*Inicia FGE Quintana Roo investigación por el delito de despojo de un inmueble en el municipio de Othón P. Blanco*
**Policías de Investigación y peritos acudieron al sitio para realizar actos de investigación.*
**La Policía Quintana Roo participó en el operativo con el grupo de disuasión.*
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informa que inició una carpeta de investigación por el delito de despojo de un predio ubicado en el kilómetro 55 + 137 de la carretera Cafetal – Mahahual al sur del estado.
La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, ordenó la investigación derivada de la denuncia presentada por una asociación civil y cuyos datos indican que el 31 de julio de este año, las personas agraviadas acudieron al predio para realizar trabajos de limpieza, siendo recibidos por personas con machetes, quienes les impidieron ingresar al sitio.
El ministerio público instruyó la intervención de policías de Investigación y peritos, quienes acudieron la mañana de este domingo para iniciar los actos de investigación siendo acompañados por un perito especializado en agrimensura y fotografía para recabar las evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.
Policías de investigación y Elementos de la Policía Quintana Roo, acudieron al lugar para proceder a la detención de las personas que se encontraran en flagrancia por la probable comisión de delito, sin embargo, los imputados optaron por retirarse ante la presencia de las autoridades.
Al finalizar el predio fue asegurado y se colocaron sellos y cintas de acordonamiento.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cumple con su obligación de investigar aplicando todas las herramientas jurídicas, técnicas y científicas para garantizar el cumplimiento de la ley.
…Información emitida por Comunicación Social de la FGE Q. Roo.
El esquema de corrupción implementado por el ex gobernador Roberto Borge para despojar y vender ilegalmente departamentos de lujo a “precios de remate”, sigue poniendo al descubierto a personajes del Partido verdecologista que resultaron beneficiados.
Ahora resultó involucrada en estas operaciones fraudulentas la ex regidora verdecologista Ulrika Fichtl Merino, emplazada a juicio desde 2018 por obtener de manera irregular la propiedad de un lujoso penthouse (marcado con el número 18) en el residencial Maioris Tower Cancún dentro del perímetro de la zona hotelera.
De acuerdo con la inscripción del inmueble ante el Registro Público de Comercio (folio 263766), la verdecologista adquirió el departamento en la cantidad de 7.5 millones de pesos a sabiendas de que el mismo estaba en litigio por incumplimiento de pago por parte de su dueño original, Julián Juárez.
Para concretar la fraudulenta operación, Fichtl Merino contó con el aval de la ex notaría pública Yolanda Solís Olveres, quien se encargó de borrar el negro historial crediticio con el fin de que la verdecologista puediera gozar del departamento desde 2015.
La propiedad del inmueble se disputa ante el Juzgado Cuarto de Distrito, al que recurrió la empresa Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. para demandar la nulidad de la irregular operación inmobiliaria a través de la cual se benefició indebidamente a Fichtl Merino.
El asunto escaló a la justicia federal en 2018 cuando la militante del partido del tucán, quien dijo haber comprado de “buena fe”, vendió la propiedad a su madre Carolina Merino Espinosa en la cantidad de 16.5 millones de pesos, a través de una sustitución de hipotecas del Banco Scotiabank Inverlat al Banco Santander, pero sin enterar al “nuevo” acreedor que el bien inmueble estaba en litigio.
El penthouse forma parte de los 18 condominios envueltos en operaciones fraudulentas cuya venta ilegal se realizó al margen de las empresas propietarias Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. y Desarrollos de Mallorca, S.R.L. de C.V., las que durante los últimos cinco años han ido recuperando los inmuebles.
Bajo el mismo esquema de corrupción, el actual presidente del Partido Verde Ecologista en la entidad, Luis Pablo Bustamante Beltrán, fue beneficiado con la simulación de un juicio laboral para quedarse con la propiedad de otro departamento en el mismo conjunto residencial.
En este juicio laboral la demandada fue la empresaria Erika Luz García Deister —madre del diputado local verdecologista Gustavo Miranda García (presidente de la Mesa Directiva del XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo)—, quien mediante artilugios evitó pagar la hipoteca del departamento con un banco español y posteriormente simuló una relación laboral para justificar un juicio y el embargo a favor de su “trabajador” Bustamante Beltrán.
En realidad, el actual dirigente estatal del Partido Verde es amigo de la infancia del diputado Miranda García a cuya madre ayudó para quedarse con la posesión del departamento.
Según el testimonio de Bustamante Beltrán que formó parte del juicio laboral, a la edad de 19 años era vendedor de tiempo completo en la empresa García & Miranda Trading (propiedad de Erika Luz García) con un sueldo mensual de 90 mil pesos, cuyo pago reclamó de 2010 a 2015.
Derivado del presunto incumplimiento salarial procedió al embargo y la adjudicación del condominio, lo que impidió se ejecutará un adeudo con el Banco Sabadell, S.A.
En esa misma trama, se acusó la complicidad de Nelly Adriana Lizama, quien era presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, en 2019.
En la Fiscalía General del Estado están en estudio las carpetas de investigación números FGE/QR/BJ/07/14707/2019 y FGE/QR/CAN/DP/07/113/2019, a través de las cuales las empresas afectadas denunciaron que la legalización de documentos se hicieron al margen de la Ley en la Notaría Pública 22 de Quintana Roo, a cargo entonces de Yolanda Solís Olveres, quien enfrentó acusaciones legales y optó por renunciar.
Durante el gobierno de Roberto Borge el esquema de despojos vía juicios laborales maquinados tuvo su auge cuando el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado era el también verdecologista Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, actualmente prófugo de la justicia por estos hechos.
Durante esta época los juicios laborales amañados se implementaron no sólo en Cancún sino también en Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Chetumal.
Patricio es hermano del diputado verdecologista José de la Peña, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera congeló recientemente sus cuentas bancarias por estar presuntamente vinculado a la investigación contra el rumano Florian Tudor, al igual que al padre de ambos, el Notario Público 20 de Quintana Roo (Benjamín de la Peña).
Investiga PGR a empresario yucateco por despojos en Tulum
AGENCIA SIM
Cancún.- El empresario yucateco Ermilo Castilla Roche es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto responsable del delito de lavado de dinero por más de 30 millones de dólares (510 millones de pesos) en operaciones ilícitas en el ejido Jacinto Pat, del municipio de Tulum, cuyos títulos de propiedad no ha acreditado de manera legal.
Reconocido socio y operador de los ex gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Roberto Borge y Javier Duarte –ambos actualmente detenidos- es señalado también por la PGR de los despojos según consta en el expediente número 803-BIS/2016.
Además, ejidatarios han denunciado los hechos ante el Tribunal Unitario Agrario, con sede en la capital Chetumal, según consta en las carpetas 227/2016-44; 239/2016-44, y 366/2016-44.
En la obtención de esos recursos financieros, el empresario se apoderó de terrenos en la mejor zona de playa de Tulum, y utilizó como gancho a los ejidatarios de Jacinto Pat para “regularizarles” 9 mil 285 hectáreas de tierras de uso común, con la promesa de construir un parque temático en el cenote Dos Ojos, al estilo de Xcaret y Xplor y crear también un mega desarrollo inmobiliario de gran lujo.
La indagatoria de la PGR se basa en varias denuncias de algunos afectados por la venta ilegal de predios registrados con certificados parcelarios apócrifos y endosados a uno de sus prestanombres, Adrián Arturo González Sánchez.
Las demandas que ya comienzan a reunir pruebas testimoniales y documentos probatorios, precisan que Castilla Roche se apoderó de las tierras más valiosas del mencionado ejido tulumense en perjuicio de 172 familias: 3 mil hectáreas con cenotes y accesos a carretera, lo que significa una tercera parte del total de esas tierras por las que pago centavos a los comuneros.
Por su parte, el ejidatario Edilberto Ciau Balam, refirió que Castilla Roche comprometió a la directiva ejidal para la venta, mediante obsequios de aparatos electrónicos y viajes todo pagado a Panamá y a Cuba; además de ofrecerles atractivos incentivos monetarios para cada ejidatario que accediera a vender su parcela.
Para adjudicarse esos predios, el empresario utilizó la “atractiva oferta” de venderle las más de 9 mil hectáreas a inversionistas aeroportuarios, que en un principio construirían la nueva terminal de aviación de la Riviera Maya.
Con el apoyo de sus cómplices políticos, Castilla Roche promovió la venta de esos terrenos y filtró información privilegiada a grupos empresariales para hacer más atractiva la oferta, con lo que logró engañar a varios incautos, ya que vendió varias veces los mismos terrenos y que le ha significado un pingüe negocio.
Para que no le fueran confiscados los 30 millones de dólares (unos 510 millones de pesos) obtenidos por ventas ilegales de los predios de Tulum, Quintana Roo, Castilla Roche abrió una cuenta en el banco Suizo ‘Lombard Odier’ en el que depositó también cuantiosas sumas de dinero.
Además de esas operaciones referidas, el empresario se dedicó a blanquear dinero de las acciones ilegales tanto de Roberto Borge como de Javier Duarte, por lo cual, Castilla enfrenta hoy diversos procesos legales iniciados por operadores del ex mandatario quintanarroense, así como por acreedores defraudados y personas a quienes vendió terrenos en Tulum y que de forma tramposa e inescrupulosa, revendió a otros individuos.
Asimismo, el empresario de origen yucateco, avecindado en su niñez y juventud en Veracruz, se relacionó con el ex gobernador, Javier Duarte y en conjunto con la relación que existió con el otrora mandatario de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se confabuló con ambos políticos para apoderarse de miles de hectáreas ejidales en ambas entidades, en perjuicio de ejidatarios y particulares.
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AGENCIA INFORMATIVA MULTIMEDIA
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POR SERGIO CABALLERO REPORTAJE ESPECIAL
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Con terrenos de lo que fue el Instituto de Fomento a la Vivienda de Quintana Roo (Infovir), el exgobernador Félix González Canto negoció la adquisición de un lote de 60 hectáreas en la isla de Holbox a favor de su primo Jaime Zetina González.
En una de las historias sobre el despojo a los ejidatarios de Holbox por parte de Fernando Ponce García –propietario de Bepensa, embotellador de Coca-Cola en la Península de Yucatán– y su exyerno Ermilo Castilla Roche, así como Germán Ahumada Alduncin, del grupo ARA, el “pequeño propietario” José Padrón Rosado relata a Apro parte del entramado con el que empresarios yucatecos y políticos quintanarroenses pretenden apropiarse de uno de los últimos reductos ambientales del caribe mexicano.
Padrón Rosado –cuya parcela fue afectada con la dotación de terrenos para el ejido de Holbox y no recibió la indemización que por ley le corresponde– relata que cuando Quintana Roo era solo una hilera de pequeños puertos insulares, un predio de 60 hectáreas denominado Rancho Santa Rosa le fue adjudicado a su padre José Padrón Zetina el 3 de agosto de 1943, mediante título de terreno nacional.
Tras la muerte de su padre, dice, él recibió el terreno el 27 de febrero de 1981, como parte del juicio sucesorio intestamentario.
“Se me adjudicó mediante la escritura pública número 20, de fecha 27 de febrero de 1981, que contiene la protocolización del juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Padrón Zetina y que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo bajo el número 704, tomo XXXI, sección primera, el 8 de mayo de 1981, el cual nunca ha sido declarado nulo por ninguna autoridad”, refiere en una de las demandas que ha presentado.
De acuerdo con Padrón Rosado, el ejido de Holbox fue creado en 1939, pero hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se determinó la dotación de terrenos. Sin embargo, hubo inconsistencias “de origen” en el proceso, pues se pretendía constituir el nuevo ejido con 8 mil 800 hectáreas, aunque la isla de Holbox solo tiene 5 mil.
Fue hasta el sexenio del exgobernador Joaquín Hendricks (1999-2005), hoy presidente del Consejo Político Nacional del PRI, cuando se determinó “regularizar” al ejido de Holbox.
Este proceso lo inició Gilberto Hendricks Díaz, hermano del exgobernador y entonces delegado de la Secretaria de la Reforma Agraria, asesorado por el empresario yucateco Alfonso de Jesús “El Mosco” Pereira Palomo.
El asunto no avanzó gran cosa. El tiempo les ganó y los hermanos Hendricks se quedaron con las ganas de “regularizar” Holbox, cuenta Padrón Rosado.
El gobernador Félix González Canto continuó lo iniciado por su antecesor, y en el primer año de su administración, en 2005, emprendió la regularización “total” del ejido de Holbox ante las autoridades federales.
La directiva ejidal aceptó que el proceso quedara a cargo de Fernando Ponce García, el dueño de Bepensa, que ya tenía en mente un megadesarrollo turístico denominado “La Ensenada”, a lo largo de casi toda la isla de Holbox.
En asamblea los ejidatarios dieron su aval para que fuera su “gestor” ante las autoridades agrarias con el fin de definir, de una vez por todas, la dotación de tierras para Holbox.
“Ponce García realizó todos los trámites. Se definió la extensión del ejido, tituló y subdividió”, precisa el pequeño propietario, y subraya que el primer plano del ejido de Holbox “es el que se obtuvo de las ‘gestiones’ de Ponce García”.
Pero no solo Ponce salió ganando, su exyerno Ermilo Castilla y grupo Ara obtuvieron terrenos del ejido “regularizado”.
“Tengo todos los documentos para ganarle al ejido”, subraya. Y revela que “un común” le hizo una oferta para reunirse con el entonces gobernador Félix González para resolver “el problema”.
La reunión se celebró “en abril o mayo” de 2010, cuando González Canto se enfilaba para dejar el cargo y estaba en todo su apogeo el proceso electoral, con el priista Roberto Borge y el entonces perredista Gregorio “Greg” Sánchez como principales protagonistas en busca de la gubernatura.
“Fui a Cozumel, a su casa. Ahí me llevó a un rincón en donde me dijo: ‘Aquí no oye nadie’. Aunque me pudo pegar un tiro y nadie lo habría sabido tampoco”.
El holboxeño aceptó un trato y Félix González de inmediato lo condicionó a firmar en ese mismo momento.
“Le ofrecí ‘cambiar mis canicas por tus canicas’”, precisa José Padrón. Y una vez acordada la permuta empezaron a llegar, como de la nada, funcionarios del gabinete estatal para hacer el papeleo.
José Padrón terminó a bordo de una Suburban escoltada por otra. Ambas unidades, dice, iban repletas de funcionarios con destino a Chetumal, la capital del estado, donde llegaron a la oficina central del Infovir.
En esta oficina, relata, recibiría “las canicas” que le prometió González Canto como parte de la permuta en la que cedió sus terrenos en Holbox al primo del gobernador.
Pero estas “canicas” eran terrenos del gobierno del estado administrados por Infovir en diferentes puntos, incluido Bacalar, otro de los paraísos aún desconocidos en Quintana Roo.
Sostiene que en la permuta no hubo efectivo adicional. “Quizá lo de los productos y derechos, pero fue todo en papel, pero de última hora se frustró la permuta porque una funcionaria de Infovir desacató la orden de su jefe, el gobernador.
“No me dijo gran cosa. Nada más que no lo iba a hacer y punto, y que me regresara”.
Casi seis años después José Padrón Rosado contactó a los activistas de derechos humanos Leonardo Kumul y Raúl Fernández, que atienden casos de abusos de autoridad del gobierno estatal y de ayuntamientos.
Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio entrada a la queja del pequeño propietario enfrentado al primo del exgobernador Félix González Canto.