CNDH- Pagina 2

CNDH pide que AMLO dialogue con huelguistas

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EXHORTA LA CNDH A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, EN EL MARCO DE LA LEY, PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, AL TIEMPO QUE LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE QUE, EN CASO DE VERIFICARSE ACTOS ILEGALES, LAS AUTORIDADES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este Organismo Nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos.
La CNDH reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que, en todo momento, debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, insistiendo en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y legales.
En este contexto, si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinaran la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley. Las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias.
El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas.
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,
Alcaldía La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400 www.cndh.mx
Dirección General de Comunicación Ciudad de México, a 08 de febrero de 2019 Comunicado de Prensa DGC/043/19
Este Organismo Nacional reitera el llamado que en el pasado ha hecho, ante problemáticas similares, para que las partes involucradas en el conflicto busquen la solución del mismo mediante la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere que, tanto los particulares como las autoridades, cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la
observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable.
pueden estar por encima ni al margen de la ley.

No prejuzgamos, sólo que se conozca la verdad de Tlahuelilpan: CNDH

CNDH ratifica postura de queja oficiosa en explosiones en Tlahuelilpan
Cd. De México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rectificó y precisó, mediante un segundo comunicado, su actuación en el caso de las explosiones ocurridas en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde primero abrió una queja de oficio para investigar la presunción de alguna autoridad por omisión y ahora informa que es para conocer la verdad de lo ocurrido.
La CNDH precisó que determinó la apertura de un expediente de queja en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, en atención a su trascendencia e impacto social por el elevado número de personas que perdieron la vida y resultaron heridas en las explosiones del 18 de enero.
Y señala que hay presunción, de acuerdo a lo publicado por los medios de información, de algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
Afirma el segundo comunicado sobre este tema que la CNDH busca garantizar que la sociedad, las víctimas y sus familiares, conozcan la verdad sobre lo ocurrido; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales hechos; y que las personas lesionadas reciban el acompañamiento y atención médica que sus casos demandan, previniéndose nuevas afectaciones.
Aclara que la queja oficiosa iniciada por la CNDH no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de autoridades, ya que solo es en vía de colaboración y en ese tenor pidió información a autoridades de los tres niveles de gobierno, para conocer de primera mano su versión y el sentido que, de ser el caso tuvo, su intervención en los hechos.
Entre estas instancias podemos mencionar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petróleos Mexicanos, y la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se solicitará información a otras autoridades como la Secretaría de Salud, y la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo.
En relación a la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas.

Dirige CNDH recomendación al gobierno de Baja California Sur y a la PGR

Dirección General de Comunicación

POR INCURRIR EN DIVERSAS OMISIONES E IRREGULARIDADES AL INVESTIGAR AGRESIONES COMETIDAS CONTRA
UN PERIODISTA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE PROVOCARON SU
DESPLAZAMIENTO FORZADO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 91/2018
al Gobernador de Baja California Sur y al encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República (PGR), por
incurrir en diversas irregularidades al investigar las agresiones cometidas contra un periodista,
haber omitido salvaguardar su libre ejercicio de la libertad de expresión e incumplir con su
obligación de garantizarle un retorno seguro al ser desplazado forzadamente, ésta última
omisión únicamente atribuible al Gobierno de Baja California Sur.
Este Organismo Nacional acreditó que las autoridades transgredieron los derechos humanos
del periodista de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad
de expresión, y a no ser víctima de desplazamiento forzado.
El 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28 de marzo de 2017, personas desconocidas
ingresaron a la vivienda del periodista para incendiar los vehículos que se encontraban en su
interior; en los dos primeros sucesos el fuego ocasionó serios daños a los vehículos y al
inmueble. En el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la
intervención de los escoltas designados para la protección del comunicador, dándose un
enfrentamiento con armas de fuego, en el que uno de los escoltas perdió la vida.
La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la
fecha no se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga
certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual
no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud. Al haber iniciado las
investigaciones, la PGR debe analizar y determinar si ejerce o no la facultad de atracción.
Con motivo del primer atentado, este Organismo Nacional solicitó a la Secretaría de Gobierno
del estado la implementación de medidas cautelares en favor del agraviado y su familia; a
pesar de que la solicitud fue aceptada por la autoridad, ocurrieron agresiones posteriores que
no fueron repelidas por la autoridad local. Aunado a ello, el comunicador manifestó a la CNDH
que no recibió ninguna medida de protección por parte del gobierno local y tampoco fue
contactado para ello, por lo cual el Gobierno del Estado faltó a su deber de garantizar un
ambiente seguro para el periodista.
Después del segundo ataque el periodista fue incorporado al Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgándosele medidas

Ciudad de México, a 17 de enero de 2019
Comunicado de Prensa DGC/020/19

Dirige CNDH recomendación al gobernador de Veracruz y fiscal general del estado por la omisión de protección y auxilio y por irregularidades en la investigación del homicidio de un periodista ocurrido en el municipio de tierra blanca

Por irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz sobre el homicidio de un periodista en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y la omisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 89/2018 al Gobernador Constitucional del estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Fiscal General de la entidad, Jorge Winckler Ortiz.
En los hechos ocurridos el 20 de julio de 2016, el comunicador recibió disparos de arma de fuego mientras se encontraba al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció. Había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La esposa de la víctima presentó una queja ante la CNDH en la que planteó irregularidades en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que acudieron al lugar y omitieron perseguir a los probables responsables.
Las investigaciones realizadas por este Organismo Nacional acreditaron las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública atribuibles a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y violación al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por la irregular integración de la Carpeta de Investigación por personal de la Fiscalía de Veracruz en agravio del periodista y sus familiares.
Determinaron que el día del homicidio, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al domicilio refiriendo que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del periodista. Además, tres elementos que se encontraban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos.
Este Organismo Nacional observó dilación en la actuación de los elementos en brindar apoyo y auxilio a la víctima y sus familiares, ya que tuvieron que darle atención oportuna y requerir de inmediato la asistencia de una ambulancia. También se observó la omisión en el cumplimiento de las medidas de protección por los policías responsables, elementos de la Fuerza Civil y del Instituto de Policía Auxiliar, al no brindar protección y auxilio a su esposa.

Los servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz encargados de las investigaciones no actuaron con la debida diligencia al omitir realizar acciones para su adecuada integración, incurriendo en dilación en su perfeccionamiento, sumado a la tardía atracción por parte de la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado en la entidad. Además, de irregularidades en la integración de las indagatorias sobre el homicidio de la víctima al omitir acciones para la pronta investigación de los hechos y de la investigación relacionada a la presunta participación de un funcionario que desempeñaba un cargo municipal como probable responsable a quien los testigos refirieron como una de las personas que disparó.
La CNDH ha dado seguimiento a la situación de la libertad de expresión, así como al contexto de violencia que sufren las personas que ejercen el periodismo en Veracruz, como se registra en la Recomendación General 24 como la entidad con mayor cantidad de homicidios de periodistas de 2000 a la fecha, periodo en que se han presentado 22 casos. Ha reiterado que la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles sanciones genera impunidad, la cual se convierte en otra de las causas que propicia el clima de agresión en contra de las y los periodistas.
Por estos hechos, la CNDH recomienda al Gobernador del estado de Veracruz reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas; instruir al Secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente; realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con la aprobación de los exámenes de control de confianza a que deben ser sometidos para su ingreso y permanencia.
En tanto, al Fiscal General del Estado, le recomienda instruir al personal ministerial para agotar las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables; impartir cursos a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada sobre el Protocolo Especializado y derecho a la libertad de expresión, respeto, protección y garantía de los derechos a las víctimas.
Finalmente, las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de las quejas que se realicen ante la Visitaduría General de la Fiscalía General y la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, para determinar las responsabilidades y omisiones acreditadas que lleven a deslindar responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables, y asignar a un funcionario como enlace para cumplir con dicha Recomendación.
La Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx

Llama CNDH al próximo gobierno federal a orientar el proyecto del Tren Maya a estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas

 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2018.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el “Proyecto del Tren
Maya” debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y en tal sentido hace un respetuoso
llamado al Presidente Electo, Andrés Manuel Lopez Obrador, a promover su agenda
gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos
suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre,
informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Para esta Comisión Nacional, un proyecto de esa naturaleza debe considerar la consulta a los
pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y
como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual
México es parte y advierte que, además, debe considerar aspectos de desarrollo sustentable,
que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y
futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio
ambiente.
Por lo anterior, la CNDH insta a quienes impulsan dicho proyecto a dar a conocer ampliamente
su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes
interesadas. Una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de
decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales.
El documento, debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto,
así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de
derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.
Para esta Comisión Nacional, los derechos humanos son parte central de la vida social y
política del país, permiten a la ciudadanía enfrentar las situaciones de desigualdad,
marginación y exclusión, por lo que en el marco del citado proyecto es deseable la participación
de todos los sectores sociales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, con la
finalidad de tomar decisiones informadas y respaldadas por los instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que
apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y
colectivos.

Igualmente, considera que no hay que perder de vista que el respeto a los derechos humanos
es parte sustantiva de toda democracia, por lo que es necesario incluir los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas y su desarrollo sustentable.
Los derechos humanos son el único espacio de democratización y transformación de
situaciones injustas con que cuenta la población mexicana, por lo que esta Comisión Nacional
llama al Presidente Electo a que el respeto y promoción de tales prerrogativas sea el signo
distintivo de su próxima administración para lograr la transformación de México.

Los asesinatos a defensores de Derechos Humanos van en aumento: CNDH

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta que de 2006 a la fecha, 36 defensores han sido asesinados por su activismo. También señala que las autoridades estatales no realizan nada para proteger la integridad física de los humanistas, tampoco investigan y ni procuran justicia en los casos de agresiones y homicidios.
Así lo dio a conocer la CNDH en su “Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos”. En él se señala con alarma que Chihuahua, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres primeros lugares de homicidios de personas defensoras de derechos humanos con 13, seis y cinco casos, respectivamente.
En el estudio se detalla que 22 entidades federativas han ignorado la Recomendación General 25/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la creación de leyes para prevenir violaciones contra quienes defienden las garantías individuales. Quintana Roo entre ellas.
Dicha recomendación fue enviada a dos mil 545 autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales, del total, sólo 116 autoridades respondieron a la recomendación que les giró el ombudsman nacional ante el incumplimiento de su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a las garantías de personas defensoras de derechos humanos.
El mayor incumplimiento proviene de los dos mil 413 presidentes municipales y jefes delegacionales, pues solo 34 emitieron un oficio de respuesta a la CNDH, lo que significó 1.4 por ciento.
El más reciente asesinato ocurrió hace cuatro días en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, en contra del ingeniero y activista Jesús Javier Ramos Arreola, opositor a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Derechos humanos difunde convocatoria de la CNDH, en favor de los derechos los niños y niñas

 

BOLETÍN 564/2018-ZN

DERECHOS HUMANOS DIFUNDE CONVOCATORIA DE LA CNDH, EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.

Benito Juárez, Quintana Roo; a 13 de junio del 2018.- La Fiscalía General del Estado informa que como parte de las acciones para promover la defensa de los derechos humanos a favor de niños y niñas, la Dirección de Derechos Humanos en zona norte, replica la convocatoria para que los pequeños participen en el concurso nacional “Niñas y niños consejeros de la CNDH”, organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al interior de la FGE, se promueve la campaña en la que el derecho a que niñas y niños sean escuchados en todos los asuntos que les interesa o afectan considerando su edad y grado de madurez, así como a considerar sus opiniones en el entorno familiar, escolar y social.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de julio de 2018, también promueve la difusión entre ellas y ellos, de la labor de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la defensa y promoción de sus derechos.

Pueden participar niñas y niños entre los 10 y 12 años cumplidos al 30 de julio.

La Fiscalía General del Estado seguirá fomentando la participación de niñas, niños y adolescentes, en la defensa de sus derechos fundamentales.

Por caso Tajamar CNDH emite sendas recomendaciones

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Ciudad de México, 14 de diciembre.- (Emequis).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 67/2017, dirigida al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alejandro Alonso Reyes; y al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, por la remoción de manglar para la realización del desarrollo “Malecón Cancún” (Proyecto Tajamar) en el Estado de Quintana Roo.

El desmonte y despalme de vegetación de humedal con presencia de diversas especies de flora protegidas por la normatividad ambiental, como los manglares y la palma chit, y la consecuente devastación del hábitat de fauna en el área del Proyecto Tajamar, sin plena observancia de la legislación ambiental vigente y aplicable, imputables a servidores públicos de esas instancias, vulneraron el derecho a un ambiente sano, además de incurrir en actos y omisiones que violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, señala el organismo en un comunicado.

En su investigación, esta Comisión Nacional detectó irregularidades relacionadas con la aprobación de modificaciones y prórrogas de las autorizaciones en materias de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo por la Semarnat, así como en el otorgamiento de permisos de chapeo y desmonte por parte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en favor de Fonatur, otorgados en franca contravención al artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

Para la CNDH, la indebida fundamentación y motivación en las autorizaciones emitidas para el desarrollo de proyectos que implican la perturbación o pérdida de ecosistemas protegidos demuestra, por parte de las autoridades recomendadas, la omisión de medidas eficaces para garantizar el desarrollo sostenible y la resiliencia, combatir los efectos del cambio climático, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

Además, sobresale la falta de actuaciones de carácter preventivo por la Profepa y el municipio de Benito Juárez para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental en dicho lugar y de las autorizaciones otorgadas, para evitar mayor afectación al ecosistema de humedal con vegetación de manglar.

Por lo anterior, la CNDH recomienda a la Semarnat y al municipio de Benito Juárez diseñar e implementar un Programa Integral de Conservación y Restauración Ecológica, con participación de la sociedad civil y Fonatur, para suprimir las prácticas administrativas que facilitan el otorgamiento de autorizaciones de obras o actividades que afecten o dañen los manglares, y desarrollar medidas de protección a esas áreas.

La Profepa y el citado municipio deberán incrementar la inspección y verificación en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y vida silvestre, en terrenos con vegetación de humedal, y en especial con presencia de manglares en dicha entidad, e iniciar procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa correspondiente, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión.

La Semarnat deberá rastrear e identificar resoluciones vigentes de los últimos cinco años en Quintana Roo, que aprueben o prorroguen autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, y de haber sido otorgadas sin acatar la normatividad vigente, promover juicios de lesividad, para que la autoridad correspondiente determine sobre su modificación o nulidad; asimismo, deberá garantizar que sus unidades administrativas encargadas de emitir esas autorizaciones, soliciten opinión o dictamen técnico en materia de vida silvestre, previo a su otorgamiento; y desarrollar criterios técnicos actualizados y estandarizados de evaluación y otorgamiento de autorizaciones.

Al titular de Profepa se le recomienda dictar medidas técnicas correctivas y de urgente aplicación para evitar que continúe la remoción de manglar, y el titular de Fonatur deberá aplicar la plena observancia de la legislación ambiental para la aprobación de proyectos, mientras que el presidente municipal de Benito Juárez deberá garantizar el pleno cumplimiento de lineamientos y formalidades de leyes federales, estatales y municipales en materia ambiental y que el desarrollo urbano en su jurisdicción se sujete a los lineamientos de protección, preservación y restauración de humedales, con enfoque de derechos humanos y respeto a la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Todas las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa que presente ante la instancia correspondiente por las irregularidades señaladas; incorporar copia de esta Recomendación en los expedientes de los servidores públicos involucrados y capacitar a su personal en derechos humanos y debida diligencia.

Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en el sitio www.cndh.org.mx.

CNDH notifica a la PGR por la investigación de las cajas de seguridad

Cancún.-Envían notificación el día martes siete de noviembre del presente año, a la Procuraduría General de la República (PGR) por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, esto debido a la investigación que se esta realizando por el caso de las cajas de seguridad en Plaza América, de la ciudad de Cancún.

Al lugar donde se encuentran resguardados los bienes arribo un representante de la CNDH quien se encargo de la entrega del documento oficial al personal federal.

Los afectados en este problema también tuvieron la visita de Rodolfo Rueda Martínez quien es el director general del área del organismo, al llegar al lugar explicó que la notificación fue recibida y que a partir de ese momento la SIEDO y la PGR tienen 15 días para comprobar que no se han cometido violaciones a sus derechos.

“Hace unos momentos  entablamos un dialogo con lar personas encargadas al operativo de seguridad, les mencionamos que sostenemos una investigación abierta, y les pedimos que la diligencia se haga con estricto apego legal, por que hasta este momento se han acercado 200 personas afectadas”, comento Rueda Martínez a los medios de comunicación.

“El personal de la PGR nos recibió la notificación y estaremos a la espera de a respuesta que emitirán las autoridades” añadió.

Aprueban matrimonio igualitario en Chiapas

A través de un comunicado, la asociación Unidos Diferentes A.C. Anunció este jueves que Chiapas se sumado a la lista de estados que aprueban el matrimonio igualitario, al ser invalidados dos artículos del Código Civil que perpetuaban que matrimonio tenía que ser únicamente entre entre un hombre y una mujer y con el único objetivo de perpetuar la especie.

Según información del Excélsior La propuesta fue hecha por la ministra Margarita Luna Ramos, y durante el proceso fueron invalidados el artículo 144 por considerar al matrimonio únicamente para perpetuación de la la especie, y al 145 por considerar al matrimonio exclusivo de parejas heterosexuales.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN UNIDOS DIFERENTES A.C.
Tras años de lucha por el reconocimiento pleno de los derechos igualitarios este 12 de junio de 2017 quedará marcado como un día histórico para la población LGBTI de Chiapas. Por mayoría de votos la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la demanda de Acción de Inconstitucionalidad 32/2016 promovida por Unidos Diferentes Asociación Civil (UDAC), mediante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con la que finalmente se invalidan los artículos del Código Civil del Estado de Chiapas que impedían el matrimonio mío civil entre personas del mismo sexo.

Tras las reformas hechas por el Congreso de Chiapas al Artículo 145 del Código Civil en 2016, la demanda de Acción Inconstitucional 32/16 inició su trámite en abril del año pasado a través de la solicitud hecha por Unidos Diferentes a la CNDH para ejercer sus facultades ante la Suprema Corre a fin de interponer la demanda, que fue admitida a principio del mes del mayo en ese mismo año. Desde ese entonces, se inició un seguimiento puntual al proceso jurisdiccional que incluyó la promoción de dos amparos colectivos paralelos respecto a la misma forma legislativa. Hoy, después de 13 meses de espera, el Pleno del Máximo Tribunal ha dado su fallo definitivo a favor del derecho a la familia, la igualdad ante la ley y la no discriminación parara las parejas del mismo sexo en Chiapas.

Los ministros de SCJN han invalidado los dos artículos del Código Civil del Estado que establecían que el matrimonio civil solo podía celebrarse entre un hombre y una mujer y cuyo único fin era la perpetuación de la especie.

A partir de su aprobación inapelable y la publicación de la sentencia las parejas del mismo sexo en la entidad chiapaneca podrán acudir a las distintas oficialías del Registro Civil en el Estado de Chiapas para iniciar -como cualquier otra pareja- el trámite para contraer matrimonio civil, ya sin la necesidad de amparos judiciales, pues cualquier negativa de la autoridad civil significaría desacato a una sentencia de la máxima instancia nacional.

En Unidos Diferentes expresamos nuestro absoluto beneplácito por esta importante sentencia; un logro que compartimos con cada una de las personas y organizaciones de la sociedad civil que durante tantos años han abrazado, apoyado y abanderado la lucha por los derechos de la población LGBTI en Chiapas. Un cambio que sin dudas ha sido complicados y que aún avisora muchos más retos que solo en unidad y entendiendo nuestras diferencias podrán ser conquistados.

Además de Chiapas, nueve son los estados que celebran el matrimonio del mismo sexo: Ciudad de México, Campeche Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo.

Cabe destacar que en las entidades federativas en las que aún no está posibilitada la opción, las parejas pueden recurrir a la tramitación de amparos que conlleven a la jurisprudencia emitida por la Corte en Julio de 2015, con el argumento de que cualquier ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. Ya que la finalidad del matrimonio es la protección de la familia y no la procreación.