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ROBAR NO ES PECADO, METERSE CON LA DEA,SI: columna en El País dedicado a Borge

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Una columna en El País, de España, pone su caso como ejemplo de impunidad
Medios de México también lo incluyen como parte de la “Generación Podrida” del PRI
(La Opinión QRoo).
El caso de Roberto Borge es tomado como uno de los mayores ejemplos de impunidad dentro de la denominada “Generación Podrida” del PRI.

En una columna escrita para el diario El Pais, de Madrid, el periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson utiliza a Borge como ejemplo de la impunidad de la que gozan algunos ex gobernadores.

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=82

Dice la columna: “Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno”.

El hecho tiene un impacto especial porque se trata de una columna política en el diario de mayor circulación de España, y el sitio de internet de noticias más visitado de habla hispana en el mundo.

La columna se titula “Robar no es pecado”, y también hace referencia al ex gobernador Mario Villanueva Madrid.

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Además, Borge ha sido objeto de análisis en la revista en línea Sin Embargo, de la cuidad de México, que incluye al ex mandatario estatal como parte de la “Generación Podrida” de ex gobernadores priistas que han cometido parte de los mayores actos de corrupción en la historia de México.

Allí se explica que a pesar de tener seis denuncias en contra, cuatro federales y dos estatales, Borge aún no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra.

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Aquí la columna completa en El País:

Robar no es un pecado
Jorge Zepeda Patterson

El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.

Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.

En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.

En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma.Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción. 

No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido.La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.
Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora, César Duarte de Chihuahua o Javier Duarte de Veracruz, entre otros.

La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.

Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.

Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.

La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.

Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena?Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.

Narvarte,una sospechosa y sucia investigación

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Cuatro mujeres y un hombre murieron asesinados en un departamento de la Ciudad de México el pasado verano, en un barrio de clase media, la colonia Narvarte. Hay, de momento, tres detenidos. Se llaman Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez.
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El 31 de julio de 2015, a eso de las dos de la tarde, los asesinos llegaron al departamento de la Narvarte. Los videos de seguridad de la ciudad muestran a tres personas saliendo del inmueble minutos después de las tres de la tarde. La fiscalía asegura que se trata de los tres detenidos. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Una de las mujeres se llamaba Nadia Vera y fungía de activista cultural. El hombre se llamaba Rubén Espinosa y trabajaba de fotoperiodista.

Nadia y Rubén habían trabajado en Veracruz por años. Se habían mudado al DF recientemente por amenazas y presiones que, denunciaban, tenían que ver con su labor profesional. En un entrevista concedida meses antes de su muerte a un canal de televisión por internet, Nadia Vera declaraba que “responsabilizaba” al Gobierno de Veracruz de cualquier cosa que pudiera pasarle.

El crimen consternó al país, en concreto a la sociedad capitalina. Pese a que los índices delictivos iban al alza en la ciudad desde hacía meses, el caso Narvarte reventaba, otra vez, la supuesta burbuja de seguridad en que vivían los vecinos del DF. La violencia, que se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos años en el país, era cosa de provincia. Y de repente cinco personas eran asesinadas en un barrio tranquilo de la capital, a plena luz del día, dos de ellas muy críticas con el gobernador de un estado gobernado por el PRI, el partido que dirige además el gobierno federal.

“En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”

LEOPOLDO MALDONADO, ABOGADO DE LOS FAMILIARES DE RUBÉN ESPINOSA
El fiscal de la ciudad, Rodolfo Ríos Garza, declaró entonces que en la casa “había habido un saqueo”. Días después de lo ocurrido, el fiscal y el alcalde aseguraron que agotarían todas las líneas de investigación.
En las siguientes semanas, la investigación de la fiscalía se convirtió en un espectáculo mediático, presa de filtraciones y giros narrativos. Un día los diarios capitalinos apuntaban que el múltiple homicidio era producto de un robo de drogas; otro que el departamento era en realidad una casa de citas; luego que Rubén y Nadia habían consumido drogas en las horas anteriores a su muerte…

Entre tanto, las autoridades aprehendieron a los sospechosos. Primero detuvieron a Pacheco, que declaró que efectivamente había estado en el lugar del crimen, pero que no había matado a nadie. Fue, dijo, a mantener relaciones sexuales con una de las mujeres. Luego dieron con Torres, un expolicía que dijo igualmente que había estado allí, pero que tampoco había tenido que ver con sus muertes. Torres dijo que Pacheco y el tercer detenido, localizado semanas más tarde, eran del cártel de Los Zetas. Dijo que conocía a la mujer colombiana y aseguró que los otros dos querían robarle un cargamento de cocaína. El tercero, Omar Martínez, detenido a mediados de septiembre, negó su presencia en la Narvarte y dijo que la fiscalía se equivocaba: él motivo de que los investigadores le ubicaran en la zona, aquel día a aquella hora, se debía a que había prestado su celular a Daniel Pacheco.

Y después de todo aquello, los dos primeros, Pacheco y Torres, declararon que en realidad no habían estado en el lugar de los hechos, que las primeras declaraciones se las habían sacado a golpes los agentes de la fiscalía.

Leopoldo Maldonado, representante de los familiares de Rubén Espinosa, explica que existen “tres problemáticas” en el caso. La primera tiene que ver con las filtraciones de la investigación las primeras semanas. “Los datos que soltaban tenían por finalidad construir una narrativa que descontaba la actividad de Rubén y Nadia y tendían a crear una imagen de que el caso tenía que ver con prostitución o drogas”. En agosto pasado, un juez instó a la fiscalía a que resguardase la información sobre el caso.

La segunda tiene que ver con el tratamiento a los familiares de las víctimas, a su juicio, deplorable. “En la primera reunión que tuvieron con la subprocuraduría de atención a víctimas, les sacaron un sobre con el informe toxicológico de Rubén y Nadia… ¿Qué tiene que ver eso con su muerte?”.

La tercera, quizá la más importante, responde a las fallas en la investigación. Hay dos puntos que podrían desmontar la versión oficial. David Peña, abogado de Nadia Vera y Mile Virginia Martín, coincide en su relevancia. “En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”.

Y luego, además, el perfil genético de unas marcas de sudor. Las víctimas recibieron un disparo de una pistola 9 milímetros, pero a Yesenia y a Nadia las estrangularon además con un cable. “En ese cable”, explica Peña, “encontraron restos genéticos de alguien, sudor seco. El perfil genético de ese sudor no coincide con ninguno de los tres detenidos”.

Ambos critican que la teoría de la fiscalía se basa en las localizaciones de las llamadas de los teléfonos celulares de los detenidos. “Por ejemplo, el teléfono de Torres recibió 16 llamadas entre las 13.50 y las 15.00. Tres llamadas eran de teléfonos del estado de Chihuahua. ¿Sabes qué dijeron los investigadores?… Que podrían ser números equivocados. No tienen en cuenta esa, ignoran las personas con quienes pudieron haberse visto los detenidos tras dejar la Narvarte. ¡Hay dos horas esa tarde en que no saben dónde estuvieron!”.

La investigación se alargará hasta el final del año. La fiscalía evita dar información desde que el juez lo prohibió y los abogados critican que el problema es sistémico. “Si la fiscalía carece de autonomía es improbable que las investigaciones se desarrollen adecuadamente”, explica Leopoldo Maldonado. “Aquí las fiscalías siempre se amparan en las confesiones para imputar. Hay que analizar el estándar de las pruebas que emplean”.