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Cancún. – Luego de que en los últimos días se han dado a conocer los casos de periodistas y reporteros, cuyo trabajo y desempeño periodístico ha sido obstaculizado durante este proceso electoral 2022, la Red de Periodistas de Quintana Roo (RPQ) exige a candidatos, partidos políticos y autoridades electorales, respetar el ejercicio periodístico y garantizar el derecho a informar.

La libertad de expresión es un derecho humano básico, fundamental e inherente, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata, además, de un instrumento necesario para la defensa de otros Derechos Humanos y para la construcción de la Democracia.

Sin embargo, la libertad para ejercer el periodismo en Quintana Roo, de manera ética, libre y profesional, se ve permanentemente amenazada por intereses políticos y económicos, principalmente.

El caso más reciente es el de la reportera Jazmín Ramos, quien renunció a su trabajo en un medio local, debido a que su jefe de información le ordenó no cubrir ningún evento de la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, Mara Lezama, luego de que su equipo de prensa, encabezado por Haydee Cárdenas, “se quejara” por las preguntas de la periodista.

En un video difundido por la propia afectada, se le observa cuestionar de manera respetuosa a la candidata, sin invadir su espacio personal, por lo cual no se entiende cuál pudo haber sido el motivo de la queja proveniente del equipo de comunicación de Lezama Espinosa.

Es motivo de preocupación de la RPQ que el solo hecho de hacer preguntas a una candidata, que es además funcionaria pública con licencia, sea motivo para reprender, hostigar o censurar el trabajo de una reportera o reportero o que llamadas telefónicas a las redacciones o dueños de medios de comunicación, sin motivo justificable mas que mantener un convenio de publicidad, sean suficientes para modificar una cobertura o silenciar información, lo cual afecta a la o el periodista y a la sociedad en su conjunto.

Durante el proceso electoral se han registrado otro tipo de casos. Un reportero acusó presuntas amenazas por parte de Josse Rebolledo, quien aspiraba a ser candidato a la diputación local por el Distrito 7, bajo las siglas del partido Movimiento Auténtico Social (MAS)

Este partido prometió no inscribirlo hasta aclarar la situación, pero finalmente lo registró como candidato, pese a que aún se mantiene abierta una investigación al interior del instituto político.

Del mismo modo consideramos inadmisibles los descuentos del 50 por ciento que se aplican desde abril del 2020 al salario de la plantilla laboral del periódico Quequi, propiedad del empresario José “Pepe” Gómez.

Afirmamos que, por un elemental acto de congruencia con su propio gremio y como candidata a la Diputación del Distrito 2, por el partido Fuerza por México, Odalis Gómez debería alzar la voz para que la empresa familiar que también representa, solucione en lo inmediato la situación de sus colegas.

En suma, con estos y otros casos, desde la Red de Periodistas de Quintana Roo vemos con preocupación que las prácticas político-empresariales van en detrimento de la libertad de las y los periodistas y del derecho de la sociedad a estar informada.

En consecuencia, a los casos antes mencionados, en un comunicado la RPQ reprueba cualquier tipo de intimidación, amenaza y acoso, en cualquiera de sus formas, contra las y los trabajadores de los medios de comunicación.

También rechaza cualquier línea editorial que, desde las empresas de comunicación, del gobierno, partidos políticos, sector empresarial o sindical, le apueste a la censura y al silencio.

En este sentido, exige a las y los candidatos, de sus equipos de trabajo y cualquier servidor público, respeto irrestricto a la labor periodística.

Así mismo, llama a los partidos políticos, reflexionar sobre los perfiles de las y los candidatos que postulan a cualquier cargo de elección popular, especialmente si pesan sobre ellas y ellos señalamientos y denuncias por amenazas directas hacia la prensa.

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, solicita intervenir por probables violaciones a la Ley del Trabajo, respecto a los impagos o al pago parcial a las y los trabajadores del diario Quequi y, en general, que haga valer la ley para que las empresas de comunicación cumplan con sus obligaciones respecto a su plantilla laboral.

Por último hace un llamado al Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), y demás instancias correspondientes, a no ser indiferentes a las expresiones de intolerancia y violencia contra las y los periodistas, así como garantizar los espacios necesarios para la cobertura electoral.