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Demanda Artículo 19 separación de ministerial por encañonar a reporteros en Chilpancingo

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Demanda Artículo 19 separación de ministerial por encañonar a reporteros en Chilpancingo

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CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- La organización defensora de los derechos humanos Artículo 19, exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Jorge de los Santos Barilla, “separar inmediatamente” del cargo público al policía ministerial que encañonó a reporteros la semana pasada durante un operativo realizado en la capital de la entidad encabezado por el director de la corporación, Esteban Maldonado Palacios.
A través de una alerta emitida ayer por la tarde, el organismo demandó a las autoridades estatales, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y evitar que se vuelvan a repetir actos que restrinjan de manera directa e indirecta el ejercicio periodístico.
Incluso, exhortaron al gobierno astudillista a centrar sus esfuerzos en investigar la agresión policial contra comunicadores y sancionar no sólo al elemento ministerial directamente señalado, sino a cualquier otro funcionario que por su acción u omisión haya puesto en riesgo la vida e integridad personal de los reporteros, indica la recomendación.
La alerta de Artículo 19 recuerda que la noche del pasado martes 29 de enero, un policía ministerial de la Fiscalía estatal apuntó su arma contra un grupo de reporteros que documentaban un operativo realizado en el fraccionamiento SUSPEG donde se desató una balacera dejando un saldo de una persona asesinada y varias viviendas cateadas.
El organismo advierte que en México se encuentra regulado el marco de actuación de la policía en el sentido de que debe estar centrada no solo a llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar la integridad y resguardo de indicios y objetos relacionados con la investigación de los delitos sino a proteger los derechos de toda persona para que puedan desarrollarse de forma segura y plena.
“Esta protección incluye los de acceso a la información y libertad de expresión”, indica el comunicado oficial.
No obstante lo anterior, los hechos del presente caso ilustran los riesgos que enfrentan las y los periodistas durante la cobertura de hechos violentos en el estado de Guerrero.
De enero a julio del 2018, Artículo 19 registró 26 agresiones en esta entidad y los hechos analizados exhiben “las malas prácticas que persisten entre los elementos policiales durante el resguardo de las escenas del crimen y la realización de operativos que resultan en agresiones contra la prensa”, indicó.
También, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Especial sobre México (2010) documentó numerosos casos de presuntos actos de hostigamiento y violencia contra periodistas que intentaban dar cobertura informativa a las actividades de agentes de la policía o militares y recomendó a México adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación:
“La capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”, señala la alerta del organismo.
La agresión cometida hacia los reporteros por parte de un agente ministerial resulta aún más preocupante ante el contexto de violencia contra la prensa en que se encuentra el estado de Guerrero.
“Esta entidad es considerada por los organismos internacionales de derechos humanos como una zona silenciada para la prensa por la gravedad de la violencia aunado a los altos niveles de impunidad que generan el silenciamiento de las y los periodistas”, indica la alerta.

Con EPN asesinan a un periodista cada 26 días

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Por Enrique Huerta

 En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, por lo que en México asesinan a un periodista cada 26 días, según el  Segundo Informe Trimestral sobre agresiones a la prensa de la organización Artículo 19.

Asimismo, el documento señala que en el país se han presentado 218 agresiones contra la prensa, lo que representa un alza de 115 por ciento con respecto al primer trimestre del año.

De los ocho casos de asesinato a reporteros que se han dado en lo que va del 2016, dos fueron ejecuciones extrajudiciales.

Veracruz y Oaxaca cuentan con tres periodistas asesinados en su haber, mientras que los otros casos se han dado en Tabasco y Guerrero

Artículo 19 indica que el número de homicidios a periodistas ya superó al documentado durante todo 2015 “en apenas los primeros siete meses de este año”.

Incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto ya supera a otras administraciones en este rubro, con 24 homicidios, mientras que en el sexenio de Vicente Fox Quesada fueron asesinados 22 reporteros.

Sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la organización indica que la Ciudad de México es el primer lugar de agresiones contra la prensa con 31 casos, seguido de Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15.

“(La libertad de prensa en México sufre) paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión. Las agresiones contra la libertad de expresión son cada vez violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa”, indica el documento.

Prensa

Servidores atacantes e impunidad

El informe de la organización Artículo 19 señala que la mayor parte de las agresiones a periodistas y medios de comunicación provienen de servidores públicos y no del crimen organizado, como indican las autoridades.

Tan sólo en la primera mitad de este año se han registrado 100 agresiones perpetradas por servidores públicos y sólo siete provenientes de grupos criminales.

Las agresiones físicas y materiales son las más recurrentes, con 46 casos. Después les siguen las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad, con 32, y ha habido 16 ataques a medios de comunicación.

Para Artículo 19, la violencia contra periodistas y comunicadores aparece focalizada en aquellas entidades federativas tradicionalmente más peligrosas para el trabajo informativo.

“Los tres asesinatos en Veracruz (Anabel Torres Salazar, Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas), por su parte, ocurrieron en el habitual clima de violencia generalizada de aquel Estado, que en una dialéctica permanente de luchas y alianzas con el crimen organizado ampara un creciente número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas con casi total impunidad. Es necesario recordar que el sistema de ‘Alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz’, impulsado por la Segob [Secretaría de Gobernación]  y por el Gobernador [Javier] Duarte, sigue siendo un mecanismo que dista mucho de ser eficaz en la prevención y punición de ataques a periodistas”, indica.

El informe enfatiza en que la actuación “pasiva” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a que sólo en dos investigaciones–la de Elidio Ramos Zárate y de Anabel Torres Salazar– se manejó la línea de la libertad de expresión como móvil del asesinato.

“La FEADLE se ha mostrado absolutamente pasiva en todos ellos, desobedeciendo su mandato de prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos en contra de los periodistas. Es necesario denunciar que las autoridades se muestran inoperantes a la hora de identificar y perseguir a las personas responsables, como en los asesinatos de Anabel Flores, Elidio Ramos, Manuel Torres y Francisco Pacheco. Más grave aún, en dos de estos casos las autoridades criminalizaron a las víctimas para explicar sus muertes, en términos de supuestos vínculos con redes delictivas, en el caso de Anabel Flores, o de presuntas actividades de delincuencia común, acompañada de la estigmatización por adscripción ideológica, forma de vestir y supuestos hábitos de consumo, en el caso de Salvador Olmos”, señala.

Artículo 19 alerta en su informe sobre el patrón de encubrimiento de la autoridades y la justificación de la violencia ejercida contra los periodistas, al ligarlos a “categorías sociales consideradas peligrosas”.

La organización critica la gran impunidad que existe en el país para este tipo de agresiones, lo que convierte a México en uno de los países más peligrosos para la prensa.

Artículo 19 enfatiza que el informe de este trimestre pone especial atención en la falta de respuesta por parte del Estado a las agresiones.

“La denegación sistemática de justicia, la estigmatización pública y la revictimización se expone en medida especial en el caso de Salvador Olmos, asesinado el 25 de junio por parte de la policía municipal de Huejuapan de León, Oaxaca, en contexto de las protestas magisteriales en el país”, dice el documento”.

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