Leyes

Leyes duras para combatir la inseguridad: Greg

Cancún, Quintana Roo, domingo 5 de mayo.- La inseguridad se puede combatir desde el Congreso del Estado creando iniciativas de ley que contemplen penas duras para los ladrones, asaltantes y violadores, afirmó Greg Sánchez.
El candidato a diputado local por el Distrito 3 por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” afirmó que si la autoridad desatiende su responsabilidad constitucional, él no puede quedarse cruzado de brazos sin hacer algo y viendo como se despedaza Cancún.
“Soy un hombre de lucha, comprometido con las causas sociales y hoy Cancún vive una crisis de inseguridad nunca vista en la historia de este polo turístico y eso nos afecta a todos”, afirmó.

Greg aseveró que la autoridad es omisa ante el temor que existe en las calles, la gente no quiere salir de su casa, está con miedo cuando sale a trabajar o sus hijos van a la escuela.
“Quiero poner mi granito de arena como diputado porque desde el congreso se pueden hacer leyes muy duras para combatir la inseguridad”, aseguró.
Criticó que las leyes actuales son suaves y blanditas, por lo que hay tanto delincuente suelto.
“En el caso de un robo los sueltan a las 72 horas, si es un asalto los sueltan a los dos o tres días”, recordó.
Mencionó que una de sus propuestas será de hacer una iniciativa de ley para establecer 50 años de cárcel para asaltantes, ladrones y violadores.
“Se puede hacer, Quintana Roo es un estado libre y soberano”, comentó.

“Los ciudadanos nos piden que no les demos la espalda”: Karla Romero

Cancún, Quintana Roo a 05 de mayo de 2019

Por el distrito 4, la candidata Karla Romero de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, visitó a los ciudadanos de las regiones 247 y 75. Donde interactuó con las personas y muchos aseguraron apoyarla en estas próximas elecciones.
Karla Romero no está contaminada por vicios del pasado en el ámbito de la política, es una ciudadana más que defiende un cambio, que pocos se han atrevido a generar. Las propuestas de Romero Gómez han nacido poco a poco al estar en contacto cercano con las personas y ha observado que la gente tiene necesidades y merecen ser resueltas.

“El cambio que quiero generar se basa en representar a la ciudadanía y rechazar a los políticos corruptos de siempre”, agregó Karla Romero. Es hora de trabajar de la mano con los ciudadanos, ya no más exclusión y abandono a los cancunenses que realmente necesitan apoyo.
“Los ciudadanos nos piden que no les demos la espalda, no quieren más secretos ni promesas. Sólo quieren que no los olvidemos y que los tomemos en cuenta”, finalizó Karla Romero.

Leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción ya están vigentes, informa presidente del Congreso

Entran en vigor, leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción

Boletín 210, 20 de julio de 2017

+ Quintana Roo, con reforma constitucional y ley anticorrupción satisfactorias, según semáforo del IMCO

+ Ciudadanía será fundamental en implementación del sistema: Martínez Arcila

Chetumal, Quintana Roo. – Las leyes secundarias y demás reformas del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobadas por unanimidad por la XV Legislatura en el cuarto periodo extraordinario, entraron en vigor a partir de este 20 de julio luego de que fueran publicadas en el número 78 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado, dio a conocer el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado Eduardo Martínez Arcila.

Incluso, las reformas en la materia hechas por el Congreso de Quintana Roo fueron calificadas como satisfactorias, de acuerdo con la última actualización del “Semáforo anticorrupción” al cierre del plazo constitucional, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En la actualización de dicho semáforo, se destaca que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, se encuentra entre las 21 leyes que tuvieron un 93.7% de adecuación a la Ley Modelo para los Sistemas Locales Anticorrupción, presentada por las organizaciones.

Al respecto, el Presidente de la Gran Comisión destacó que, si bien la participación ciudadana fue fundamental en las diferentes reuniones que llevó a cabo el Congreso para escuchar y recibir las propuestas de la sociedad civil organizada, también lo será en las convocatorias públicas y procesos de designación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Al entrar en vigor las bases legales necesarias, la entidad podrá continuar con el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la construcción administrativa de sus órganos, los procesos de designación y el inicio de funciones sustantivas, para lo cual la participación ciudadana seguirá siendo parte fundamental en la implementación de este sistema de combate a la corrupción”, agregó Martínez Arcila.

Entre los procesos siguientes, se encuentra la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, y la ratificación del titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo.

En el caso del fiscal anticorrupción, el Fiscal General tiene 60 días naturales contados a partir del 4 de julio pasado, fecha en que entró en vigor la primera reforma constitucional en materia anticorrupción, para remitir la terna correspondiente a la Legislatura.

Las nuevas leyes que ya se encuentran vigentes son: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como reformas al Código Penal donde se incluyeron los tipos penales de los delitos en que pueden incurrir servidores públicos y personas jurídicas.

Sin embargo, aún está pendiente que se lleve a cabo el cómputo de votos de una segunda reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la que se hicieron ajustes relacionados con la designación de los órganos de control interno, se dota de mayor claridad el proceso de designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y amplió el plazo para la elección de los integrantes del Comité de Selección, quienes a su vez serán los encargados de designar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Periodistas de QRoo rechazan leyes y mecanismos estatales de protección por considerar que gobierno Federal elude su responsabilidad

Por Pedro Canche.                                                     Fotos: Johana Acosta.                                                                       Cancún.- Periodistas de Quintana Roo rechazaron la creación de leyes y mecanismos locales llamados #LeyBorge o #LeyJoaquin por considerar que el Gobierno Federal quiere lavarse las manos y pasarle la responsabilidad a los Estados, que es aquí de donde cunden y provienen las agresiones a los comunicadores.

Adriana Varillas de El Universal

                                                                                              La postura y pancartas surgió en el marco del tercer Foro realizado en Cancún por la XV Legislatura – que aún no deroga la llamada #LeyBorge creada por el preso de Panamá para desconocer a los reporteros independientes-  llamada “Análisis de la Ley para  la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo”.                                                                                                                                   Ante 234 comunicadores, defensores de derechos humanos, funcionarios y público, los periodistas de El Universal, Adriana Varillas y Proceso, Sergio Caballero, entre otros, leyeron la Declaración #Cancun desde el auditorio “Juan José Morales Barbosa”, de la Universidad  del Sur.                              Está es la postura signada por el grueso del gremio en Cancún:                                                                         25de junio de 2017

Foro de consulta para el análisis de la Ley para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas

GRAN COMISIÓN DEL H. CONGRESO
DE QUINTANA ROO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
DEL H. CONGRESO DE QUINTANA ROO.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

El 12 de mayo pasado, periodistas de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos, emitimos un pronunciamiento ante la decisión de la administración del C.P. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, de activar el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo. para acotar la Libertad de Expresión, violentar el Derecho a la Información y restringir la labor periodística en la entidad.

En el texto, firmado por el colectivo de periodistas el 12 de mayo y entregado al H. Congreso del estado de Quintana Roo, el cuatro de junio del 2017, se solicitó, entre otros puntos, abrogar y elaborar una nueva ley a partir de los siguientes criterios:

a.- Un proyecto base, elaborado por una prestigiada organización, especializada en la defensa de Periodistas y de la Libertad de Expresión.

b.- Someter este documento base, a la opinión de periodistas en foros, en ciudades de todo el estado.

c. A partir del documento base y las opiniones de periodistas, se elabore la iniciativa de la nueva Ley.

El 16 de mayo del presente año, el ejecutivo del estado anunció el ingreso, al Congreso del Estado, de una iniciativa para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, con base en la petición de periodistas del estado y personas defensoras de los derechos humanos.

El 16 de junio pasado, diputadas y diputados de la 15 Legislatura convocaron a la realización de sólo tres Foros de Análisis de la ley antes citada, a realizarse el 20, 22 y 24 de junio, en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente, a fin de conocer las propuestas del gremio periodístico y de las personas defensoras de los Derechos Humanos.

Observamos que:

1. Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, NO ha sido abrogada.

2. La 15 Legislatura no elaboró un anteproyecto de Ley apoyándose de una organización especializada en la defensa de periodistas y de la Libertad de Expresión, como se solicitó, a fin de que fuera materia de consulta y objeto de observaciones en los foros, por parte del gremio periodístico y de personas defensoras de los Derechos Humanos.

3. NO se realizaron los foros en las ciudades de los 11 municipios del estado, lo que sin duda evitó democratización de este ejercicio y la amplia participación de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

4. Se impuso un formato de participación y desarrollo de los foros, no consensuado con periodistas y defensores de los Derechos Humanos, consistente en cinco ejes temáticos: Órganos Responsables de Garantizar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; Protección Integral y Perspectiva de Género de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas; Mecanismo de Conformación del Sistema Quintanarroense de Protección y Protocolos de Investigación de los Delitos Cometidos en contra de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.

5. NO existe voluntad política para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, toda vez que los foros se convocaron para definir en primera instancia si se reforma o se abroga la ley. Lo anterior nos hace pensar que existe el interés de revivir la llamada “Ley Borge”, sólo parchándola.

6. El texto de la iniciativa del ejecutivo estatal, ingresado el 16 de mayo del presente año, al Congreso del estado, para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, no se ha hecho público y se desconocen los avances sobre la discusión de dicha propuesta.

Con base en lo anterior:

• Afirmamos que este H. Congreso del Estado, debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues su espíritu fue el de violentar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, además de restringir la labor periodística en Quintana Roo, lo cual quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos.

Quintana Roo fue convertido por el entonces gobernador del estado, Roberto Borge, en escenario de una persecución sin precedente en contra de periodistas y comunicadores, amplia y plenamente documentada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la organización Artículo 19 que, en julio de 2015, declaró a Borge Angulo “enemigo de la prensa independiente” y lo situó como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.

• Demandamos al H. Congreso del Estado y al gobierno del mandatario, Carlos Joaquín González, que se desistan de aplicar en Quintana Roo, el sistema para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, lo que incluye los mecanismos locales, toda vez que han sido las autoridades estatales y municipales, las responsables de las agresiones en contra de activistas y comunicadores y, el manejo de dichos mecanismos, queda precisamente en manos de los gobiernos locales.

Conforme al Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, actualizado a marzo de 2017, en México han sido asesinados 104 periodistas, desde el año 2000. En más de un 90 por ciento, las agresiones provienen de gobernadores, alcaldes y autoridades locales. En un 99.85 por ciento de los casos, estos crímenes han quedado impunes.

De acuerdo con la organización Artículo 19, tan sólo en 2014, en Quintana Roo, se registraron 46 agresiones a periodistas, sin que uno sólo de los casos haya sido investigado a nivel estatal y mucho menos castigado a nivel federal o local.

• Exigimos al H. Congreso de Quintana Roo y al gobierno estatal, atender la discusión que actualmente se desarrolla a nivel nacional, con respecto a los mecanismos locales, pues a partir del asesinato del periodista, Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo pasado, el gremio periodístico en todo el país se ha pronunciado en contra de la existencia de mecanismos estatales, por su ineficacia y el peligro que representan para activistas y periodistas, toda vez que dichos instrumentos son manejados principalmente por autoridades locales, siendo los estados en donde ocurre el grueso de los crímenes en contra de comunicadores y activistas, lo que supone una simulación.

• Ante la aparente indefensión de activistas y comunicadores, que supondría carecer de mecanismos de protección locales, nos acogemos a la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al fortalecimiento urgente del mecanismo federal contenido en esa ley.

• En este punto, no omitimos mencionar que existe una intención del gobierno federal, por eludir su responsabilidad en garantizar la protección de defensores de Derechos Humanos y Periodistas, transfiriéndola a los estados, que es el ámbito en donde comunicadores y activistas son agredidos, lo que supone un doble agravio y riesgo para ambos sectores.

• Cuestionamos y convocamos a reflexionar sobre la pertinencia real de contar con una Ley estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, habiendo ya una Ley Federal.

• No omitimos subrayar que la existencia de la Ley local, sólo ha servido desde su origen, para dividir, enfrentar y confrontar al gremio periodístico, sin que obre evidencia de que su existencia se haya traducido en algún beneficio palpable para activistas y/o comunicadores, desde que cobró vigencia en agosto de 2014.

• En ese tenor, las y los abajo firmantes, periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, expresamos nuestro profundo respeto a las y los colegas de todo el estado y condenamos enérgicamente todo intento, dentro y fuera del gremio periodístico, de dividirnos, enfrentarnos y confrontarnos, mediante una lucha alentada desde la tinta y el papel, que en realidad no existe de fondo, ni debería alimentarse, pues la intención de las y los periodistas que pugnan por la abrogación de la Ley, ha sido siempre la de atender el interés colectivo y alentar la participación respetuosa y responsable de las y los comunicadores, sin fobias ni filias.

• Condenamos los actos de espionaje que se han registrado en México, en agravio de periodistas, defensores de Derechos Humanos y hacia cualquier ciudadano en el país, por parte de los tres órdenes de gobierno.

• Hacemos un especial llamado al gobierno de Quintana Roo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a cualquier autoridad local, a evitar, desistir o frenar actos de espionaje o cualquier tipo de actividad que conlleve a la intromisión y violación de la intimidad y privacidad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos o cualquier ciudadano radicado en la entidad.

• Nos sumamos al movimiento nacional de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y demandamos el cese de asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas a comunicadores y activistas.

• Exigimos garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos a la Libertad de Expresión e Información; y la construcción de esquemas e instrumentos reales, efectivos y transparentes de protección para ambos sectores, para beneficio de estos, de la Democracia y de la propia sociedad.

Atentamente las y los abajo firmantes

COPARMEX y XV Legislatura por Leyes

 

El anhelo del cambio se dará con la participación de los ciudadanos: Martínez Arcila

· Se reúnen integrantes del Poder Legislativo con la Coparmex Cancún para escuchar sus inquietudes. Mando único en seguridad, uno de los temas.

· Existe voluntad para avanzar en reformas, coinciden diputados de diversas fracciones.

Cancún, Quintana Roo.- El anhelo del cambio se va a concretar, aseguró el Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila quien, ante empresarios, convocó a cerrar filas para avanzar en las reformas legales que demanda la sociedad para el crecimiento y el desarrollo del estado.  

Junto con una decena de diputados de diversas fracciones parlamentarias, con quienes asistió a una reunión de trabajo que convocó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo Quintana Roo, coincidió con los legisladores que el compromiso de cristalizar un cambio en el estado es real y es una meta que se puede alcanzar, a partir de las propias propuestas de los ciudadanos.

“El anhelo del cambio se logrará; es el tiempo para cambiar Quintana Roo; el cambio debe ser de a deveras. Esperamos que en agosto de 2019 podamos reconocer los avances que se tuvieron. No creo que haya una oportunidad como ésta para cambiar al estado desde el Congreso y la vamos a aprovechar”, indicó.

En su turno, el presidente de la Coparmex-Cancún, Adrián López Sánchez, propuso establecer un canal de comunicación con el Congreso a fin de que se les escuche y se retomen propuestas que son de interés de este sector. Los empresarios expresaron sus preocupaciones en temas como desarrollo económico, turismo y, especialmente, en seguridad, además de referirse a la necesidad de contar con mejores servicios urbanos en una ciudad que crece de manera veloz.

Los diputados Emiliano Ramos, Leslie Hendricks, Mayuli Martínez, Santy Montemayor y Jenni Juárez Trujillo, coincidieron en que este Congreso está abierto a las propuestas y, a partir de ellas es como se ha conformado la agenda legislativa, sin embargo, extendieron la invitación a los integrantes del organismo empresarial, a externar sus preocupaciones a fin de lograr cambios reales.

De igual manera los diputados Jesús Alberto Zetina Tejero, Gabriela Angulo, Fernando Zelaya y José Luis González, señalaron que ellos en algún momento dejarán de ser legisladores y serán un ciudadano más con inquietudes y necesidades, por ello ratificaron su compromiso de lograr cambios en esta coyuntura que vive la entidad.

El diputado Martínez Arcila agradeció la invitación de los empresarios a quienes les reiteró la disposición de escucharlos y aprovechar estos cambios en donde los legisladores “estamos dispuestos a aprovechar el momento histórico de Quintana Roo, dispuestos como servidores públicos a romper con ese paradigma de que los diputados no escuchan lo que la sociedad demanda. Seguimos siendo ciudadanos y nos duelen los mismos problemas que a ustedes. Necesitamos cerrar filas”.

Martínez Arcila hizo hincapié en el tema de la seguridad pública, una de las preocupaciones constantes en el sector empresarial. Destacó la importancia de que en Quintana Roo pueda avanzar el mando único, de manera que haya una real coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar a la delincuencia.

“No hay policía que pueda combatir a la delincuencia organizada si la Federación no toma en serio el problema y no se mete a fondo. Vale la pena hacer un llamado a que la Federación le meta con todo a restablecer la seguridad en Quintana Roo”, dijo.

El presidente de la Gran Comisión anunció que existe la voluntad del Poder Legislativo del estado para entrar a debatir temas que antes eran intocables como la reducción de diputados plurinominales, la reducción del financiamiento a partidos, la desaparición de la propia Gran Comisión, la eliminación de las decisiones discrecionales del Ejecutivo en la entrega de placas o patentes para venta de alcohol, entre otros.

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