CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una carta, 20 militares presos por delitos cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico, acusaron al Estado Mexicano por haberlos usado para una función distinta a la que estaban capacitados.
“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón (Hinojosa), excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”, escribieron los militares en la misiva enviada hace unos días al presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación y difundida por el semanario Zeta.
“Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”, añadieron.
Y cuestionaron: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? (Que) ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, (que) ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.
En la carta, escrita en un momento en que en el Congreso de la Unión se discute delimitar o permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, los militares citaron declaraciones del propio secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien declaró el pasado 9 de diciembre que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”, afirmó al pedir una ley que regule la presencia del Ejército en las calles.
Tras su llegada al poder, el gobierno de Felipe Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, con la cual los militares salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del País, y en la que participaron casi 7 mil efectivos con apoyo terrestre y aéreo, indica Zeta.
Calderón se apoyó en el artículo 29 de la Constitución, que permite echar mano del Ejército cuando exista una “perturbación grave de la paz pública”, con la idea de depurar los cuerpos de seguridad y prepararlos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto se vio reforzado cuando el 30 de junio de 2008, como parte de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos dio a México mil 600 millones de dólares para apoyar su estrategia frontal contra el crimen organizado.
Diez años más tarde, la policía de muchos estados siguen sin funcionar y la solución momentánea de usar las Fuerzas Armadas se ha convertido en permanente. En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado en decenas de ocasiones torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. Ni siquiera existe claridad sobre el impacto de la guerra de Calderón en cifras. Los muertos como consecuencia de este conflicto podrían ser alrededor de 150 mil, los desaparecidos casi 30 mil, indica la nota del semanario Zeta.
Según cifras oficiales al menos 106 mil 378 personas fueron asesinadas en 10 años. En los cuatro años que Peña Nieto lleva como presidente, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado un total de 28 mil 515 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, según detalló un informe elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi).
Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Gobernación (Segob) y procuradurías locales, que contabilizan el número de homicidios dolosos sin importar si fueron a causa del crimen organizado, se detalla que durante ese mismo periodo ocurrieron al menos 63 mil crímenes.
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Textos y Contextos
Vigilar y castigar: la lógica del Estado mexicano
Por Miguel Alejandro Rivera
Según Michael Foucault, filósofo posmoderno, históricamente los sistemas gubernamentales se legitiman al vigilar y castigar a la sociedad. Para este escritor, el castigo es igual a disciplina, y en gran medida, eso es lo que ofrece el gobierno a su gente: reencauzar a la disidencia hacia las “buenas conductas”.
Si la posmodernidad, la vigilia y el castigo, necesitaran ser ejemplificados con algún Estado que los pone en práctica tal como lo dice la teoría, México podría ser un buen candidato. En nuestro país, la premisa básica con la que se mueve la política radica en tener un control lo más amplio posible sobre la sociedad.
Foucault habla de la importancia que tiene en la legitimización del Estado el exponer públicamente a los criminales: es mostrarle a la sociedad “inocente”, qué es lo que puede pasar si rompen las reglas.
La semana pasada, cuatro profesores de la Sección 22 de Oaxaca, fueron detenidos y trasladados al Penal del Altiplano, acusados de vandalismo y delitos federales. Esto se dio en el marco de las manifestaciones que el magisterio ha realizado a raíz de las más recientes reformas educativas; es decir, cuando el Estado decide hacer algún cambio en la ley, no toma en cuenta las opiniones sociales, simplemente reprime y expone a los disidentes para dar muestra de su enorme poder.
La imagen de los cuatro profesores apresados, difundida en algunos medios de comunicación, se asemeja mucho a la de algún narcotraficante o delincuente de renombre detenido: cada maestro es llevado por dos policías, manos hacia atrás, mirada hacia abajo, de fondo, un imponente avión de la Policía Federal. Toda la fuerza de la ley contra quienes están en contra del sistema. Ya no hay diferencia entre bandido y manifestante. No hay libertad política.
Foucault habla también del modelo panóptico, un diseño carcelario creado por Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII, en el cual, la idea principal es que todos los prisioneros están bajo completa visión de un solo vigilante, a quien ellos, no pueden ver.
Como mexicano, ¿no te sientes así? Cámaras por todos lados, policías, gente encubierta, el Ejército en las calles, personas que no ves pero que te tienen en la mira. Todo ambiente de nuestra sociedad está regulado, y ahora, incluso, se busca tener bajo un impreciso control al ciberespacio.
La llamada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, fue presentada en el Senado el pasado 27 de octubre, por el legislador Omar Fayad. Esta propuesta, a decir del autor, tiene como propósito “proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de internet, para cometer delitos o para cometer conductas ilícitas”; sin embargo, su imprecisión en muchos de los puntos que presenta, la hacen ser una iniciativa abierta a la censura, a la criminalización del periodismo y a violar la libertad de expresión en redes sociales.
Pese a que el propio Fayad habló de “cambiar la redacción” en alguna parte de su iniciativa, el problema con las leyes mexicanas es que, basados en experiencias pasadas, pueden ser aprobadas aunque sean ambiguas, y es justo esa imprecisión la que abre el paso a criminalizar actos que en cualquier sociedad moderna, no tendrían ni por qué llamar la atención de la autoridad.
Los mexicanos vivimos así: vigilados, expuestos, castigados y atemorizados por un gobierno ilegítimo que para legitimarse, se ha dedicado a criminalizarlo todo.
