Derechos Humanos

El respeto a los derechos humanos, una prioridad del gobierno de Carlos Joaquín

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Chetumal.- El gobernador del estado Carlos Joaquín presidió el día de hoy la inauguración de las Oficinas Centrales de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Los derechos humanos son de gran importancia hoy en día, debido a la situación mundial en materia de salud ya que se han desarrollado estrategias para combatir la pandemia teniendo en un cuenta el respeto a las garantías de los ciudadanos, señaló Carlos Joaquín.

El gobierno del estado prioriza los procesos que requieren de atención y responsabilidad en la búsqueda de mejorar la salud, economía y seguridad de los grupos vulnerables como migrantes, trabajadores no asalariados, indígenas, mujeres, discapacitados, adultos mayores niñas y niños, entre otros, siempre respetando las libertades de los ciudadanos. “La gran consigna es el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades”, puntualizó el mandatario.

Carlos Joaquín expresó que ante la recuperación económica del estado, debemos estar conscientes de que debemos anteponer el cuidado a la salud y el cuidado a la atención de los derechos humanos, con un sentido más solidario desde el punto de vista comunitario, con responsabilidades personales, sociales, políticas y económicas para garantizar una recuperación justa para los quintanarroenses.

Así mismo, ll mandatario reconoció el trabajo independiente que ha realizado la Comisión, siempre apegada a la ley pero sin la intervención del Estado.

 

Los derechos humanos de los pueblos indígenas ya no deben quedarse solo en el discurso y papel: Pedro Pérez Díaz

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México es un país multicultural en donde habitan 68 pueblos indígenas, los cuales hablan 68 lenguas y 364 variantes. En el caso específico de Quintana Roo (de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI), existe una población indígena de 423,166 de personas, que representan el 22.8% de los habitantes, distribuidos principalmente en 5 municipios de la entidad: Felipe Carrillo Puerto con el 83.1%, José María Morelos 81.7%, Lázaro Cárdenas 65.6%, Bacalar 43.3% y Tulum 42.7% de población en hogares indígenas censales.

En este sentido, el Diputado Pedro E. Pérez Díaz, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, presentó la iniciativa para reformar la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en materia indígena.

“La población indígena es de suma importancia, principalmente en el sur del Estado donde el porcentaje es alto, lo que genera la necesidad como Estado de llevar a cabo acciones legislativas y de otras índoles que refuercen las medidas que deben implementarse para garantizar sus derechos humanos y sus derechos fundamentales particulares en defensa de su cultura, identidad y tradiciones”. Enfatizó el Diputado Pedro Pérez Díaz

Iniciativa que propone la creación de la Visitaduría General que se especializará en la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicana, la cual deberá tener su sede en alguno de los municipios del Estado con mayor población indígena y afromexicana.

El propósito fundamental es contar con un mecanismo especializado no jurisdiccional, que atienda de manera particular las quejas que sean interpuestas por presuntas violaciones a sus derechos humanos tanto generales como particulares en cuanto a su etnicidad y cultura, así como también contar con un medio efectivo para lograr la correcta aplicación de los derechos humanos, al tener un amplio margen de acción, al no limitarse a tecnicismos procesales, y tener como objetivo proteger a las personas frente a las acciones u omisiones del Estado.

 

El borgista Eljure quiere rescatar a Mimenza y se ofrece como representante de la ONU Derechos Humanos intentando engañar a periodista víctima

 

Chetumal (Quinta Fuerza) Ni transcurrieron 24 horas desde que el empresario Carlos Mimenza Novelo quedó vinculado a proceso por extorsión, y ya aliados suyos han comenzado a contactar a las víctimas, haciéndose pasar como defensores de derechos humanos, para querer engañarlos y hacerlos caer en una trampa.

Encabeza estos esfuerzos Jose Bahjet Eljure Abourjaily, ex funcionario borgista, primo político de Eleazar Villanueva Lanz, el “rey de los diezmos” con Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, hoy prófugo. Este comerciante residente de Yucatán se presenta falsamente como representante de la ONU en Derechos Humanos para concertar encuentros con las víctimas de Mimenza.

Mimenza Novelo, cabe recordar, fue compañero de clases del ex gobernador Félix González Canto y parte de su círculo íntimo de amistades, por lo que amasó una impresionante fortuna al amparo del poder, a través de la especulación de tierras ejidales.

Aunque públicamente tomó distancia de este grupo político, continuaba operando en favor suyo, y ahora quedan en evidencia su alianza, al llegar un cercano a tratar de “rescatarlo”.

Suplanta cargo

Jose Bahjet Eljure Abourjaily contactó vía telefónica a dos de las personas víctimas de Mimenza, afirmando ser “de Derechos Humanos Latinoamérica ONU”, para ofrecer iniciar un proceso de reparación de daños.

Sin embargo, esto es falso. Al contrario de lo que afirma, Jose Bahjet Eljure Abourjaily no es “de Derechos Humanos Latinoamérica ONU”, sino que es dueño de una taquería, integrado en fecha reciente a una asociación civil, denominada “Pro Libertad y Derechos Humanos en América” (PLDHA), sin relación alguna con las Naciones Unidas o la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De forma muy problemática, tal vez incluso fraudulenta, Eljure Abourjaily posee una “credencial” fabricada por esta A.C., en donde colocan de forma prominente los sellos de la ONU, la Unesco, el Unicef, la OEA y el CIDH, sin que el PLDHA tenga algún convenio o representen a alguna de estas organizaciones.

De forma muy problemática, tal vez incluso fraudulenta, Eljure Abourjaily posee una “credencial” fabricada por esta A.C., en donde colocan de forma prominente los sellos de la ONU, la Unesco, el Unicef, la OEA y el CIDH, sin que el PLDHA tenga algún convenio o representen a alguna de estas organizaciones.
Foto: De forma muy problemática, tal vez incluso fraudulenta, Eljure Abourjaily posee una “credencial” fabricada por esta A.C., en donde colocan de forma prominente los sellos de la ONU, la Unesco, el Unicef, la OEA y el CIDH, sin que el PLDHA tenga algún convenio o representen a alguna de estas organizaciones.

Contactada por Quinta Fuerza, la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que Jose Bahjet Eljure Abourjaily no tiene ninguna relación con ellos, por lo que podría incluso configurarse una usurpación de cargo.

En su perfil de LinkedIn, Jose Bahjet Eljure Abourjaily todavía se ostenta como “director de proyectos de inversion en Gobierno del Estado de Quintana Roo”, aunque absurdamente todavía con domicilio en Mérida. Este cargo lo tuvo en el gobierno de Roberto Borge Angulo, por el único mérito de su parentezco con Jorge Eljure Abourjaily, uno de los prestanombres de Rumega, empresa “consentida” del borgismo, con la que se adjudicaron millonarios contratos con base en información privilegiada.

Ambos, además, son primos políticos del dentista Eleazar Villanueva Lanz, hoy prófugo, conocido como el “señor de los diezmos”, al manejar en el gobierno de Félix las licitaciones a través de la Oficialía Mayor, y luego, con Roberto Borge figurar como “asesor” de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien colocó a diversos parientes suyos, incluido los dos ya mencionados, en puestos clave para manejar las distintas cajas gubernamentales, en CAPA, en Sefiplan, Oficialía Mayor, por mecionar algunas.

Se presume que todos los millones que cobraba a cambio de la entrega de contratos eran los que se inyectaban al Partido Revolucionario Institucional, para sus lideresas y sus acarreos electorales.

Plan con maña

Todo indica que se trata de una trampa, pues esta persona lo que busca es una cita personal para conocer detalles de las denuncias. En vista de sus nexos, es altamente probable que quiera hallar los elementos para tratar de desprestigiar sus acusaciones y así darle fuerza a la absurda afirmación que Mimenza es un “preso político” y no un victimario.

Sin embargo, existen evidencias, audios, videos, que muestran las amenazas, extorsiones y hasta agresiones de este empresario, en contra de integrantes de la prensa y otros ciudadanos.

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Esta asociación, la PLDHA, originaria de Laguna, ya estuvo en el escrutinio de la prensa nacional, por querer erigirse como defensores de la Policía Federal, cuando varios agentes se inconformaron por su traspaso a la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadano, Alfonso Durazo, dijo que eran una “mano negra” en este intento de desestabilización, además que su fundador y presidente, Ignacio Benavente Torres, estuvo preso por secuestro en Tijuana.

Hoy libre, Benavente Torres figura sonriente en una fotografía tomada el año pasado, en la que entrega su nombramiento como delegado de su asociación “patito” a Jose Bahjet Eljure Abourjaily, quien hoy dice, falsamente, ser representante de la ONU.

Ayuntamiento de Benito Juárez ofrecerá disculpa pública a periodista Luciano Nuñez

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Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de su presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, deberá ofrecer una disculpa pública en la que se establezca la verdad de los hechos, la aceptación de la responsabilidad y se restablezca la dignidad de la víctima, el periodista y escritor, Luciano Antonio Nuñez, de origen argentino.
Esta disculpa pública obedece a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEQOO) número CDHEQROO/01/2019/II dirigida a la presidente municipal de Benito Juárez por hechos violatorios atribuidos a Gregorio Sánchez Martínez, por la transgresión a los Derechos Humanos de Luciano Antonio Núñez y en contra la libertad de expresión.
Greg Sánchez calificó en diversas conferencias de prensa y entrevistas al periodista Luciano Nuñez de mentiroso y delincuente y lo amenazó con meterlo a la cárcel.
Lo anterior derivado de la autoría de un Libro, que el comunicador escribió cuando el empresario, político y pastor Sánchez Martínez y que éste se adjudicó indebidamente cambiándole el nombre y unos pasajes de la historia, lo que los llevó a un juicio de derechos de autor que ganó Luciano Nuñez.
A través de diversos elementos probatorios, Derechos Humanos encontró que hubo violación a los Derechos Humanos en contra del periodista y escritor, a quien realizó diversas amenazas públicas: meterlo a la cárcel, además de calificarlo de mentiroso y delincuente.
Entre otros puntos, el Ayuntamiento deberá girar instrucciones para que directores, subdirectores y jefes de departamento, se abstengan de intimidar o violentar el derecho a la libertad de expresión de la víctima, así como de cualquier otra persona; además de diseñar un programa de capacitación en Derechos Humanos, cultura de la legalidad y libertad de expresión.
Por otro lado, el municipio deberá iniciar un procedimiento para determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia de responsabilidad administrativa.
En su medio de comunicación Pirámide, el periodista Luciano Nuñez expuso su postura:
Después de sufrir amenazas por defender mi libro: El Beso de Judas; de gastar mis ahorros en acciones legales, de ver llorar tantas veces a mi hija; después de tantos días en incertidumbre, me he preguntado no pocas veces si ha valido la pena arriesgar tanto. La respuesta es sí. Y esta recomendación no sólo reivindica mis derechos: sirve para que, tanto Gregorio Sánchez Martínez como cualquier otro funcionario público, que deberían velar por la observancia de la legalidad y los Derechos humanos, no actúen como si estuvieran exentos o por encima de la Ley.
Carpetazo inexistente
Al acudir al Ministerio Público, Gregorio Sánchez Martínez dijo que a mis expedientes les habían dado “carpetazo”. Y lejos de entablar un diálogo como se le propuso desde el comienzo, y contra todo mandato cristiano, ha utilizado una violencia que jamás empleó para denunciar a los que verdaderamente lo encarcelaron. ¿Será que un periodista es más fácil amenazar, incluso matar? PRG y Ministerio Público siguen investigando.
PGR
La Procuraduría General de la República, PGR, ha notificado bajo el oficio con registro 607, que ha iniciado una carpeta de investigación: FED/QR/CUN/0000286/2018, en contra de Gregorio Sánchez Martínez, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delito en materia de derecho de autor, previsto y sancionado en la fracción I del artículo 424 Bis del Código Penal Federal.
Es paradójico que empecé a escribir El Beso de Judas en campaña, motivado por lo que consideré en su momento una injusticia; ahora me pregunto cuántas banderas nos mueven a mares que después intentan tragarnos bajo sus tormentas de poder. Seguramente, debo aprender algo de todo esto que todavía no ha terminado, pero bajo la convicción de que defenderé mi libro con la tenacidad con que se defiende a un hijo.
Los más vulnerables
México tristemente es el cementerio más grande de informadores en América y el Mundo.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 122 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 2 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. El año pasado, Quintana Roo perdió a tres compañeros en circunstancias todavía no esclarecidas.
El último caso es el de Rafael Murúa, asesinado el 20 de enero de 2019, en Baja California Sur.
Escribir
Desde que mi padre me regaló una Olivetti Verde, siento que nací para empuñar la pluma y no he parado de hacerlo. Después de ver lo que se hizo con mis derechos de autor: el fruto de años de formación y trabajo, no podía más que apelar a la justicia y encomendarme en Dios. Porque también nos definimos por las batallas que libramos día a día.
Para los magistrados en la materia, la autoría intelectual es considerada como la extensión del ser, es parte y fruto de nuestra esencia. Y nadie puede apropiarse de eso, al menos no debemos permitirlo.

Abuso policiaco en Cancún: de la estética al Torito

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Por Enrique Huerta

 La visita a la estética para arreglarse el cabello se convirtió en una pesadilla para Severiana Alcocer Canché, quien en vez de lucir su nuevo look, fue agredida por policías municipales al tratar de evitar lo que, considera, una aprehensión indebida de dos personas.

Aún persisten los rastros del impacto emocional que sufrió luego de ser víctima de abuso policiaco por parte de Guadalupe de Jesús Vicaria Can, quien además de golpearla y romperle sus cosas, la tuvo retenida durante nueve horas en el Centro de Retención Municipal –popularmente llamado “Torito” de Cancún–.

A pesar de que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo busca que se le dé una compensación económica y disculpas por parte de la ofensora, ofrecidas para resarcir el daño causado, la señora Alcocer Canché rechaza este ofrecimiento que no restituye la humillación y las vejaciones sufridas.

“El día 2 (de agosto), a las 3 de la tarde me encontraba en una estética, en la Región 94, para que me arreglaran el cabello. Estaban empezando en eso cuando llegó el hermano de la estilista pidiendo un servicio para él y su compañero, pero la estilista le dijo que se esperara un ratito mientras a mí me terminaba de poner peróxido y aluminio en el cabello porque me lo iba a decolorar”, comienza a relatar Alcocer Canché.

Para mitigar la espera, continúa la entrevistada, los señores fueron a comprar un par de cervezas para cada uno de ellos y se sentaron en el zaguán de la casa habilitada como estética. Cabe mencionar que este lugar es un domicilio que presta dicho servicio, por lo que hay una distancia de unos meros desde la puerta de entrada hasta la casa.

Esto pareció molestar a uno de los vecinos que no se lleva bien con la estilista y dueña del lugar, por lo que el enemigo anónimo decidió llamar a la policía municipal para denunciar que había dos individuos tomando cerveza en la vía pública.

“(Un vecino) le habló a la  policía y dijeron que había dos personas tomando en la vía pública, cuando no es exactamente la vía pública, porque hay varios metros de la puerta de la casa de la señora hasta donde está la calle”, indica Severiana para recalcar lo que, para ella, es un atropello judicial de los tres elementos de la Policía Municipal que arribaron al lugar –dos hombres y una mujer, Guadalupe de Jesús Vicaria Can, con la cual la agraviada tuvo el enfrentamiento–.

“La estilista salió a ver qué pasaba con su hermano, para apoyarlo, cuando ella salió los señores ya estaban esposados por policías municipales. Entonces salí para apoyar la situación y aclarar que la explicación de la estilista era verdad. Salí con mi teléfono para tomar una foto a la patrulla pero desafortunadamente esa foto no salió. Tomé una segunda fotografía en donde se ve que están reunidas cinco personas, Yo me acerqué y les dije ‘que se dieran cuenta que la señora que decía era verdad, que por qué no iban mejor y recogían a gente que en verdad está haciendo barbaridades en la calle a esta gente que estaba sentada y no estaba haciendo ningún tipo de escándalo’. Por eso fue que me atreví a salir”.

Tras los reclamos y la fotografía, Vicaria Can le tomó una fotografía a Severiana Alcocer, quien intentó evitar que tomaran su imagen y comenzó una pelea, en el cual su teléfono celular, con el cual tomó las imágenes anteriormente referidas, salió dañado.

“La señora policía quizá se dio cuenta de que tomé la fotografía, se regresó y se acercó mucho a mí, a una distancia muy corta y de manera muy prepotente me tomó una fotografía, entonces lo que yo hice fue poner una mano así (hace un movimiento para cubrir su rostro) y le dije que no me tomara ninguna fotografía. Me imagino que la agente se sintió agredida para darme una cachetada. Es una señora robusta, grande, entrenada para esos tratos y yo, por inercia, sin pensarlo, la agarré del cabello y ella me agarró a mí del cabello, pero por obvias razones yo salí perdiendo porque soy más pequeña”.

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Señala que no recuerda muy bien lo que pasó después, sólo que de repente fue esposada de manera violenta y subida a la unidad de la Policía Municipal.

“De volada me esposaron de ambas manos, muy fuerte, sentó como la señora había apretado demasiado, al grado de que aquí tengo una pequeña marca, ya se me cayó la costra de donde me lastimó, tenía unos pequeños moretones que ya se me quitaron. Yo me resistí totalmente, le decía ‘suéltame, no me vas a llevar’, seguíamos forcejeando; en eso se me rompieron mis sandalias. Yo le decía a la estilista ‘Mago, quítame esto’. Tenía todavía la toalla (del tratamiento estético).

“Ya para esto me estaban subiendo. Me agarraron de la parte superior de mi vestido por la policía, y otros dos policías de los pies, y fue cuando me subieron a la patrulla, porque yo me resistía, quería estar clavada en el piso”.

Alcocer Canché relata que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal la llevaron hincada a las instalaciones de la corporación, en donde recibió un trato poco digno, en el cual ni siquiera le permitieron quitarse el aluminio que traía el peróxido del tratamiento capilar interrumpido por el pleito.

“Me bajé sin zapatos, con todos los aluminios en el cabello y todo eso. La verdad me sentí muy avergonzada, no tiene idea. Llegué y me quitaron de una mano las esposas y empecé a arrancarme los aluminios porque me dijo la estilista ‘quítatelos y lávate el cabello lo más pronto que puedas, porque si no, tu pelo se va a pudrir, se va a caer’. Entonces yo empecé a quitármelos y la policía me dijo ‘Levanta eso de allá, no seas cochina que no estás en tu casa’”.

 Después comenzó el proceso de fichar a los dos varones y a la señora Alcocer Canché. “Nos tomaron nuestros nombres, nuestra dirección, nos tomaron fotografías de frente y de lado, todo eso”.

“Entonces de ahí nos volvieron a subir a las patrullas y nos llevaron al Torito. Llegando ahí el mismo proceso: a tomarnos fotografías y todo lo demás, pero ya para eso los otros dos policías ya me hablaban con un tono más fuerte; supongo que estaban muy molestos porque vieron que toqué a su compañera”.

Centro de retención y abuso

 La llegada de la señora Severiana Alcocer Canché al Centro de Retención Municipal fue una ampliación de abuso y maltrato por parte de los elementos municipales que la aprehendieron, junto con otros dos señores, a las afueras de la estética a la que acudió para un cambio de look.

“Llegando ahí nos enfilaron, había un montón de gente. Los señores pidieron permiso para ir al baño y se les concedió, entonces pensé en pedir permiso para lavarme el cabello. Dije: ‘señorita, me permite ir al baño, que necesito lavarme el cabello, necesito lavarlo, tiene peróxido’. Y me dijo: ‘no’. Entonces fue cuando dije ‘cómo, ¿por qué a ellos, que son varones les dio permiso y a mí, que necesito lavarme el cabello, me dice que no?’”.

Asegura que advirtió a la custodia –que es la policía quien la aprehendió– que iría a hacer del baño.

“Además le dije Vicaria Can: ‘yo no estoy secuestrada aquí, tengo mis derechos’”, ahonda la entrevistada.

Finalmente la petición fue atendida, bajo advertencia de que no se quitara de su cabello el aluminio que contenía dicha sustancia.

“Yo llegando (al baño), obviamente hice caso omiso de que no me lavara el cabello. Llegué, abrí la llave y rápido me fui echando agua. La custodia fue conmigo y me dijo: ‘te dije que no te lavaras el cabello’. No le hice caso, lo que quería era ganar tiempo para lavarme el cabello, entonces ella quiso esposarme y rapidito me subí el vestido, me bajé la ropa interior para hacer pipí, y me empujó hasta donde está la taza, que es muy grande, por lo que me andaba cayendo. Me agarró desprevenida y estoy chiquita. (La mujer policía) tenía una cara como de coraje, como no me podía hacer nada en donde estaban todos los demás, no podía agredirme, pero en el baño lo hizo”, detalla Alcocer Canché.

Tras ese incidente en el baño, relata la afectada que pasó con el médico legista para certificar un presunto estado de ebriedad, que no tuvo ninguno de los tres aprehendidos.

“Perdí la noción el tiempo, pero calculo que como a las 5 pasamos con el médico, me olió para ver si traía aliento alcohólico y obviamente no, nada más traía el olor al peróxido y le dije todo lo que había hecho la señora y me dijo ‘yo soy solamente el médico, pero le voy a pasar su caso al juez’”.

Dice que preguntó a varios custodios la razón de su aprehensión, a lo que le contestaron que su falta fue obstrucción del trabajo policiaco, lo cual es desechado por la entrevistada.

“Simplemente me acerqué a tomar una fotografía; simplemente les dije que los señores estaban en un espacio y que no había nada malo; si hubiera visto que estaban tomados, pues ni modo, pero no”.

Transcurrió el tiempo y los custodios del Torito no dejaron que Severiana Alcocer avisara a su familia, a pesar de que ya habían pasado horas desde que había salido de su casa para ir a la estética, por lo que su familia no tenía ni idea del por qué de la tardanza. Dio aviso a sus conocidos siete horas después de su aprehensión.

“Pedí que me permitieran hablar con alguien para que rápido me sacaran de ese lugar y no me dieron permiso hasta las 10 de la noche. A esa hora, hablé con una amiga, le pedí que de favor fuera a mi casa, que le dijera a mi hija que fuera a pedir prestado dinero a la vecina de enfrente y que fueran por mí, porque mis hijos sabían que fui a la estética… Hasta las 12 pagaron y llegué a mi casa como a la 1, sin zapatos porque me los reventaron; sin celular, que está roto y ahí está la foto que tomé, tengo que hacer cómo le hago para recuperar todo aquí. Pagué mil 500 de fianza para poder salir”.

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El valor de denunciar

Severiana Alcocer Canché admite que fue todo un proceso nada fácil para tener el valor de denunciar a la mujer policía que la agredió. Tenía que vencer al miedo y la impotencia, sentimientos que regresan a pesar de haber pasado más de diez días, para no dejarla dormir ni estar tranquila.

Este proceso comenzó, paradójicamente en el Torito, cuando un custodio le recomendó no quedarse callada.

“Un custodio, ahí en el Torito, fue la que me dijo: ‘señora, no se quede así, vaya y denuncie, porque esta persona ya tiene varios casos así’. Al día siguiente fui a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal, con el único apellido que me dieron de esa persona. De ahí me mandaron a la Procuraduría y de ahí pasé con el médico, me tomaron fotografías; pasé con otro médico y me dieron el número de averiguación”.

“En Asuntos Diversos (de la Procuraduría de Justicia estatal) me dijeron que podía llegar a un acuerdo económico con esta señora y que me pediría disculpas. Yo la verdad le puedo decir que no tengo dinero, pero no quiero dinero, lo que quiero es que esta persona reciba lo justo, no pretendo más, porque si es una mal elemento, no sé porque sigue trabajando ahí”.

Señala que en Asuntos Diversos le prometieron que no protegerían a la agente, puesto que es de otra corporación, aunque le ofreció el arreglo económico.

Práctica común, mas no reglamentaria

 Para Leonardo Kumul, abogado miembro de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos y quien asesora a la señora Alcocer Canché, está claro que este caso otra situación más de abuso de autoridad y tortura de las corporaciones policiacas.

Señala que ante los abusos de sus elementos, las corporaciones generalmente buscan arreglos fuera de las instancias jurídicas pertinentes para no ensuciar su imagen.

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-¿Es normal que las autoridades traten de dirimir estos asuntos con una compensación económica?

-No, eso ni su reglamento interno lo tiene contemplado. ¿Por qué están haciendo esto? Porque no quieren generar estadística en este momento de más abusos de autoridad, porque ellos al admitir y radicar sus quejas, generan estadística y ellos no quieren eso para que no se sigan las denuncias correspondientes.

-¿Es práctica común que traten de arreglar estos asuntos por afuerita?

-Sí, porque en sus informes dicen que no hubo ninguna queja durante la administración correspondiente. Y no es que no hayan existido, sino que ellos son los que hacen estas negociaciones extrajudiciales para poder sacar la queja fuera del ámbito legal para no generar estadística de abuso policial.

Kumul explica que la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos fungirá como abogado coadyuvante en este caso para la presentación de pruebas ante la instancia ministerial y en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Agrega que también darán a conocer este caso a las organizaciones dedicadas a combatir los delitos contra la mujer para que puedan atender esta situación.

-¿Qué sigue ahora para el caso de la señora?

-Su presentación de pruebas ante la Dirección de Asuntos Internos y ante la Vicefiscalía del municipio de Benito Juárez. Es un proceso de integración, hay que recordar que estamos en un sistema acusatorio adversarial, por lo tanto el Ministerio Público le tiene que dar atención de víctima también, que en su momento se estará solicitando para cesar a la gente y prevenir que se sigan presentando conductas delictuosas.

Sobre si buscarán más casos de abuso de la agente Vicaria Can, Kumul el abogado explica que muchos casos de abusos no se denuncian, por lo que casos aislados no generan estadística judicial, por lo que según la gravedad del asunto, se pedirá su historial de esta policía.

El cese, detalla, dependerá de la autoridad administrativa; en la situación penal, podría ser hasta prisión, porque estuvo consciente y utilizó sus facultades para violentar, por lo que quiso y entendió la gravedad de lo que hacía.

La decisión de Severiana Alcocer Canché está tomada. No quiere el dinero ni las disculpas de Guadalupe de Jesús Vicaria Can ofrecidas por la Procuraduría Estatal, sino que la cesen, por la violencia y humillación que sufrió por parte de esta policía municipal.

“A mí quién me va a quitar la humillación de ir al Torito, me tomaron fotografías junto con mi nombre. Al rato, que por cualquier otra situación, llego a caer, van a decir ‘esta señora sí tiene problemas’, aunque haya sido injusta la primera vez. Además, pagué un dinero que no tenía, rompieron mi teléfono, ¿para qué quiero que me recompensen a mí si la señora va a seguir? No me puede resarcir el daño. Me trajeron por toda la Kabah, con mis aluminos y todo. Para mí, como mujer, fue una humillación… Y haberme tratado como me trató en el baño, todavía lo recuerdo y no sé si de coraje o tristeza, me pongo a llorar”, dice Alcocer Canché.

SOS para SEGOB, Roberto Campa, ¡Urgente denuncia de tortura actual! hacia los presos mayas en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, QRoo

PCN/04/dIC/2015.- El periodista Pedro Canché envía una alerta SOS a la SEGOB, para que el subsecretario en materia de derechos humanos, Roberto Campa Cifrán se de por enterado de la denuncia urgente de tortura que sufren en estos momentos los presos mayas en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto en represión por el apoyo brindado a Pedro Canché durante su estancia ilegal en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Las víctimas de tortura y represión  son Victor Un, ‬Martín Kumul‬ Martín Aguilar‬ ,quienes han sido colocados en la celda de castigo “la borracha” aprovechando presuntamente el viaje de Pedro Canché a Cuba.