gobierno quintana roo

No más borguismo en Q. Roo

/

POR BASILIO ARÉVALO.-

Este miércoles 30 de agosto se cumplen tres años de que el gobierno (priista) de Roberto Borge Angulo orquestó la detención arbitraria e injusta al periodista Pedro Canché Herrera, acusándolo de sabotaje en Quintana Roo.

Tan lamentable condición ubicó a Canché como el preso político número uno del gobierno quintanarroense dominado por el autoritarismo de Roberto Borge, que pese a pasar tres años convenciendo a Enrique Peña Nieto de un supuesto triunfo electoral frente a Andrés Manuel López Obrador, proyectaba sinfín de situaciones que hoy son el alud de su desgracia… y la que le espera a su regreso de Panamá donde está preso y significa la vergüenza del clan cozumeleño.

En su momento, Canché Herrera, también activista maya, retó al séptimo titular del Poder Ejecutivo del Estado a un debate, propuesta que fue rechazada y en contraparte, se maquinó todo un plan para defenestrar su imagen e integridad como padre de familia, propietario de un negocio en la industria extractiva y comercializadora de la madera con registro de marca,  pero sobretodo conocido en su natal Felipe Carrillo Puerto por su férrea convicción de valores y dignidad humana.

Tan vergonzosa tarea tuvo como alfiles al entonces Secretario de Gobierno, Gabriel Mendicutti (hoy zar de la industria de la masa y la tortilla) y el vocero del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, recientemente impulsor de un medio de información digital, aprendiz de empresario gastronómico y extraño camaleón en su imagen personal. Rangel Rosado, “El vocerito” le nombró Pedro Canché, padece hoy el síndrome de la ostra, particularmente ante la descarga de exhibiciones sobre el desfalco y saqueo del dinero público cometido por Roberto Borge, y la descarga de obuses que lentos, pero se suceden también en contra de su anterior patrón, Félix González Canto, sexenio en el que Rangel Rosado ocupó la Dirección de Información teniendo como jefe inmediato al teapaneco Jorge Acevedo Marín. Aquí, en Chetumal, capital del estado, los anteriores replicantes de los boletines oficiales guardan hermetismo sobre este personaje, seguros de deberle favores por la manutención que con dinero de los quintanarroenses se hizo del periodismo que autorizó Roberto Borge. Tarea prioritaria también tuvo el anterior presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, que como titular del Poder Judicial del Estado se encargó de perfilar el expediente que dolosamente pretendía hundir a Canché.

El 27 de abril de 2017, el gobierno de Carlos Joaquín González, emanado de una coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN) que propalan haber vuelto gobernador al también integrante del Grupo Cozumel; ofreció una disculpa pública a Pedro Canché a través del protocolo que se sigue vía la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por el abogado y maestro en Derecho Miguel Ángel Pech Cen.

Lo ocurrido a Pedro Canché es también un aviso de no más borguismo en Quintana Roo. Debiera ser también una decente invitación a evitar la rapacidad que, a propósito de exhibir a los culpables del borguismo y al mismo Borge se habrían de escudar para cometer ilícitos con el dinero público. No más borguismo en Quintana Roo, señalan seguidores de Pedro Canché en sus redes sociales. Esa oración tiene una mayor contundencia si al contextualizarla se tiene toda una montaña de voraces empresarios coludidos en política que hicieron negocios con Borge y pretenden perpetuar ese dinero mal habido en el gobierno de Carlos Joaquín.

En redes sociales de Pedro, también hay quienes echan mano de los adagios populares: “Con la vara que midas serás medido”. “Sí se pudo”. “El que aquí la hace aquí la paga”. “Se hizo justicia divina”. Para Pedro Canché las respuestas son secuenciales, con valor y decisión las cosas se logran y 223 mil quintanarroenses lograron lo que se creía imposible, desterrar al PRI de la silla de Chetumal. A seguir en el combate, responde Canché. Seguiremos en el combate, luchando para que no exista más impunidad.

La corrupción en el IEEA alcanzó también a Rafael Quintanar

///

POR BASILIO ARÉVALO.- Durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo en el poder liderando a México con diversos gobiernos de sucesión del mismo instituto político. Se generó un modelo burocrático que, con el paso de los años dejó una ética del servicio público deformado y gestó deficientes y vergonzosos comportamientos: corrupción, caciquismo en dependencias, confort laboral de burócratas, etcétera. La corrupción se “institucionalizó” y en consecuencia se volvió cínica enquistándose en las estructuras burocrático-administrativas.

Con el cambio de gobiernos derivado del voto de castigo de los mexicanos en entidades saqueadas por el PRI, la búsqueda de la eficiencia como el fin principal de la racionalidad burocrática, no fue un objetivo que dominara; por el contrario, en Quintana Roo, sin siquiera haberse cumplido el primer año de gobierno en una coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido soslayada cuando un servidor público, o un político de mediano peso sube a la élite burocrática.

“Ese fue el caso de Rafael Quintanar González como director del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) en Quintana Roo. Perdió el piso. Se le confundió la brújula porque quizá traía buena intención, pero la corrupción dominó”, sostiene una fuente al interior de esta dependencia al hablar sobre lo ocurrido con el político ex perredista, rechazado por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y lastimeramente renunciado del IEEA, en mayo pasado.

Pero un abultado expediente sobre la millonaria corrupción con la educación en Quintana Roo filtrado a PEDROCANCHE NOTICIAS va más allá: documenta los 12 años que el profesor Francisco Javier Novelo Ordóñez –antecesor de Rafael Quintanar como director general del IEEA en pago de factura por apoyar las campañas políticas del PRI–, manejó al instituto como una caja chica que nunca era auditada. “En sus manejos todo parecía ir como ellos deseaban y las metas se regían por medio de los marcadores que solicitaba el INEA nacional”, cita la fuente.

El desfalco que presenta el IEEA por dinero federal no comprobado a la fecha asciende a 25 millones 101 mil 998.63 pesos, según consta en el oficio OAGEQR/846/VII/2016 de fecha 1 de julio de 2016 fechado en Chetumal, Quintana Roo, en el cual se detallan las observaciones señaladas en el oficio DGRRFEM-A-3935/16 de la Auditoría 0729 denominada “Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación (UO23), correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2013, que contienen la comprobación del gasto de los Centros de Educación en Quintana Roo.

CUENTAS PÚBLICAS REVELAN MILLONARIO DESFALCO

De la gestión del director saliente del IEEA, Francisco Javier Novelo Ordóñez, se determinaron actos, omisiones y/o negligencia en la solventación y/o resarcimiento, lo que ocasiona al IEEA un daño patrimonial derivado de las auditorías practicadas a las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 por la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con las observaciones y requerimientos de devolución de los importes que no fueron debidamente acreditados.

Las auditorías enumeraron las siguientes observaciones: A) Mediante revisión a la Cuenta Pública 2013, en el apartado Otros Ejecutores, el IEEA debió acreditar con la documentación justificativa y comprobatoria la cantidad de 25 millones 101 mil 998.63 pesos que le transfirió el Gobierno del Estado de recursos federales correspondiente al programa U023. En consecuencia existen actos, omisiones y/o negligencia por la autorización y/o asignación de recursos en el ejercicio de acciones al pliego de observaciones PO1409/15, UO23 2013, en el cual se establece que este Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo no comproboó la cantidad de 25 millones 101 mil 998.63 pesos, no obstante que le fue solicitada la comprobación desde el pasado 7 de julio de 2016 al director saliente.

La Auditoría Superior de la Federación también observó y determinó mediante revisión practicada a la Cuenta Pública 2014 en la cual existen actos, omisiones y/o negligencias para solventar y/o resarcir la observación contenida en la cédula de resultados finales de la auditoría número 468 denominada “Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos” correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2014, por la autorización y/o asignación de recursos correspondientes a economías del FAETA del Ejercicio Fiscal 2014. Asimismo, se le requirió a diversos funcionarios salientes la cantidad de 107 mil 320.15 pesos.

En su inciso B, el documento cita que la Auditoría Superior de la Federación observó y determinó mediante revisión a los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnología para Adultos”, la solventación correspondiente al número 8 de resultados procedimiento 4.1, en virtud de que a la presente fehca se encuentra sin solventar, que a la letra dice: “De la revisión al cierre del Ejercicio Fiscal 2015 de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnología y de Adultos (FAETA), auxiliares contables, pólizas y documentación soporte, al IEEA, se observó que se amplió el cierre del ejercicio presupuestal 2015 la cantidad de 3 millones 994 mil 217.47 pesos correspondiente a economías del FAETA del ejercicio fiscal 2014, para ser utilizado en el Capítulo 5000, los cuales ejercieron en 2015 en la adquisición de vehículos utilitarios, concepto que no cumple con los fines y objetivos del fondo, con fundamento en los Artículos 42, 43 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 34, 35, 36, 37, 38 y 70 de la Ley General Gubernamental. En consecuencia, existen actos, omisiones y/o negligencia por la autorización y/o asignación de recursos correspondientes a economías del FAETA del Ejercicio Fiscal 2015.

HASTA EN LO MÍNIMO, LA TRANSA

El mayor problema es el tema de la incorporación y certificación del nivel básico de educación en los municipios, caso en el que los más afectados fueron y siguen siendo Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. A decir de la fuente, en tiempos de campaña se les decía que se les enseñaría a leer y escribir a las personas de los poblados mayas, donde sólo en esa época los funcionarios del IEEA se acercaban a las comunidades, pero nunca regresaban.

Tan sólo en el subproyecto “Por un México sin rezago” en el período de agosto 2015 a marzo de 2017, se acreditó un número de 71 egresados, según consta en el reporte emitido el 5 de abril de 2017, pero ninguno de los supuestos calificados con domicilio en Carrillo Puerto y José María Morelos tiene el certificado.

Durante la administración de Francisco Novelo Ordóñez como director general del IEEA en conjunto con el coordinador Pedro González y personal administrativo y técnico a su cargo, de la coordinación de Felipe Carrillo Puerto, acudían a las comunidades más alejadas para llegar con las personas e invitarlas a estudiar (sin costo) para así obtener un certificado de estudios de primaria y posteriormente cursar la secundaria. El único trámite era entregar los documentos para darlos de alta en el padrón de educandos y proporcionarles los libros; al finalizar cada mes presentaban el examen “Por círculo de estudio”, por lo que las personas accedían a entregar sus documentos para que los incorporaran y realizaran sus estudios. Pero pasaba que posterior a obtener dicha documentación los técnicos ya no regresaban a las comunidades para llevar a cabo la tarea de enseñar. En sus oficinas daban de alta a las personas y ellos mismos presentaban los exámenes, por cada prueba presentada y pasada se les pagaba 100 pesos por educando y ellos ganaban sin entregar los certificados a las personas de los poblados.

Al tomar la dirección general del IEEA, Rafael Quintanar inició una investigación de lo sucedido en los poblados, ya que la base de datos aparece que del total de la población 100 personas tienen estudios por parte del IEEA y en realidad son cerca de 20 las que realizaron los estudios y 80 a los que nunca se regresó a darle trámite para iniciar sus estudios, pero aparecen en el sistema como si ya hubiesen terminado primaria y secundaria ¡y no estaban enterados!

BASIFICAR A RECOMENDADOS

A su salida, Francisco Javier Novelo Ordóñez dejó a un sinfín de trabajadores basificados que habían pasado años como personal de confianza. En la lista de recomendaciones a Rafael Quintanar también dejó a “amistades” afines para que al ingresar el nuevo director general no fueran despedidos.

De esta corrupta estrategia de colocación laboral fue cómplice la coordinadora de la 03 del IEEA, Jazmín Esther Pool Hernández, quien al ser cuñada de Rafael Quintanar González es quien operó el manejo de gente y familiares dentro del instituto con el claro propósito de incluirlos a la nómina.

Otro cuestionamiento es emplear a Julio de Jesús Méndez Paniagua, quien en sentido estricto es un “aviador” contratado, en virtud de que por ser afin a Rafael Quintanar violenta el horario institucional en la Coordinación 09 en el municipio de Benito Juárez, ya que se dedica a atender asuntos jurídicos ante las autoridades laborales, lo cual podrá ser acreditado con un informe a dichas autoridades donde comparece ante las mismas para la atención de juicio y/o convenio correspondiente al despacho jurídico donde es abogado patrono.

 

Los trascendidos señalan que en todo el proceso de auditoría de la Cuenta Pública 2016 y la ampliación de la Cuenta Pública 2014, toda la información que le era solicitada a Ludivina Gutiérrez Soto le era informada vía sistema de mensajería telefónica o de forma personal, le era informada a Rafael Quintanar, lo cual se puede corroborar en los archivos de su teléfono móvil 983-131-8900.

RENUNCIA DESTAPÓ DESASEO FINANCIERO

La renuncia de Rafael Quintanar despertó conjeturas de todo tipo en la opinión pública. Se habló de una aspiración política personal, de incompatibilidades en la relación con funcionarios de la primera línea de Carlos Joaquín y el argumento de información no registrada en su declaración patrimonial.

Lo cierto es que Rafael Quintanar literalmente lucró con el fondo bancario de reserva del IEEA logrando la complicidad de la directora de Administración y Finanzas, Guadalupe Pastrana Sánchez.

Cita el expediente de los auditores del Estado: “De las cuentas bancarias aperturadas en la institución bancaria HSBC correspondiente a ejercicios de años anteriores en fecha 19 de abril de 2017, se cancelaron cuatro cuentas bancarias aperturadas a nombre del IEEA, retirando mediante cheque de caja un total de 400 mil pesos, cancelando las cuentas y retirando el efectivo en coparticipación con la Dirección de Administración y Finanzas (sic). Falta un número de cuenta y no se tiene identificado con exactitud de los números de cuenta que se enumeran a continuación, de los cuales se retiró el efectivo y se cancelaron las cuentas número 4029653623, 4035233154, 4035233261, 4058349838, 4058349846 y 4058349853, de las cuales la directora de Administración y Finanzas, Guadalupe Pastrana Sánchez (militante del PRI) y Rafael Quintanar González retiraron dichas cantidades, las cuales se repartieron por partes iguales. La licenciada Guadalupe Pastrana Sánchez manifestó que lo había hecho supuestamente por coacción de Rafael Quintanar González y pretendía devolver la parte de la cantidad que le había quedado a favor”.

Pero es el caso que, coacción o no de por medio, en el IEEA de Quintana Roo no hay contabilidad y mucho menos controles de gasto. Por ejemplo, a partir del 6 de octubre de 2016 a la fecha no existe un control de los gastos que hizo Rafael Quintanar como directivo, ni el tabulador de sus gastos personales, como la renta de una casa, viáticos por 5 mil pesos semanales, gastos de representación por 20 mil pesos mensuales, gastos en el hotel Príncipe ubicado en Chetumal, así como la manipulación de conceptos por gastos de capacitación para fiestas decembrinas en 2016 en todas las oficinas, ni los gastos para festividades con motivo del Día de la Madre, Día del Niño, Día del Amor y la Amistad en 2016, ni del Día de la Mujer en 2017.

Los auditores constataron que desde la administración de Novelo Ordóñez (12 años) y por convenir a intereses económicos personales, no ha sido implementada una armonización contable no obstante que es obligación por ley hacerlo. Incluso, los estados financieros carecen de confiabilidad, por lo que corresponde al 2016, presentan discrepacias e inconsistencias.

Desde el pasado 11 de mayo de 2017, tras la renuncia de Rafael Quintanar al cargo, se autonombró como directora general del IEEA otra incondicional del diputado Emiliano Ramos Hernández incurriendo en usurpación de funciones. Mediante oficio simple que carece de recepción y/o validez de cualquier autoridad, asesorada por Alejandro Lage, favorito financiero del diputado local perredista, Nitzia Rivera Argüelles participó en reunión con los auditores enviados por la Auditoría Superior del Estado y en reuniones con directores y administrativos argumentó que Alejandro Lage era amigo personal del director nacional del INEA, lo cual es falso, ya que fue enviado para mitigar los riesgos por la conducta desaseada de Rafael Quintanar y gestionar ante el Gobierno del Estado la permanencia de Nitzia Rivera Argüelles en el IEEA. Y así, durante el tiempo que Nitzia Rivera usurpó funciones en la dirección general (hoy es subdirectora) se han cometido sinfín de violaciones laborales y administrativas a través de dos empleados incondicionales: Julio de Jesús Méndez Paniagua y Martha Elizondo Martínez, figuras solidarias que prestan sus servicios de manera voluntaria. Son ambos quienes realizan el “trabajo sucio” de Nitzia Rivera Argüelles.

El expediente también señala a la directora de Administración y Finanzas del IEEA, Guadalupe Desiree Pastrana, quien en contubernio con Gladys Gaber, jefa de Recursos Materiales, por medio de facturas autorizan gastos para sacar recursos de las cuentas. Dichas facturas sólo son autorizadas por la administración y no se hicieron llegar nunca al director titula para su autorización, lo que hasta la fecha se sigue realizando con la administración de la licenciada María Candelaria Raygoza Alcocer, actual directora general del IEEA.

Este sistema de operación en el IEEA se lleva a cabo desde la administración de Francisco Novelo; prosiguió con la gestión fugaz de Rafael Quintanar y es el mismo que se aplica con Candy Raygoza Alcocer, conocida aquí en Chetumal por ubicarse en puestos estratégicos con fines electorales.

Q. Roo, comprometido con la transparencia

/

Por Basilio Arévalo

Con la reiteración

El gobernador presentó los portales oficiales de Publicidad Oficial y Comisiones Abiertas.

de que desde el inicio de su administración es fundamental la participación de los ciudadanos quintanarroenses para el escrutinio público de las acciones de gobierno, el jefe del Ejecutivo estatal, Carlos Joaquín González, encabezó la presentación de los portales electrónicos de Publicidad Oficial y Comisiones Abiertas.

Durante el evento realizado en la Universidad del Caribe (UNICARIBE), el gobernador subrayó  que la transparencia y la rendición de cuentas son armas para combatir la corrupción. “Desde el inicio de la administración decidimos emprender el ejercicio de nuestra gestión con transparencia y de cara a la sociedad. Sin embargo, nuestro compromiso con la transparencia lo hemos llevado más lejos: lo trasladamos hacia la Publicidad Oficial y las Comisiones Abiertas”.

Al presentar ante la sociedad civil y medios de comunicación los portales electrónicos de Publicidad Oficial y Comisiones Abiertas INAI-Gobierno del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín dio a conocer que, desde el primer día de su administración, decidió impulsar la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

“Hemos trabajado en ello desde el primer día, pero convertirnos en un gobierno abierto no solamente implica que compartamos la información, que entreguemos cuentas y midamos los resultados. La participación de los ciudadanos como elementos críticos es indispensable para este escrutinio”, precisó Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo añadió que la eficacia de este binomio entre participación ciudadana y transparencia es necesaria para que las políticas y las acciones de este gobierno realmente incidan en el cambio, en el conocimiento, en la toma de decisiones de las personas para que se puedan mejorar el desempeño y la calidad de los servicios.

“Debemos entender que la transparencia es la única vía para consolidar la democracia, y la apertura y la información son las principales herramientas para empoderar al ciudadano. Es, asimismo, un arma esencial para combatir la corrupción y lograr que todos los servidores públicos actuemos con responsabilidad”, puntualizó Carlos Joaquín.

Dio a conocer que en Quintana Roo, segundo estado en poner en marcha estos instrumentos de transparencia, “podemos presumir que hemos sostenido crecimiento económico y que hemos generado empleo inédito, sin recurrir a más endeudamiento, con base en la disciplina financiera y el compromiso social, poniendo en marcha programas innovadores y focalizándolos en los centros con mayor estado de marginalidad, donde verdaderamente lo necesitamos”.

Por su parte, Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Gobierno de Quintana Roo, indicó que el gobierno de Carlos Joaquín impulsa la transparencia y la rendición de cuentas, con resultados medibles, para recuperar la confianza de la gente en las instituciones, la confianza perdida por la actuación opaca de los gobiernos anteriores de beneficiar a un grupo de privilegiados.

Leonel Litián, quien pertenece a la Iniciativa para la Economía Circular en Quintana Roo, dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos fundamentales para la democracia, para la credibilidad de un gobierno. “Tomando en cuenta lo que hemos vivido en Quintana Roo en los últimos años, esto es una bocanada de aire fresco para todos nosotros”, opinó.

Asistieron a la presentación Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Joel Salas Suárez, comisionado del INAI; el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado; José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo; Cynthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia; Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de FUNDAR AC; y Juan Vergara Fernández, secretario de Finanzas y Planeación.