Cienfuegos

México necesita un nuevo fiscal, no una nueva ley: Artículo 19

La actuación de la Fiscalía General de la República frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables. Se pone de manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el Presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía.

 

Una muestra de ello es que la negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el Canciller mexicano, quien tuvo un papel primordial. Es decir, las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal. También fue el propio Canciller, quien en conferencia matutina con el Presidente, explicó el proceder del Gobierno mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos, como en lo referente al no ejercicio de la acción penal y, atendiendo a las instrucciones del Presidente, hizo público el expediente entregado por las autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información. ¿Dónde está el Fiscal?

 

La ausencia de acciones del Fiscal para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, que establece que la institución federal encargada de la procuración de justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico. Este mandato ha sido incumplido por el Fiscal, que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del Gobierno.

 

Independientemente de la información que haya recibido por parte de las autoridades estadounidenses, el Fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, que se hubieran cometido por el Ejército cuando el General era titular de la Defensa Nacional. Investigar este tipo de hechos es una obligación, de acuerdo con los estándares internacionales. A pesar de ello, no contamos con información de se haya hecho.

 

A ello se suman otros desacatos por parte del Fiscal, que se enlistan a continuación:

 

Incumplimiento de diversos aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Nombramiento de fiscales especiales sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley.

Ausencia de acciones para llevar a cabo la transformación y la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía, como órgano autónomo.

Perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces y que, por tanto, han conservado los altos niveles de impunidad de este país.

Aunado a lo anterior, el propio Fiscal está impulsando una iniciativa para abrogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley, que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia. Éste no es un Fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

 

El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. En tal sentido, resulta claro que México necesita un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que garantice investigaciones imparciales y autónomas.

 

La autonomía de una fiscalía se pone a prueba justamente en estos casos, por lo que no es aventurado afirmar que, a casi dos años de haber asumido la titularidad de la Fiscalía, el Dr. Alejando Gertz Manero ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país.

 

Por lo anterior, solicitamos al Presidente que:

 

Con base en el artículo 102, apartado A, fracción IV, que remueva al Dr. Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

Solicitamos al Senado que:

 

Se cite al Dr. Gertz Manero para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Se lleve a cabo una convocatoria abierta para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía conforme lo establece la Constitución, la ley orgánica y los estándares Un nombramiento a modo, que siga perpetuando la impunidad, sería responsabilidad conjunta del Presidente y del Senado.

Solicite a la Fiscalía General de la República o a las autoridades competentes que se inicien investigaciones contra el Alejandro Gertz Manero y su equipo por haber actuado fuera del marco de la Ley Orgánica.

No se abrogue la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y, en caso de que se quiera hacer una reforma a la misma, se haga mediante convocatoria pública, con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y representantes del sector privado, en términos del artículo décimo tercero transitorio de la propia Ley Orgánica.

Atienda a las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México en el sentido de:

Emprender un proceso de diálogo con actores políticos, víctimas, personas defensoras y otras expertas, así como con otros organismos defensores de derechos humanos, a fin de debatir sobre los alcances y retos en la transformación de la Fiscalía General de la República y los desafíos en la implementación de la Ley Orgánica.

Desempeñar un rol proactivo en la implementación de la Ley Orgánica, entablando un diálogo constante con la Fiscalía para dicho

Evaluar con especial detenimiento y en plazos adecuados, en procesos participativos y técnicos, reformas legales cuya aprobación puede implicar un retroceso de la normativa garantista alcanzada en México en materia de procuración de justicia y verificar que no constituya un incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Marcelo Ebrard da a conocer las 750 páginas del expediente de la DEA contra Cienfuegos

 

 

México.- En un hecho inédito, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el expediente elaborado por la DEA de Estados Unidos en contra de Salvador CIenfuegos, extitular de la Defensa Nacional a quien acusaron de narcotráfico y lavado de dinero.

(La liga del Twitter de la SRE te lleva al expediente de la DEA contra el general Cienfuegos).

 

 

El expediente de la DEA se compone de 750 páginas con información, reportes, testimonios y capturas de pantallas de mensajes de Blackberry que la justicia de Estados Unidos atribuyó a Salvador Cienfuegos, de quien finalmente la FGR de México decidió no ejercer acción penal en su contra al considerar que las pruebas no eran sólidas.

 

 

 

Uno de los mensajes difundidos en el expediente, muestra una captura de pantalla en donde se exhibe, según la DEA, la supuesta respuesta que Salvador Cienfuegos dio al “H-9” respecto a una reunión en Guadalajara.

 

 

Detalla que, en 2013, la DEA inició una investigación, la cual tenía como objetivo a narcotraficantes que distribuían heroína en Las Vegas Nevada, quienes, se creía, eran abastecidos por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, líder del cártel de los Beltrán Leyva, y quien fue abatido por la Marina en México.

 

“La DEA descubrió información que reflejaba su actividad delictiva durante el curso de unas investigaciones independientes de gran relevancia y, al final, se obtuvieron las pruebas que condujeron a la acusación que se ha presentado en su contra”.

Afirma que la DEA nunca tuvo como objetivo directo a ningún funcionario de México y que tampoco vigiló o investigó las actividades de Salvador Cienfuegos ni influyó en la decisión de viajar a Estados Unidos, lo que condujo a su detención.

Cienfuegos es inocente

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, informó la FGR en un comunicado. (Fuente: Latinus)

FGR determina no ejercicio de la acción penal en favor del General Cienfuegos
Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.

Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.

El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.

Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.

Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.

El 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.

El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.

A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.

Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.

Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.

Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

La agencia de noticias Reuters afirma que México se comprometió a capturar a líder de cartel a cambio de la libertad de Cienfuegos


(Fuente: Aristegui)
“México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial“, dijo la fuente, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a declarar sobre el tema, antes de agregar que el delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos.

Daniel Millán, portavoz del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo a Reuters que “lo que acordamos fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país”. Agregó que no tenía información de un acuerdo sobre una captura de alto nivel.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a comentar y remitió a Reuters a declaraciones anteriores que decían que el caso contra Cienfuegos fue desestimado en una señal de confianza en la justicia mexicana y debido a consideraciones diplomáticas.

El gobierno mexicano no ha aclarado cómo surgió el plan para traer de vuelta a Cienfuegos a México, ni cuándo solicitó su regreso.

La fuente, junto con otro funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijeron que William Barr propuso primero retirar los cargos contra Cienfuegos en una llamada con Ebrard a principios de noviembre.

El delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos, dijo un alto nivel del gobierno mexicano, quien solicitó el anonimato.Reuters informó a principios de este mes que el fiscal de EU habló con Ebrard para tratar de reducir las tensiones por el arresto. Ebrard confirmó esta semana dos llamadas con Barr, una en octubre y otra el 6 de noviembre.

“Las propuestas (…) son del fiscal general Barr (durante una llamada de noviembre), sostuvo la primera fuente.

Millán dijo que México solicitó que se retiren los cargos en Estados Unidos contra Cienfuegos, pero no pudo confirmar cuándo o si la solicitud ocurrió antes de la llamada del 6 de noviembre. Un portavoz del Departamento de Justicia no pudo comentar sobre las conversaciones.

Uno de los funcionarios, junto con otra fuente del Gobierno, aseguraron que la administración de López Obrador pudo haber planteado trasladar la investigación de Cienfuegos a México antes de que Barr lo sugiriera en la llamada. No quedó claro de inmediato a través de qué canales se habría hecho la solicitud.

Otras tres fuentes gubernamentales mexicanas dijeron que México solicitó que Cienfuegos fuera devuelto para enfrentar la justicia en su país. No especificaron cuándo se hizo la solicitud.

Estados Unidos llevó a Cienfuegos de regreso a México el miércoles, luego de que una jueza de distrito retirara los cargos en su contra a petición del fiscal Barr. Según el acuerdo, ahora será investigado en México.

La decisión de liberar al exfuncionario de Defensa de mayor rango jamás acusado en Estados Unidos de colusión con un cártel, provocó conmoción en la comunidad policial estadounidense y la ira de los exagentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El arresto de Cienfuegos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre fue el resultado de una investigación de varios años que utilizó escuchas telefónicas para rastrear a una figura militar apodada “El Padrino” por traficantes de una facción del cártel de los hermanos Beltrán-Leyva.

Los investigadores concluyeron que “El Padrino” era Cienfuegos y que había ayudado al cártel a mover toneladas de narcóticos. El militar se ha declarado inocente de los cargos.

El gobierno mexicano, enojado por no haber sido advertido sobre la investigación, calificó el regreso de Cienfuegos como un logro diplomático y una victoria para la soberanía de la nación.

Ebrard y López Obrador han negado especulaciones de que la decisión de regresarlo estuviera vinculada a la negativa del mandatario de reconocer hasta ahora a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una medida que López Obrador sostuvo como “políticamente prudente”.

Ni la oficina de López Obrador ni la DEA respondieron a una solicitud de comentarios de inmediato.

“Interés más amplio”

El año pasado, tras la condena en Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, la atención se ha volcado hacia su rival Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio “El Mencho” Oseguera, por el que la DEA ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

El Mencho.

El Cártel de Sinaloa es dirigido por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Guzmán han escalado hasta tomar un papel cada vez más preponderante.

La DEA señaló a ambos cárteles como dos de los principales responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

El fentanilo es un poderoso opioide sintético que a menudo se mezcla en el mercado negro con heroína o analgésicos farmacéuticos de dudosa procedencia. Es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

No estaba claro por qué Barr optaría por renunciar a un caso tan importante. México ha trabajado anteriormente en estrecha colaboración con Estados Unidos para perseguir a los principales capos de la droga, aunque con López Obrador la estrategia de seguridad se ha enfocado en reducir las tasas de homicidios.

Un funcionario mexicano dijo que no se podía considerar que la captura de un capo fuera un requisito vinculante dado que tales detenciones dependen más de la buena voluntad del Gobierno, incluida la suerte y el trabajo de inteligencia a largo plazo.

Sin embargo, la DEA ha dicho durante mucho tiempo que México podría hacer más para atrapar a los capos del narcotráfico.

Si bien la administración del presidente saliente Donald Trump prometió debilitar a los cárteles mexicanos, hubo pocos arrestos de alto perfil en los últimos cuatro años antes de la captura de Cienfuegos.

(Diego Oré, Frank Jack Daniel y Mark Hosenball / Reuters)

DEA detiene al general Salvador Cienfuegos

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores confirmó la detención del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos.

La DEA realizó la detención en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, mientras viajaba con su familia, según han publicado la prenda estadounidense.

En un hecho inédito, la detención del general Salvador Cienfuegos es la captura de un militar de alto rango y cargo en el país.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional, de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido este jueves en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
“El exsecretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California”, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.

Extraoficialmente, se reportó que la solicitud para su detención proviene de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) por el delito de tráfico de drogas.

La jefa de corresponsales de ProPublica, Ginger Thompson, también reportó la detención, y precisó que fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia.

Soldados procesados dicen que en la guerra del narco fueron “usados por el Estado Mexicano”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una carta, 20 militares presos por delitos cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, acusaron al Estado Mexicano por haberlos usado para una función distinta a la que estaban capacitados.
“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón (Hinojosa), excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”, escribieron los militares en la misiva enviada hace unos días al presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación y difundida por el semanario Zeta.
“Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”, añadieron.
Y cuestionaron: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? (Que) ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, (que) ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.
En la carta, escrita en un momento en que en el Congreso de la Unión se discute delimitar o permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, los militares citaron declaraciones del propio secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró el pasado 9 de diciembre que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”, afirmó al pedir una ley que regule la presencia del Ejército en las calles.
Tras su llegada al poder, el gobierno de Felipe Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, con la cual los militares salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del País, y en la que participaron casi 7 mil efectivos con apoyo terrestre y aéreo, indica Zeta.
Calderón se apoyó en el artículo 29 de la Constitución, que permite echar mano del Ejército cuando exista una “perturbación grave de la paz pública”, con la idea de depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto se vio reforzado cuando el 30 de junio de 2008, como parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos dio a México mil 600 millones de dólares para apoyar su estrategia frontal contra el crimen organizado.
Diez años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin funcionar y la solución momentánea de usar las Fuerzas Armadas se ha convertido en permanente. En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. Ni siquiera existe claridad sobre el impacto de la guerra de Calderón en cifras. Los muertos como consecuencia de este conflicto podrían ser alrededor de 150 mil, los desaparecidos casi 30 mil, indica la nota del semanario Zeta.
Según cifras oficiales al menos 106 mil 378 personas fueron asesinadas en 10 años. En los cuatro años que Peña Nieto lleva como presidente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado un total de 28 mil 515 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, según detalló un informe elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi).
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Gobernación (Segob) y procuradurías locales, que contabilizan el número de homicidios dolosos sin importar si fueron a causa del crimen organizado, se detalla que durante ese mismo periodo ocurrieron al menos 63 mil crímenes.
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