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Se Fue el Fiscal de Borge; el lunes emiten convocatoria para buscar al sustituto de Escalera

Entrega Fiscal General del Estado su renuncia ante el Congreso

· Confirmó el diputado Eduardo Martínez Arcila, que la mañana de este viernes fue recibido el documento en Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.             

Chetumal, Quintana Roo.- El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Decimoquinta Legislatura, confirmó que Arturo Álvarez Escalera, presentó su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, por lo que el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de designación de quien ocupará este cargo.
Martínez Arcila, anunció que este lunes 12 de diciembre, podría ser emitida la convocatoria que marcará el inicio del proceso para la designación de quien ocupará este cargo.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 96 apartado A inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la que se establece que se ante la ausencia definitiva del fiscal general del estado, en este caso se aplica la presentación de su renuncia con carácter de irrevocable, se deberá emitir la convocatoria para que los grupos parlamentarios representados en la Decimoquinta Legislatura presenten hasta dos propuestas para elegir al nuevo fiscal.
Martínez Arcila, detalló que algunos de los requisitos que deben de cumplir las propuestas que se presenten son: ser ciudadano mexicano por nacimiento; haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación; entre otros.
De acuerdo con el proceso, una vez que vence el plazo para la recepción de las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios, la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Decimoquinta Legislatura, se reunirá para revisar si las personas propuestas cuentan o no con los requisitos constitucionales y elaborará un dictamen con los datos de quienes los hayan cumplido.
Posteriormente, este dictamen se presentará ante el Pleno de la Legislatura, antes del vencimiento del plazo de los veinte días naturales señalado en el mismo artículo 96 apartado A inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la legislatura, se elabore la lista de diez candidatas o candidatos al cargo de Fiscal General del Estado.
Esta lista deberá ser remitida al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien dentro de los diez días naturales de haber recibido la lista de candidatas o candidatos, formulará una terna y la enviará a la consideración de la Decimoquinta Legislatura.
Una vez realizada la designación del Fiscal General, deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y comparecerá ante la Legislatura para rendir la protesta de ley correspondiente( con información del Congreso del Estado).

¿Se volvió cómplice Carlos Joaquín de Beto Borge por eso no destituye al Fiscal Escalera que lo protege?

Hablando de los amigos de Borge que lo protejen desde el poder, entrevistamos al Presidente del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Arcila Martinez. ¿Por que no destituyen al fiscal Carlos Arturo Alvarez Escalera protector del ex gobernador corrupto? Esto nos contestó:
– Empezando desde el fiscal, a el le dieron una notaria, la 112.
¿Cómo podemos evitar que ese compadre de Borge no entorpezca el proceso ahora que le toca investigarlo? Habrá un conflicto de interés.

Evidentemente si hay una situación donde algun familiar del fiscal fue beneficiado con una patente para ejercer el notariado en el Estado que ahora este siendo investigado por el Ejecutivo del Estado pues obviamente ahora que le toque juzgar habrá un conflicto de intereses, no se puede presuponer cuales serán el resultado de las investigaciones pero de antemano ya existe una opinión fundada sobre la objetividad de su investigación.

– Ahora, ¿como se puede remover a este fiscal, o nos tenemos que esperar 6 o mas años?

Nosotros como legislatura concluimos un tramite que estableció la facultad del Ejecutivo o a nosotros como legislatura en su caso de poder remover al fiscal, lo que falta complementar es establecer de manera clara la constitución o la ley orgánica de la fiscalía las causales por la cual se remueve.

Hoy 28 de Noviembre el Congreso del Estado no puede decirle al fiscal que no requiere de sus servicios y asi removerlo?

Al menos que se presentase por medio de la misma ciudadanía algun recurso legal donde se acrediten causas graves que se establezcan dentro de la ley de servidores públicos, podría ser, hay hoy en dia un ampàro que se esta sustanciando frente al juzgado 5º en contra de su nombramiento, hay que esperar que resuelve el juez pero no hay un plazo donde se pueda sustanciar este amparo, esta en ello.

– ¿Entonces usted me esta diciendo que de un juez depende o de una ciudadana?

Son varias vías, ahora esta el amparo que ya esta en proceso o un recurso de un ciudadano tan grave que pudiera demandar contra el fiscal y asi poder removerlo. A parte como te comentaba ya se estableció en la constitución el poder de la legislatura para remover al fiscal.

– ¿Esto lo establecieron ustedes?

No se había concluido la reforma constitucional y nosotros al llegar lo que hicimos fue concluirla, decretarla y la suprema corte de justicia ya sobresello las actas que presento la PGR, ahí hay una confusón porque se piensa que la PGR fue quien validó y realmente no es que haya validado es que expresamente el nombramiento del fiscal nunca fue por parte de la PGR.
– En el caso de que también el Ejecutivo tenga ya la facultad de removerlo, ahora es la voluntad de Carlos Joaquin querer hacerlo?

Lo único que falta definir son las facultades realmente graves, porque eso le tiene que dar certeza a todo, por si incurrió un delito.

– Si Carlos Joaquin lo manda a llamar y le dice “Ya no quiero tus servicios” se interpretaría como una acción política.

Desde luego que todo lo que no sea una acción legal y tenga que ver con los demás órganos se entiende como una acción política.

– Eduardo pero aquí, dejar al fiscal no es como dejar a un perro para que cuide las salchichas?

Eso digamos que la voz populi asi lo califica, pero nosotros que hacemos las leyes tenemos que cuidar a los que aplican las leyes y si mañana nosotros decimos que destituiremos al fiscal seria engañar a la gente y el por derecho puede recurrir a un juez para que lo regrese.

– Han existido Gobernadores autoritarios que hacían y deshacían a su antojo desde Mario Villanueva hasta Hendricks, Felix y Borge.

Se había hecho una costumbre actuar fuera de la ley por que todo se solapaba, ahora lo estamos haciendo bien que cada autoridad haga lo suyo y se respeten los poderes.

– El tema del fiscal que Borge le dio la fiscalía y ahora tiene que investigarlo, como podemos decirle al congreso nosotros como ciudadanos que a ver diputados aquí hay un conflicto de interés. Cualquier ciudadanos puede impugnar?

Si pueden presentarla y en base a lo que ellos fundamenten la legislatura puede tomar una decisión. El fiscal no debe de obedecer al Gobernador en turno, pero el anterior Gobernador lo dejo, nosotros estamos recibiendo todas las causales para que pueda ser removido. Asi como se les nombra también se les puede remover.

– Hector Cacique por ejemplo que Escalera permitió que fuera torturado.

La invitación es que cualquier ciudadano que se vea agraviado por algun servidor público.

– El juicio político contra Harley que metió una agrupación

Eso ya se metió pero esta en manos de la comisón de orden y justicia, no esta reglamentado los términos.
– ¿En el caso de caso Pedro Canché que el ex gobernador lo metió injustamente a la cárcel podrían ustedes enjuiciarlo?

Claro, en tu caso que se extendió a parte a nivel nacional con Derechos Humanos podrias recurrir a solicitad un juicio en contra de él con los recursos legales existentes.

– La alerta migratoria, hay un debate entre que si es legal o no entre las bancadas de los partidos. ¿Qué sucede?

No existe un debate, es un argumento que se creo el PRI-PVEM para justificar su voto en contra. Es un exhorto, le estamos diciendo a la PGR, de acuerdo a la investigación que se da en secrecía. Cuando el ya tenga su expediente, para que ellos pidan una alerta a migración, para prevenir que pase como en Veracruz, si esa investigación esta yendo a fondo, llegará a tener una orden de aprensión, para que mañana no nos salgan con que también se fugó.

– Algunos dicen que Carlos Joaquin se volvió sordo y no ha querido escuchar, en este caso tampoco se ha pronunciado a favor o en su caso en contra del tema que dejo pendiente Borge por resolver, entonces ¿podría yo también demandar al actual Gobernador?

Me parece un poco exagerado, a penas la semana pasada tuve la oportunidad de coincider en un evento con el esta muy pendiente de la agenda del Congreso, recibimos un Estado quebrado. La situacion es que hay tantos temas de urgencia que seguramente el va resolviendo.

– Los operadores Juan de la Luz Kaufachi, Miguel Ramon, Atondo, entre otros, influyen también en las decisiones del Congreso y no son tan autónomos del Ejecutivo?

No, somos dependientes, nuestra relación con Miguel Ramon es natural pues el es enlace con el Congreso, hay una total autonomía.

– Cuando por ejemplo salió la grabación difundida por el mismo partido Morena en contra del Diputado Juan Ortiz de haber recibido milloes de pesos, también cuando los medios magnificaron el caso de los poblanos en Quintana Roo, sobre los despidos, los medios ahora todo magnifican, Ahora, todas estas falsedades, en que afecta al Gobierno o a ustedes como Congreso?

Es una sociedad pendiente de los medios de comunicación, el ciudadano finalmente tiene que fijarse como todo se va resolviendo, si tiene una mejor calidad de vida, si la justicia se esta aplicando como debe de ser, si realmente mejoro el gobierno con este cambio. Es parte de la libertad de expresión pero todo se ira reflejando en los trabajos que nosotros le vayamos entregando al pueblo. Para el nivel de daño que recibió nuestro Estado, es obvio que hay responsables y se tienen que enjuiciar, el ciudadano se sentirá defraudado si eso no llega pasar. No podemos evitar esos show mediáticos.
Sinceramente, ¿tu ves a Borge tras las rejas?

Creo que la mayoría de los Quintanarroenses quisiéramos verlo ahí, pero finalmente si queremos aplicar bien la ley tendrá que ser también de esa manera como el sea enjuiciado y llevar un debido proceso.

Finalmente Eduardo, ¿cuantas denuncias ya existen en contra del ex Gobernador?

Las que se han hecho publicas, tratamos de informar siempre a la ciudadanía lo que estamos haciendo respecto a este tema. Y no solo nos estamos poniendo a investigar a una persona, estamos yendo hacia todas las dependencias que se entregaron en quiebra y vamos con sus responsables, por ejemplo el caso de CAPA y Aguakán que mandamos llamar a comparecencia al titular y temas como esos son los que tenemos también como prioridad.

Borge le dio la notaria 112 a la esposa de Carlos Álvarez Escalera por eso el Fiscal no lo investiga

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CHETUMAL, MX.- Ahora que el exgobernador Roberto Borge Angulo ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado por la administración actual, todas las miradas se centran en la persona que está encargada de investigarlo y llevarlo ante la justicia, el fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, nombrado por el propio ex Gobernador, pero que además recibió como “obsequio” una notaría, a nombre de su esposa, reveló este día el diario Quequi.

De acuerdo con la información firmada por el reportero Luciano Núñez, el nombramiento de María Teresa Suárez Álvarez como notario público 112 de Cancún, viene a confirmar una vez más que el fiscal “heredado” al actual gobierno tiene lazos de lealtad con la persona que ahora le toca investigar, lo que supone un conflicto de intereses que debiera prender los focos de alerta.

Era un escenario predecible, pues Borge, en los últimos meses de su mandato, y sabiendo que el nuevo gobierno entraba con la promesa de campaña de auditar su administración, se encargó de poner diversos “candados” legales, conocidos como su “paquete de impunidad”, que incluía el nombramiento de Álvarez Escalera como fiscal por un periodo de nueve años.

Aunque la Fiscalía es una figura autónoma, su titular no fue consensuado con la sociedad organizada o con colegios de profesionales, sino que se asignó en automático a quien se desempeñaba como procurador, una persona subordinada que ya había demostrado su lealtad al gobernador en turno, al ocultar los múltiples desvíos realizados en su administración y al no perseguir las denuncias que afectaban los intereses del gobierno.

Sin embargo, el deber su cargo a Borge Angulo no era suficiente y el ex Gobernador se encargó de darle de “obsequio” la notaría pública 112 a su esposa, María Teresa Suárez Álvarez; fue sólo uno de los beneficiados con este “pago de favores” del gobernante saliente.

Faltaban pocos meses para que terminara la administración de Roberto Borge Angulo, y el entonces gobernador (papel y lápiz en mano) se vio obligado a elaborar una nutrida lista para el forzoso “pago de favores” a quienes mantuvieron la lealtad aún a prueba de todo.

Según las investigaciones y la información que ha dado a conocer el gobierno actual, fueron tres las herramientas que utilizó: tierras públicas, placas de taxi y notarías. Por otro lado, mandó diseñar un complejo entramado legaloide para dejar en puestos claves a sus incondicionales, acción que fue denominada como “paquete de impunidad” o “blindaje”.

Si bien el Congreso del Estado, dio reversa en muchos puntos que tenían que ver con las sanciones, quedaron en firme dos posiciones claves: el fiscal general, en manos de quien fuera el procurador, Carlos Arturo Álvarez Escalera y el auditor del estado, Javier Zetina.

Álvarez Escalera fue ascendido a procurador tras la salida de Gaspar Armando García Torres, a quien el gobernador apuntó en la lista de los que le tocaba notaría. Pero también quiso hacerlo del mismo modo con el flamante fiscal, a quien le aseguró un periodo de nueve años.

Fue así como Borge le asignó la notaría 112 de Cancún a María Teresa Suárez Álvarez, esposa del fiscal general, según consta en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo a la edición del 11 de julio de 2016 de esta publicación, en su Tomo II, Número 63 Extraordinario Ter, se entregaron 23 notarías “en paquete”, incluida la de la esposa del fiscal general.

Ella fue solo una de las beneficiadas por el régimen saliente. También recibieron patente otros funcionarios públicos, como Javier Jesús Cárdenas Rivero (entonces procurador del ambiente), las diputadas Berenice Polanco (hoy regidora) y Judith Villanueva; además de parientes, como el hermano del diputado Juan Carlos Pereyra, Jorge Julián Pereyra Escudero, entre otros.

Todas estas notarías se entregaron con una convocatoria amañada en el periódico con pocos días de diferencia a la asignación de las mismas, motivo por el que diversos abogados se inconformaron e interpusieron amparos, que impiden que entren en operación.

De acuerdo a fuentes consultadas, una notaría puede alcanzar los ocho millones de pesos y existen 123 en todo el territorio estatal.

Según un documentos de Transparencia, las primeras cinco notarías del estado fueron entregadas por Jesús Martínez; 10, Pedro Joaquín Codwell; 10 por Miguel Borge; 5 por Mario Villanueva, 15 por Joaquín Hendricks. Los números se dispararon durante el sexenio de Félix González Canto: se entregaron 29 notarías; de acuerdo a los registros, desde la 46 a la 74.

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó, en sus primeros cinco años, 25 notarías: de la 75 a la 100; y a pocos meses de dejar su mandato, lista en mano y en una sola convocatoria, de fecha 17 de junio 2016, otorga de la 101 a la 123 (23 de un solo plumazo): 48 nuevas notarías.

Si bien la denuncia de la PGR contra la designación del fiscal y el auditor de Quintana Roo quedó sin materia (acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2017), el gobernador Carlos Joaquín tiene la facultad de nombrar a un nuevo fiscal, según confirmó un diputado que pidió reservas. Sería cuestión de semanas para que esto suceda.

Notarías Entregadas

Jesús Martínez Ross de la 1 a la 5

Pedro Joaquín Coldwell de la 6 a la 15

Miguel Borge Martín de la 16 a la 25

Mario Villanueva de la 26 a la 30

Joaquín Hendricks de la 31 a la 45

Felix Gonzalez Canto de la 46 a la 74

Roberto Borge Angulo de la 75 a la 123

(Fuente: Quequi)

Aún no presentan pruebas contra Borge, dice su fiscal Álvarez Escalera

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El fiscal general del Estado, Carlos Álvarez Escalera, afirmó que las investigaciones y sentencia en torno a las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo avanzarán en la medida en que la parte acusadora entregue la información solicitada y acredite la comisión del delito imputable.

Recordó que fue el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, el IPAE, la instancia que interpuso la denuncia por la enajenación de bienes propiedad del Estado a precios menores contra seis ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo.

Explicó que desde el día siguiente de la denuncia se solicitó la información al IPAE, así como al Registro Público de la Propiedad, la información para sustentar la queja y permitir avanzar en las investigaciones en torno a la venta de terrenos propiedad del Estado a precios por debajo de lo que establece su valor catastral.

Hasta el momento solo han presentado la denuncia y no han entregado la información solicitada, manifestó.

“Tenemos el nombre de los ex funcionarios denunciados y dependerá de los predios, el nombre de los propietarios actuales y quienes hicieron las transacciones comerciales que se continuará la investigación y se pueda acreditar el delito”, dijo.

“El avance de las investigaciones dependerá en la medida en que nos hagan llegar la información”, explicó. “La sentencia será en la medida en que puedan acreditar las irregularidades presuntamente cometidas”.

Reiteró que la parte demandante deberá acreditar si los predios en cuestión fueron vendidos a un precio diferente al valor catastral establecido en su momento y todo dependerá de la información que proporcionen para determinar la responsabilidad.

Álvarez Escalera aclaró que la Fiscalía no politizará la denuncia interpuesta y sólo están en espera de la información que proporcionen y el avance y dictamen dependerá de la documentación que entreguen para no generar especulaciones.

Aseguró que el hecho de que fuera designado por el ex gobernador Roberto Borge Angulo en su momento como procurador de justicia no influirá en los dictámenes que se presenten y todo estará basado en la información que proporcione por la parte demandante y logren acreditar los delitos que se imputan a los seis ex funcionarios.

“Si hay elementos, se consignarán los expedientes y la responsabilidad de fincar responsabilidades será de un juez”, enfatizó. (Noticaribe)

Inconstitucional, designación del Fiscal Álvarez Escalera en QRoo: SCJN

Inconstitucional, designación de Fiscal en Quintana Roo: SCJN Redacción/Quadratín México CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2016.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes favorablemente las acciones de inconstitucionalidad 57/2016 y 64/2016, presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de diversas disposiciones emitidas por el Congreso del estado de Quintana Roo, referentes a la materia de combate a la corrupción y al procedimiento para la designación del Fiscal General de la entidad. En los argumentos vertidos en la acción de inconstitucionalidad 57/2016,la PGR advirtió que las normas cuestionadas inciden en el Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente, en lo concerniente a la estructura y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa local; además, no otorgan certidumbre sobre qué legislación debe aplicarse ante un caso de corrupción. Por su parte, en la demanda relativa a la acción de inconstitucionalidad 64/2016, la Procuraduría refirió que el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, al regular el procedimiento para nombrar al Fiscal General del Estado provoca incertidumbre jurídica, debido a que no prevé alguna hipótesis para el supuesto de que el Gobernador de la entidad no reciba la lista de diez candidatos para ocupar el cargo de Fiscal en el plazo de veinte días naturales; el legislador estatal realizó una deficiente regulación sobre el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía; y el titular de la Fiscalía General local puede ser removido no solo a petición del Gobernador de la entidad, sino por voluntad directa del Congreso del estado. Derivado de lo anterior, la Legislatura local, mediante los decretos 446 y 007, publicados en el periódico oficial de la entidad el 1° de agosto y el 28 de octubre de 2016, respectivamente, modificaron los artículos cuestionados, a fin de adecuar su contenido a los planteamientos vertidos en los medios de control constitucional referidos; por tanto, se considera que quedó subsanada la inconstitucionalidad planteada por la PGR.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://mexico.quadratin.com.mx/inconstitucional-designacion-de-fiscal-en-quintana-roo-scjn/

 

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