Corrupción- Pagina 8

Candidato presidencial mexicano Anaya afronta acusaciones de lavado de dinero 

 

 

MÉXICO.- Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición opositora Por México al Frente, afronta acusaciones de todos sus rivales políticos por la investigación que lo relaciona con un presunto lavado de dinero de 54 millones de pesos (2,9 millones de dólares), que rechaza enfáticamente.

 

Según informaron medios locales, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investiga desde octubre de 2017 si el empresario Manuel Barreiro simuló la venta de un edificio de uso industrial propiedad de Anaya a una empresa ficticia para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial.

 

Esta semana comenzó a circular un vídeo en las redes sociales de 2005 que muestra a Anaya bailando en la boda de Barreiro, lo que intensificó las críticas contra el exlíder del conservador Partido Acción Nacional (PAN), que ahora integra la coalición del Frente junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

Anaya rechaza las acusaciones y sostiene que el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, ha “utilizado” la fiscalía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para orquestar una “guerra sucia” contra él.

 

“Si el 5 % de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?”, dijo Anaya, quien exigió a la fiscalía que haga público que “no he cometido ningún acto ilícito”.

 

Anaya defendió en Twitter que no vendió “nada” a Manuel Barreiro y que acudió a su boda invitado por el cuñado del empresario, Álvaro Ugalde, con quien el candidato mantiene una amistad desde la secundaria.

Estas explicaciones no han convencido a sus oponentes políticos que no han rebajado las críticas contra Anaya, quien en los últimos sondeos figura en segundo lugar en la carrera presidencial del 1 de julio próximo.

 

El candidato del PRI, José Antonio Meade, sostuvo hoy que Anaya “tiene que aclarar ante las autoridades correspondientes y ante la ciudadanía las acusaciones en su contra por lavado de dinero”.

 

“Cualquiera que quiera ser presidente tiene que estar dispuesto a dar explicaciones del 100 % de su actividad, del 100 % de sus gestiones y asumir su responsabilidad”, sentenció Meade, quien hasta noviembre de 2017 era secretario de Hacienda en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

El líder de los sondeos y candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue más lejos y pidió al Frente que sustituya a Anaya por otro candidato que no esté vinculado en casos de corrupción.

 

“Seguramente no solo está implicado en este caso de corrupción de lavado de dinero, es él quien fue coordinador de diputados del PAN en el tiempo de los moches”, dijo López Obrador en alusión a un presunto caso de corrupción en el que el PAN habría pedido comisiones a alcaldes a cambio de recursos.

 

La ex primera dama Margarita Zavala, quien dejó el PAN por sus encontronazos con Anaya y decidió concurrir a las presidenciales por la vía independiente, también arremetió contra el candidato y pidió que los votantes conservadores se pasen a sus filas.

 

“Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato. Para todos los panistas yo seré una opción que defienda los valores que dieron vida a Acción Nacional”, sostuvo.

 

La única que ha salido en defensa de Anaya ha sido Alejandra Barrales, exlíder del PRD y aspirante a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México con el Frente, la coalición de Anaya.

 

“Nosotros estamos convencidos de que las acusaciones tienen que ver con esta desesperación que tiene particularmente el PRI por tratar de ganarse un lugar que los ciudadanos no le han dado y que no le van a dar”, sentenció”.

 

Solicita ayuntamiento de Solidaridad audiencia con Mauricio Góngora

 

 

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- A petición del ayuntamiento de Solidaridad, el expresidente municipal Mauricio  Góngora Escalante estaría mañana en una audiencia de formulación de imputación.

La audiencia se realizará a las 11 horas, de tal forma que se espera que en la siguientes  horas se dé el traslado de la Cárcel de Chetumal hacia Playa del Carmen.

Como se recordará, desde el 15 de diciembre de 2016, el Ayuntamiento de Solidaridad interpuso la primera denuncia por presunto desvío de recursos por más de cinco millones de pesos contra diversos funcionarios de la administración 2013-2016, entre ellos el exalcalde; la segunda se estableció por el probable desempeño irregular de la función pública; la tercera, por uso indebido de recursos públicos.

La cuarta se efectuó ante la Procuraduría General de la República (PGR) por ejercicio indebido de recursos federales por cerca de 150 millones de pesos, de los cuales 47 millones fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.

En total, las cuatro denuncias interpuestas hasta el momento contra exfuncionarios, suman más de 700 millones de pesos.

Surgen más irregularidades en el SQCS

 

 

AGENCIA SIM

 

Chetumal.- Las investigaciones sobre el presunto desfalco al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) han arrojado más irregularidades de las que fueron denunciadas originalmente, confirmó la directora de esta dependencia, Martha Silva Martínez, quien se negó a aclarar la naturaleza de las nuevas evidencias encontradas, para “no entorpecer las investigaciones”.

Sin embargo, al insistírsele que definiera siquiera de forma general las nuevas irregulares, la titular afirmó que “con otras empresas también, parecidas”.

La funcionaria dijo que la investigación la encabeza la Federación, específicamente la Auditoria Superior de la Federación, quien ya emitió un comunicado público.

Respecto a la reintegración de los recursos que se desviaron, la directora aclaró que ello corresponde a los presuntos responsables.

Martha Silva dijo que se ha complicado la labor de investigación y documentación de las irregularidades, toda vez que la administración pasada se encargó de saquear computadoras, discos duros, documentos y demás objetos que pudieran soportar mayor información sobre los movimientos de los recursos.

 

Vuelven a vincular a proceso a Mauricio Góngora 

 

 

AGENCIA SIM

 

Playa del Carmen.- Por segunda ocasión, el expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, fue vinculado a proceso; ahora por el delito de peculado, después de una audiencia que se extendió por cerca de ocho horas, en los juzgados orales de esta ciudad.

El ex candidato a gobernador fue trasladado desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, donde permanece recluido, vinculado a proceso por desempeño irregular de la función pública, por el presunto quebranto financiero a través de la proveedora de servicios aéreos Vipsa.

El ex edil fue presentado ante el juez de control adscrito al Distrito de Solidaridad, al serle cumplimentada una segunda orden de aprehensión, relacionada a la carpeta administrativa 227/2017, por el presunto desvío de 245 millones 895 mil 576.98 pesos.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, “durante la audiencia inicial realizada este jueves, los fiscales presentaron los datos de prueba en relación a los hechos que se le imputa a Mauricio “N”, y después de un debate entre los fiscales y la defensa del imputado, el Juez consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso. Así mismo, decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y un mes para el cierre de las investigaciones”.

La audiencia se realizó en completo hermetismo, sin que se viera siquiera la salida o llegada de los abogados o el imputado. El recinto donde se realizó, los juzgados orales, fueron inaugurados por el propio inculpado, en compañía del gobernador Roberto Borge Angulo, hoy también detenido, y del entonces presidente del tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Novelo, como quedó inmortalizado en una placa que adorna el lugar.

Larga historia de corrupción en Barcos del Caribe

 

 

La explosión registrada el día de hoy en una de las unidades de Barcos del Caribe, empresa marítima que ofrece traslados de Playa del Carmen a Cozumel diariamente, es una muestra más de las oscuras formas en las que opera la empresa, cuyos socios y fundadores están Roberto Borge Martín y su hijo Roberto Borge, Félix González Canto y su tío Franco González.

La empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S. A. de C.V., nació el 22 de junio de 2012, según consta en su acta constitutiva y se conformó con un capital de 200 mil pesos, cuyo objeto estableció el ejercicio del comercio marítimo, en general y en particular.

Los accionistas originales son Franco González Padrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, cada uno con 100 acciones con valor nominal de mil pesos, el primero como “administrador único” y el segundo como “comisario”.

González Padrón es tío del exgobernador  y actual senador del PRI, Félix González Canto. En 2001, se asoció con Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo de Borge, padres del exgobernador Borge Angulo, con quienes constituyó la compañía Naviera Turística de Quintana Roo.

César Celso González Hermosillo y Malgarejo es el abogado de la familia Borge. También es investigado por la PGR después de que la dependencia asegurara 25 inmuebles que fueron vendidos de forma irregular durante el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo.

De esas 25 propiedades, cuatro se ubican en Cozumel. Sus actuales propietarios resultan ser  prestanombres de Borge. Los predios fueron entregados a través de ventas subvaluadas a Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

En octubre de 2014, Franco González y César Celso González le otorgaron poder general a Irma Fabiola Carmona y María Lourdes Pinela Nieto, ésta última secretaria de Roberto Borge Martín, exgobernador de Quintana Roo, para representarlos en la compañía naviera.

Guillermo Ruiz de Teresa, en ese entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, otorgó a establecimiento de “Barcos Caribe” (Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V) los permisos necesarios no solo para el traslado de pasajeros a Cozumel, sino a diversos puntos del Caribe mexicano. El entonces alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora otorgó rápidamente los permisos para instalar un módulo de venta de boletos e información turística por 15 años. En esa misma semana, el Congreso local posteriormente concedió la concesión a 50 años, fijándose una contraprestación, a título de renta, de 10 mil pesos mensuales.

Guillermo Ruiz de Teresa aseguró que todo se debió a una “solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo”.

El 16 de febrero de 2015 fue inaugurado Barcos del Caribe por el propio gobernador. “Fue decisión de la federación tener una tercera línea que pudiera concretar esa solicitud del gobernador Roberto Borge Angulo”, dijo el exmandatario.

Un año y medio más tarde, el 16 de agosto de 2016, Franco González Padrón vendió sus acciones de “Barcos Caribe” a su socio César Celso González Hermosillo, por lo que en consecuencia la sociedad quedó en manos del abogado de la familia Borge, cuya compañía es investigada por la SHCP por supuestamente tratar de ocultar las huellas de las transferencias bancarias por cerca de 300 millones de pesos.

El SAT también investiga un paquete de pruebas que incluyen el acta constitutiva de la compañía naviera; los contratos de compraventa de cada una de las embarcaciones y los registros de 21 transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las empresas proveedoras, entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, que presuntamente no fueron reportadas al SAT.

 

Los pecados de Gabriel Castro Cárdenas

 

 

 

Gabriel y su hermano Rafael nacieron en la cuna de la política en Quintana Roo: Cozumel. Hijos de don José Roque Castro Marrufo, empresario dedicado a la producción de chicle y a la actividad pesquera. Gabriel, administrador público egresado de la Universidad del Mayab, ingresó en la política durante la administración de Román Quian Alcocer, en 2008. Él era quien estaba a cargo de la Contraloría Municipal. Todos los ingresos que llegaban a las arcas de Playa del Carmen pasaban por sus manos. Su pasó durante ese gobierno es recordado porque Gabriel Castro giraba cheques para todo y para todos. Durante ese período los viáticos para él, sus allegados, sus familiares y amigos corrieron a cargo del erario: alimentos, medicina, combustible y hasta la despensa de su casa, todo era pagado con los impuestos de los playenses.

En la siguiente administración del priista Filiberto Martínez Méndez, Gabriel Castro repitió en el cargo pero un año después tuvo que suplir a José Luis “Chanito” Toledo en la Tesorería Municipal.

El cargo le gustó y en la siguiente administración repitió. Gabriel Castro era el hombre de todas las confianzas y las finanzas de Mauricio Góngora.

Eran tiempos de abundancia. Dinero a manos llenas, salarios de funcionario de primer nivel. Las puertas del poder abiertas. Ahora la suerte ha cambiado para José Gabriel Castro Cárdenas.

Acusado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) quien interpuso una denuncia penal en contra de ex funcionarios de Solidaridad, entre ellos, el ex tesorero del Ayuntamiento.

La denuncia deriva de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en la que los auditores detectaron hechos que constituyen conductas presuntamente delictivas, llevadas a cabo por algunos servidores por la cantidad de 152 millones 582 mil 344.43 pesos.

En todas las pruebas que hay, las huellas de José Gabriel Castro Cárdenas aparecen en todas partes. Malversación de fondos, triangulación de recursos públicos, una serie de conductas donde la mano que mece la cuna es la de Gabriel. Estas irregularidades fueron detectadas dentro de la auditoría identificada con el número AEMF-DFM-GOB-FIS-216 efectuada a los recursos fiscales dentro del rubro “Servicios Generales”.

Ante las evidencias contundentes, Gabriel Castro había promovido un juicio de amparo (1339/2017) desde septiembre del año pasado. El día de ayer el Poder Judicial de la Federación negó a José Gabriel Castro Cárdenas el amparo que solicitó y mediante el cual buscaba evitar una orden de aprehensión en su contra.

Las horas de libertad para el funcionario están contadas. En su oportunidad, las autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad interpusieron diversas denuncias penales en contra de los ex funcionarios, una por 200 millones.

 

Se destapa la cloaca de la pandilla de Mauricio Góngora

 

 

En el palacio municipal de Playa del Carmen, desde octubre pasado, desfilaron cerca de 40 exfuncionarios con el fin de declarar acerca del desfalco de las arcas municipales durante la administración de Mauricio Góngora Escalante, el delfín de Félix González Canto. El agravio a las arcas solidarenses puede llegar a ser de mil millones de pesos.

Así, han declarado  en la Contraloría Municipal Teresa Flota Alcocer, quien fue directora de Desarrollo Social y que buscó su corchete de impunidad vía una diputación local que no consiguió. También Eddy Ruiz, quien en los tiempos de Góngora fue el subdirector de Ingresos. Emmanuel Hedding Medina, corrupto Síndico Municipal consentido de Mauricio. Edwin Díaz Tello quien fuera el Oficial Mayor de la administración pasada. Eduardo Morentín Ocejo, célebre personaje de trayectoria oscura que ocupó el cargo de director General de Desarrollo Urbano. En la lista también está Juan de Dios Guitrón Sánchez, quien fue contralor municipal.

La lista también incluye a Carlos Loeza, quien fue muy eficiente al gobierno de Mauricio como director de Comercio en la Vía Pública. José Gabriel Castro Cárdenas, hermano de Rafael Castro, quien era el hombre de todas las confianzas de Góngora y que fungió como su tesorero Municipal y, Ángel Brito Chulín, director de Desarrollo Humano.

La Fiscalía General del Estado ha girado órdenes de aprehensión en contra de varios de ellos. Muchos han promovido juicios de amparo que les han sido negados, como en el caso de Gabriel Castro.

Los delitos en los que incurrieron estos funcionarios son de distracción de recursos públicos, en su calidad de peculado y uso indebido de la función pública.

El desfalco llega a la cifra de los mil millones de pesos mal utilizados o sustraídos por las anteriores autoridades municipales.

Toda esta pandilla operó con la prestación de servicios con empresas fantasmas, uso del recurso para juegos y apuestas fuera del país donde hubo la devolución de una parte, pero el resto se desconoce su paradero.

El caso de Felipe de Jesús Castillo Meseta, ex director de Egresos del municipio y que es acusado por el delito de peculado por cerca de 500 millones de pesos, es un botón de muestra del cómo operaba el gobierno de Mauricio Góngora.

Todos los funcionarios antes mencionados fueron fieles participantes de la campaña a gobernador del delfín de Félix González Canto. Todos y cada uno de ellos participó de manera directa o indirecta en el uso de recursos públicos en la campaña electoral del 2016.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) investiga el uso de aproximadamente 200 millones de pesos provenientes del gobierno del estado que llegaron a la campaña de Mauricio Góngora.

 

El ambicioso Gabriel Mendicuti, el súper secretario de Borge. Un recuento.

En la Foto: José Luis Toledo Medina, Mauricio Góngora y Gabriel Mendicuti. Saqueadores de Solidaridad.

Acusado del delito de Desempeño Irregular de la Función Pública por el presunto desvío de 534 millones de pesos de recursos públicos, Gabriel Mendicuti Loira fue un empresario poderoso y un político que acumuló riqueza y fortuna en tan solo dos sexenios: con Félix González Canto y con Roberto Borge. 

La Fiscalía General de Quintana Roo dice tener un caso muy bien armado en contra del poderoso amigo de Borge. En la carpeta de investigación 151/2017, se señala que el exalcalde de Solidaridad fue llevado al Centro de Reinserción Social en la ciudad de Chetumal, que a una semana de haber sido aprehendido se reportó enfermo y con una crisis nerviosa, padecimientos que son atendidos.

Gabriel Mendicuti Loira era el segundo de abordo en el estado de Quintana Roo en los tiempos de Roberto Borge. Todo el que quería hacer política en el estado pasaba por el lobby de Mendicuti, quien controlaba y coordinaba al gabinete. Al igual que varios funcionarios de la era borgista, a Mendicuti le nacieron fortuna, propiedades y casas de la nada.

Empresario y de los grandes. Gabriel forma parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV. Todo funcionario que se respetara utilizaba los servicios del “Jefe” como era llamado Mendicuti. Políticos y familiares del exgobernador Borge tenían acceso a aviones y helicópteros rentados para moverse dentro y fuera del estado. El precio era lo de menos, pero la cifra que existe es que el gobierno de Borge pagó más de mil millones de pesos del erario público.

A la llegada de Carlos Joaquín González al poder, Mendicuti se resguardó. Debe muchas, desde sus tiempos como alcalde de Solidaridad donde despegó su fortuna. Como coordinador de la campaña de Roberto Borge, Mendicuti tejió una red de corrupción para favorecer sus múltiples negocios. Bajo el amparo del poder y luego que su trabajo dio resultados pues luego de hacer ganar las elecciones en el 2011 a Borge, fue premiado con el puesto de la Secretaria de Desarrollo Rural e Indígena (Sedari), puesto que ocupó para acumular terrenos y hacer riqueza.

Su red de corrupción era tan funcional para el sistema de Borge que Mendicuti fue directamente a la Secretaría General de gobierno del estado, puesto en el que acumuló más poder y mucha más riqueza. Puesto que ocupó en sustitución de Luis González Flores, tío del exgobenador Félix González Canto.

Gabriel Mendicuti cometió una serie de irregularidades. Su paso por la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Rural e Indígena (Sedari) es recordado porque fue el tiempo en donde más se desviaron recursos, tanto en la construcción de caminos como en la renta de maquinaria pesada.

Oriundo de Yucatán, Mendicuti acumula averiguaciones, por ejemplo, la averiguación previa 143/2015 y 146/2016, que se entablaron en Leona Vicario. Ambas lo acusan de despojo.

El empresario chetumaleño Juan Manuel Rodríguez Cheluja de 72 años de edad, interpuso otra demanda en contra de Mendicuti y lo señala como autor y responsable del despojo de un predio de más de 20 hectáreas, ubicado en el kilómetro 325 de la carretera Chetumal-Cancún, tramo Puerto Morelos, en la Región 29, manzana 19, lote 01 de Puerto Morelos, cuyo avalúo comercial estaba en 16 millones de pesos.

Al frente de la Secretaría General de gobierno del estado, Mendicuti creó, junto con Bibiano Villa Castillo, una red de espionaje político en donde acumularon datos de periodistas, opositores, políticos, aliados, empresarios y alcaldes, con el fin de utilizar esos datos y con ellos ejercer presión a favor de los intereses del gobierno de Borge.

La Fiscalía General del Estado tiene pruebas en exceso para fichar por largo tiempo a Gabriel Mendicuti.

 

Asegura Rodolfo del Ángel que no hay trato especial para nadie en las cárceles

 

 

AGENCIA SIM

 

Chetumal.- Rodolfo Del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública estatal, descartó que al interior de los centros carcelarios de Quintana Roo exista trato especial a conocidos políticos, como es el caso del ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, o de Gabriel Mendicuti Loria, a decir del secretario, todas las personas privadas de su libertad son tratados de la misma manera.

 

No obstante, explicó, existen dos procedimientos previos a la mezcla de los nuevos internos con el resto de los presidiarios para los cuales, las cárceles del estado no cuentan con una instalación adecuada o determinada.

 

“Existen áreas de recepción que tienen que pasar todas las personas privadas de la libertad, por la clasificación del tipo de persona y delito, esto también depende de la vinculación a proceso, depende de que haya una sentencia, depende de varios factores, entonces todos tienen que pasar por esas áreas, las cárceles de Quinatan Roo no fueron diseñadas para eso, no existen áreas de recepción”, detalló el funcionario.

Por ello, dijo, deben habilitarse otros espacios para cumplir con esos requerimientos; “entonces muchas veces buscamos los espacios para esto, hay hacinamiento y esto también provoca ocupar espacios diversos que no fueron diseñados para esto pero que están establecidos por la ley, porque siempre, en todas las cárceles de México debe haber un área de recepción, otra de clasificación, nunca debe llegar una persona privada de su libertad al área donde están todos, siempre debe haber un paso previo”, explicó.

 

Sobre el tema de Gabriel Mendicuti, el secretario dijo que lo que se sabe es que padece un problema del corazón, por lo que las autoridades carcelarias no saben en qué momento pueda reingresarse al centro de reinserción social, por lo que deben esperar a que el profesional de la medicina, es decir, el doctor, determine que está dado de alta para poderlo reingresar.

 

Del Ángel Campos explicó que toda persona privada de su libertad que tenga un padecimiento y la posibilidad de pagar un sanatorio o médico particular se le dan las facilidades para que así ocurra, por lo que aclaró que no es el único caso el de Mendicuti Loria, pues puso como ejemplo otra persona que se encuentra privado de su libertad en la Cárcel de Cancún y a quien se le permite ser atendido por un médico especialista fuera de las instalaciones carcelarias.

Acusan labriegos a Fredy Marrufo Martín de omisión y desacato

 

AGENCIA SIM

 

Chetumal.- Miguel Ángel Ramírez Lara, dirigente de la Unión General Obrera Campseina y Popular, (Ugocp) fue entrevistado a su salida del despacho del delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde informó que el delegado, Fredy Marrufo Martín desatendió una orden de deslinde girada por un juez en favor de los posesionarios de los terrenos conocidos con el nombre de su organización en el municipio de Solidaridad, además de una instrucción directa de parte de Rosario Robles Berlanga en el mismo sentido.

 

Ramírez Lara puntualizó que el delegado recibió la instrucción de un juez federal quien resolvió un amparo en favor de los posesionarios, desde el 7 de diciembre de 2017, pero la incumplió; luego, la propia Robles Berlanga ordenó al delegado que con carácter de urgente atendiera la instrucción; fue el 3 de enero que giró esa orden para Fredy Marrufo y le dio un plazo de 10 días, hecho que desde luego, también incumplió.

 

El dirigente de los campesinos en conflicto, recordó que los afectados ya habían sido desalojados en su momento por el ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, y que sin embargo, las gestiones ante el Tribunal Superior de Justicia logró el fallo en favor de los posesionarios, que suman 150 familias, distribuidas en un terreno con extensión de 200 hectáreas.

Como se recordará, en días pasados, un grupo de desconocidos y un par de agentes ministeriales estatales materialmente “levantaron” a uno de los posesionarios con el fin de amedrentarlo. Los “visitantes” portaban armas largas y fueron encabezados por los oficiales de la Fiscalía General.

 

Se trata, a decir de Ramírez Lara de un grupo de supuestos abogados, quienes representan a un senador priista (Manuel Cavazos Lerma), que es quien presuntamente ha instruido que les arrebaten las tierras.

 

Pero, a decir del denunciante, este grupo de “abogados” habría visitado también al titular de la delegación Quintana Roo de la Sedatu, Fredy Marrufo Martín, a quien, presuntamente habrían incluido en actos de corrupción, por lo que este empleado federal, está en desacato de la orden de un juez y es omiso a las instrucciones de su propia jefa, la secretaria federal de Sedatu.

 

Ramírez Lara recordó que se hizo un acto de costumbre, durante la administración de Roberto Borge Angulo, el despojo de tierras mediante la intimidación, la amenaza y la violencia, hechos que parecen continuar a través de la gestión de Fredy Marrufo Martín.

 

Por ello, el dirigente hizo un llamado a todas aquellas personas que han sido despojadas en esta u otras administraciones a fin de que se acerquen a su organización para pelear por sus derechos y que recuperen las propiedades que les pertenecen.