Derechoshumanos

Respeto a Derechos Humanos, fundamental en Quintana Roo

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*Sesión Ordinaria del Subcomité Especial del COPLADE
*Respeto pleno a las garantías de los quintanarroenses

Chetumal.- Con la generación de acciones que permitan no sólo la atención, sino soluciones eficaces e inclusivas para la emergencia sanitaria, el Gobierno de Quintana Roo promueve el respeto a los derechos humanos de los quintanarroenses.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Derechos Humanos de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), sus integrantes acordaron fortalecer el Programa Especial de Derechos Humanos bajo las medidas establecidas por el sector salud, derivado de la contingencia sanitaria Covid-19.

También aprobaron, por unanimidad de votos, la Presentación de la Cartera de Proyectos Susceptibles a Financiamiento como parte de la preparación de la programación de presupuesto para año 2021.

El subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana de la Secretaría de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia, que presidió la sesión, destacó que la administración del gobernador Carlos Joaquín ha prevenido que la alerta sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos.

“En el Estado nos hemos comprometido a que se hagan valer los derechos humanos, componente esencial de la gobernabilidad, es una premisa, tanto del Gobernador como del Secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo”, dijo.

Entre las líneas de acción abordadas con las autoridades presentes, se encuentra la atención y seguimiento al Modelo con Derecho a la Ciudad, coordinando acciones con municipios para coadyuvar y contribuir a su fortalecimiento, así como la elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos.

Antonio Prado Laguardia destacó que en Quintana Roo, la defensa y respeto a los derechos humanos es una tarea permanente, que se robustece en crisis como las que actualmente se atraviesa en el plano internacional.

Lo anterior deja claro que, independientemente de la pandemia por el Covid-19, existe el compromiso de todos los servidores públicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la Ley.

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Iniciativa para reconocer el “derecho al olvido” abre puerta a la censura y es contraria a los derechos humanos

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Ciudad de México 14 de enero de 2020.- La iniciativa con proyecto de decreto, impulsada por el Senador Ricardo Monreal, para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante, “Ley Federal”) y así instrumentalizar el mal llamado “derecho al olvido”, interpreta equivocadamente los derechos a la privacidad y protección de datos personales, restringe de forma ilegítima la libertad de expresión y debilita las garantías para ejercer los derechos humanos a través de las tecnologías.

Dicho instrumento propone reconocer, de manera expresa, la ampliación del derecho a la cancelación de datos personales, en principio, estableciendo que las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación sean responsables del tratamiento de datos personales y estén obligados a la supresión de los mismos, y habilitando a que toda información concerniente a una persona sea eliminada de Internet a petición de ésta. Lo anterior es un atentado directo a la libertad de expresión e información y puede afectar de manera directa la memoria histórica de nuestra sociedad.

Responsables de tratamiento

 La iniciativa busca establecer que las plataformas digitales y los motores de búsqueda sean responsables del tratamiento de datos personales no en términos de la Ley Federal, si no por el contenido creado y compartido por sus usuarias y usuarios. Lo anterior contradice los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales explícitamente señalan que “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo”[1].

Además, propone que los medios de comunicación sean sujetos a responsabilidad por tratamiento de datos personales si en los contenidos que comparten (noticias, investigaciones, editoriales, entre otras) existe información que identifique o haga identificable a una persona; lo cual va en contra de los estándares interamericanos, los cuales señalan que “[l]as plataformas digitales de los medios informativos no son controladores de datos personales, sino fuentes públicas de información y plataforma para la transmisión de opiniones e ideas sobre temas de interés público, y como tal no pueden ser susceptibles de una orden de desindexación, ni tampoco la supresión de un contenido en línea de interés público”[2]; y contradice lo estipulado en el Artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal, que considera fuentes de acceso público a los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología (siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general), así como a los medios de comunicación social.

 La responsabilidad que les corresponde a las plataformas digitales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación respecto a los datos personales que recaban y tratan, por ejemplo, para fines de publicidad, comercialización o estadísticos, es legítima y proporcional porque efectivamente configura un tratamiento de datos personales en términos de la Ley Federal. Sin embargo, no existe ni debe de existir responsabilidad por parte de plataformas y motores por el contenido que sus usuarias y usuarios compartan en sus espacios, ni por parte de los medios de comunicación por el contenido que divulgan como parte de su actuar profesional. Esta diferenciación es sumamente importante, pues su desconocimiento puede derivar en un mal entendimiento de los alcances de la protección de datos personales frente al ejercicio de otros derechos y en una mala interpretación del derecho de cancelación, como en la presente iniciativa.

Igualmente problemática resulta la siguiente redacción en la iniciativa: “[e]l responsable digital tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales digitalizados que hayan sido objeto de la solicitud del titular, así como las copias de seguridad y demás respaldos electrónicos existentes.” La responsabilidad que la iniciativa busca imponer a las plataformas digitales y motores de búsqueda para que éstas eliminen o des-indexen[3]directamente contenidos contraviene el Artículo 13.3 de la Convención Americana de los Derechos Humanosel cual señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos” que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Lo anterior, a su vez, podría dar lugar a una aplicación extraterritorial de una norma nacional de cuestiones administrativas y así plantear cuestiones complejas sobre el futuro de la jurisdicción en Internet y su interacción con la soberanía nacional.[4]

Eliminación y desindexación de contenidos como restricción ilegítima a la libertad de expresión

La iniciativa propone que toda información que se encuentre disponible en el entorno digital sea eliminadaa petición de quien titule datos personales referidos en dicho contenido, aunque éste no haya sido obtenido ni utilizado a través de un tratamiento. Según “Los Principios Globales sobre la Protección de la Libertad de Expresión y la Privacidad” de ARTICLE19, una vez que la información se pone a disposición del público, la presunción es que debe permanecer accesible en el dominio público indefinidamente, y dicha presunción no extingue ninguna reclamación por violación del derecho a la privacidad o la aplicación de principios de protección de datos.[5]La noción de que sea la persona titular de los datos la que deba mantener el control final sobre cualquier información que le haga referencia no es solo un enfoque limitado respecto a la ponderación de derechos humanos, sino que también ignora el derecho más amplio del público a recibir y compartir material que está legítimamente disponible en el dominio público. “La información removida no circula, lo que afecta el derecho de las personas a expresarse y difundir sus opiniones e ideas y el derecho de la comunidad a recibir informaciones e ideas de toda índole. Un efecto similar […] es el que produce la desindexación de contenidos, en tanto los mismos se hacen más difíciles de encontrar y se invisibilizan. Ambos tienen un efecto limitador en la libertad de expresión en tanto restringen la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por parte de todas las personas, sin consideración de fronteras nacionales.”[6]

 De hecho, según señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de los Estados Americanos, “[c]on base en la doctrina originada por el caso Costeja y las normas de protección de datos personales existentes en América Latina, en la región se han registrado solicitudes de remoción y desindexación de contenidos a administradores de motores de búsqueda. También se ha documentado solicitudes que expanden significativamente el concepto del “derecho al olvido” para exigir a periódicos, blogs y periodistas, la remoción o eliminación de contenidos en lugar de su desindexación por motores de búsqueda. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado que funcionarios públicos de diversos países estarían utilizando el derecho al olvido para cancelar información de interés público, instaurando en muchos casos la práctica de reemplazar acciones de calumnias e injurias ante los tribunales por acciones de oposición ante la autoridad de protección de datos personales”[7]. En ese sentido, ante distintas experiencias donde el “derecho al olvido” ha sido irresponsablemente reconocido, éste ha sido invocado para limitar o restringir la circulación de información de interés público[8].

Ante este escenario, las causales y limitantes descritos en la iniciativa que deben configurarse para ejercer el “derecho al olvido” se refieren a principios ya existentes en materia de protección de datos personales, los cuales son insuficientes para evitar un uso ilegítimo del derecho a la cancelación y la limitación exacerbada de la libertad de expresión en línea. De hecho, la RELE estima que la aplicación de un sistema de remoción y desindexación privada de contenidos en línea, con límites tan vagos y ambiguos como los aquí referidos, resulta particularmente problemático a la luz del amplio margen normativo de protección de la libertad de expresión bajo el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[9]

Las restricciones a la libertad de expresión solo resultan admisibles cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen que ésta (i) se encuentre establecida por medio de leyes en sentido formal y material, y dichas leyes deben ser claras y precisas; (ii) busque una finalidad imperativa (orientada al logro de objetivos imperiosos, interpretados de acuerdo a los principios de una sociedad democrática); (iii) sea necesaria, idónea y proporcional para alcanzar la finalidad perseguida; (iv) se someta a garantías judiciales; y (v) satisfaga el debido proceso.[10]

Memoria histórica

La historia de México está marcada por la falta de garantía del  derecho a la verdad y del acceso a la justicia. Las violaciones graves de derechos humanos se han ocultado pese a los intentos por investigar los crímenes del pasado.Por lo anterior, desde ARTICLE 19 consideramos que, aún con el establecimiento de las salvaguardas necesarias para resguardar el derecho a la libertad de expresión e información, el “derecho al olvido” no debería implementarse en México, debido a que el acceso a la información y el combate a la impunidad -sobre hechos graves de violaciones a derechos humanos y de corrupción- es una lucha contra el olvido y apuesta por la recuperación de la memoria histórica que el Estado mexicano ha querido enterrar. Más que olvidar, nuestra sociedad necesita saber, reconocer y recordar.[11]

Una mala interpretación y, consecuentemente, una mala aplicación del derecho de cancelación de datos personales puede llegar a explotarse de forma inconstitucional para restringir la circulación y flujo de información relevante y útil para la sociedad bajo argumentos centrados en la privacidad y protección de datos personales, atentando contra los Artículos 6° y 7° constitucionales, así como el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a la libertad de expresión e información. A la luz de los derechos humanos, el “derecho al olvido” no constituye una medida de restricción del derecho a la libertad de expresión idónea, necesaria y proporcional. El interés público y los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha ratificado, deben prevalecer respecto del derecho de cancelación de datos personales de terceros interesados.

Desde ARTICLE 19 hacemos un llamado al Senado de la República, particularmente a las Comisiones Unidas a las que fue turnada la iniciativa (de Anticorrupción, de Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos) para advertir sobre los riesgos de la iniciativa y evitar su aprobación, a fin de enfatizar la garantía de los derechos a la libertad de expresión, información,  memoria y verdad. ARTICLE 19 confía en que senadoras y senadores concuerden con estos argumentos para que pueda verse detenida tan lesiva iniciativa.

Fuente

Desarrollo, clave para concretizar derechos humanos

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Chetumal.- Aunque el desarrollo suele verse de forma abstracta, en números y en una dimensión macroeconómica, en donde la persona ya no figura, lo cierto es que puede conciliarse este impulso como una posibilidad para concretizar los derechos humanos, como un contenedor para que se pueda lograr el derecho a la salud, a la educación y al empleo.
Así fue expresado en la presentación del libro “Reflexiones en torno al desarrollo Municipal”, realizado esta tarde en la sede del Instituto de la Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo).
En este evento, Juan Carlos Arriaga y Natalia Fiorentini Cañedo, investigadores de la Universidad de Quintana Roo y editores del libro, plantearon los desafíos actuales que enfrentan los municipios para intentar garantizar un desarrollo, situación especialmente difícil en un ambiente centralizado, en el que la mayoría de los recursos provienen de la Federación y donde factores macroeconómicos conllevan mayor peso que las políticas que puedan efectuar.
A pesar de ello, se indica que la importancia está en buscar generar un espacio propicio para el desarrollo humano, entendido como la libertad para ejercer el derecho social, con derechos humanos y condiciones para vivir en un ambiente sano.

Otro problema abordado es que aunque en campaña diversos candidatos propone determinadas políticas para que la ciudadanía elija, cuando toca el momento de realizar los planes de desarrollo, aunque se efectúen foros, finalmente las necesidades ciudadanas no son consideradas, pues el documento final provienen de alguna consultoría de la Ciudad de México, situación que genera desánimo.
En el entorno quintanarroense, también se habló de la alta necesidad de servicios por una población creciente, y ahora las políticas federales de entregar recursos de forma directa a la ciudadanía, en lugar de instituciones mediadoras.
La maestra Tania Caamal Cheluja expresó su preocupación por las actuales políticas de redistribución de recursos a un sector más marginado, pues esta transferencia de recurso históricamente siempre ha ocurrido solo por un tiempo determinado, por lo que, de no generarse otras políticas, como educación o generación de oportunidades, cuando llegue este programa a su fin, no generará un cambio de largo plazo, a pesar de la fuerte inversión de recursos realizados.
León Lizárraga Cubedo, presidente del consejo directivo del Iapqroo, ejerció el rol de moderador, recalcando la importancia que, ante la falta de recaudación por muchos municipos, la importancia está en ser más creativos y proactivos para cumplir con las expectativas ciudadanas.

Asesinan en Veracruz al activista de Derechos Humanos, Abiram Hernández

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Veracruz.- El activista de derechos humanos que acompañaba a familiares de personas desaparecidas, Abiram Hernández Fernández, apareció muerto la mañana de hoy en su vivienda de la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

El deceso causó una gran conmoción entre distintos colectivos de familiares de desaparecidos, quienes condenaron “el asesinato” de su compañero.

Con 37 años, el activista dio acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en el estado de Veracruz

Sobre su muerte se sabe que ocurrió al interior de su casa ubicada en la colonia El Sumidero, una de las zonas más conflictivas e inseguras de la capital del estado.

Los primeros reportes indican que lo encontraron dentro de su casa y que su muerte habría sido causada por la gran cantidad de golpes recibidos, aunque no hay versión oficial de los hechos.

Abiram Hernández era integrante del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” y fue parte del Colectivo por la Paz Xalapa.

Colectivos de personas desaparecidas exigieron justicia para este caso que conmocionó a los activistas en el estado.

Es el caso del Colectivo de Solecito Veracruz, que a través de sus redes sociales envió un mensaje de exigencia de justicia para este caso.

“Abiram tu crimen no quedará impune. Nosotras a las que tanto apoyaste y con quienes fuiste siempre comprensivo, entregado solidario, no claudicaremos en la lucha porque se haga justicia.

Descansa en paz, te llevas nuestro amor y agradecimiento inmenso. A tu familia nuestro pesar”.

Por su parte, la vocera del Colectivo por La Paz Xalapa, Sara Rodríguez, consideró maldito este suceso.

“Apoyaba sin distinción alguna, no veía si eras de uno u otro colectivo. Lamentamos este maldito suceso que lacera nuestras vidas”.

No prejuzgamos, sólo que se conozca la verdad de Tlahuelilpan: CNDH

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CNDH ratifica postura de queja oficiosa en explosiones en Tlahuelilpan
Cd. De México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rectificó y precisó, mediante un segundo comunicado, su actuación en el caso de las explosiones ocurridas en Tlahuelilpan, Hidalgo, en donde primero abrió una queja de oficio para investigar la presunción de alguna autoridad por omisión y ahora informa que es para conocer la verdad de lo ocurrido.
La CNDH precisó que determinó la apertura de un expediente de queja en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, en atención a su trascendencia e impacto social por el elevado número de personas que perdieron la vida y resultaron heridas en las explosiones del 18 de enero.
Y señala que hay presunción, de acuerdo a lo publicado por los medios de información, de algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
Afirma el segundo comunicado sobre este tema que la CNDH busca garantizar que la sociedad, las víctimas y sus familiares, conozcan la verdad sobre lo ocurrido; que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales hechos; y que las personas lesionadas reciban el acompañamiento y atención médica que sus casos demandan, previniéndose nuevas afectaciones.
Aclara que la queja oficiosa iniciada por la CNDH no prejuzga sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos o sobre la responsabilidad concreta de autoridades, ya que solo es en vía de colaboración y en ese tenor pidió información a autoridades de los tres niveles de gobierno, para conocer de primera mano su versión y el sentido que, de ser el caso tuvo, su intervención en los hechos.
Entre estas instancias podemos mencionar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, Petróleos Mexicanos, y la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual forma, se solicitará información a otras autoridades como la Secretaría de Salud, y la Presidencia Municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo.
En relación a la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás autoridades a quienes se les ha solicitado información, es preciso señalar que la CNDH no ha determinado ninguna responsabilidad o formulado imputaciones concretas por acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas.

Quintana Roo ejemplo nacional en derechos humanos

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• Difundirá Secretaría de Gobernación Plan Estatal de los Derechos Humanos
• Carlos Joaquín impulsa políticas públicas con visión de respeto a los ciudadanos

El Programa de Derechos Humanos de Quintana Roo obtuvo el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pues cumple a cabalidad con los objetivos de impulsar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

El secretario de Gobierno, Francisco Xavier López Mena, informó que durante el Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos 2018, se destacó el papel de Quintana Roo en el impulso de políticas públicas en esta materia.

“El gobernador Carlos Joaquín es el principal promotor de estrategias que obligan a los servidores públicos a desempeñar su función con procedimientos administrativos elaborados y ejecutados con una visión de respeto a los derechos humanos”, dijo.

Resaltó que en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se realizan cursos de capacitación al personal que labora en las diferentes secretarías el Gobierno del Estado.

Por su parte, el Subsecretario de Gobierno, Elías Antonio Prado Laguardia, detalló que el Estado fue citado como ejemplo nacional porque sus políticas públicas promocionan, impulsan, protegen y garantizan el respeto a los derechos humanos.

Detalló que para la SEGOB en la entidad existe compromiso y también se avanza en el fortalecimiento de los procesos atención a los ciudadanos con una visión de respeto a sus garantías individuales.

Elías Antonio Prado resaltó que el Programa de Derechos Humanos de Quintana Roo será difundido en el ámbito nacional por la propia Secretaría de Gobernación.

El reconocimiento otorgado al Gobierno del Estado fue entregado por el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Rafael Adrián Avante Juárez en la Ciudad de México.

Horas de terror sufre la esposa de periodista Villarino; Autoridades de Campeche le niegan información

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Al periodista de Campeche Miguel Ángel Villarino Arnábar, le siguen violando sus derechos constitucionales. Encarcelado desde el jueves pasado, en una detención dónde hubo evidente abuso del uso de la fuerza del Estado.
Acusado por su antigua pareja por los delitos de incumplimiento con la obligación alimentaria de su hijo y posteriormente por sustracción del menor, la fuerza pública, utilizó cuatro camionetas con 20 elementos que detuvieron al periodista. La carpeta judicial es la 216/17-18.
El procedimiento al que fue sometido en su detención no se hizo con rigor ni se respetaron sus derechos humanos. Ninguno de los dos delitos que se le imputan son considerados graves y no ameritan la prisión preventiva.
Milagros Higueredo Palacios, actual esposa de Miguel Ángel Villarino Arnábar, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos, y contra los agentes involucrados en la captura.
Villarino Arnábar, periodista, director del portal “Bestiómetro”, uno de los más consultados en el estado, ha denunciado la colusión de autoridades con la delincuencia organizada, la corrupción imperante en el estado y los funcionarios o el desvío de recursos del gobernador.
La detención a la que fue sometido fue ejercida con uso y abuso de violencia ejercida por los oficiales que utilizaron vehículos sin placas ni logotipos oficiales, y tampoco se identificaron ni mostraron orden de aprehensión alguna, así consta en la queja que interpuso Milagros en la CEDH con número de folio 3332018.
Milagros Higueredo Palacios, concede una entrevista a Pedro Canché Noticias

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Se le escucha una franca sonrisa. Sonora. “Soy positiva”, dice en seguida. “Ante mi situación, soy positiva”. Milagros Higueredo Palacios tiene una voz fuerte, dulce, pero fuerte. Está en todos lados, buscando la forma de que su marido, el periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar, sea liberado.
El caso de su marido, Milagros, es muy raro, muy extraño el actuar de las autoridades, se le comenta a una mujer que enseguida responde: “Te cuento como ocurrieron las cosas de la detención: el día jueves alrededor de las 3 pm llegamos al estacionamiento de un súpermercado en Champotón Campeche. Mi marido iba al cajero. Se bajó del auto y ahí es interceptado por unos hombres. Tres personas querían subirlo a un auto blanco sin placas. Decían ser policías ministeriales pero no se identificaron ni mostraron orden ni nada. Dos vehículos más, uno de ellos, una camioneta blanca sin placas. Se bajaron más personas para someter a mi marido y subirlo al vehículo, al menos 6 personas lo sometieron de manera violenta”.

¿Qué pensó usted que sucedía?
Yo pensé que se trataba de un levantón o secuestro. Voy a la Oficialía de la Fiscalía General del Estado, en Champotón y no me dan ninguna información y me dicen que hay personas de Campeche en la ciudad y que hay que trasladarse a Campeche capital para saber algo. Mi familia me apoyó y me llevan a la Fiscalía de Campeche. Me traían de una oficina a otra y no me daban ninguna información. No sabía nada. Fui a cuatro o cinco oficinas de dependencias y nadie me dio información sobre mi marido. Contraté a un abogado a que me ayudara. El abogado llegó y supo dirigirse y es ahí cuando sé que mi marido tiene una orden de aprehensión por la falta de pago de una pensión alimenticia y que iba a haber una audiencia para determinar su situación.
En esos mismos momentos el fiscal del estado concedía una entrevista dando detalles del caso de mi marido, cuando a mí nadie me dijo nada. El fiscal dando detalles de un caso menor y los afectados sin saber de lo que sucedía.


Milagros, ¿Usted ya habló con Miguel Ángel? ¿Cómo está él?
Sí, ya hablé con él. Está bien, está lastimado por la detención, con moretones en brazos y un dedo del pie lastimado.

El delito por el que acusan a su marido, no amerita una detención ni un arresto de tal magnitud.
Lo vinculan con dos delitos, pensión alimenticia y sustracción de un menor. Pero resulta que desde octubre mi marido no ve al menor. Hay forma de comprobar todo.

La persona que demanda, ¿está vinculada familiarmente al secretario de Gobierno de Campeche?
Sí, son sus sobrinos políticos. Son de esas relaciones de lugares pequeños que terminan siendo parientes. La señora le dice “tío” al secretario de Gobierno Carlos Miguel Aysa. Además la señora labora en el Instituto Electoral del Estado de Campeche, en el área administrativa y su jefa directa es la hija del secretario de Gobierno del Estado. Aquí hay un conflicto de intereses.

Bestiometro es un portal incómodo al gobierno de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche. ¿Usted ve relación en la detención de su marido y el periodismo de denuncia que practica?
Lo que vemos claramente son malos procedimientos en un asunto familiar. Con la violencia con la que se han manejado es claramente un caso particular del uso de “la justicia”. Hay evidencias en que hay particular interés en afectar a mi marido. Desde el principio hubo turbiedad. Desde negarle el expediente a mi marido hasta su arbitraria detención.

¿Qué sigue Milagros, qué sigue sí hay que enfrentar a todo el aparato de la Ley?
Seguir con las audiencias para ver su condición ante la Ley. Que se desvincule del delito de sustracción de menores. Ya se verá si hay mala fe en la procedencia de las autoridades de justicia. Eso sigue.

Instalan Comisión Institucional Estatal para ejecución de recursos del PRONAPRED

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Comunicado 170. Secretaría de Gobierno. 14 de febrero de 2018

 

• El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se enfocará a Benito Juárez y Solidaridad.

• Los proyectos se diseñan en base a la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos.

 

Chetumal.- Con la participación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dependencias Estatales y Municipales se realizó en la Secretaría de Gobierno del Estado, la Instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que dará seguimiento al diseño y ejecución de los proyectos en esta materia destinados al subsidio PRONAPRED.

 

A Quintana Roo le corresponden 9 millones 444 mil 561 pesos, como parte del subsidio, los cuales fueron destinados en todo el país a dos municipios de cada entidad federativa, siendo otorgados en la entidad a Benito Juárez con una cantidad de 6 millones 539 mil 195 pesos y Solidaridad con 2 millones 905 mil 366 pesos.

 

En el ejercicio de 2018 del Programa Nacional, que apoyará en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad, se plantean acciones específicas de prevención, con corresponsabilidad social y participación ciudadana, dirigidas a dos vertientes: la perspectiva de género y la protección de los derechos humanos.

 

La “Comisión Estatal” tiene la función de coadyuvar con Gobernador del Estado, Carlos joaquín, para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los lineamientos del Progama en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, en el cual participa la Secretaría de Gobierno como responsable operativo del Progama en su carácter de Secretario Ejecutivo.

 

Los recursos están encausados prioritariamente a dar continuidad a programas y acciones de prevención social que beneficien a sectores más vulnerables como son niños, jóvenes, mujeres y migrantes, acciones que en cumplimiento con el compromiso de transparencia serán públicos para ser consultados por los ciudadanos.

 

Estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación (SEP), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE); del Gabinete Legal del Gobierno del Estado de Quintana Roo; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP); de los Municipios de Benito Juárez y Solidaridad, entre otros.

 

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Avance de convenio entre Puerto Morelos y el ISSSTE

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Por: Johana Acosta

Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos se reunió con los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para darle seguimiento a los trámites que llevan a cabo la afiliación de los colaboradores de la administración municipal 2106-2018, que garantizarán la cobertura de prestaciones en materia de vivienda y salud.

La Prosecretaria de la Junta Directiva del ISSSTE, licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez, quien recibió a la presidenta durante su visita, destaco que durante la próxima reunión se emitirá alguna resolución gracias al cumplimiento de entrega de documentos por parte del gobierno de Puerto Morelos.

Mientras que Fernandez Piña, acompañada del Síndico Municipal, Carlo Fonseca León; el regidor Luis Antonio Espinoza Candela, y el director de Obras Públicas, Ignacio Sánchez Cordero afirmó que “Fue una reunión muy productiva con la licenciada Guadalupe Chacón, encargada de las afiliaciones al ISSSTE, quien recibió oficialmente y dio vista a toda la documentación que se requiere como parte de la solicitud para el ingreso de los trabajadores, por lo que en breve se espera tener la respuesta de esta institución”.

El proceso aprobado por la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, permitirá que el ayuntamiento del joven municipio cree un convenio para la incorporación de personal al régimen del ISSSTE. Lo que traerá a los ciudadanos de Puerto Morelos, la garantía de recibir atención médica, así como de contar con prestaciones sociales, como la atención a riesgos de trabajo, incapacidades, las pensiones y poder cotizar para obtener una vivienda.

La primera edil, hizo hincapié en el tema, ya que asegura que estos servicios son parte de los derechos humanos con los que todos los mexicanos deberían contar.

SG: Convocan a integrarse a Comité a dos periodistas y dos defensores de derechos humanos en QRoo

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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LICENCIADO FRANCISCO XAVIER LÓPEZ MENA, con fundamento en los artículos 1o y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3,7,12 y 21 segundo párrafo dela Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 19 fracción I, 24, 26 y 31 fracción XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 18, 19 fracciones V y VI,23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, Sexto, Séptimo y Octavo Transitorios de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Estado de Quintana Roo; y

CONSIDERANDO Que el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el Sistema),instituido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Estado de Quintana Roo(la Ley), tiene como finalidad que el Estado, por conducto de la Junta de Gobierno, que es la instancia máxima del Sistema y principal órgano de toma de decisiones, cumpla con la responsabilidad fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, del ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo.

 

CONOCE A TU DIPUTADO HAZ CLICK AQUÍ

Que la Junta de Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; se integra de la siguiente forma:

  1. El Titular de la Secretaría de Gobierno, quien la presidirá;
  2. El Titular de la Fiscalía General del Estado;
  3. El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública;
  4. El Titular de la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez fungirá como Secretario de la Junta de Gobierno;
  5. Un representante del sector periodístico en el Estado de Quintana Roo, designado por el Consejo Consultivo, Y
  6. Un representante de las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, designado por el Consejo Consultivo.

Que el Consejo Consultivo (el Consejo), en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley, es el órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo del Sistema; y tiene, además, la facultad de elegir a los representantes de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ante la Junta de Gobierno.

El Consejo Consultivo elegirá a sus integrantes a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno, que será integrada por cinco personas consejeras, de las cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, uno en libertad de expresión y dos personas periodistas.

Que en sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día once de abril, se acordó emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

PARA LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL INVOLUCRADAS EN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EN EL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA ELEGIR A CINCO PERSONAS EXPERTAS QUE FORMARÁN PARTE DEL PRIMER CONSEJO CONSULTIVO DEL SISTEMA QUINTANARROENESE PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

ANUNCIO

BASES

PRIMERA. Proceso para propuestas de Consejero Consultivo.

Las organizaciones y personas de la sociedad civil involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del periodismo, que deseen participar en la propuesta y posterior elección de los cinco integrantes del Primer Consejo Consultivo del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, deberán solicitar su registro a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la presente Convocatoria, personalmente o de forma electrónica, en los siguientes sitios: Secretaría de Gobierno. Palacio de Gobierno, Chetumal, Q Roo (Lic. Pedro Rivera Guzmán). Correo electrónico: proteccionperiodistasydefdh@qroo.gob.mx

SEGUNDA. Requisitos para las propuestas de Consejero.

I.-Carta de Propuesta de Consejero con su Currículum Vitae destacando sus conocimientos y experiencia especificas en periodismo, libertad de expresión y/o defensa de los derechos humanos y su prestigio. Podrán agregar cartas avales de personas individuales o colectivas vinculadas con la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos a favor de su propuesta como consejero. II.-La persona propuesta manifestará por escrito su voluntad de participar, así como disponer del tiempo requerido y mantener la comunicación permanente con los integrantes del Consejo Consultivo.

TERCERA. Consideraciones adicionales para los consejeros. Para cumplir de manera óptima con las atribuciones señaladas en el artículo 30 de la Ley, las personas que funjan como consejeros deberán contar con:

  1. Posibilidad de dedicar tiempo a las reuniones de trabajo;
  2. Voluntad para disponer de tiempo en situaciones de emergencia;
  3. Disposición para mantener comunicación permanente con el resto de los integrantes del Consejo Consultivo; y
  4. Tener conocimiento sobre la situación de la libertad de expresión y de periodistas, así como de las necesidades en su quehacer;
  5. Tener conocimiento de la situación de los derechos humanos, la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como los riesgos particulares que enfrentan. Las personas consejeras no deben desempeñar ningún cargo como servidoras públicas.
  6. Conocer el contenido y alcances de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Estado de Quintana Roo.

La elección de los cinco integrantes del Primer Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 8 de mayo a las 12.00 horas en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

La participación en el Consejo Consultivo es de carácter honorífico.

CUARTA. Proceso de la reunión para elegir a los cinco integrantes del Consejo Consultivo.

La reunión será conducida por el Titular de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas quien someterá a consideración de los asistentes el Orden del Día, a fin de proceder a la elección.

Se establecerán por separado dos mesas de votaciones, una conformada por los representantes acreditados de las organizaciones y personas involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos y otra con quienes representen a las organizaciones y personas relacionadas con el ejercicio del periodismo, a fin de que cada una pueda elegir a dos miembros, con sus respectivos suplentes.

 

Se buscará que la elección de personas integrantes para el Consejo Consultivo, sea a través del consenso. De no alcanzarse éste, se realizará en votación pública donde bastará con alcanzar una mayoría simple. En el supuesto de que no se alcance consenso y tampoco mayoría simple, se procederá a la elección por sorteo.

Una vez realizada la elección, ambas mesas de votaciones se reunirán nuevamente, para elegir a la persona experta en libertad de expresión, la cual será una persona de la sociedad civil que reúna los requisitos y el perfil contemplados en las cláusulas segunda y tercera de la presente Convocatoria.

Entre los puntos del Orden del Día deberá establecerse la elección de un moderador por cada mesa de votaciones, quien conducirá el proceso hasta su terminación.

La Secretaría Ejecutiva de la Junta de Gobierno dará fe del proceso de elección de las personas involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del periodismo y brindará la información que soliciten los participantes, velando por el respeto a las Bases contenidas en la presente Convocatoria.

Una vez concluidas las votaciones y designados los cinco miembros propietarios y los suplentes que integrarán el Consejo Consultivo, se levantará acta y se procederá a notificar a las personas que hayan resultado designadas.

La alteración del orden motivará la suspensión temporal de las mesas de votaciones y de no ser posible el restablecimiento de las condiciones necesarias para la elección, la Secretaría Ejecutiva designará posteriormente nueva fecha y lugar.

Se buscará garantizar el equilibrio de género y la paridad entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

ANUNCIO

QUINTA. Votación para elegir Presidente o Presidenta del Consejo así como a las personas que representarán al Consejo ante la Junta de Gobierno.

Una vez que han sido designados los cinco miembros propietarios y los suplentes que integrarán el Consejo Consultivo, la Secretaría Ejecutiva dentro de los 15 días hábiles siguientes, fijará lugar y fecha para la instalación formal y su primera reunión de trabajo.

En la primera reunión de trabajo, el Consejo Consultivo:

a).- Elegirá de entre sus miembros al Presidente, quien fungirá por un periodo de dos años.

b).- Designará a las personas que se integrarán para formar parte de la Junta de Gobierno, en términos del artículo 19, fracciones V y VI de la ley, elegidas de entre los miembros de la sociedad civil.

Los resultados se harán públicos a través de la página oficial de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo y en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

No procederá el argumento sobre el desconocimiento de la presente convocatoria para impedir el desarrollo del proceso de selección del Consejo Consultivo.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

SÉXTA.- Publíquese la presente convocatoria en la página oficial de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo y dese a conocer ampliamente a través de comunicados de prensa.

SÉPTIMA.- La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación

 

Chetumal, Quintana Roo, a los once días del mes de abril de dos mil diecisiete.

 

FRANCISCO XAVIER LOPEZ MENA

 Secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo

MAYORES INFORMES. SECRETARÍA DE GOBIERNO Av.22 de Enero No.1. Col. Centro. CP. 77000 Chetumal, Quintana Roo. Tel. (983) 83 24248

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