Betoborge

OBSERVATORIO: Beto Capella responde como Beto Borge a la manifestación

Por Pedro Canché
A 35 días del Rambo Beto Capella se va con todo contra 15 policías de los 300 rebeldes a quienes acusa ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de motín, delito con que su tocayo Beto Borge acostumbraba acusar a quien se manifestara.
Por motín el castigo es de un año de cárcel y fianza de 6 mil pesos y el dolor de cabeza de un juicio.
Responde así al paro de 300 policías municipales donde pretende despedir a 170 de ellos y hoy en el día D descontará el sueldo como primera medida de presión en tanto un grupo de élite avanza para desalojar a los policías.
En lo laboral y en lo civil los policías como cualquier mexicano le asisten todos los derechos de manifestarse y Beto Capella ha tenido error tras error ante la crisis.
Respondió  no con autoridad sino con autoritarismo desde el primero momento y advirtió que esas conductas no se van a tolerar.
Lo grave son sus declaraciones al decir que existe  una red de coptación de la instituciones policíacas por parte del crimen organizado, es decir, criminaliza la protesta en estos precisos momentos cuando la gravedad de la acusación ameritaba que ya fueran denunciados los narcopolicías desde que conoció el caso. Ya tiene 35 días en el puesto, faltaba más.
Hacerlo en ese momento de crisis ante una policía de tránsito que depende de la morenista Hermelinda Lezama le resta seriedad a sus acusaciones.
Entonces cualquier policía que exija sus derechos o se inconforme será tachado de narco, muy mal Beto Capelline con esta estrategia. El fondo está en que  su recomendado, el director policíaco de Cancún, Jesús Pérez Abarca fue humillado y echado de las instalaciones policíacas y puesto de patitas en la calle. Capella lo trajo a estos lares al igual que decenas de mandos altos y medios a quienes ha incrustrado en puestos como la dirección de policía de Tulum.
¿Que dirá Carlos Joaquín de la estrategia de su secretario de Seguridad Pública?
  RAMBO
El verdadero Rambo no creo que se arriesgue a subir en un helicóptero de 1996, que apenas repararon luego de estar arrumbado.
Pero este Rambo si.
Otro error de Beto Capella al subirse en un helicóptero más viejo y usarlo para andar en el Estado. Mínimo que siempre ande en paracaídas.
Si pasara un fatal accidente, quedaría marcado este gobierno.

Ligan a Roberto Borge con sicarios y fraude de terrenos

(Diariotiempo) .- El periódico Reforma da a conocer que el Gobierno de Roberto Borge negoció un soborno de 800 mil dólares e incumplió con una inscripción irregular de terrenos en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, según el testimonio de un ex agente estadounidense.

Juan Felipe Martínez, ex agente del Departamento de Seguridad Interna de EU, contratado por empresarios españoles de la compañía Prestadora de Servicios Azco, reveló que hizo gestiones a través de Borge, para llegar al director del Registro Público, Carlos Lima.

Según el testimonio que ofreció Martínez ante autoridades mexicanas el 25 de noviembre, la firma buscaba registrar irregularmente 16 predios en Puerto Morelos.
Las investigaciones revelaron que, pese a que hubo un acuerdo con Lima, no fueron alterados los registros de las propiedades.

La declaración de un ex agente del Departamento de Seguridad Interna de EU contratado, exhibió una trama de fraudes, corrupción y violencia en torno a los predios de la Riviera Maya.

Según indagatorias de la PGR, la compañía española Prestadora de Servicios Azco intentó simular una venta duplicada de los terrenos ubicados en Puerto Morelos, por los cuales ya había recibido un pago de 20 millones de dólares de Rodríguez Borgio.

Juan Felipe Martínez, contó que los españoles primero intentaron cambiar el nombre de los propietarios de los terrenos, para lo cual pagaron un soborno a funcionarios estatales, entre ellos el entonces Gobernador Roberto Borge y Carlos lima Carvajal, quien era director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo.

Según Martínez -quien dijo ser contratado por el español Andrés Felipe Valea Vera, representante legal de Azco-, él mismo contactó en Miami a un conocido de Borge y logró hablar con el ex Mandatario, quien intervino para que los españoles se reunieran con Lima.

El agente supo que el soborno sumaba 800 mil dólares porque le pidieron ingresar ese dinero de Europa a Estados Unidos, sin declararlo a las autoridades. Asegura que se negó.

Planean asesinato

Según lo declarado por el ex agente, después de demandar por la vía civil la nulidad de la venta a Rodríguez Borgio, los dueños y abogados de Azco empezaron a maquinar el asesinato del dueño de los casinos Big Bola.

Para lo cual contrataron a sicarios de Jalisco y trataron de asesinar a
Javier Rodríguez Borgio Acosta, hijo del casinero, cuando salía de una función de cine, junto con su novia, en la Plaza Comercial Antea de Querétaro.

Cuando lo tenían cercado en un verificentro, Borgio fue rescatado por elementos de seguridad privada. En el tiroteo murió ‘El Gafe” conocido sicario de Jalisco.

Droga como conexión

El diario argentino Clarín publicó que en 2010 Andrés Felipe Valea Vera viajó en un avión privado por el interior de España junto con los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, ambos detenidos el 2 de enero de 2011 en el Aeropuerto de Barcelona con 944 kilos de cocaína.

Ambos habían operado para Martínez la venta de los predios a Javier Rodríguez Borgio: Membibre recibió del casinero uno de los pagos por 1.6 millones de dólares y Mondragón le entregó la carta de finiquito.

Después de la transacción los operadores estaban de más por lo que explicó que, con ayuda de una fiscal en Quintana Roo, a Membibre lo inculparon en la violación de una mujer, mientras que a Mondragón lo mandaron a matar, para lo cual Valea y Martínez contrataron a ex escoltas del Gobernador Roberto Borge.

En febrero de 2016 una cuadrilla bajo el mando de “El Piraña”, guarura de Borge, levantó a Mondragón, pero cuando intentó ejecutarlo la pistola se encasquilló y terminó por soltarlo con la advertencia de que perdiera.

Según el ex agente, supo del episodio porque lo contó el propio “Piraña”, quien había llegado en una camioneta del Gobierno del Estado al estacionamiento del Wal-Mart de Avenida Bonampak, donde también estaban Valea y Martínez, quienes ahora tienen orden de aprehensión por el delito de fraude.

¿De donde vino la trauma de Betito?

-> CRÓNICA DE UNA CORRUPCIÓN DOCUMENTADA: ROBERTO BORGE Y FÉLIX GONZÁLEZ CANTO

Zátrapa. Lacra. Lumpen. ¿Cómo definir al ex gobernador de Quintana Roo? Roberto Borge Angulo es la esencia del PRI. Su padre, Roberto Borge Martín, fue procesado como cualquier criminal luego de ser detenido en diciembre de 1994, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos. El entonces presidente Ernesto Zedillo no quiso interceder ante el clamor de la familia, entre ellos Miguel Borge Martín, quien se desempeñó como gobernador en el salinato (1987-1993). La respuesta del Presidente fue: “nada ni nadie por encima de la Ley”. La decisión presidencial los desconcertó. Los Borge buscaban impunidad. No lo lograron y Borge Martín se quedó en la cárcel. Fue fichado y no le quedó más remedio que pagar. Por eso quienes conocen al joven gobernador y forman parte de su primer círculo aseguran que Roberto Borge no logra superar ese trauma.  

Mucho antes de asumir el poder Roberto Borge ya era centro del escándalo. Cuando se desempeñaba como diputado federal al primero que le informó que deseaba contraer nupcias fue a su jefe y amigo Félix González Canto, el flamante gobernador de Quintana Roo, quien ni tarde ni perezoso, le dijo que adelante, que sí, que lo que se ofreciera y ¡zas! Félix se apuntó para ser el padrino de lujo, sí, el testigo de honor del enlace civil, pero… ¿de dónde saldría el dinero? Esa era la pregunta. “No te preocupes mi Beto… tú nomás dime”. Y bueno la boda como un cuento de hadas se llevó a cabo: una gran recepción con cargo a las arcas públicas.

El marco elegido por Mariana Zorrilla y Beto Borge para sellar su relación, que contó con la bendición de Monseñor Fabio Martínez Castilla, obispo de la diócesis de Michoacán, fue la capilla de Santa María de las Cumbres, de ahí –cuentan las crónicas de la prensa rosa– los novios y los invitados se trasladaron al hotel Hilton donde se ofreció un banquete. La pareja sorprendió con sus voces al interpretar un par de canciones que animaron la fiesta hasta altas horas de la mañana. No faltaron los cuchicheos entre algunos de los presentes, qué de dónde, que si se había sacado la Lotería, qué cómo le hicieron y bla bla bla…

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Las dudas se empezaron a despejar cuando las redes sociales rompieron con el tabú. Los sitios Visión Peninsular y SolQr publicaron una nota acusando de corrupción al entonces diputado federal. Según una denuncia realizada por la red ciudadana “Poder Urbano”, Roberto Borge “gastó 2 millones 241 mil 907.25 pesos en su boda con Mariana Zorilla Perales, evento al que invitó a 900 personas y que fue pagado con dinero que salió de los bolsillos de los quintanarroenses”. Surgieron algunas evidencias: en un mail enviado a Eliezer Villanueva Lanz, entonces administrador del Gobierno del Estado, el diputado Roberto Borge escribió textual: “doitore esto es lo del entarimado y comida que es lo mas cabron suponiendo un estimado de 900 pax… ES MEGACARPAS DE NACHO RIVAS y Banquete es Taller Gourmet ambos de cancun. Ay te encargo namas con mucha discrecion ya sabes como son alla cn nuestros paisas…(SIC)”.

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A menos de un año de haber asumido su cargo de gobernador los escándalos y frivolidades han marcado la gestión de Roberto Borge quien se ha encontrado en la mira de los internautas. Una anécdota que pinta los excesos de Roberto Borge tiene que ver con un perro llamado “Simon”. La desaparición del can de la raza beagle, propiedad del gobernador, provocó un operativo en todo Chetumal. Se utilizaron vehículos oficiales para pegar posters en los que se ofrecía una recompensa de 10 mil pesos a quien encontrara al animal. Usuarios de las redes sociales se burlaron del tema. Incluso, vía Twitter, una funcionaria criticó el uso del personal de gobierno para localizar al animal y fue despedida inmediatamente. El perro apareció sano y salvo una semana después pero sin el collar de perlas que la primera dama le compró a su mascota en una de las joyerías de lujo de Cozumel.

Este lamentable estado de cosas por desgracia es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del no pasa nada. Algunos medios que han hecho públicos casos de corrupción, como la revista Luces de Siglo, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes cada vez resulta más costoso en el país.

Quintana Roo es un ejemplo de la corrupción promovida desde el poder. Basta observar en materia de transparencia las maneras tan burdas de hacer las cosas y que demuestran el nivel de impunidad y complicidad entre el gobernador actual y su antecesor Félix González Canto.

Primero. Reacio a transparentar su quehacer, el gobierno de Félix González Canto intentó acotar el universo de quienes pudieran ejercer el derecho a saber, otorgando esa prerrogativa sólo a los “ciudadanos quintanarroenses”, muy pocos por tratarse de una entidad con un gran flujo migratorio.

A ese primer frustrado intento –que la adición del segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal de 2007 echó por la borda– le acompañó un conspicuo acuerdo clasificatorio de la información. En efecto, el 29 de septiembre de 2006 en una edición “quarter extraordinaria” –es decir, una publicación irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara–, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.

En esa lista se encontraba prácticamente toda la información que debiera haber sido difundida de oficio, entre ella la “lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” cuyo accionista principal es el gobierno de Quintana Roo; el Programa Sectorial de Agronegocios; el Programa Sectorial Forestal y el Sectorial de Desarrollo Indígena; la “información relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo” y no podían faltar los “contratos de publicidad y documentos relacionados con los mismos que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado realiza con los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, entre otras muchas.

Con el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha esa estrategia de opacidad: mantener bajo resguardo distintos actos de corrupción e impunidad.

Segundo. Existen explicables temores del gobierno de Quintana Roo por clasificar buena parte de su información como reservada. El ahora ex gobernador Félix González Canto ha sido uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público, donde no dejó ir una sola oportunidad para hacer negocios. Lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión otorgada por el Gobierno Federal para que el de Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera “los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso, en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo”.

Lo anterior no tendría mayor problema de no ser porque la condición decimocuarta de la citada concesión establece que la “concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podrá explotar, por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía”. Y esa tercera persona no es otra que uno de los operadores financieros del señor González Canto, en donde espera obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión de menos de 3 mil millones, donde la inversión sería pública y las ganancias, en cambio, si nadie hace nada, serían privadas. Mejor negocio, imposible.

Tercero. El ex gobernador Félix González Canto clasificó también como reservada la información de la paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” por dos razones. La primera porque siempre ha operado con déficit al gastar sensiblemente más de lo que se recupera como una tendencia recurrente año con año. Y la segunda: porque de acuerdo con las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB –propiedad de la paraestatal– familiares y amigos eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y del extranjero. Este sólo hecho es constitutivo de responsabilidad administrativa y da lugar a varios tipos penales.

A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado al indagar a esa empresa para distintos ejercicios fiscales entre 2006 y 2009, consideró que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso sí que es independencia y profundidad de análisis de la mencionada Auditoría Superior de Quintana Roo.

Félix González Canto no le hacía el feo a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene como “ruleteros” dotados de una concesión “indefinida” en Cozumel al propio ex gobernador Félix Arturo González Canto; a su padre, Lenin Matías González Padrón, a su madre, Yolanda Canto Pacheco; y a su cuñado, José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores.

*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo. —-Por José Martínez *
Se autoriza reproducción con crédito al autor

México, D. F., a 7 de febrero de 2012

Eliezer Villanueva Lanz y los Eljure, historia de terror económico para QRoo

Luego de la narco-ejecución de Isaías Capeline Lizárraga, el 15 de julio, aún quedan siniestros personajes que, compinches del gobernador priista Roberto Borge Angulo, mucho daño le hicieron a Quintana Roo y deberían ser llevados ante la justicia.

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Por Carlos Canton Zetina* Capeline quien hostigaba, perseguía, vigilaba, secuestraba y hasta mataba a todo aquel que traicionara a Borge, o a sus disidentes, fungía como Director de Gobierno. Nunca fue castigado.

Era el “fontanero”, el que le hacía al gobernador los peores trabajos sucios.

Era el brazo ejecutor en materia de represión política.

Pero Borge y su por siempre jefe Félix González Canto, su antecesor, tienen brazos ejecutores en cuestiones económicas; los que los ayudaron a saquear el estado.

La dupla nefasta tiene en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a sus cómplices incondicionales e inmorales como su titular Juan Pablo Guillermo Molina.

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PODRÍAN QUEDAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO, EL AUDITOR Y EL FISCAL CÓMPLICES DE BORGE

PODRÍAN QUEDAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO, EL AUDITOR Y EL FISCAL
Cortesia Sin embargo*
CHETUMAL, Q. Roo.- El nombramiento del Magistrado, el Auditor Superior del Estado y el Fiscal podrían quedar sin efecto con la acción interpuesta por la Procuraduría General de la Republica (PGR), respecto a la Ley Borge.
Rafael Anguas Puc, presidente del Colegio de Abogados y Jueces en el Estado señaló que el panorama jurídico de Quintana Roo es desalentador, puesto que los Legisladores no son profesionales en leyes y tampoco toman en cuenta la opinión de los profesionistas en la materia para realizar modificaciones a las mismas.
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“Es todavía más desalentador porque nuestros legisladores no acuden a los Colegios, cuya función es ver que todo este conforme a derecho, y no para cumplir cuestiones personales, privadas de grupos o partidos políticos en el poder. Cualquier modificación debe ser sometida a revisión y escrutinio de abogados para hacer un análisis y modificar leyes que carecen de toda constitucionalidad, como ocurre actualmente”.
Agregó que las últimas reformas planteadas solo se responden a intereses personales, políticos o de grupos afirmo el Presidente del colegio de abogados y jueces de Quintana Roo.
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‘No es facultad del Congreso’
“No es facultad del Congreso emitir esas leyes, porque existe una Ley General Anticorrupción, que no les permite dicha opción, y por lo que hemos checado sí existe cierta inconstitucionalidad al respecto de las leyes creadas”.
Anguas Puc, confió en que la acción interpuesta por la PGR proceda y se tenga que echar reversa a la mayoría de las acciones que se han tomado, tal y como lo hizo, el lunes,  Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que dio marcha a tras ante la Fiscalía Anticorrupción que había creado.
Las leyes deben beneficiar a la sociedad
“Quedan sin efecto algunos, como son el auditor, los magistrados, y las demás instancias o autoridades que fueron nombradas. Por lo general todas las leyes van armadas van en contra de la Constitución”.
Javier Zetinae Gonzalez
Expresó que la historia muestra que toda Ley o modificación a la Ley y que va en contra de la sociedad, y que genera protestas, como las ocurridas aquí, terminan siendo revocadas, porque las vLeyes deben beneficiar a la sociedad en general y no solo a un grupo o partido político. Blanca Esther Buenfil Vanegas.