza el Ayuntamiento denominado “audiencias públicas” para atención ciudadana, en donde la reportera expuso que había participado poca gente, lo cual molestó al Ayuntamiento.

 

Ese mismo día, la reportera fue intimidada por el director de Comunicación Social de dicho gobierno, Alfredo Santiago Hernández. “Estaba entrevistando al alcalde cuando llegó el director de comunicación a interrumpir la entrevista  para reclamarme de la foto, que llegara temprano y que subiera fotos donde había gente. Después me volvió a decir lo mismo pero dándome órdenes y tuve una discusión con él y le dije que fuera respetuoso de mi trabajo y que el no tenía porque estarme ordenando que escribir o que publicar”.

 

ADV Noticias denuncio los hechos en una publicación en su página de Facebook, la cual fue compartida por Alma Rosa Jiménez Hernández, reportera del mismo medio, en su cuenta personal. Momentos después, Jiménez Hernández fue eliminada de un grupo de Whatsapp en donde se comparte información oficial de Protección Civil,  por el proprio director de Comunicación Social.

Janeth comentó a esta organización que a partir de la primera agresión buscó a  la Comisión Estatal para la atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y que lo volvió a hacer el martes después del segundo incidente para que pudieran dar seguimiento a su caso. Sin embargo, a la fecha de redacción de esta alerta, funcionarios de la CEAPP no han dado atención oportuna ni se han vuelto a comunicar con la periodista.

 

De esta manera, ARTICLE 19 hace un llamado a la CEAPP para que den seguimiento a la brevedad al caso y establezcan con claridad las acciones a emprenderse para garantizar la protección y labor periodística de quienes integran ADV Noticias.

 

ARTICLE 19 exige al gobierno municipal de Agua Dulce se abstenga de llevar a  cabo actos de intimidación y acoso en contra integrantes de medios de comunicación, particularmente en contra de Janeth Javier Chiñas, Alma Rosa Jiménez Hernández y demás integrantes de ADV Noticias, y que permitan a las y los periodistas ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información.

 

Esta organización hace un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz para que investigue posibles violaciones de derechos humanos en contra de la periodista.

(Articulo19.org)

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