Javierzetina

LAS CUCARACHAS: Fidel Villanueva nombra a su secretario privado e hijo de Javicho Zetina, como juez en Cancún

Fidel Villanueva Rivero, el flamante Presidente del Poder Judicial, le quedan algunas semanas en el cargo, el 8 de Agosto próximo se votará por su sucesor. Y aprovecha. Empieza los tráficos de influencia. Sin respetar las carreras de los integrantes del poder judicial, el fallido terrateniente de las 100 hectáreas nombró a su secretario privado como Juez de Instrucción Familiar Oral de Primera Instancia en Cancún.

(Izquierda) Martín Alberto Zetina Zavala el Jr de Javicho en el tráfico de influencias.De secretario privado a juez. Por influencia de su jefe y su padre.

Hace un mes y sin que nadie se enterara su ahora ex secretario privado, Martín Alberto Zetina Zavala lo nombró juez. Martín Alberto es hijo de su compadre y coterráneo, Javier Zetina González, el auditor del felixismo-borgismo y que renunció antes que lo alcanzara la cárcel.

Fidel Villanueva premió a su Secretario privado como juez en Cancún

Fidel sigue traficando con los cargos y abusando del poder. Es uno de los individuos favorecidos al no tener una denuncia penal que lo lleve a la cárcel por sus complicidades con  el borgismo y felixismo. Y sigue.

¿Quién parará a este delincuente?.

Fidel, un delincuente con poder

Formalizan su renuncia de la ASE los borgistas Bonilla y Zetina

Hugo Favio Bonilla Iglesias, quien se encuentra prófugo de la justicia, presentó en el Congreso del Estado su renuncia irrevocable al cargo de Auditor Superior suplente.                                                                  De manera paralela el Auditor Superior del Estado con licencia también presentó su renuncia de manera irrevocable, con lo que ambos se dan por retirado de las auditorías a pocos meses de iniciar el Gobierno de Carlos Joaquín.

Así lo informó el Congreso.                                   *Recibe Congreso, renuncias del titular y suplente de la Auditoría Superior del Estado*

Congreso del Estado
Boletín 156, 29 de mayo de 2017

Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado recibió este lunes las renuncias del titular de la Auditoría Superior del Estado, Javier Félix Zetina González, así como la de Hugo Favio Bonilla Iglesias, como Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo.

Ambos documentos fueron notificados ante el pleno del Congreso y fueron turnados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su respectivo análisis y desahogo, con el objetivo de proceder a la elección de los nuevos titulares de estos cargos, pues ambas cartas fueron presentadas con carácter de irrevocable.

El Congreso del Estado de Quintana Roo llevará a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, capítulo segundo, en su artículo 62.

–O–

Congreso pone a chambear a Javicho y explica por qué no aceptaron su renuncia

 

*Determina Congreso la no aceptación de la renuncia del Auditor, en sus términos*

· Su salida podría afectar el proceso de recepción de las cuentas públicas de los entes del Estado: Congreso

Chetumal, Quintana Roo.- Por considerar que de separarse del cargo se afectaría el proceso de recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, el Congreso determinó no aceptar en sus términos la renuncia del Auditor Superior, Javier Félix Zetina González, misma que fue presentada el pasado 15 de marzo y que surtiría efecto a partir del 31 de este mismo mes.

Por mayoría, los integrantes de la Decimoquinta Legislatura concluyeron que no es aceptable que deje su cargo cuando hay procedimientos que están en curso como lo es la recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado, las cuales se empalmarían con el proceso de entrega recepción.

El acuerdo aprobado por los legisladores señala: “Debido a la importancia que representa este proceso de presentación de cuentas públicas de parte de los entes públicos del Estado, resulta responsable para esta Soberanía reconsiderar la aceptación de la renuncia presentada (…). De consumarse la misma colocaría al órgano autónomo en un proceso adicional a aquel (la entrega recepción) lo que en forma directa afectaría la encomienda de recepción de las cuentas públicas de los entes del Estado”, que también vencen el 31 de marzo.

Los legisladores determinaron que “a fin de no afectar la dinámica de las funciones propias del Órgano”, que estaría con más de un procedimiento en puerta consistente en la recepción de las cuentas públicas de los entes de nuestra entidad, se determina la “no aceptación de la renuncia al cargo de Auditor Superior del Estado”.

El acuerdo de obvia y urgente resolución, presentado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, señala que la fecha en que surtirá efectos la renuncia del Auditor Superior coincide con la fecha fatal que tienen los entes del Estado para entregar la cuenta pública a la Auditoría Superior.

Por ello que los legisladores reconsideraron la aceptación de la renuncia presentada por Zetina González el 15 de marzo de 2017, ya que el hecho de consumarse la misma colocaría al órgano autónomo en un proceso adicional de entrega recepción de su titular, lo que afectaría la dinámica de las funciones del órgano fiscalizador.

El acuerdo fue aprobado por mayoría, con 14 votos a favor y los votos en contra de la diputada Santy Montemayor Castillo y de los diputados José Luis González Mendoza y José de la Peña Ruiz de Chávez.

 

*Solicita Congreso revisión de ingresos obtenidos por Ayuntamiento de Benito Juárez*

· La Decimoquinta Legislatura solicitó una revisión casuística y concreta de ingresos obtenidos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016
Chetumal, Quintana Roo.- La Decimoquinta Legislatura solicitó al órgano de fiscalización superior, realice una revisión casuística y concreta de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Benito Juárez en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, ya que existieron contribuciones o recaudaciones no depositadas por 48 millones 93 mil 593 pesos.

El acuerdo de obvia y urgente resolución, presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, señala que en ese periodo se encontró faltantes de sumas de dinero en efectivo, en cuentas bancarias, cancelación de recibos oficiales y la emisión de otros por cantidades menores a las enteradas por los contribuyentes.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, aseguró que todo eso en suma implica la no comprobación correcta de la cuenta pública, la aplicación arbitraria, negligente pero sobre todo desproporcionada de cobros impositivos que debían ser realizados atendiendo a las tasas impositivas aprobadas por la Legislatura.

De hecho, los informes señalan que se aplicaron tasas y se alteraron fórmulas como en el caso del impuesto predial, por un monto superior a los 48 millones de pesos, daño presumiblemente ocasionado por Hugo Fabio Bonilla Iglesias, director de Ingresos del municipio de Benito Juárez durante el ejercicio 2014.

En el acuerdo también se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado a que proceda a determinar los daños y perjuicios, así como finque directamente a los responsables de las indemnizaciones y sanciones respectivas, si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, aparecieran irregularidades.

–O–

Con las leyes en mano, Congreso le hace guerra al auditor Javier Zetina, el blindador de Borge

 

Van por el último reducto del “paquete de impunidad” de Borge

– Diputados descubren irregularidades en la designación a modo de Javier Cetina, auditor Superior del Estado de Q Roo
– Promovieron legisladores diez amparos, para que el primo de Félix González no evada la Ley
– Al parecer, hay irregularidades en las cuentas públicas de expresidentes municipales

Por Antonio Ortiz

Cancún. 13 Febrero.- Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Quintana Roo van en contra del último reducto del llamado “paquete de impunidad”, que promovió el exgobernador Roberto Borge Angulo antes de su salida, para que se le cubriera la espalda y evitar ser investigado o acusado por probables delitos de peculado, desvío de recursos públicos, corrupción, y demás delitos.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión, Fernando Zelaya, Gabriela Angulo, José Esquivel, presididos por Emiliano Ramos, revelaron que tras una investigación exhaustiva descubrieron que los exdiputados de la XIV Legislatura violaron varios artículos de la Ley al nombrar al designar como auditor a Javier Zetina González, primo del exgobernador y hoy senador Félix González Canto.

A puerta cerrada, el 25 de julio del año pasado, en un hotel de Puerto Morelos y con la presencia de policías estatales para impedir el paso a la prensa o un intento de impedir se llevara la Sesión, la mayoría de los diputados del PRI, encabezados por Pedro Flota Alcocer, y sus aliados los verde ecologistas nombraron a Zetina González, para que fiscalizara a Borge Angulo.

Innumerables irregularidades

El panista Fernando Zelaya fue quien le tocó enumerar las diferentes irregularidades y violaciones a varios artículos de la Ley cometidas por los exdiputados, al momento de nombrar un fiscal a modo.

Por lo que, dijo, los actuales legisladores buscarán se reponga otra vez la designación provisional de un auditor independiente, en tanto se elige una terna para elegir nuevo fiscal.

Entre las inconsistencias detectadas, precisó, están las relacionadas con los decretos 419 y 420 de la XIV Legislatura del Estado, relacionados con el titular y un titular suplente del órgano fiscal.

Los exdiputados, dijo, no respetaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado respecto al procedimiento para la designación del titular y el titular suplente, pues lo hicieron fuera de los tiempos marcados por la ley, es decir, un día después.

Además de que no hay documento que conste si realizaron la entrevista que prevé el artículo 62 de la citada Ley a cada uno de los aspirantes a candidatos, por lo que alteraron el procedimiento de designación.

Asimismo, añadió, la terna de los candidatos a ocupar los cargos no fue aprobada por la XIV Legislatura del Estado, por lo que sus integrantes no se cercioraron del cumplimiento de los requisitos de idoneidad de los tres aspirantes, dentro de los cuales, se encuentran los que hoy ostentan los cargos de titular y titular suplente del órgano.

También se determinó que los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XIV Legislatura no efectuaron una valoración exhaustiva del requisito exigido por la fracción VII del numeral 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización, consistente en que el candidato debe contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Diez amparos
Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso, acompañado de los diputados Eugenia Solís y Juan Carlos Pereyra, le correspondió ponerle el cascabel al gato, al indicar que para evitar que Javier Zetina evada su responsabilidad y se aproveche de recovecos legales para quedarse en el cargo por seis años, los actuales legisladores promovieron en contra del auditor un total de amparos ante jueces federales.

Detalló que de esos recursos, dos fueron desechados por los jueces al avalar su nombramiento, uno está en revisión y quedan siete por resolver, Pero explicó que los dos fallos se debieron a que los jueces no sabían de todas las irregularidades y violaciones cometidas a la hora de la designación, de ahí que confían en que los amparos pendientes se resolverán en contra de Zetina González.

La puntilla

El perredista Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo que en caso de que los jueces desechen los restantes amparos, cuentan con varios planes y recursos legales para que el auditor a modo, y su suplente, les sea revocado el cargo y elegir a otra persona al frente de la Auditoría Superior del Estado, pues Zetina González no cumplía con los requisitos de Ley para ser nombrado en julio del año pasado.

Por otra parte, y bajo la promesa que los legisladores de la XV Legislatura darán a conocer en los próximos días más información, reveló sin dar muchos detalles que los exdiputados, a principios de julio del año pasado, también a puerta cerrada en un hotel de la zona de playas de Cancún, aprobaron fast track las cuentas públicas del 2015 de los presidentes municipales de extracción priista y verde ecologista.

Cuentas públicas 2015, con irregularidades

Señaló que todo indica que los anteriores legisladores no constataron físicamente si los expresidentes municipales realizaron o no las obras públicas y si corresponde o no a lo invertido en las mismas.

De ser cierto, Ramos Hernández mencionó que se determinará si se procede o no penalmente en contra de los exdiputados al aprobar cuentas públicas con irregularidades, pues su obligación es la revisar los gastos que se hacen con los recursos públicos de la ciudadanía.

Jueces de Distrito blindan a Borge al avalar designación del auditor corrupto Javier Zetina

SE IMPONE AUDITOR FISCAL A LA REMOCIÓN JOAQUINISTA
Por Edgar Olavaria.- Cancún, Q. Roo 13 de Febrero de 2017.- Nada claro con la remoción del titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, pese a la existencia de 10 amparos indirectos contra el procedimiento de designación de Javier Zetina González, primo del ex gobernador Félix González Canto, que formó parte del “blindaje” hacia la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Hasta el momento, cuatro de diez amparos han resuelto avalar la designación de Zetina González, en uno se acudió a un Juzgado Federal para presentar un recurso de revisión; en tanto, seis aún son objeto de estudio en juzgados de distrito I, IV, V, VI y VII., que permite que el Auditor Superior de Quintana Roo se perfile como virtual vencedor respecto a la permanencia del cargo.
Este mediodía, en conferencia de prensa el diputado local Fernando Zelaya reconoció que las resoluciones no han sido del todo favorables, sin embargo esperan que mediante el informe presentado que no sólo detalla una serie de irregularidades contra el nombramiento sino también contra la temporalidad del encargo, que en un determinado momento pueda resolver en sentido contrario.
En ese sentido, Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura señaló que “este informe contiene elementos que, después de una revisión de los jueces, podría llevar a reponer el procedimiento para la designación del Auditor Superior y a través de la información recabada por el Congreso Local los seis amparos pendientes pueden favorecernos”.
Será el próximo jueves que den a conocer parte de la estrategia legal, en función que no desean brindar elementos que un determinado momento puedan desechar amparos y beneficiar jurídicamente a Zetina González.
Entre las inconsistencias destacan las relacionadas con los decretos 419 y 420 concernientes a la designación del auditor, se violó el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de Quintana Roo, se violentaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la citada ley, no se realizó entrevista a la terna de candidatos.

“Javicho” Zetina, el Auditor que perdonó a desfalcadores

Impedido para solicitar nuevos créditos, debido a la mala calificación financiera de su administración, a finales de 2015 el gobierno de Roberto Borge aprovechó la figura de “ente público autónomo” de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para obtener un crédito de 560 millones de pesos.

El destino de estos recursos hasta ahora se desconoce, aunque existen indicios de que fueron desviados para fines distintos al objetivo de origen. De acuerdo con el avance de las investigaciones que la actual administración lleva a cabo en torno a la aplicación de dicho crédito, existen evidencias de que los recursos fueron entregados por el Banco Interacciones, en una sola exhibición, el 14 de diciembre de 2015 a la cuenta de la CAPA y, al día siguiente, esta los transfirió “ilegalmente” a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En esta acción, tuvieron participación directa los entonces titulares de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, y de la Sefiplan, Juan Pablo de Guillermo Molina, en contra de quienes se presentarán en los próximos días las denuncias correspondientes por haber incurrido en el supuesto delito de desvío de recursos. Para documentar y justificar la transferencia bancaria, los anteriores titulares de la CAPA y la Sefiplan suscribieron “ilegalmente” el “Convenio de Administración de Recursos”, con el cual justificaron el manejo de los recursos por parte del Gobierno del Estado argumentando que como este había sido el aval del crédito, entonces le correspondía administrarlos. Otro hallazgo en las investigaciones es que en la contabilidad de la CAPA no existen registros documentales de que se haya pagado uno solo de los conceptos para los cuales se autorizó el destino de los recursos, con excepción de las comisiones bancarias, constitución de fondos de reserva y honorarios derivados de la contratación del crédito.

Y es que el destino original del crédito fue para inversión pública productiva, en términos del artículo 3º, fracción XIV, de la Ley de Deuda Pública del Estado que contempla: a) Ejecución de obra pública; b) Adquisición o manufactura de bienes; c) Prestación de servicios públicos; d) Operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública.

Fue el 15 de noviembre de 2015 cuando la pasada XIV Legislatura aprobó el decreto 326, mediante el cual autorizó a la CAPA a contratar, con el aval del Gobierno del Estado, un crédito hasta por 560 millones de pesos. Con base en el artículo décimo del decreto, la CAPA estaba obligada a: a) Registrar contablemente los ingresos del crédito; b) Informar a la Sefiplan mensualmente de las disposiciones que vaya ejerciendo del crédito; c) Informar mensualmente a la Sefiplan de los pagos que realice a cuenta del crédito. De las anteriores obligaciones, se desprende que la única facultada para contratar, ejercer y disponer el crédito autorizado era la CAPA. A pesar de estas evidencias, el actual auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, exoneró de toda responsabilidad a Guerrero Ortiz y a Guillermo Molina luego de fiscalizar la Cuenta Pública de la CAPA y entregar su informe, sin ninguna observación, a la anterior XIV Legislatura local.

Todo este embrollo administrativo tiene relación con el “paquete de impunidad” impulsado por Roberto Borge antes de concluir su mandato con el claro objetivo de garantizarse, para él y para sus colaboradores, un blindaje judicial a futuro. Pero tras la derrota del PRI por la Gubernatura y ante evidencias de corrupción de su mandato, en los meses de julio y agosto de 2016 Borge apresuró toda una serie de leyes, decretos, nombramientos de jueces y fiscales inamovibles que estuvieran a su servicio una vez fuera de su cargo. Dentro de este “paquete de impunidad” el Congreso local designó el 25 de julio de 2016 a Javier Zetina González, incondicional de Borge, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en un acto solemne cuya sesión tuvo que ser trasladada a un hotel de la Riviera Maya, ante la inconformidad ciudadana que impidió hacerlo en el recinto oficial.

Insólitamente, a un mes de haber asumido el cargo, el nuevo auditor ya había fiscalizado varias cuentas públicas, entre ellas la de la CAPA, que el 23 de agosto de 2016 la Legislatura, de mayoría priista, aprobó al vapor para que no cayeran en manos de los diputados de la entrante XV Legislatura. Según el informe que Zetina González rindió ante la pasada Legislatura, la auditoría practicada a la CAPA tuvo por objeto “verificar la razonabilidad financiera en conjunto y además verificar si los recursos provenientes de financiamientos se aplicaron de acuerdo a las leyes”.

En el capítulo 4º del informe de resultado, el Auditor afirmó que la revisión se hizo con “rigor técnico e independencia de criterio”, por lo que se suponía que la auditoría consistió en la revisión, entre otros puntos, sobre la comprobación y justificación con documentos originales del ingreso y gasto presupuestal de la CAPA.

Asimismo, de manera clara y precisa, indicó que “en la auditoría se incluyó la revisión documental que incluyó en su muestra el 100 por ciento de los recursos que la CAPA recibió por el crédito autorizado en el Decreto 326. Además, el Auditor omitió especificar en su informe ante el Legislativo que en el ejercicio fiscal 2015 la CAPA tuvo ingresos adicionales por 560 millones de pesos, derivados del crédito con Interacciones, así como tampoco especificó que existió una transferencia a la Sefiplan, y aun así el auditor aseguró que hizo una revisión documental de estos recursos.

Finalmente, en el apartado 8 “Dictamen”, concluyó que “los estados financieros de la CAPA presentan de forma razonable su situación financiera, esto de acuerdo a los postulados básicos de la contabilidad gubernamental aplicados durante el periodo revisado” (Con información de Luces del Siglo)