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Fiscalía recupera 600 millones de pesos al asegurar el terreno de los gemelos Millar que les regaló Borge

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Incautan predio a los Millar López

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo y el aseguramiento de un predio de 55 mil metros cuadrados, el cual, vendido a precio de remate por el IPAE al empresario Alberto Millar López.

La venta estuvo plagada de irregularidades, ya que el predio había sido “regularizado” por mandato de Roberto Borge y adosado al Instituto del Patrimonio el Estado (IPAE), para ser vendido al 2% de su valor real, como un “regalo” a los Millar López, quienes eran dueños de un medio de comunicación que puso a los servicios del gobernador.

El valor real del predio es de 10 mil pesos por metro cuadrado, y se encuentra ubicado sobre la avenida Colosio (carretera federal), y frente al residencial Villa Magna, a la entrada de Cancún.

Dicha compraventa, con de 54 mil 997.30 metro cuadrados se hizo con el número de contrato 02322, fecha del 15 de noviembre de 2016, y en la que aparece como representante la entonces titular del IPAE, Claudia Romanillos, y como comprador Alberto Millar López; la compra fue registrada en $14, 299,428.00, y se encuentra en investigación, ya que se duda haya entrado ese dinero a las arcas estatales.

Existe un audio que se filtró y se escucha a Alberto Millar en conversación con otro hombre, jactandose que es dueño de dicha propiedad.

Asimismo, la ex titular del IPAE, Claudia Romanillas, esta siendo investigada y es buscada por la justicia de Quintana Roo, por haber realizado durante su gestión malos manejos.

Se rumora que Borge regaló este predio a los Millar en pago por las guerras sucias realizadas contra sus enemigos políticos.

(TOMADO DE LAPALABRADELCARIBE)

Devastan extensión de selva en bahía Petempich

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Puerto Morelos.- Con maquinaria pesada, trabajadores arrasan con vegetación en un predio de varias hectáreas en bahía Petempich, vendido originalmente por el IPAE y actualmente en litigio.
Esta extensión de reserva territorial, junto a la carretera federal, en el kilómetro 325, fue una de las muchas vendidas a precios irregulares por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), misma que ahora estaría siendo invadida por uno de los litigantes de la posesión del mismo.
Ciudadanos denuncian que en la tala se está acabando con ejemplares de palma chit, especie protegida.
El litigio por estos terrenos actualmente se dirime en los juzgados civiles de Playa del Carmen.

Rosa Angulo, madre de Roberto Borge y Claudia Romanillos pierden su amparo y ya pueden ser detenidas

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Después de combatir los amparos otorgados a la madre del ex gobernador Roberto Borge, Rosa Yolanda Angulo y a la directora del IPAE, Claudia Romanillos, estos  quedaron sin efectos por lo que podrían ser detenidas en cualquier momento.

Tiempos felices

Casi simultáneamente un juez les otorgó a Rosa Yolanda Angulo el amparo 300/2018 y a Claudia Romanillos el amparo 302/2018 el mes pasado, sin embargo la vicefiscalía anticorrupción dirigido por Rosaura Villanueva logró combatirlos y echarlos para abajo.

Tanto Romanillos como la progenitora del preso en el Estado de Morelos fueron piezas del ex gobernador para adueñarse de 8 mil hectáreas, casi 6 veces el tamaño de la Zona Hotelera de Cancún a través de la empresa  que se llamó en sexenios anteriores el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE).

(Comentario tomado del facebook de Ana Luisa Vázquez ) “Resulta que la acaudalada, Claudia Romanillos, de todas las confianzas de Beto Borge, está casada con Eduardo Solís Azcargoya, ni más ni menos que el vicepresidente de Coparmex Cancún.
Según datos que han salido a relucir, Eduardo Solís también ayudaba a lavar dinero a Beto a través de un hospital de nombre “ABC” propiedad del empresario.


Por cierto, Solís es hijo del empresario yucateco, Eduardo Solís Preciar, dueño de las concreteras ABC, que dicho sea de paso, fue el jefe de Gabriel Mendicutti a su arribo a Cancún, de cuya empresa fue su gerente.
Como la ven?”.

 

Así lo informó la FGE:

BOLETÍN 444/2018-ZS

23 DE MAYO DE 2018

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, SOLICITA APOYO DE LA CIUDADANÍA PARA CUMPLIMENTAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Chetumal, Quintana Roo; 23 de mayo de 2018. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informa que, los amparos de las quejosas Rosa “N” AMPARO 300/2018 y Clauda “N” AMPARO 302/2018, han quedado sin efecto, por lo tanto pueden ser aprehendidos por la policía ministerial, por lo que dicha fiscalía especializada solicita la cooperación de la ciudadanía para que le informe si ha visto o tiene información de los dos imputados, ya que se encuentran en calidad de ser detenidos para rendir cuentas a la justicia Quintanarroense.

…Boletín emitido por Comunicación Social de la FGE.

 

Claudia Romanillos se escondió en los EUA https://noticiaspedrocanche.com/2017/11/29/claudio-romanillos-se-escondio-en-los-eua/

Carlos Mimenza, el aliado de Roberto Borge

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POR BASILIO ARÉVALO.-

El 5 de enero de 2017, siendo aún un desconocido empresario, Carlos Antonio Mimenza Novelo “solicitó” a la abogada que preside la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda, retirar la denuncia interpuesta en contra de uno de los presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, recluido actualmente en Panamá.

Mimenza advirtió a la activista ciudadana que, de no hacerlo, Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora yucateca (PRI) Dulce María Sauri Riancho, interpondría una demanda en su contra, objetivo para el cual ya contaba con “la asesoría de un despacho de abogados con honorarios de 500 mil dólares”.

El 29 de julio pasado, al término del foro sobre la trata de personas celebrado en Cancún, la ex diputada federal de Quintana Roo por el Partido Acción Nacional (PAN) Yolanda Garmendia Hernández, se dirigió hacia la senadora Adriana Dávila para resumirle “quién es ese Carlos Mimenza”. Dijo: “Es un empresario, millonario; vive en Playa del Carmen, dicen allá que duerme mucho, pero cuando se levanta entra en un trance, fases de distorsión de la personalidad que lo llevan a grabar videos o hasta cometer acciones de impulso, disparates como ese de irse hasta Ciudad del Vaticano ¡a denunciar, según él, a todo mundo!. Recién se proclamó líder de los autodefensas de Quintana Roo. Yo no entiendo… ¿Qué fines persigue? No lo sé, pero es una persona que ha estado ligada a Roberto Borge, a Félix González. Todo mundo allí en Playa del Carmen conoce esos vínculos”.

El propio Mimenza, en un mensaje de texto de su cuenta personal en la red social de Facebook señala: “tengo 17 años comprando y vendiendo terrenos, las fechas de adquisición son diversas. Tengo más propiedades de las que mencionan, faltaron las de mis sociedades”.

En Playa del Carmen, ciudad donde reside Mimenza es conocido que el mejor momento para inflamar sus cuentas bancarias fue justo durante los gobiernos priistas. Se sabe que posee más de 50 propiedades en la Riviera Maya y parte de su fortuna creció con proyectos privados en los municipios de Benito Juárez y Cancún que administraciones priistas le concedieron, allanaron o facilitaron.

Lo cierto es que la demanda de la asociación civil Somos Tus Ojos consigna que Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora amiga de Roberto Borge Angulo, es un prestanombre del ex gobernador de Quintana Roo, en espera de ser extraditado a México. Roberto Borge además de desprestigiar a su linaje político y familiar es el artífice-protagonista del más ofensivo y vergonzoso período gubernamental en la historia del estado.

La demanda de la ONG vincula a Luis Alberto Sierra Sauri como socio en el hotel que inicialmente se llamaría “The Westin Cozumel”, operación en la que también intervienen otros vinculados en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y uno de los 84 funcionarios de Roberto Borge contra quien se ha solicitado la ficha roja de la Policía Internacional (INTERPOL) para ubicarlos y presentarlos para la respuesta a los cargos: Edgar Méndez Montoya, constructor tabasqueño y compañero de estudios de Roberto Borge Angulo en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Sierra Sauri, Méndez Montoya y Germán Garduza Linares constituyeron el 10 de noviembre de 2011 la Desarrolladora ALME del Mar Caribe, S.A. de C.V., sociedad coparticipante de la firma corporativa Isla Cabañas, S.A. de C.V., la cual compró y construyó el hotel en Cozumel, isla natal de Roberto Borge Angulo.

A ese Luis Alberto Sierra Sauri. A esa demoníaca sociedad para medrar con millones de pesos del dinero público durante el quinquenio de Roberto Borge, fue la que Carlos Mimenza Novelo se presentó a defender.

Luis Alberto Sierra Sauri (hermano de Dulce María y Luis Vicente, los otros dos hijos que la ex gobernadora tuvo con el sociólogo José Luis Sierra Villareal) se asoció con otros rapaces empresarios yucatecos para adquirir a precios subvaluados los terrenos del patrimonio quintanarroense y construir desarrollos inmobiliarios. Luis Alberto aparece en las indagatorias y expedientes de la Secretaría de la Contraloría estatal a cargo de Rafael del Pozo Dergal, como uno de los primeros y principales beneficiarios de predios del patrimonio quintanarroense durante el sexenio priista de Félix González Canto. Este período coincide con las abundantes ganancias para el empresario Carlos Mimenza Novelo. De acuerdo al expediente, se conoció de la complicidad de otros socios como Rodrigo Montalvo Vales y Eloy Cáceres Wejebe, adquirientes de un predio de 94 mil metros cuadrados que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) entregó el 23 de noviembre d e2007 a Inversiones y Desarrollos S.A. de C.V. por ocho millones 490 mil pesos, y sobre el cual el 16 de enero de 2012, BBVA Bancomer otorgó un crédito por 62 millones 539 mil 400 pesos a Desarrollos SIMCA, S.A. de C.V. quedando en garantía el predio de 94 mil metros cuadrados, y como garantes hipotecarios Inversiones y Desarrollos, S.A. de C.V. representada por Eloy José Cáceres Weljeb, hijo de Eloy Cáceres Delgado y Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Jorge Montalvo Ferráez; el deudor solidario fue Luis Alberto Sierra Sauri, el defendido de Carlos Mimenza Novelo.

De acuerdo con el expediente el terreno de 94 mil metros cuadrados con el que se beneficiaron los yucatecos “emprendedores” durante el quinquenio de Roberto Borge está ubicado sobre la avenida Chemuyil entre la Tecnológico y Mayapan, ciudad Playa del Carmen municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y sobre éste predio se construyó el fraccionamiento Real del Sol.

El común denominador de los beneficiarios con el remate de superficies del patrimonio territorial de Quintana Roo es que éstos no sólo compraban “a precios de oportunidad”, sino que contaban con información sobre el desarrollo y trazo urbano de la ciudad, en este caso Playa del Carmen, la ubicación de avenidas principales y el próximo crecimiento. Otra sociedad que conformaron es la Operadora Wok to Walk S.A. de C.V. en la que se inscriben Luis Alberto Sierra Sauri, Eloy Cáceres Wejebe, Rodrigo Montalvo Vales y José Eduardo Medina García. Durante el quinquenio borgista conformaron también la firma Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V. en la que aparece como socio anexo un hermano de la gobernadora yucateca: Alberto Sauri Riancho.

Expedientes de la Contraloría estatal ubican a Carlos Antonio Mimenza Novelo como propietario de las siguientes empresas:

FEDE Construcciones S.A. de C.V., constituida en Mérida, Yucatán, con fe de la Notaría Pública 59, el 28 de marzo de 2011 –durante el quinquenio borgista–. A esta sociedad mercantil Mimenza unió la firma Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. que es uno de los mayores vínculos entre los yucatecos amigos de Luis Sierra Sauri, vínculo por el que se les conoció en Playa del Carmen como “la casta divina”.

Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. se constituyó el 23 de febrero de 1999 ante la Notaría Pública número 69 de Mérida, Yucatán, con tres socios: Carlos Antonio Vales Ochoa, Hispanoamericana de Inversiones, S.A. de C.V. y Muebles e Inmuebles Corporativos, S.A. de C.V.

Pero es el caso que Muebles e Inmuebles Corporativos, S.A. de C.V. está integrada por Luis Alberto Montalvo Ferráez; su esposa, Martha Elena Millet Molina, Graciela Claudina Vales Cámara (esposa de Jorge Montalvo Ferráez) y Raúl Montalvo Escamilla. Carlos Antonio Vales Ochoa es familiar de Graciela Claudina Vales y fue quien representó al grupo de empresarios inmobiliarios en el proceso judicial en torno al hotel Coco Beach, en Playa del Carmen.

Hispanoamericana de Inversiones, S.A. de C.V. está integrada por el español Luis Lucas Fernández Alonso y la empresa Pacific Euity Holdings LTD, representada por Fernández Alonso.

FAVORITA DE GOBIERNOS

En 2011, la firma Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. se asoció con Carlos Mimenza Novelo a través de FEDE Construcciones, S.A. de C.V. Durante el sexenio anterior al período gubernamental desastroso de Roberto Borge, recibió uno de los predios de mayor plusvalía en la ciudad de Playa del Carmen. Un negocio inmobiliario donde contó con el favoritismo y facilidades del gobierno de Félix González Canto patrocinando empresarios inmobiliarios cuyos negocios sobresalieron durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cita el Folio Registral 44746 fechado el 16 de mayo de 2006 que el IPAE, estando al frente Francisco Garibay (facilitador de Joaquín Hendricks Díaz) vendió a Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. un predio de nueve mil 288 metros cuadrados ubicado en el corazón financiero y turístico de Playa del Carmen, entre las calles 15 y 20 por un valor de siete millones 895 mil 165 pesos, pero más barato del valor catastral fijado en nueve millones 288 mil 370 pesos, exentándose adicionalmente un pago por derechos de inscripción.

El 16 de junio de 2006, un mes después de que el IPAE entregó el lote turístico a Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas, S.A. de C.V. representada por Eloy José Cáceres Delgado, esta compañía comercializó el terreno a Tenth Avenue Holdings, S.A. de C.V., propiedad de Marcos Shamosh Levy, a un precio de 44 millones 971 mil 610 pesos.

A sociedades voraces como estas son por las que en enero fue a “abogar” Mimenza ante la valiente A.C. Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo. Presuntuoso, de cabo a rabo recién subió en sus redes la constancia para la tramitación de un título universitario como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán.

Envía Carlos Joaquín iniciativa para ‘ciudadanizar’ al instituto del patrimonio

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El Congreso del Estado tendrá en sus manos la oportunidad de ‘ciudadanizar’ al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) con la propuesta del gobernador Carlos Joaquín de convertirlo en Agencia de Proyectos Estratégicos (APE) y  así restarle discrecionalidad a la figura del Ejecutivo, quien en el caso de Roberto Borge abusó del patrimonio de los quintanarroenses y los remató y vendió a sus familiares y equipo, como en el caso de Elieser Villanueva Lanz con una hectárea en Tulum y Fidel Villanueva en Cozumel.

En total fueron 9 mil 500 hectáreas arrancadas del patrimonio estatal y rematadas a precios de risa como el caso de Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia quien pagó 11 mil pesos por un terreno valuada en un millón de pesos. La madre de Borge, Yolanda Angulo, alias “La Chachi” fue una de las beneficiadas al comprar 4 inmuebles en 28 millones 547 mil 182 pesos y venderlo de inmediato en plan simulado en su valor real de  mas de 200 millones de pesos para así justificar su inversión en barcos caribe, de la cual ella es socia, al igual, que el abogado de la familia César González Hermosillo y la secretaria de Borge, Lourdes Pinela Nieto, quienes compraron 4 barcos en 16 millones de dólares.

El periódico de Quintana Roo, Luces del Siglo señaló que para quitarle al Ejecutivo Estatal la facultad  discrecional de decidir el destino del patrimonio estatal, en su iniciativa Carlos Joaquín propone cambiar diferentes artículos de dos leyes: la ley de Patrimonio del Estado del Estado de Quintana Roo y la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo.

Un tema quizá nada claro es la propuesta de que el Sector Privado tendría oportunidad de desarrollar proyectos de inversión en materia de infraestructura y de servicios con inmuebles que son propiedad del Estado. De acuerdo con la iniciativa, la Agencia tendrá jurisdicción en todo Quintana Roo y su oficina central estará en Chjetumal, aunque también se contempla colocar delegaciones u oficinas en otras ciudades de  la entidad.

La propuesta APE administrará  las reservas territoriales, así como las asociaciones público privadas y se alimentará de todos los inmuebles y derechos del Gobierno del Estado, aportaciones federales y municipales que se realicen, subsidios y donaciones o aportaciones que reciba, recursos que obtenga en créditos y las deudas a su favor, herencias o legados en efectivo o en especie que les sean otorgados.

El control del APE ya no estará centrada en una sola figura como ahora en el Ejecutivo, sino será controlada por una junta de gobierno integrada por el gobernador, un director general de la APE,  el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, el director de la Secretaría de desarrollo y Vivienda (SEDUVI), el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el oficial mayor  y tres ciudadanos designados por un’comité asesor’.

Para la diputada Mayuli Martínez Simón esta propuesta debe de analizarse y aprobarse en su caso en un periodo extraordinario.

EL CONGRESO ANALIZARÁ LA CREACIÓN DE AGENCIA QUE SUSTITUIRÁ AL IPAE

Cancun, Quintana Roo. – El presidente de la Gran Comisión del Congreso, el diputado Eduardo Martínez Ávila Arcilia dio a conocer que en el próximo periodo de sesiones se creará una agencia que sustituirá al Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE).

Esta iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado y los Municipios de Quintana Roo, se encuentra dentro del paquete de Reformas para la reorganización de la administración pública, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Carlos Joaquín.

“No pudimos aprobarla en este período que concluyó el pasado 31 de mayo, pero es importante para el Estado; existe el compromiso de sacarlo en un primer período extraordinario y será la próxima semana cuando se estaría convocando a los compañeros diputados”.

Martínez Arcila hizo hincapié que la nueva ley propone establecer claramente que las empresas públicas o privadas puedan desarrollar infraestructura social.

“Lo más probable es que esta semana quede aprobado el dictamen para la creación de una Agencia, que será un ente público, dependiente o adscrito a la Secretaría de Economía, el cual va a ser el órgano técnico que va a integrar, conformar y desarrollar los proyectos estratégicos que tenga el gobierno del estado, bajo la modalidad de la inversión público-privada”, subrayó.

Martínez Arcila mencionó que en el periodo extraordinario, cuya convocatoria podría ser emitida la próxima semana, se reanudará el análisis de esta propuesta en donde los integrantes de la XV Legislatura privilegiarán el beneficio para el Estado y desde luego, a los quintanarroenses.

El legislador aclaró que la creación de la Agencia no frenará las investigaciones y los procesos legales y judiciales que se siguen contra ex funcionarios del IPAE, puesto que son investigaciones que llevan tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de la Función Pública.

El IPAE, símbolo de corrupción Félix-Borge desaparecerá

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No tiene razón de ser, consideran en el Gobierno
Funcionó como una inmobiliaria para altos funcionarios y prestanombres
Crearán nuevamente un Instituto de la Vivienda para el ordenamiento territorial
(La Opinión)
El Gobierno del estado trabaja en una reforma a la ley para desaparecer el Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE) y la creación de un Instituto a la Vivienda independiente, al estilo de lo que fueron el Inviqroo o Infovir.

La idea del gobierno estatal va por dos caminos: buscar un sistema que realmente administre y regule la tierra en el estado, y por otro lado desaparecer el IPAE, cuyo solo nombre es una seña de corrupción en el sexenio pasado.

Según las investigaciones y las denuncias realizadas por la Secretaria de la Gestión Pública, por medio del IPAE el Gobierno de Roberto Borge vendió alrededor de 9500 hectáreas de tierras públicas a un precio que es menor al 10 por ciento de su valor comercial.

De hecho, es la única denuncia que realmente ha prosperado contra el ex mandatario, y que llevó a que la Procuraduría General de la República (PGR) asegure 25 terrenos vendidos en esas condiciones a empresarios cercanos e incluso a la madre del ex gobernador. Las pérdidas están calculadas en al menos 5 mil millones de pesos.

EL NUEVO INFOVIR

El área que está trabajando de manera directa en la creación de un nuevo Instituto de Vivienda es la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) según lo anunció días atrás Julián Ricalde, titular de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi).

En 2013, el antiguo Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir) se fusionó con la Seduvi, y perdió mucho del poder que tenía.

Desde su creación, el Infovir tuvo como objeto “contribuir al ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y promover el acceso de las familias a una vivienda digna”, y también administrar las reservas territoriales, lo cual se fue perdiendo con el tiempo.

En el Gobierno creen que es momento de hacer renacer el Instituto, buscar nuevas reservas, y darle la función que tenía antaño. “El infovir trabajaba con números negros”, explican en el Gobierno, para mostrar la inutilidad de haberlo desaparecido, y la necesidad de resucitarlo.

Por otra parte, se desaparecerá el IPAE, que desde su nacimiento en 2005 se inmiscuyó en las tareas de la administración de la tierra.

El IPAE tenía como uno de sus objetivos “determinar y convenir conjuntamente con la Secretaria de Planeación y Desarrollo y el Infovir, las prioridades y requerimientos de suelo para vivienda”. Pero con el paso del tiempo, y fundamentalmente en el sexenio pasado, se convirtió en una inmobiliaria que remató terrenos públicos de enorme valor, para entregarlos a amigos y prestanombres del poder.

Su vieja tarea de “coadyuvar al desarrollo urbano, turístico y económico” fue convertida en el negocio de unos pocos.

Congreso de QRoo reta a Peña Nieto y llevarán a juicio político a su delegado federal Fredy Marrufo, ex alcalde de Cozumel

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La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo declaró procedente llevar a juicio político al ex presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo, recién nombrado por Rosario Robles delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano(SEDATU).                     Con esto, se asesta un primer golpe al secretario de Enrique Peña Nieto y Roberto Borge, nombrado ex profeso para regularizar predios cedidos ilegalmente a gente afines al presidente y del corrupto Borge y sus familiares.
A dos días de tomar posición como delegado de SEDATU y que causó el enojo del gobernador Carlos Joaquín por falta cortesía de Rosario Robles al no consultarle y poner un borgista, la alcaldesa de Cozumel presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso la solicitud de un juicio político por quebranto financiero al Ayuntamiento.

25 predios en la playa investigados por la PGR, que eran patrimonio del Estado y, rematados por Borge a familiares, socios y amigos apenas son 850 hectáreas de las  9 mil que fueron a parar a prestanombres y  amigos de Peña Nieto, terrenos tan codiciados por estar en el Mar Caribe.                 Al menos 6 predios de alto valor los tiene el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a través de presta nombres, de ahí la protección que le da este funcionario de primer nivel al ex gobernador que hoy se pasea y despacha desde Miami, donde opera políticamente y golpetea a sus enemigos políticos a través del golpeteo mediático con sus redes y sus nuevos personajes.

#Chinchorro Manuel Caballero, de la empresa Posadita afirma que Borge les vendió muy caro las 213 hectáreas

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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.-

En relación a la nota periodística publicada en fecha 27 de Febrero de 2017, relativa a un inmueble propiedad de la sociedad RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V., en la cual se menciona la existencia de unas “instalaciones de lujo” y que fuera comprada por la sociedad a precio de remate, por este conducto nos permitimos precisar lo siguiente:

1. RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V. , pertenece a un fondo inmobiliario 100% privado e institucional, integrado por familias empresarias de distintas partes del país, dedicado a incentivar el desarrollo de comunidades urbanas y turísticas, con más de 15 años invirtiendo y desarrollando en el Estado de Quintana Roo, así como en otros estados del país de forma permanente.

2. RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. DE C.V., mediante Contrato de Compraventa celebrado con un Grupo Hotelero mexicano totalmente privado, adquirió la propiedad de un inmueble con instalaciones hoteleras en estado ruinoso derivado de un fenómeno meteorológico.

3. Tal como se menciona en el párrafo anterior, las instalaciones hoteleras se encontraban en condiciones ruinosas, y es en el transcurso de este tiempo, que la sociedad realizo un proceso de restauración y habilitación de villas, para darles el uso que a su interés convenga.

4. Ahora bien, en virtud que dicho inmueble carecía de una cercanía a las vías de comunicación existentes, es que RANCHO LA POSADITA S.A.P.I. de C.V., buscó adquirir los inmuebles rústicos aledaños para comunicar el inmueble al acceso más cercano, por lo que adquirió 213 Has. de terreno rustico en breña, mediante Contrato de Compra Venta celebrado con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través del IPAE, quien tasó el precio de dicha venta, en un valor 3 veces mayor que el valor catastral de la zona, ya que es de advertir que el inmueble hotelero se encontraba rodeado por predios totalmente rústicos propiedad del Instituto, los cuales carecen de cualquier acceso a carretera, infraestructura básica y servicios, y cuya superficie además en su mayor parte es totalmente inutilizable por sus condiciones naturales, aunado a que el poblado más cercano donde se pueden encontrar algunos servicios básicos se encuentra a 15 kilómetros de distancia y algunos otros servicios públicos básicos se localizan a más de 100 kilómetros de distancia. Aclaramos puntualmente lo anterior, para evitar falsas percepciones y confusión ante los momentos de la actual situación política y mediática en el estado de Quintana Roo.

5. Por último, es nuestro deseo manifestar que el Fondo Inmobiliario de Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V., es una empresa seria y 100% privada, con inversiones importantes de muchos años atrás en el estado, en la edificación y habilitación de proyectos turísticos en el Caribe y que rechaza rotundamente cualquier vínculo con personas y actos contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres.

Atentamente.-

Lic. José Manuel Caballero
Representante Legal de
Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V.

CUNDE EL MIEDO: Se ampara otra borgista

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Cancún.- La ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) Claudia Romanillos Villanueva, acusada por el gobierno de Carlos Joaquín como involucrada en el remate ilegal de predios públicos en beneficio de un selecto grupo de familiares y personajes afines al ex gobernador Roberto Borge Angulo, se amparó para evitar ser detenida, según revela hoy el periódico Luces del Siglo.

La solicitud de amparo de Romanillos Villanueva le tocará resolverla al Juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaíz, a través del expediente 1721/2016.

Romanillos fue secretaria particular de Roberto Borge y cuando este asume la gubernatura, la nombra en 2011 como titular del IPAE.

Durante las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge, el IPAE vendió y regaló discrecionalmente terrenos del patrimonio estatal a familiares, funcionarios y amigos de los ahora ex gobernadores para hacer negocios privados y para el fortalecimiento de su grupo político en el PRI.

Días antes de concluir su periodo fue llamada a comparecer por el Congreso estatal para que informara sobre el manejo discrecional con que se habían operado remates y regalos de bienes públicos.

El pasado 21 de Septiembre, en sesión de Comisiones de la actual XV Legislatura, Roamnillos Villanueva no supo responder qué responder ante las pruebas documentales que le presentaron los diputados ante estos malos manejos, y evidenció que desconocía totalmente sus propias funciones.

El otro que buscó amparo es el borgista incrustado como secretario del Ayuntamiento que preside Remberto Estrada y protegido por los verdes y la mafia de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Aún no presentan pruebas contra Borge, dice su fiscal Álvarez Escalera

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El fiscal general del Estado, Carlos Álvarez Escalera, afirmó que las investigaciones y sentencia en torno a las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo avanzarán en la medida en que la parte acusadora entregue la información solicitada y acredite la comisión del delito imputable.

Recordó que fue el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, el IPAE, la instancia que interpuso la denuncia por la enajenación de bienes propiedad del Estado a precios menores contra seis ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo.

Explicó que desde el día siguiente de la denuncia se solicitó la información al IPAE, así como al Registro Público de la Propiedad, la información para sustentar la queja y permitir avanzar en las investigaciones en torno a la venta de terrenos propiedad del Estado a precios por debajo de lo que establece su valor catastral.

Hasta el momento solo han presentado la denuncia y no han entregado la información solicitada, manifestó.

“Tenemos el nombre de los ex funcionarios denunciados y dependerá de los predios, el nombre de los propietarios actuales y quienes hicieron las transacciones comerciales que se continuará la investigación y se pueda acreditar el delito”, dijo.

“El avance de las investigaciones dependerá en la medida en que nos hagan llegar la información”, explicó. “La sentencia será en la medida en que puedan acreditar las irregularidades presuntamente cometidas”.

Reiteró que la parte demandante deberá acreditar si los predios en cuestión fueron vendidos a un precio diferente al valor catastral establecido en su momento y todo dependerá de la información que proporcionen para determinar la responsabilidad.

Álvarez Escalera aclaró que la Fiscalía no politizará la denuncia interpuesta y sólo están en espera de la información que proporcionen y el avance y dictamen dependerá de la documentación que entreguen para no generar especulaciones.

Aseguró que el hecho de que fuera designado por el ex gobernador Roberto Borge Angulo en su momento como procurador de justicia no influirá en los dictámenes que se presenten y todo estará basado en la información que proporcione por la parte demandante y logren acreditar los delitos que se imputan a los seis ex funcionarios.

“Si hay elementos, se consignarán los expedientes y la responsabilidad de fincar responsabilidades será de un juez”, enfatizó. (Noticaribe)