CANCÚN (Expansión / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) –Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.

Apenas pasan las 7 de la mañana. Aún no es horario laboral, pero el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres de sus compañeros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, irrumpen el idílico despertar de este lugar que, por 210 dólares la noche, te acoge en sus cabañas de techos de palmas, terrazas de madera y un pequeño bar a la orilla del mar.

Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local vienen a arrebatar este pedazo de paraíso sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de cuatro camionetas llenas de policías municipales armados. En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para no ser identificados.

 

En seis horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. En seis horas, el ejidatario Joel Tovar deja de tener la posesión de 4,500 metros cuadrados de su parcela del ejido José María Pino Suárez y el español Andrés Pérez pierde su ahorros en el hotelito en que había invertido y que administraba desde hacía cinco años.

En esta franja costera todo es confuso y absurdo: La Junta de Conciliación y Arbitraje entregó el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andrés) que dicen ser dueñas de esa franja de la costa.

El supuesto salario de los ex trabajadores despedidos es 3.6 veces más alto que el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien percibe 208,570 pesos brutos.

La “ley fue justa” pues a los supuestos patrones los condenaron a pagar 200 millones de pesos a esos dos empleados, y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles.

Joel y Andrés nunca conocieron a las personas que les demandaron y dicen jamás haberse enterado de ese juicio que fue utilizado para despojarlos de sus bienes. El absurdo se apodera de todo: el gobierno del estado encabezado por Roberto Borge habría dejado, a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos dueños.

Esa mañana de mayo la escena se repite en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.

Y dos años después en junio de 2016, con idéntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum.

EDITORIAL: El despojo en Quintana Roo debe ir a juicio

LA RED OFICIAL DE DESPOJOS

El despojo al Hotel Playa Azul es sólo uno de los casos que Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge.

Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.

Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés.

Los protagonistas de estos son el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el gobernador priista.

A final de cuentas, varios de los compradores de esos inmuebles en disputa son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento.

No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan solo en cuatro de los casos —cuyos expedientes se tienen—, una muestra mínima de lo sucedido en el estado, el daño rebasa los 340 millones de pesos.

Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene más de cinco años que opera en el estado. Roberto Borge conoce las afectaciones a través de desplegados, de notas de medios locales y nacionales —como uno publicado en septiembre de 2015 por la periodista Lydia Cacho—, por manifestaciones de afectados como los de Tulum, además de reclamos directos de empresarios y políticos que conocieron la situación.

Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a través de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de diálogo en diciembre de 2015 con parte de los involucrados en su operación.

Los empresarios quedaron sorprendidos al ver que la mesa fue coordinada por quienes consideraban responsables del despojo: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.

En enero de 2016 el gobierno y las cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar el actuar de las Juntas Locales de Conciliación a fin de hacer más transparentes los juicios laborales contra sus empresas. Eso no surtió efecto y a lo largo del 2016 los fraudes y despojos de inmuebles tierras y dinero a través de juicios laborales continuaron.

Varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones continúan. Otros han conseguido cargos de elección popular. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge— como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado.

Estos despojos amparados por la autoridad se dieron en un estado al borde de la ruina. Quintana Roo es el estado del país con mayor deuda por habitante. Debe 2.5 veces el dinero que recibe al año de la Federación (el promedio nacional es 0.8 veces) según un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es la segunda deuda más cara del país, por encima de Tlaxcala. La calificadora de deuda S&P, que evalúa la capacidad financiera de los estados, prevé un déficit después de gasto de inversión de 10% de sus ingresos totales en el periodo 2016-2017 si el estado no corrige el rumbo.

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto conoce el caso aunque sea porque el 29 de mayo de 2014 se publicó un desplegado a plana completa en El Universal donde se explica la problemática de despojos en Tulum y la violencia que se ejerce contra ellos para presionarlos a dejar sus tierras. Una fuente que no se quiso identificar señala que la Presidencia turnó el caso a la Procuraduría Agraria.

 

Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscaron por varios medios a los principales actores involucrados. El exsecretario del Trabajo Patricio de la Peña declinó hacer cualquier comentario, otras llamadas al vocero y al secretario de gobierno del estado fueron infructuosas, mientras que Alexis Zavala, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 sí aceptó una entrevista telefónica donde dijo que actuó conforme a derecho y desvinculó al gobernador Roberto Borge de cualquier acusación.

Aquí su versión:

—Una de las grandes críticas que se le hacen a la junta es que no notifican. Al revisar los expedientes, como un modus operandi, nunca los encuentran en sus lugares, y ustedes proceden con el juicio.

—En el caso de la notificación hay un procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, éste no se puede pasar por alto. Uno no puede prescindir del proceso en un juicio laboral de las formalidades que estable la ley para notificar.

—Pero ellos dicen que ustedes no los notificaron, que nunca pudieron ver los expedientes y que les han puesto muchas trabas para conocer de qué se les acusa.

—Eso, evidentemente, no es cierto.

—(En Tulum) dos trabajadores dijeron que ganaban 753,234 pesos al mes, ¿y ustedes les creyeron?

—Por regla general la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar.

—¿Y cómo el patrón va a poder demostrar lo contrario si ustedes no los notifican?

—La verdad es que no quiero discutir con su apreciación. Si es su forma de ver las cosas no tengo mucho qué decir al respecto más que hay estricto apego a la ley.

—¿Ustedes se han beneficiado, han recibido algún porcentaje del dinero que reciben los trabajadores?

—Categóricamente no.

—¿En algún momento el gobernador Borge le ha pedido una resolución en algún sentido?

—Absolutamente no. Nosotros, como presidentes de junta, somos absolutamente autónomos en las decisiones que tomamos.

JUICIOS LABORALES: DE UNA INCONFORMIDAD… AL DESPOJO DE LOS BIENES

Faltan siete días para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compañía transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de México, se prepara el pago a sus trabajadores. El tesorero de la empresa ha intentando sin éxito hacer las transferencias electrónicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la nómina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria está congelada.

Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores: se especializa en la distribución de papel, cartón, químicos y lubricantes en más de 500 ciudades de Latinoamérica.

Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operación con otra cuenta y sucede lo mismo. El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas habían sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se había fallado en contra de la empresa.

“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos”, narra Armando Santacruz, director general de la empresa.

Entre marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

 

Pochteca, según Santacruz, fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.

Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 millón 598,566 pesos de un trabajador que los había demandado un año antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a través de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que obligó a que les dieran acceso a su expediente.

El problema no paró ahí. Un mes después vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa aún lucha para que le entreguen el expediente y poder saber quién y por qué los demandan. Se encuentran a ciegas.

“Es un absurdo no conocer quién te demandó, ganó un laudo y cobró el dinero, no saber el por qué te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin tú enterarte de nada; hacen todo así para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte”, expresa Santacruz, quien aún litiga en tribunales.

De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. Según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato. Cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente la Junta se habría negado a compartirlo. Una semana después, la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no existía en Quintana Roo.

 

ADIÓS A LOS LOFTS DE LA LAGUNA

Con este mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada con el expediente 1049/2012 en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún.

El embargo del edificio se dio cuando los inversionistas atravesaban por un problema económico y detuvieron la terminación del equipamiento del complejo. El actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo en una diligencia de la Junta Especial Número 2. La justificación legal era cumplir con el laudo por 48 millones de pesos a favor de los supuestos trabajadores.

El tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.

Lagoon Lofts está valuado comercialmente en 20 millones de dólares. El representante legal de la empresa afirma que los propietarios han perdido en el juicio alrededor de 1.5 millones de dólares entre los honorarios de abogados, la destrucción de la propiedad y el robo del equipamiento del edificio.

La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó, y se ordenó reponer el procedimiento, lo que aún no sucede.

Los laudos resultantes en pagos generosos son una práctica común en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo. En 2012, por medio de estas instancias, los trabajadores recuperaron en juicios laborales 326.3 millones de pesos. La cifra se mantuvo estable en los dos años siguientes, pero en 2015, un año antes de la elección a gobernador, y en sólo cinco meses, la cantidad dio un salto para llegar a los 561.4 millones de pesos: 67% más que el año anterior, según
la página de transparencia de la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo.

Si el dinero recuperado llegara realmente al trabajador, Quintana Roo sería el ensueño de cualquier empleado: mientras que en cinco meses de 2015 en la capital del país se recuperan 39,911 pesos por asunto concluido, en Quintana Roo se llega a los 129,740 pesos por cada uno de ellos.

La información de la página de transparencia no está completa: falta la cantidad recuperada en los otros siete meses del 2015 y el primer semestre del 2016, cuando se dio el laudo de algunos de los casos reportados en esta investigación.

SAQUEO EN LA TORRE

“Esta es mi casa: ¿qué quieres?, ¿qué güey?, ¿qué estás mirando? Es mi casa. Yo tengo las escrituras legales, ¿qué más quieres? No estoy jugando, eh”, advierte un hombre con acento cubano mientras amenaza con un tubo de metal a la coautora y el videasta de esta investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Es una persona de carnes anchas y piel morena que este día de junio viste bermudas holgadas, playera deslavada, y muestra disposición a golpear al primero que se atreva a retarlo. La cámara lo capta amenazador. La reportera y el camarógrafo se ven obligados a retirarse.

El departamento que dice que es de su propiedad se encuentra en el exclusivo condominio Maioris Tower, y tiene un costo de cuatro millones de pesos. Algunos de los condominios de este desarrollo cuentan con elevador privado de acceso directo. Los periodistas pueden constatar cómo durante la toma de los departamentos varios cerrajeros presurosos cambian cerraduras de las puertas de acceso de los inmuebles.

El hombre del tubo de metal es una de las 10 personas que el 22 de mayo se apropiaron irregularmente de seis departamentos de ese desarrollo después de que, según las denuncias, fueran vendidos y escriturados por funcionarios de la administración del gobernador Roberto Borge.

Una hora antes de que la enviada de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidadllegara en junio pasado a Maioris para atestiguar un desalojo, los supuestos nuevos propietarios habían arribado a ese lugar con una treintena de policías judiciales del Estado de Quintana Roo armados con armas largas, quienes rompieron chapas de las puertas de acceso sin mostrar una orden judicial, según varios testimonios.

Maioris Tower está compuesto por dos torres blancas de 17 pisos desde donde se puede divisar Cancún. Cuenta con embarcadero privado, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, áreas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.

El edificio de 92 condominios está ubicado en Puerto Cancún, una de las zonas con mayor plusvalía de la franja turística del Caribe. Debido a la situación legal, donde los precios de los departamentos van de los cuatro a los 10 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) y de los propios desarrolladores.

EL PROCESO DEL DESPOJO

En noviembre de 2005, con el objeto de construir un edificio de condominios, un grupo de inversionistas españoles creó una sociedad llamada Maioris Cancún ante el notario No. 20, Benjamín De la Peña Mora, con sede en Cancún, padre de los hasta hace unos meses Secretario del Trabajo, Patricio De la Peña y del Secretario del Ayuntamiento de Cancún, José De la Peña.

Dos años más tarde, en octubre del 2007, el mismo notario tramitó la compra del terreno donde realizaría el lujoso complejo residencial. El 12 de enero del año 2010, ahora ante el notario Número 30, Luis Miguel Cámara Patrón, actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se constituyó el régimen de propiedad en condominio. Para su construcción, Maioris solicitó un crédito hipotecario con la Caja de Ahorro de Valencia, Castellón y Alicante Bancaja, ahora Bankia, por 33,4 millones de dólares.

En 2011 comenzó su comercialización. A mediados de 2015 la empresa tuvo un problema económico que le ocasionó una parálisis comercial y la entrada de nuevos inversionistas. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer otros “dueños”, distintos a los reconocidos por Maioris. La estructura oficial y empresarial relacionada al gobernador Borge, cual tiburón del Caribe, había olido ya la sangre de una empresa herida.

 

El abogado Francisco Siman narra que la empresa tuvo conocimiento de las 19 ventas irregulares de departamentos de lujo hasta cuatro años después. A pesar de que las ventas se realizaron supuestamente a partir de 2011, éstas, a decir del abogado, se inscribieron en 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) de Quintana Roo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que sucedía.

La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria número 22, Yolanda Solís Olveres, radicada en Isla Mujeres. Algunas de las transacciones de departamentos escriturados por ella fueron “vendidos” hasta en un 50% menos del valor comercial. Un ejemplo es el caso de los inmuebles con los números 26 y 90. En una sola transacción se vendieron en 538,470 dólares, cuando su valuación de mercado era de un millón de dólares.

Para las ventas fueron falsificadas, según la denuncia de Maioris, la firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron denuncias ante el ministerio público. La notaria Solís Olveres se negó a recibir llamada de los reporteros hasta en tres ocasiones.

 

En febrero del 2016, Solís Olveres fue detenida por la policía municipal de Cancún, junto con otras dos personas cuando extraía dinero de una caja fuerte ubicada en un predio de una persona fallecida. En su camioneta se hallaron bolsas con 2 millones de pesos. En su defensa, la notaria dijo que fue contratada para realizar una inspección notarial, pero fue consignada por el delito de robo. Ahora está libre.

EN MANOS DE PRIISTAS Y DE VERDES

El penthouse 18 de Maioris hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, ésta última psicóloga y cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Juárez (Cancún). El 2 de octubre del 2015, Ulrika lo compró en 7.5 millones de pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Aunque se escucha costoso, el inmueble tenía una valuación de 10.4 millones.

La presidenta de la Comisión de Turismo del municipio hoy goza de un penthouse que consta de acceso principal, vestíbulo, cocina, comedor, sala y antecomedor con terraza, además de baño de visitas, cuarto de servicio con baño completo, cuarto de lavado, tres recámara con baño completo, una recámara principal con “walk-in-closet” y terraza panorámica con vista al mar.

Este sistema de supuesta venta, en donde los hoy dueños son en realidad compradores de aquellos a quienes Maioris asegura que nunca les vendió departamentos, se replicó con 18 condominios más que la inmobiliaria tampoco reconoce haber vendido, y por lo cuáles dicen haber perdido al menos 10 millones de dólares.

Entre los dueños de estos inmuebles se encuentran funcionarios públicos y personajes ligados a políticos como la actual directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

Contactado vía telefónica, Rejón y Ruiz de Velasco asegura que él encontró un departamento a buen precio a través de internet, que desconocía que hubiera problemas legales, que pagó con cheque por el mismo, y negó formar parte de una red de despojos. Reconoció que le dieron un menor precio, pero dijo que eso se debió a que “el vendedor quería deshacerse del inmueble porque se estaba divorciando” y que tenía adeudos de mantenimiento.

—¿Usted es comprador de buena fe?, se le preguntó.

—Yo compro un bien inmueble que está anunciado en un página de internet a la venta y checo lo que puedo checar: la propiedad, la posesión y que esté ante el Registro Público su transacción.

—¿Recuerda usted qué página en internet era?

—No. Yo me puse a buscar bienes raíces y me apareció un departamento, como ahorita aparecen muchos.

—¿No teme estar involucrado en este red?

—Si lo que quieres decir es que yo lo compré a sabiendas de un delito, estás muy equivocado.

El abogado de Maioris responsabiliza al gobierno estatal de Roberto Borge. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, sostiene Francisco Siman, abogado de Maioris.

El representante de la empresa afirma que hasta la fecha no han podido obtener copias certificadas de las supuestas escrituras porque no han sido digitalizadas. Los folios se encuentran cerrados y nadie puede consultarlos a pesar de ser información pública.

Además del modelo de despojo vía notario público, a Maioris también le han quitado 4 departamentos por medio de demandas laborales siguiendo el modus operandi de Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts.

FOLIOS CERRADOS

Son días de junio y las pequeñas oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no se dan abasto. Representantes de notarías, gestores de trámites y ciudadanos esperan ansiosos su turno de apenas 30 minutos frente a una de las ocho computadoras existentes. Media hora es el tiempo reglamentado para cada una de las consultas, pero sólo dan permiso a 20 minutos.

Falta un día para que Carlos Lima deje la titularidad del Registro Público y el aire se respira denso dentro de sus oficinas: si alguna persona hace una consulta, las secretarias revisan en las computadoras los folios que ese ciudadano consulta y lo anotan en su celular. Otros funcionarios toman uno a uno los datos de las computadoras. Vigilan.

“Ayer vinieron a anotar los números IP de las computadoras porque las van a revisar vía remota”, comenta una de las empleadas que atiende el archivo a un usuario que le reclama que el registro esté cerrado para consultar personas morales.

La oficina que documenta la propiedad de los inmuebles de Cancún vive una clausura de facto. Nadie puede consultar constituciones de empresas. La explicación oficial es una simple: “actualización del sistema”.

Hay folios clave, como los de “Maioris Towers”, que se encuentran cerrados al público, y sólo se abren si el delegado lo autoriza. Todos los folios de las ventas irregulares de Maioris Tower están cerrados y es imposible obtener copias certificadas.

DESPOJOS EN TULUM

Maioris es un caso entre muchos. Los despojos a través de juicios laborales, civiles y penales presuntamente manipulados o con títulos de propiedad apócrifos mantienen sitiado a Tulum, un destino situado a 130 kilómetros de Cancún favorecido por el turismo europeo. Del 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido José María Pino Suárez a través de juicios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, (como el del hotel Playa Azul), y juicios civiles. Según los afectados, ninguno de los ejidatarios fueron parte o recibieron audiencia en estos juicios.

El caso más reciente ocurrió el 17 de junio, cuando dueños y arrendatarios de 16 hoteles y tres predios fueron desalojados por presuntamente dejar de pagar un arrendamiento. La orden salió del juez oral de instrucción de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Camaal, luego de resolver —en menos de tres meses— dos juicios civiles.

Los juicios, con expedientes 324/2016 y 326/2016, fueron promovidos por los hermanos Mauricio Esteban, Ciro Miguel, José Rafael y Francisco Schiavon Magaña en contra de Fernando Fuentes de la Cruz, un fantasmal arrendatario al que supuestamente le alquilaban kilómetros de playa. Acusado de no cubrir tres meses de renta, perdió 16 hoteles y 3 predios, aunque en Tulum nadie dice conocerlo. Fuentes, según los expedientes, les renta a todos sus tierras, por lo que en realidad nadie fue parte del juicio llevado a cabo en Playa del Carmen (ayuntamiento Solidaridad). Del juicio civil exprés tampoco nadie dice saber los detalles.

Ese viernes, desde las 6:00 horas, un amplio despliegue policial inundó las carretera Cancún-Boca Paila, en el terreno conocido como Punta Piedra. Más de 600 policías estatales, municipales y de seguridad privada se adueñaron uno a uno de los hoteles y sacaron a la calle a dueños, arrendatarios y huéspedes, sin darles explicaciones.

“El día de los despojos llegaron sin una orden de desalojo, como siempre nadie enseñó ningún documento y el actuario no se identificó, llegaron con golpeadores y seguridad privada que se quedó en los hoteles. Tapiaron las rejas y pusieron cadenas y letreros de ‘propiedad privada’”, narra Hidalio Martínez, presidente del Comisariado ejidal.

Uno de esos dueños despojados esa mañana es Julissa Guadalupe Carreño González, ejidataria desde hace más de 15 años y a quien por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto el 22 de enero del 2015 se le otorgó el certificado parcelario del Registro Agrario Nacional con terminación 8113/0001.

“El señor Enrique Peña Nieto expide estos certificados parcelarios a través de la Reforma Agraria (ahora Sedatu) y cómo es posible que el gobierno del estado pueda pasar sobre esta autoridad”, cuestiona Julissa con su certificado en mano.

A pesar del documento, la señora fue despojada de su hotel “Villa las Estrellas”, que lo tenía arrendado a Simonne Portaluppi, un ciudadano italiano.

“Este es el segundo predio que perdemos, uno fue en 2009 y no lo pudimos recuperar y ahora este predio, ya teníamos nuestro certificado y creímos que esto nos daba certeza jurídica. Lo que buscan estos empresarios (…) es que tengamos que sentarnos con los Schiavon Magaña a negociar para que nos vendan los predios porque ellos dicen que son los legítimos propietarios amparados en escrituras que provienen de un título falso”, señala Julissa.

 

¿QUIÉNES SON LOS EMPRESARIOS?

Las disputas de tierras se han desbordado durante la administración de Borge, y se han resuelto por la vía expedita. Según el representante ejidal Hidalio Martínez varios empresarios quisieron utilizar el supuesto título de propiedad 673 del 27 de octubre de 1948, expedido a favor de Antonio González Avilés por el presidente Miguel Alemán Valdez. Este título fue declarado inexistente por parte del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de la Reforma Agraria.

 

Varios grupos defienden la validez de este documento: los empresarios originarios de Nuevo León José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo y Felipe de Jesús Montemayor Garza, dueños de la compañía Desarrollos Punta Piedra; los herederos de un ciudadano sueco de nombre Karl Eric Noren Ericcson, representados por Carlos Amador Treviño Lozano y, por último, los hermanos Schiavon Magaña. Los tres grupos de empresarios tienen supuestas escrituras que derivan del título de González Avilés, inscrito con ubicación en la Delegación de Gobierno de Felipe Carrillo Puerto y no en Tulum.

José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño crearon la empresa Desarrollos Punta Piedra en junio de 2008 durante el gobierno de Félix González Canto junto con cuatro hermanos de apellidos Montemayor Garza y otras siete personas con el objetivo de operar varios proyectos en predios de la zona “Punta Piedra”, justo en el ejido José María Pino Suárez. Durante esta administración el supuesto título de González Avilés, finalmente, surtió efecto.

 

En los últimos días, los afectados por los despojos del pasado 17 de junio —el mayor que ha habido en Tulum— han realizado protestas afuera de hoteles y en instalaciones del Poder Judicial para pedir las restitución de sus predios. Esta situación ha llegado ya a las embajadas de Francia, Italia y Argentina, debido a que dentro de los afectados hay ciudadanos de esas nacionalidades.

A través de una carta enviada por Eddie Villa Real, vocal ejecutivo de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez A.C., también se han llamado al gobernador electo, Carlos Joaquín González, para que su gobierno intervenga y ponga freno a esta situación.

El 25 de septiembre el nuevo gobernador, Joaquín González, heredará no solo un estado endeudado, sino un cúmulo de denuncias por despojo y una estructura bajo sospecha sobre el régimen de propiedad y de resolución de juicios laborales.