Auditoría

Alista Solidaridad auditoría a concesionaria de parquímetros, en 2024

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Playa del Carmen.- Será hasta el próximo año cuando el Ayuntamiento de Solidaridad inicie una auditoría hacia el funcionamiento de la concesión de parquímetros y la empresa encargada, Playaparq, confirmó hoy el contralor municipal, José Ramón Montenegro Maldonado.
El funcionario, quien acaba de ser designado para este cargo en la sesión pasada de Cabildo, afirmó que varios regidores habían solicitado esta auditoría, por lo que ya tienen programada su solicitud formal, para que su dependencia la programe el próximo año.
El contralor aclaró que no tienen plazo legal para concluir esta auditoría, pero por tratarán de finalizarla antes de que acabe la actual administración municipal.
Cuestionado sobre el permiso para la construcción de dos mil casas que firmó Rocío Beltrán Sánchez, días antes de renunciar a su cargo como secretaria de Desarrollo Urbano, el contralor señaló que el nuevo secretario, Carlos Díaz Castellanos, todavía está dentro del plazo de entrega-recepción, por lo que le tocaría a ese funcionario detectar si hay alguna anomalía, para turnar el expediente a Contraloría.

Investigación por daño patrimonial de Laura Beristaín, ‘en cancha’ de la Auditoría Superior de la Federación

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AGENCIA SIM

 

Playa del Carmen.- La investigación del desfalco por más de 248 millones 430 mil 388 de recursos de la pasada administración municipal está en “la cancha” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien tendrá que pronunciarse el próximo mes para iniciar con las denuncias correspondientes, indicó Lili Campos, presidenta municipal.

Durante su informe semanal, Lili Campos señaló que debido a que no se realizó el proceso de entrega recepción como marca la ley por parte del gobierno de Laura Beristaín, no se logró sustentar la información requerida por la institución federal, quien determinó un daño patrimonial al municipio.

“Se entregó toda la información que pudimos encontrar, porque no teníamos una información real y este es el resultado”, expresó.

Por su parte, Rubén Tamayo, director general de Contraloría, explicó que debido a la falta de trazabilidad de los recursos que fueron entregados no solo a empresas para el pago de servicios, sino a diversos institutos, se investiga el destino de estos recursos para determinar cuáles fueron los funcionarios involucrados.

“No podemos omitir estas acciones, la Auditoría Superior nos ha exhortado a iniciar las acciones que se tienen que hacer, las autoridades deben seguir este asunto”, expresó.

En este sentido, señaló que la falta trazabilidad en la parte presupuestal, contractual y de pagos, fue detonante para que la ASF solicitara el cien por ciento de la comprobación del ejercicio 2021, quien determinó que de octubre a diciembre se comprobó de manera justificativa, presupuestal y contablemente la cantidad de 78 millones 237 mil 486 pesos.

Sin embargo, no se justificaron 248 millones 430 mil 388 de recursos ejercidos durante el gobierno de Laura Beristaín, correspondientes a enero a septiembre de ese mismo año.

El funcionario recalcó que la administración ya proporcionó la información con la que contaba, por lo que es imposible presentar datos adicional sobre los gastos que tienen que ver con pago de combustibles, alimentos, transferencias a institutos que no pueden ser comprobados.

“En esta etapa le corresponde a la auditoria concluir la revisión, por lo tanto, la contraloría municipal es parte coadyuvante en esta investigación para hacer las denuncias correspondientes, porque no podemos ser omisos”, expresó.

Prefieren feministas auditoría a remoción del fiscal Óscar Montes de Oca

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Cancún.- Óscar Montes de Oca, debiera ser auditado por su labor al frente de la Fiscalía General del Estado, en lugar de ser removido, pues esto “no servirá de nada”, aseguró Ariadne Song Anguas, vocera de la Colectiva Femenista Xtabay.

Cuestionada sobre la exigencia de que sea removido el actual fiscal, lanzada varios colectivos en Cancún, quienes bloquearon la zona hotelera, la feminista djo desconocer quién esté asesorando a la agrupación “Memoria, Verdad y Justicia”, pero es preferible que sea la Secretaría de la Función Pública, no la Auditoría Superior del Estado, revise la labor realizada por este funcionario, en lugar de nombrar a otro fiscal, quien tomaría más tiempo para adaptarse.

En ese sentido, Song Anguas propuso “una acción proactiva”, la cual, dijo, “consiste en que el que desee estar en el puesto, que lo demuestre, que no maquille las cifras, que rinda información y que realmente esté investigando”.

“Esto se soluciona no con que una persona se vaya. Por eso nosotros no estamos exigiendo que se vaya. O sea, no aplicó la perspectiva de género, no capacitó a su personal, sigue teniendo la fiscalía violaciones a los derechos humanos”, indicó.

“El hecho de que el fiscal se vaya, ¿de qué va a resolver la procuración de justicia, los feminicidios? ¿Quién va a venir, quién lo va a elegir, quién va a determinar que cumple con el perfil académico?”, añadió.

La entrevistada indicó que deberá ser la Secretaría de la Función Pública quien debe auditar al fiscal y no la Auditoría Superior del Estado, pues dijo que se corre el riesgo que este procedimiento, si se realiza a nivel estatal, se convierta en “la pasarela en el que volvió la comparecencia de los nuevos secretarios de la presente administración”.

“La idea es que la Secretaría de la Función Pública lo audite y le cuestione a quiénes corrió, a quién le dio determinadas plazas, por qué no quiere pagar la recompensa por la captura del responsable de la desaparición de Fernanda Cayetana, etcétera”, señaló.

Song Anguas que es la fiscalía y todo el sistema judicial lo que verdaderamente “está podrido”, y que está siendo superado por la realidad, todos los días.

“Actualmente, la propia fiscalía está sirviendo para realizar denuncias falsas, y las instituciones están siendo superadas por la realidad. Por ello, lo importante no es que una persona se vaya, sabemos que lo que la fiscalía anuncia con bombo y platillo, a través del fiscal Montes de Oca, no compete ya a la realidad”, destacó.

CAPA, aún sin terminar auditoría a Aguakan, para documentar proceso legal en su contra 

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AGENCIA SIM

 

Chetumal.- Alberto Covarrubias Cortés, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la entidad, aseguró que aún no ha terminado el proceso de auditoría que le realiza esta instancia a la empresa Aguakan, para documentar el proceso legal en su contra.

En entrevista, el funcionario estatal aseguró que lo primero que realizó la nueva administración de CAPA fue solicitarle al área jurídica la documentación necesaria para estar al tanto sobre cualquier posible incumplimiento por parte de esta empresa.

No obstante, el director dijo desconocer qué peso tendría esta información en el cumplimiento de la consulta popular, en donde la ciudadanía en tres municipios votó por revocar a esta concesionaria, con resultados vinculantes.

“Yo temas legales no los sé; yo soy ingeniero”, comentó el funcionario, quien aclaró que serán las instancias correspondientes las que decidan los pasos a seguir.

Cabe destacar que hace cinco años, el Ayuntamiento de Solidaridad le solicitó a CAPA una auditoría sobre la gestión de Aguakan, con la finalidad de entablar un litigio para revocar la concesión, contra la que esta empresa se amparó.

 

REZAGO EN ZONAS RURALES

Por otro lado, a pregunta expresa, el director de CAPA reveló que el servicio que brinda esta comisión presenta un rezago en la zona rural de la entidad.

Detalló que es un 7 por ciento contra 100 lo que falta por cubrir, sobre todo en las partes limítrofes y en la zona maya del estado, esto debido “a las distancias” que hay entre una comunidad y otra, a partir de las plantas de esta comisión.

Por último, al recalcar que son Felipe Carrillo Puerto, Tulum y José María y Morelos los que enfrenta este rezago, Covarrubias Cortés apuntó que actualmente se conforma un proyecto para poder brindar cobertura total en estos municipios.

Auditoría descubre desfalco en Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por compra de camioneta de lujo de 2.3 millones de pesos

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CANCÚN, Q. ROO.- Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al municipio de Felipe Carrillo Puerto puso al descubierto la adquisición injustificada de una camioneta de lujo y desfalcos por un monto superior a los 2 millones 300 mil pesos.

Al finalizar 2018, el municipio había erogado el 90.5 por ciento de los recursos. El restante 9.5 por ciento terminó de ejercerse hasta el 31 marzo de este 2019.

En el dictamen de la auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2018-D23002-21-1260-2019 se establece que incurrió en “inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal”. Tales faltas a la ley derivaron en un probable daño a la hacienda pública por 2 millones 343 mil 600 pesos.

La irregularidad que representó prácticamente el total del monto observado fue la adquisición de una camioneta. Se trata de un vehículo identificado como “Van Equipado”.

Sólo en esa camioneta el municipio gastó 2 millones 088 mil pesos. La compra del vehículo de lujo, observa la ASF, viola la Ley de Coordinación Fiscal, principalmente en su artículo 33. Tal adquisición implicó un uso indebido de los recursos entregados por la Federación.

Otro desfalco detectado por los auditores es el pago de honorarios, con recursos del Fondo, a personas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado.

De acuerdo con la ASF, se pagaron 255 mil 571 pesos “a personal de honorarios para supervisión de obra”. Estas personas –observa la ASF, sin proporcionar número de los empleados– trabajan para el gobierno de la entidad, adscritos a la Sedesol.

Además, por esos pagos el municipio no pudo presentar “documentación que compruebe que las actividades realizadas correspondan con la verificación y seguimiento de las obras que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos del Fondo”.

La ASF también concluyó que el gobierno de Felipe Carrillo Puerto no cuenta con un “adecuado sistema de control interno”. Por ello, señala, no tiene las herramientas para “identificar y atender” los riesgos del ejercicio de los recursos.

MEJORA ATENCIÓN SOCIAL

Por otra parte, el máximo órgano de fiscalización del país encuentra que la aplicación correcta de recursos entregados por la Federación al gobierno municipal influyó para disminuir la pobreza en zonas marginadas de la demarcación.

La auditoría, contenida en la más reciente entrega del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018–, reconoció al municipio los “esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales” durante los últimos años. Muestra de lo anterior, cita el documento, es que mejoró la calidad de la vivienda popular y la construcción de más espacios de este tipo; disminuyó el rezago educativo, así como el número de personas con ingreso por debajo de la línea de bienestar.

Los recursos auditados sumaron 176 millones 445 mil 800 pesos. Del total, la ASF comprobó que el municipio destinó el 50.7 por ciento (89 millones 465 mil 900 pesos) a la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables.

El resto –con la excepción de las irregularidades por más de 2 millones 300 mil pesos– a programas de drenaje, letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y a proyectos de contribución indirecta o complementarios en beneficio de ese sector de la población.

“Los objetivos y metas se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el municipio de Felipe Carrillo Puerto invirtió los recursos aportados para la atención de la población objetivo”.

Formalizan su renuncia de la ASE los borgistas Bonilla y Zetina

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Hugo Favio Bonilla Iglesias, quien se encuentra prófugo de la justicia, presentó en el Congreso del Estado su renuncia irrevocable al cargo de Auditor Superior suplente.                                                                  De manera paralela el Auditor Superior del Estado con licencia también presentó su renuncia de manera irrevocable, con lo que ambos se dan por retirado de las auditorías a pocos meses de iniciar el Gobierno de Carlos Joaquín.

Así lo informó el Congreso.                                   *Recibe Congreso, renuncias del titular y suplente de la Auditoría Superior del Estado*

Congreso del Estado
Boletín 156, 29 de mayo de 2017

Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado recibió este lunes las renuncias del titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Félix Zetina González, así como la de Hugo Favio Bonilla Iglesias, como Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo.

Ambos documentos fueron notificados ante el pleno del Congreso y fueron turnados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su respectivo análisis y desahogo, con el objetivo de proceder a la elección de los nuevos titulares de estos cargos, pues ambas cartas fueron presentadas con carácter de irrevocable.

El Congreso del Estado de Quintana Roo llevará a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, capítulo segundo, en su artículo 62.

–O–

Remberto Estrada sale en defensa de Paul Carrillo y Hugo Bonilla: Recurre a Suprema Corte para suspender auditoría de la ASE

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PRESENTA AYUNTAMIENTO DE BJ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA REVISIÓN DE EJERCICIOS FISCALES

• La Síndico Municipal, Mirna Karina Martínez, como representante legal del Ayuntamiento, señaló que dicho recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, “toda vez que no cuentan con fundamentos válidos para la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016”.

CANCÚN, Q. Roo, a 08 de abril de 2017.- La Síndico Municipal, Mirna Karina Martínez Jara, informó que el Ayuntamiento de Benito Juárez, en cumplimiento a los procedimientos legales conducentes, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, toda vez que el pasado 31 de marzo pasado solicitaron la revisión de los ingresos municipales obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

La síndico de Cancún Karina Martínez

Señaló que dicho acuerdo que promovió el Congreso del Estado, para volver a revisar las cuentas por concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones, “se trata de un acuerdo inconstitucional, ya que está indebidamente fundado y carece de cualquier motivación lógico-jurídica”.

En este sentido, Jara Martínez explicó que la solicitud de revisión se hace en un marco de presunción de que se han cometido daños y perjuicios que pudieran afectar la hacienda pública o el patrimonio del municipio; sin embargo, afirmó que no existe un razonamiento válido para volver a examinar dichas cuentas públicas, toda vez que han sido debidamente analizadas y solventadas las observaciones en tiempo y forma correspondiente.

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“La situación obedece a que la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 y 2015 ya fue juzgada y ratificada; de cualquier manera, las cuentas correspondientes al 2016 siguen abiertas y el Congreso del Estado solicitó abrirlas nuevamente, lo cual es jurídicamente erróneo, es una doble acción y se tiene que respetar el ejercicio de derecho y la autonomía municipal”, señaló.

Indicó que es claro que esta situación “deriva de un acto abusivo del poder fiscalizador por referirse a ejercicios fiscales que ya han sido auditados, además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de parte de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado; aunado a que no existen pruebas que permitan sostener la imputación y, por ende, al ordenar la Legislatura al órgano técnico dicha acción, sin establecer claramente los alcances de la misma ni su duración, se vulnera el Artículo 115, Fracción IV de la Constitución Federal, pues dicha orden se traduce en una directa invasión a la autonomía hacendaria del Ayuntamiento de Benito Juárez”, puntualizó.

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Cabe señalar que la controversia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha de 4 de abril del presente año, con número de expediente 112/2017, para que se realice el procedimiento conducente ( con información de Vocería de Benito Juárez).

Fidel será auditado…pero por despachos contables patitos

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La administración de los millonarios recursos del fondo para el mejoramiento de la impartición de justicia, que ha realizado de manera discrecional el presidente del poder judicial, Fidel Villanueva Rivero, en los últimos cinco años serán auditados.
Sin embargo, por determinación de la mayoría del pleno judicial, las auditorias estarán a cargo de “empresas a modo”, ya que serán realizadas por despachos contratados con procedimientos de adjudicación por invitación a tres empresas, lo que limita la participación de despachos reconocidos.
El pleno judicial con votación de 8 a favor y tres en contra aprobó este miércoles que se revisen los gastos ejercidos de esta partida presupuestal en relación a los ejercicios fiscales 2012 al 2016.
Los magistrados del pleno rechazaron con la misma votación, ampliar la revisión del gasto desde la creación de este fondo, en el año 1996, o cuando el ejercicio de esos recursos estaba en manos de la ex presidenta del tribunal superior de justicia Lizbeth Loy Song Encalada.
Además de las auditorias, se aprobó la creación del consejo técnico que debe administrar los recursos provenientes del fondo mencionado, órgano interno que en su creación conformado por el magistrado Fidel Villanueva, lo que le permitió el uso discrecional de esos recursos económicos.
Ese consejo técnico debe ser conformado por magistrados de las salas especializadas y por el oficial mayor del tribunal superior, y está obligado a rendir informes mensuales de cómo se gasta cada peso de los recursos provenientes del fondo.
“La creación de ese comité técnico para transparentar el gasto de esos recursos en al menos los últimos cinco años, es una necesidad urgente para saber en qué se han usado”, coincidieron la mayoría de los magistrados del pleno.
Con esta determinación de la mayoría de los magistrados, finalmente podrá conocerse el uso que Fidel Villanueva le ha dado a los recursos de ese fondo cuyos montos anuales no se conocen a ciencia cierta por los magistrados del pleno, lo que es el principal argumento para realizar las auditorias.
El Fondo Para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, se integra por ingreso propios que el Poder Judicial obtiene a través de Multas que imponen los órganos jurisdiccionales, cauciones que garanticen la libertad provisiona, las cauciones que garantizan la condena condicional, los interese de inversiones de ingresos propios, donaciones o aportaciones a favor del fondo, productos de los artículos materia de un delito que no sean reclamados por sus propietarios, seis meses después de sentencia, entre otros.( Benjamín Pat, Sipse).

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Fidel Villanueva Rivero, de acuerdo a los manifestado en las sesiones de pleno, por años a ocultado a sus compañeros el contenido de ese fondo y su uso en el presupuesto anual, respecto a al ejercicio 2017, de acuerdo con versiones contempló una serie de plazas y sueldos no avalados por el pleno para beneficiar a sus familiares y amigos.