Clausuras

Se han clausurado 259 establecimientos por incumplimiento a los horarios permitidos por el Semáforo Estatal

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• 33 establecimientos fueron sancionados por actas sanitarias

• Gobierno del Estado continúa con la prevención ante el COVID19

Chetumal. – La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y personal de Fiscalización de los Municipios realizaron operativos durante todo el año pasado y lo que va de este nuevo año con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del COVID-19.

Al respecto Yohanet Torres Muñoz, titular de la SEFIPLAN comentó que: “Como nos lo ha instruido el gobernador Carlos Joaquín desde el inicio de la pandemia, el SATQ sigue realizando visitas a establecimientos en todo el Estado para vigilar el cumplimiento de los horarios establecidos para la venta de alcohol de acuerdo al Semáforo Epidemiológico Estatal, la documentación adecuada y las normas de prevención sanitaria adoptadas para evitar un posible rebrote por COVID-19”.

Del 30 de marzo del 2020 al 04 de enero de 2021, se ha recaudado un poco más de $4,934 millones de pesos por la clausura de 259 establecimientos en todo Quintana Roo por no presentar la documentación al día y realizar venta de alcohol fuera de los horarios permitidos. Otros 33 resultaron con actas sanitarias, recaudando más de $662 mil pesos, por incumplimiento de las medidas sanitarias como la sana distancia, no respetar el aforo permitido, entre otras.

“Los recorridos de supervisión se realizan diariamente en todos los municipios del Estado, los inspectores vigilan que tengan la documentación requerida para cada establecimiento; en caso de no hacerlo son acreedores a una multa o hasta la clausura. Se hace un esfuerzo importante para la prevención del contagio por COVID_19 en los centros de trabajo y en los mismos visitantes que ingresan a Quintana Roo” comentó la titular de la SEFIPLAN.

Para finalizar Torres Muñoz enfatizó; “Hago un exhorto a los comercios de todo el Estado a fin de cumplir los protocolos sanitarios para prevenir el Covid-19, de igual forma invito a la población quintanarroense a no relajarse y reforzar las medidas de prevención e higiene siguiendo los hábitos esenciales en esta emergencia sanitaria. Juntos Saldremos Adelante”.

Sin descanso gobierno de Quintana Roo vigiló medidas para disponer contagios; 249 clausuras en el año

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Desde el 30 de marzo hasta el 29 de diciembre de este año el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), clausuró 249 establecimientos de venta de alcohol, por no respetar las disposiciones para contener el ritmo de contagios de Covid-19 y operar en algunas casos clandestinamente.

Entre estos establecimientos hubo varias viviendas particulares como, por ejemplo, un domicilio que opera bajo la plataforma Airbnb en el fraccionamiento Aldea Zama de Tulum, donde el 18 de julio se pusieron sellos de clausura mientras se realizaba una fiesta prepago con venta de alcohol y la presencia de más de 30 personas.

Tulum es el municipio que registró el mayor número de clausuras desde marzo de este año, cuando el gobernador Carlos Joaquín exhortó a los dueños de bares, discotecas y plazas comerciales de la entidad a cerrar en un esfuerzo para contener los contagios de Covid-19.

De las 249 clausuras, 48 se reportaron en Tulum; 46 en Othón P. Blanco; 44 en Benito Juárez; 34 en Solidaridad; 21 en Cozumel; 21 en Puerto Morelos; 14 en Felipe Carrillo Puerto; 13 en Lázaro Cárdenas; 5 en Isla Mujeres y 3 en José María Morelos.

En Othón P. Blanco, municipio que ocupó el segundo lugar en número de clausuras, resaltó el caso de la platería Tropicante ubicada en Mahahual, donde aunque no es su giro se encontraba vendiendo bebidas alcohólicas clandestinamente cuando fue clausurada el pasado 19 de julio.

En Benito Juárez, que ocupa en tercer lugar en el número de clausuras, cobró notoriedad la clausura del bar Taboo en la zona hotelera de Cancún el pasado 30 de octubre, por rebasar el aforo permitido y realizar una fiesta masiva.

Desde marzo, cuando el gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población a quedarse en casa e instruyó medidas para reducir la movilidad, han continuado los protocolos para la contención de contagios.

Desde entonces Carlos Joaquín mantiene comunicación constante con la población para reforzar el uso de cubrebocas, la sana distancia y la higiene de manos, además de reportes semanales sobre los sitios con mayor número de casos activos, pruebas rápidas para detectar contagios como medida de prevención y actualización del semáforo epidemiológico.

Van 35 clausuras a asentamientos irregulares en Cancún; seguirán operativos

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Cancún.- Continúa el Ayuntamiento de Benito Juárez con operativos, en conjunto con el Gobierno del Estado, para evitar la proliferación de asentamientos irregulares, en zonas donde muchas veces se le vende a la gente sin que estos terrenos tengan certeza jurídica. Esto ocasiona que la ciudadanía sea estafada y que muchas veces los servicios no lleguen a estas zonas, explicó en entrevista el secretario técnico de la Comuna, Hugo Alday Nieto.
El funcionario reveló que ya detectaron a una empresa que ha sido la principal comercializadora de estos predios de forma ilegal: Amistad Bienes Raíces, la que habría incurrido en fraude y delitos contra el desarrollo urbano.
Los operativos son resultado de una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado, con doble propósito: “buscar agilizar los procesos administrativos para que los asentamientos irregulares de más de 20 años tengan áreas de donación para que podamos brindar servicios; por otro lado, hacemos operativos con la intención de evitar que crezcan y se multipliquen desarrollos sin permisos”, señaló el funcionario.
El problema de gente comercializando predios sin que estén fraccionados conforme a la ley sigue creciendo, alerta. Por eso se ven en la necesidad de clausurarlos.
“No tienen permisos ni de Desarrollo Urbano, de Ecología o del Ayuntamiento o del estado; es un trabajo conjunto de Sedetus y del Ayuntamiento de Benito Juárez, es un fraude para el comprador, como los del ejido Bonfil, y al no existir drenaje, pozos, están contaminando los mantos freáticos”, detalló.

COMERCIALIZAN SIN PERMISOS
Invita a los desarrolladores y a los que comercian estos predios a que se acerquen a las autoridades para buscar una posible solución a este grave problema que se vive en el municipio.
Aunque a la vez indica que hay quienes están construyendo o queriendo construir en áreas de reserva, lo que está prohibido por el mismo PDU.
Muchos de los terrenos, aclara, en su mayoría ya no tienen una naturaleza agraria, ya no son ejidos, ya están inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
Otro problema con estos terrenos, revela Alday Nieto, es que tienen que ser localizados por GPS, pues no se ven a simple vista.

Lo grave de la comercialización es que hay quienes con maquetas están ofreciendo estos terrenos fraudulentos. A ellos ya se les hizo saber que están cometiendo un delito por medio de la AMPI. Y los que ya han sido defraudados, se están acercando a las autoridades para saber qué pueden
hacer.
La empresa responsable de comercializar muchos de esos predios ya fue ubicada: Amistad Bienes Raíces.
No hay denuncias penales hasta el momento, pero primero hay que agotar los procedimientos administrativos, y espera que se sume también el gobierno federal, Profepa en este caso. Los operativos continuarán, de la mano de Sedetus, concluye el abogado.

Operativos de Profepa en Cancún y Playa deja clausuras

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Chetumal.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en atención a denuncias populares, inspeccionó dos predios en Quintana Roo, en el primero por la construcción de una marina para colocar embarcaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), en la zona hotelera de Cancún, y el segundo por la extracción de material pétreo en más de un millón 340 mil metros cuadrados (m2) de terreno en Playa del Carmen.
Con relación al predio ubicado en la zona hotelera de Cancún, inspectores de la PROFEPA en esa entidad se constituyeron en el predio que ocupa la razón social Real Arenas de Cancún, S.A. de C.V., concesionaria de la ZOFEMAT inspeccionada, adyacente a la Laguna Nichupté.
Durante la diligencia los inspectores observaron que en la superficie de ZOFEMAT concesionada a la citada empresa, la cual es de 443.17 m2, se encuentra una fracción de la construcción de la marina del Royal Sands, consistente en un andador de concreto con plataforma para colocar embarcaciones y una fracción de una palapa; además de detectarse el traslape en una superficie de 113.80 m2 con una superficie de Zofemat concesionada a un particular.
En cuanto al sitio inspeccionado en la carretera Chetumal-Cancún, en la localidad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad y que está conformado por los predios dominados Santa Amelia II y Los Pícaros, los inspectores actuantes detectaron el cambio de uso de suelo en terrenos forestales derivado de las actividades de la extracción de material pétreo, así como de la operación de obras e instalaciones de apoyo en una superficie aproximada de 134.28 hectáreas, lo que afectó vegetación secundaria arbórea derivada de selva mediana subperennifolia.
Los predios Santa Amelia II y Los Pícaros se encuentran inmersos en la continuidad de la mancha urbana de la localidad de Playa del Carmen; al momento de la visita de inspección el responsable no acreditó contar con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El responsable de la extracción del material pétreo cuenta con cinco días posteriores al cierre de la inspección para manifestar lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que considere con relación a los hechos detectados en la visita.
De no desvirtuar los probables incumplimientos detectados a la normatividad en las materias de Zofemat y forestal por cambio de uso de suelo en terrenos forestales podrán ser sancionados con una multa que va de 100 a 20 mil veces la Unidad de Media y Actualización vigente de conformidad con lo señalado en el artículo 157, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable por lo que corresponde al cambio de uso de suelo en terrenos forestales independientemente de las sanciones penales que resulten.