Denuncia

Denuncian ejidatarios de Palmar irregularidades de comisariado ejidal en el pago de indemnización por el paso del Tren Maya

 

AGENCIA SIM

Chetumal.- Más de 100 ejidatarios de la localidad Palmar se reunieron esta tarde a las afueras de la sede de Fonatur en Chetumal, para exigir a las autoridades de este dependencia que les aclaren el destino de más de 6 millones de pesos que el gobierno federal le pagó ya al ejido por el uso de 32 hectáreas de uso común, por la derecho de vía del Tren Maya, y que presuntamente ya habría recibido el comisariado ejidal, Donaciano Cabañas.
En ese sentido, Rafael Mendoza Lagos, delegado de Palmar, explicó que el viernes pasado, la comuna ejidal aceptó recibir esta cantidad, así como más de 19 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento deberán ser canalizados a los afectados directos por concepto de “bienes distintos a las a la tierra” y el resto a los ejidatarios, quienes aparte recibirán 10 mil pesos más cada uno, por parte de la Secretaría del Bienestar.
En ese sentido, el delegado señaló al comisariado ejidal de presuntamente operar con opacidad al negarles información acerca del destino de los más de 6 millones de pesos arriba mencionados.
Mendoza Lagos señaló que, ante los cuestionamientos por el destino de este recurso, esta mañana el comisariado ejidal se negó a acompañarlos a la sede de Fonatur para demandar una aclaración, por lo que infiere que dicha autoridad local “les está dando una puñalada por la espalda”.
“Le dimos la confianza, lo subimos al poder y nos está traicionando, y no se vale. Con esto, se va para afuera con todo y su directiva”, destacó.
Finalmente, informó que al inicio de esta manifestación, autoridades de Fonatur se presentaron ante ellos y aseguraron que analizarán en breve qué solución se le dará a esta problemática, en conjunto con un comité ejidal organizado hace unas horas.

Denuncian pobladores de Kancabchén a presunto explotador de tierras

AGENCIA SIM

José María Morelos.- Este día, pobladores de la comunidad de Kancabchén, en este municipio, se manifestaron en el parque de esta localidad, para denunciar a un presunto explorador de tierras, de nombre Samuel Uicab Aguilar, a quien acusan de amenazar al pueblo y de falsificar permisos para hacer uso de más de mil 200 hectáreas, propiedad de la nación.
En entrevista, Julio César Cab Gómez, dirigente del comisariado ejidal de esta comunidad, aseguró que el denunciado lleva más de un año amedrentando al pueblo con amenazas y disparos al aire, para evitar que los pobladores actúen contra él por la explotación que realiza.
Agregó que este sujeto ha sido ya sancionado por la Profeco, quien le decomisó más de mil pies de madera, sin embargo, dijo, ya continuado haciendo uso de estas tierras, argumentando que cuenta con un permiso que presuntamente le otorgó en su momento el ex subdelegado de la comunidad, Gaspar Melchor Chanché.
Apuntó que además Samuel Uicab Aguilar ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado, aunque señaló que esta corporación les ha asegurado que cuenta con los permisos para operar en esas tierras.
En ese sentido, el comisariado ejidal exigió a la fiscalía que actúe “a profundidad”, pues afirmó que el único que puede otorgar permisos para hacer uso de tierras nacionales es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Destacó además que Samuel Uicab Aguilar, además de amenazas de muerte a varios pobladores, ha fabricado supuestos robos de herramientas, para incriminar a los ejidatarios, motivo por el cual varios de ellos cuentan con carpetas de investigación por este delito.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que actúen contra este señor por estás amenazas y, principalmente, por la devastación que realiza en la zona.
“No puede ser que al presidente de la república le estén parando sus caminos del Tren Maya, con poco monte que está cortando, cuando esta persona está devastando más de mil hectáreas”, destacó.
Por su parte, el ex subdelegado de esta comunidad, Gaspar Melchor Chanché, aseguró que procederá legalmente contra Samuel Uicab Aguilar, pues afirma que éste falsificó el documento en donde supuestamente avalaba la explotación de dichos terrenos.
Agregó que el subdelegado no tiene facultad para realizar dichos permisos, pues solo “es la autoridad federal la que puede dar estos permisos para hacer uso de esos terrenos nacionales”.
Finalmente, el actual subdelegado de esta comunidad, Jacob Darza Canul, apuntó que ha recibido amenazas del denunciado, por lo que lo hizo responsable de cualquier agravio que pudiera sufrir después de esta denuncia.
Asimismo, un llamado al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que gire instrucciones a las secretarías correspondientes para que actúen en este conflicto y detengan “esta devastación que se lleva a cabo en nuestro pueblo”.

Suman 10 denuncias por violencia vicaria en Solidaridad

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- Desde que fue publicada en el Periódico Oficial la reforma que tipifica a la violencia vicaria, ya han sido interpuesta en este municipio 10 denuncias penales por este delito, aunque todavía predomina el desconocimiento de estos cambios y la falta de perspectiva de género, e incluso la corrupción y mala praxis, por jueces, fiscales y abogados.
Así lo acusó hoy un grupo de mujeres, pertenecientes a diversos colectivos defensores de derechos humanos, así como víctimas de este tipo de violencia, en el que una expareja sustrae a los hijos como manera de castigar a la mujer.
Amira Cárdenas, integrante del Frente Nacional Mujeres, reveló que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió las obligaciones de las personas operadoras de justicia, frente a la violencia vicaria, incluida la atención a madres y víctimas. Los magistrados allí indicaron que este delito es atravesado por todas las violencias, en especial la económica y patrimonial.
Pese a ello, abundan los expedientes que no avanzan y las instancias de gobierno en donde las mujeres siguen pidiendo justicia, pues sufren violencia institucional, debido a menudo al poder económico o político de su agresor.
Incluso vienen hombres de otros estados a Quintana Roo a ingresar procesos para exigir custodia y así regresar a Yucatán o Campeche con policías para arrebatar a estos niños.
Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense, señaló que todavía hay desconocimiento de las autoridades sobre la violencia vicaria y son muchos los fiscales que se rehúsan a aceptar las denuncias y buscan, en su lugar, encuadrar los hechos como violencia familiar.
La activista dio lectura al artículo en el Código Penal, en donde se indica que un juez puede modificar de inmediato la custodia de los menores, si detecta violencia vicaria, además de fijarle responsabilidades a las autoridades que sean cómplices de ella.
La chetumañela indicó que es importante certificar a los abogados para que estén capacitados en perspectiva de género, derechos humanos y atención de víctimas, pues abunda la mala praxis en estos casos. Los jueces también parecen ignorar el derecho de los niños de convivir con su familia, pues no les dan siquiera convivencia supervisada con sus madres.
Exhortó a Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo a que actualice los criterios, pues existe mucho atraso en la impartición de justicia en la entidad.

DENUNCIAS
En esta rueda de prensa, también habló Tecializ Matzayana Gutiérrez Arroyo, quien acusó a su ex pareja, Jaime Alberto B. M., asistente de dirección en el Planetario Sayab, de violencia vicaria, al tener sustraída a su hija, a quien ya volcó en su contra y quien, sospecha ella, ha sido víctima de abuso sexual.
La menor visitaba a su padre de los tres a los cinco años, pero ella notó comportamiento extraño en la pequeña, como que se tocara constantemente sus partes íntimas. Ante ello, denunció a su ex pareja de violencia sexual, sin que ese expediente avanzara, luego que él ingresara un examen psicológico presuntamente falso.
El pasado 19 de septiembre, su hija fue sustraída por este padre, sin que la denuncia que interpuso ella tenga avance. Por consejo de la fiscal, no obstante, acudió a la escuela, en donde el pasado viernes el director se negó siquiera a recibirla. Ella acudió nuevamente el lunes, donde de nuevo le dieron solo largas, pero mientras esperaba vio a su ex pareja, y luego a su hija, tomando clases.
El personal de la escuela le impidió que se le acercara, pues ellos tenían un documento que acreditaba que el padre tenía la custodia, situación que no era real.
Ya llorando desconsolada, Tecializ Matzayana indicó que su hija se asustó de verla, al parecer por acción del padre. Ella ya está amenazada de muerte por este trabajador del Planeatario, por lo que dijo que quería dejar constancia de la situación, por si llega a pasarle algo.
“Mi niña corre peligro, ¡por favor, ayúdennos!”, declaró.
Otro presunto caso de violencia de género fue expuesto por María del Jesús, madre de Lucero, quien fue golpeada por su ex yerno y su abogado, sin que la Fiscalía procediera en su contra.
Este hombre, originario de República Dominicana, obtuvo convivencias supervisadas por parte de un juez. Ante ello, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, quien llevaba el caso, apeló sin preguntarle a su hija, y luego les informó que no atienden apelaciones, por lo que debían buscar a un abogado particular.
Esta mujer indicó que hay un “tráfico de custodias”, que es desgastante y que genera pérdidas económicas. En su caso, perdió su trabajo, por tener que pedir permiso para acudir a las audiencias, además de casi ir a la cárcel, luego de ser denunciada ella penalmente por su ex yerno.
Su abogada comentó que este sujeto sustrajo a la menor y ahora exige pensión alimenticia.
En el sistema oral, estos casos ahora se prolongan por tres años, cuando en el tradicional solo tomaban uno, lo que afirmaron las activistas se debían a esta red que se dedica a proteger a los agresores, que a menudo son empresarios o cercanos a políticos.

Confirma Mara Lezama investigación federal por denuncia contra Roberto Poot

AGENCIA SIM

Chetumal. – Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, dijo que será respetuosa de la investigación que realiza la Secretaría de Trabajo federal, luego de que en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera exhibido el presunto caso de corrupción de Roberto Poot Vázquez, quien se ha mantenido por varios periodos como secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
“Hablé con la secretaria de Trabajo federal y se comprometió, justamente después de las palabras de la mañanera yo volé a la Ciudad de México y, bueno, la secretaria se comprometió a atender el asunto, yo le voy a dar el seguimiento el lunes”, adelantó.
De esta manera la gobernadora confirmó el inicio de una investigación al respecto y aseguró ser respetuosa de las labores de cada una de las dependencias, en este caso de la Secretaría de Trabajo, a quien el presidente instruyó verificar el tema denunciado.
“El lunes tengo una reunión nuevamente en la CDMX y les cuento cómo me fue”, insistió.
Por otro lado, sobre la consulta popular sobre Aguakan, en la que de manera vinculatoria la ciudadanía de tres municipio rechazó la continuidad de esta concesionaria, la gobernadora indicó que todavía están recibiendo los documentos de este proceso, para poder proceder como lo marca la ley.
En ese sentido, destacó que parte del nuevo acuerdo que ella asegura vino a impulsar es poner al ser humano como máxima prioridad para la administración pública.

Interpone Playaparq denuncia penal contra Marciano ‘Chano’ Toledo

AGENCIA SIM

Playa del Carmen.- La empresa Playaparq, concesionaria de los parquímetros en esta ciudad, interpuso una denuncia penal por el delito de daños en contra del regidor Marciano “Chano” Toledo Sánchez, quien destruyó un inmovilizador (“araña”) para liberar el vehículo de unos turistas, hecho del que él se jactó a través de un comunicado.
La denuncia quedó asentada bajo la carpeta de investigación 15075/2022 y en ella se indica que este aparato es parte del sistema de movilidad integral de Solidaridad, por lo que su destrucción se tipifica como daños a las vías o medios de comunicación, lo que está penado con cárcel.
Entrevistado al respecto, Diego Gracidas Martínez, representante legal de Playaparq declaró que más que los daños económicos sufridos, consideraron importante tomar acción legal para que quede constancia que no por ser esta persona servidor público tiene más derechos que el resto y puede atropellar los derechos de los terceros.
“Una persona que delinque debe tener una responsabilidad”, declaró, al afirmar que Toledo Sánchez usuró funciones, al decidir unilateralmente condonar la sanción de estos turistas, y “exhibir con facilidad cómo toma la ley por su mano”.
“Ningún servidor público puede estar por encima ni de la ley ni de los demás ciudadanos; ellos incluso tienen mucha mayor facilidad que los ciudadanos para solicitar la intervención de la autoridad”, comentó.
Sobre este caso en concreto, dijo que al parecer estos visitantes cruzaron a Cozumel y dejaron su vehículo estacionado junto al parque Leona Vicario, cayendo en una situación de impago, por lo que fueron sancionados por un agente de Tránsito, quien es quien ordena la inmovilización.
De acuerdo a la información difundida por el propio regidor el pasado jueves, estos turistas habían pagado su sanción, pero no se les había retirado este dispositivo, pues debían esperar el horario de atención de esta empresa, a partir de las 10 horas. Como ellos tenían un vuelo a las 11 de la mañana, él decidió romper esta araña utilizando un mazo.

 

Anuncia Laura Fernández denuncia penal contra Jorge Emilio González por violencia política de género

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Ciudad de México.- Laura Fernández Piña, candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” (PAN-PRD-CpQ) a la gubernatura de Quintana Roo, anunció en rueda que ya interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral local contra el ex senador Jorge Emilio González, alias “El Niño Verde”, y que pronto hará lo mismo ante la Fiscalía, por violencia política de género.
La candidata estuvo acompañada por el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano; y el líder de Acción Nacional, Marko Cortés, al igual que con el coordinador de la bancada del Sol Azteca, Luis Cházaro, y diputados de estas fuerzas políticas.

La denuncia obedece a un audio que ayer fue filtrado en medios de comunicación, en los que supuestamente el ex senador y cabecilla del Partido Verde lee un mensaje de texto que le envió Laura Fernández, anunciándole su intención de abandonar su militancia, para luego exclamar que “se tiene que ir a la cárcel” y que deben amenazar a la hoy candidata y su familia.
Cuestionada sobre si una conversación privada, filtrada de alguna manera a la prensa, constituye violencia política de género, Fernández Piña afirmó que sí, porque ya es pública, debiendo la autoridad investigar las amenazas proferidas.

La candidata perredista se deslindó de la filtración, al afirmar que lo escuchó en los medios, pero reconoció la voz y sabe además que le dio lectura a un texto que únicamente le envió a él.
También afirmó que en estos cuatro meses ha sufrido toda clase de violencia, que sus anuncios espectaculares han sido vandalizados, ha sido “bloqueada” en los medios de comunicaicón locales, y trabajadores públicos que la apoyan han perdido su trabajo.

“Estamos ante un personaje voraz, que se siente libre de amenazar a una mujer, porque se sabe dueño de Cancún”, declaró.
Jorge Emilio González, acusó ella, le dijo que haría ganar a Mara Lezama, candidata de Morena, cueste lo que cueste, y que “a ver cómo le haces para agradarle, porque no le caes y será tu gobernadora. Lo que tienes que hacer es quedarte en México y alzar la mano cada vez que te lo ordene”, hecho que propició su renuncia al PVEM.
Cuestionada sobre las investigaciones en su contra y supuestas acusaciones por desfalco por su paso como presidente municipal de Puerto Morelos, afirmó que son todos trascendidos, sin que nada haya procedido hasta ahora.

Denunció también que el onceavo municipio está en manos del PVEM, con regidores y directores que no son de Puerto Morelos.
Lamentó que le asesinaran a su candidato (Ignacio Sánchez Cordero) y que en su lugar nombraron a su viuda candidata (Blanca Merari Tziu Muñoz), quien aunque no tenía experiencia, pensaron seguiría los ideales de su esposo.

En lugar de ello, aseveró, alguien “más colmilludo la secuestró”, y ahora ella padece violencia política de género.
En otra pregunta, fue cuestionada sobre la posibilidad de que el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, declinara en su favor, como supuestamente habría ya manifestado, lo que fue contestado por Luis Cházaro, al afirmar que sí es así y que están abierto a ello.
En cuanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque no pudieron sellar una alianza en Quintana Roo, “continúan las pláticas”, ya que tienen muy buena comunicación con ellos.

Denuncian al director del Deporte en Playa del Carmen por presiones para sacar a comunidad de deportistas del ‘Mario Villanueva’

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Playa del Carmen. – El ciudadano Víctor Reyes Parra, quien desde hace una década ocupa un espacio debajo de las gradas de la unidad “Mario Villanueva” para promover el entrenamiento físico de la población y los visitantes, denunció públicamente al director del Instituto del Deporte en Solidaridad, Daniel Soto, de intentar sacarlo del lugar para su supuesto beneficio personal.
“En este momento lo que quiere el señor es sacarnos, nos mandó a los fiscales, nos dieron seis días, cuando ahorita no hay ni siquiera permisos ni nada, hasta el mes que viene y ya nos están pidiendo un permiso de funcionamiento cuando en el lugar no hay una renta, no hay un contrato”, manifestó en entrevista.

Explicó que en todo el tiempo que lleva ocupando el mencionado lugar, que era una especie de cueva usada como depósito de material y equipo obsoleto del Club Inter Playa, nunca había sido presionado para salirse del sitio, únicamente pagaba tres mil pesos por concepto de cuota de recuperación por el aprovechamiento del espacio, desde que Jorge Rodríguez, anterior titular del Instituto del Deporte le autorizó el permiso.
Señaló que, a pesar de ese acuerdo, él y la comunidad de deportistas que ha forjado en los últimos años, denominada “Street Fit Playa”, se hicieron cargo de acondicionar el lugar con equipo para entrenamiento físico y servicio de energía eléctrica.

Agregó que por el confinamiento se vieron obligados a suspender actividades por un tiempo y ahora que pudieron volver montó en esa misma área un gimnasio de box, al que asisten un promedio de 70 personas al mes.
“Nosotros ahorita pusimos un ring, está bastante bien el lugar para entrenar en una manera muy económica, ahorita se cobra 100 pesos que equivale a 15 pesos el día, pueden ir el horario que quieran, hay todo para entrenar”, apuntó.

Consideró que por ese motivo ahora está siendo presionado por Daniel Soto para desocupar el lugar, con la supuesta intención de crear su propio gimnasio, pues su pretexto es que le interesa hacer algo diferente.
“Yo creo que ahorita él tiene varios gimnasios y yo creo que le interesa uno más, y digo no hay ningún problema es de la ciudad, pero entonces que lo pongan gratis, porque él lo va poner con nuestro dinero público cuando yo no he usado dinero público y pues van a cobrar”, aseveró Reyes Parra.

Sin embargo, señaló que como él ha mostrado resistencia, el funcionario ha optado por el hostigamiento, además de pedirle una nueva cuota de 10 mil pesos.
“Me dio a entender que ‘a ver quién pegaba más duro’, entonces no sé cómo entender eso, pero yo creo que en qué cuero salen más correas o quién puede ganar más”, añadió.
Asimismo, dijo que en los 10 años que lleva promoviendo el deporte en ese mismo lugar nunca han surgido quejas de la ciudadanía contra su actividad, por el contrario.

“Se gana un promedio de entre 15, 20 o hasta 25 (mil), pero el mismo dinero se vuelve a reinvertir, yo no tengo casa propia, no tengo auto, realmente el dinero pues se tiene que volver a invertir, porque yo quiero una mejor ciudad”, aclaró.
Para finalizar, pidió a las autoridades municipales intervenir al respecto para frenar los abusos del director del Instituto del Deporte y llegar a un arreglo.

 

Ayuntamiento de FCP interpone 8 denuncias contra el ex presidente municipal Jose Esquivel “Chac Me’ex” ante la FGE y presenta una solicitud de juicio político al Congreso del Estado

Felipe Carrillo Puerto.- El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto que encabeza Mary Hernández Solís presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 8 denuncias por los delitos de peculado, cohecho, abuso de funciones, contratación de vida y desvío de recursos públicos.

Después de cumplirse los 60 días naturales establecidos en la ley para realizar las observaciones generales a la entrega-recepción, el pasado 29 de noviembre la alcaldesa presentó los resultados ante la Auditoría Superior del Estado y hoy interpuso las denuncias correspondientes.

Hernández Solís explicó que la primer denuncia presentada fueron dos en una, toda vez que detectaron un faltante de 13 millones 100 mil pesos y un desvío de recursos por un monto de 45 millones 900 mil pesos, ambas cantidades eran parte del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS).

La segunda fue por actualizaciones y recargos por irregularidades de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el SAT por un monto total de 3 millones 491 mil pesos.

La tercera es por empresas que facturaron operaciones simulados por 18 millones 325 mil pesos.

Y la cuarta denuncia fue interpuesta por la aprobación de un pago de bonos ilegales a los ex integrantes del cabildo anterior por 2 millones 200 mil pesos.

Todo suma una cantidad de 83 millones 44 mil 410 pesos, por lo que se responsabiliza principalmente al ex municipe José Esquivel “Chac Me’ex”.

Mary Hernández puntualizó que se darán los indicios suficientes para acreditar responsabilidad penal, política y administrativa por los probables hechos de peculado, cohecho, abuso de funciones, contratación de vida y desvío de recursos públicos.

Además de las denuncias presentadas el día de hoy, la actual edil anuncia que también Presentarán una denuncia ante la Fiscalia General de la República (FGR) por los recursos federales faltantes y desviados.

Dijo que la totalidad de la afectación es de 142 millones, sin embargo, hoy las denuncias presentadas que están bien formuladas es por los 84 millones.

La presidenta municipal hizo hincapié en qué es necesario esperar a las coordinaciones y direcciones para poder hacer los anexos correspondientes al monto faltante.

La alcaldesa carrilloportense aseguró que estás denuncias también las interpuso ante la Auditoría Superior del Estado este mismo día. De igual forma presentó una solicitud de juicio político contra “Chac Me’ex” ante la XVI Legislatura del Congreso del Estado.

Por otra parte el día de hoy se le aprobó a “la chamaca” la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022, cuyo monto será de 572 millones 7 mil 892 pesos.

Edgar, hijo del ex gobernador Hendricks no mantiene a su hija, denuncia la madre y su abogada

Cancún.- Edgar Ernesto Hendricks Rubio fue señalado públicamente por su ex mujer, Adriana Guadalupe Hernández Rocha, por desamparar a su hija y no darle la manutención “que por ley le corresponde”, afirmó.

Hernández Rocha, quién por 4 años fue pareja del hijo del ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, ofreció una rueda de prensa en un café de Cancún, en la que explicó que en 2007 procreó una hija con Edgar Hendricks, a la que le dio su apellido para luego abandonarla y dejarla desamparada.

Acompañada de su representante legal, la licenciada Araceli Andrade, presentó a los medios de comunicación la demanda de manutención 1569/2021 en contra del padre de su hija.

La agraviada expresó que la demanda le “ha costado años poder realizar, pero hoy gracias al valor, solidaridad y profesionalismo de la licenciada Araceli Andrade ya fue interpuesta ante los juzgados de lo familiar”.

Así mismo, la madre de la niña de 13 años expresó que exponer su situación es un acto de valor que supera sus miedos que por años le impidieron tomar acción legal con el irresponsable padre.

La mujer declaró que de 2015 a 2020 solo han recibido 34 mil pesos por parte de Hendricks Rubio, quién “ha negado cualquier apoyo a su hija, la abondonado económica y emocionalmente”.

La difícil situación económica, ha llevado a las afectadas a enfrentar problemas económicos, académicos y de salud.

“Por la escasez económica alguna vez tuve que sacar a la niña de la escuela, he tenido que vender mi coche para enfrentar gastos y deudas. Hemos pasado situaciones de salud serias como la apendicitis de mi hija y la última que fue de Covid, un Covid complicado en este mes de junio del presente año, la cual le pedí dinero para los medicamentos y el padre me dijo que yo solo intentaba manipularlo”

Refirió que Edgar Hendricks no ha cumplido con sus responsabilidades como padre y se ha cobijado bajo el poder político y económico del ex gobernador.

Por lo que hizo un “llamado a las autoridades judiciales de un interferir y ensuciar expediente, que no metan sus manos, que no exista el influyentismo ni amiguismo”.

Destacó que en ocasiones anteriores varios abogados se negaron a llevar al caso con el argumento de no querer enfrentarse al poder económico, político y social de los Hendricks.

Por último, Adriana Hernández manifestó que ha solicitado una orden de protección para ella y su hija, ya que teme por las represalias que puedan tomar en su contra y responsabilizó a Edgar Hendricks de cualquier cosa que le pueda suceder.

Otoniel se va contra sindicalizados y los denuncia por sedición y motín

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Chetumal.- Con una denuncia por los delitos de sedición y motín contra Guadalupe Yah Caamal, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco y otras 150 personas, respondieron autoridades municipales al movimiento de brazos caídos que emprendieron los afectados para exigir el pago de retenciones por hasta siete millones de pesos.
“Estamos ya nosotros llevando a cabo procedimientos judiciales, para que sea algún árbitro o juez el que nos diga cómo vamos a resolver esto”, informó el secretario general de la Comuna, Alejandro Rivera Romero.

En un comunicado, se indicó que la demanda surgió ayer, a raíz de la toma de la instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos por parte de los inconformes, quienes mantienen retenidos10 camiones recolectores de basura, como medida de presión alta obligar a las autoridades a acceder a sus peticiones.
“Ellos creen estar con el derecho de poder estar ahí recluidos y el resultado es que seguirán las pláticas, ellos no dan un paso atrás y nosotros respetamos”, apuntó Rivera Romero.
También reconoció que hay atrasos en el pago de diversos conceptos y prestaciones, pero justificó el motivo de los adeudos.
“Estamos muy limitados de manera financiera, tenemos graves problemas económicos, pero sin ningún solo peso de crédito hemos tratado de solventar algunos adeudos”, destacó.

‘ACTO INTIMIDATORIO’

Por su parte, Guadalupe Yah Caamal, líder del citado gremio, calificó la denuncia como un acto intimidatorio para frenar el movimiento.
“No es más que seguir dándole miedo a la clase trabajadora al respecto”, asestó.
En entrevista, añadió que “el Ayuntamiento nos debe siete millones de cuotas que se tiene descontado del sueldo de los trabajadores y que en un termino de tres días cada quincena las deben entregar, según las normas”.

También acusó al municipio de descontar retenciones de IMSS, ISSSTE, Infonavit, Met Life y Fovissste, pero de no entregarlas a esas instituciones.
“Estamos preparándonos para lo que venga, ya tenemos la Secretaría Jurídica del sindicato, ya tenemos un asesor jurídico para tales efectos y todo lo que venga encima lo enfrentaremos conforme se determinen los procedimientos de cada uno”, enfatizó Yah Caamal.
Al final, adelantó que a las 14 horas sostendrán una nueva reunión con las autoridades municipales con el fin de llegar a un acuerdo y que la continuidad de su movimiento dependerá del resultado.