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Detienen a presunto torturador de Lydia Cacho

Detienen a presunto torturador de Lydia Cacho - detienen a presunto torturador de lydia cacho
Foto de la AIC


La Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmó la detención de un trabajador de la fiscalía estatal por su probable participación en la tortura que sufrió la periodista Lydia Cacho.

El presunto delincuente fue identificado como Alejandro “R”, de 53 años de edad.

A través de un comunicado, la agencia señaló que cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre, requerido por un juez en Quintana Roo como parte de la investigación por la agresión contra la periodista en el año 2005.

Cacho fue originalmente demandada por José Kamel Nacif Borge debido al libro Los Demonios del Edéndonde se lo acusaba de pervertir a menores de edad.

Debido a esto, el empresario textil se confabuló políticos poblados para detener a Lydia Cacho  y mantenerla secuestrada a manera de represalia.

lopezdoriga.com

Tribunales federales reconocen violaciones contra Lydia Cacho por su labor periodística, su torturador permanecerá preso en Quintana Roo

articulo19.org

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2018.- El pasado 8 de agosto, el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito (Quintana Roo) negó liberar al policía judicial José Montaño Quiroz, sentenciado desde el 17 de octubre pasado por el delito de tortura en agravio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro.

Tal como ya lo decidió por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Lydia Cacho fue víctima de tortura, discriminación de género, detención arbitraria y falta de acceso a la justicia. En dicho dictamen, el Comité consideró que fue perseguida, detenida y torturada por la publicación del libro “Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil”, en el cual da cuenta de las redes de delincuencia organizada en la que se involucran personajes políticos y empresariales poderosos. El organismo internacional destacó que durante las 20 horas de traslado posteriores a su detención, los policías judiciales del Estado de Puebla (José Montaño y Jesús Pérez) le profirieron agresiones físicas y verbales con un trato sexualizado y discriminatorio.

Dichas violaciones graves a derechos humanos fueron corroboradas por el Juez Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo el 17 de octubre de 2017  (causa penal 50/2014), en el caso del único procesado y sentenciado José Montaño Quiroz, entonces comandante de la policía judicial de Puebla, involucrado en el operativo donde además participaron agentes privados de Kamel Nacif. Cabe destacar que el otro agente, Jesús Pérez Vargas, se encuentra en calidad de prófugo al no haberse ejecutado la orden de aprehensión en su contra y que ambos policías advirtieron a su víctima que ultimarían su vida si los llevaba a prisión.

El proceso penal: justicia tardía

El 11 de  diciembre de 2014 se aprehendió al policía judicial José Montaño Quiroz en el estado de Puebla por el delito de tortura. Dicha detención derivó de una orden judicial solicitada por la FEADLE ese mismo mes, justamente después de que el 13 de octubre de 2014 se hizo pública la presentación de Lydia Cacho y ARTICLE 19 ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra,Suiza.

El Comité consideró que nunca se cumplió el derecho de Lydia de acceso a la justicia, ya que Montaño fue sentenciado 12 años después de los hechos. La PGR reactivó la investigación forzada por la exposición del caso en Ginebra en 2014. Una vez que los tribunales de Quintana Roo se declararan incompetentes en 2008 para procesar a los policías implicados, la investigación en PGR se detuvo por completo protegiendo así a lo que la red criminal que la periodista documentó.

El proceso penal ante el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo no fue sencillo debido a la falta de debida diligencia de la PGR en proteger los derechos de la periodista como víctima.

La defensa de Montaño intentó por todos los medios legales re-victimizar a Lydia Por ello, el equipo legal de ARTICLE 19, promovió una serie de medidas y recursos legales para evitar que Lydia padeciera re-victimización con interrogatorios que pretendían revivir los hechos traumáticos. Así también debimos promover juicio de amparo a efecto de que el juez tomara medidas pertinentes en los careos, en razón de la gravedad de la tortura y las secuelas generadas en las víctimas de dichos actos. Al final la defensa de Montaño Quiroz desistió de esta prueba. Todo ello sucedió sin la mínima proactividad de la PGR para evitar mayores daños para Lydia.

Casi tres años después de iniciado el proceso penal, el Juez Segundo de Distrito consideró a Montaño penalmente responsable de tortura. El juez reconoció en la sentencia que Lydia fue torturada con diversas agresiones psíquicas y físicas, entre las que se cuentan insinuaciones, amenazas y tratos sexuales. Además, concluyó que fue infligida como represalia por la publicación de “Los demonios del Edén: el poder que protege a la pornografía infantil”. Sin embargo, impuso una pena que no corresponde con la gravedad los hechos: 5 años y 3 meses de prisión, inhabilitación como servidor público por el mismo periodo de tiempo y multa de 275 unidades (12 mil pesos mexicanos).

Dicha sentencia fue apelada por todas las partes. Fue así que el 13 de marzo de 2018 el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, modificó y aumentó la pena a 6 años de prisión. En su resolución el Magistrado consideró que “se vulneró el derecho a la mujer a una vida libre de violencia”; “el derecho que tienen todos los ciudadanos a la libertad de expresión, tomando en cuenta que la víctima es periodista y escritora y se ha tratado de erradicar cualquier tipo de hostigamiento por esa labor”, y también “se vulneró el derecho a la salud”, por el peligro de ser trasladada a la cárcel de Puebla con un cuadro de bronquitis.

Batalla por la prisión preventiva

El pasado 10 de agosto las abogadas y abogados de ARTICLE 19 recibieron notificación de la resolución de que el Comandante José Montaño Quiroz había perdido su apelación para salir de prisión.

Desde agosto de 2016 la defensa del policía Montaño solicitó llevar el juicio fuera de prisión. Durante más de un año, tanto los defensores del inculpado como la representación legal de Lydia Cacho, nos enfrascamos en una batalla legal por la revisión de la pertinencia de la prisión preventiva, pues el policía podía darse a la fuga. Finalmente, después de tres juicios de amparo, el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo y, en segunda instancia, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito,  decidieron que era procedente celebrar la audiencia para verificar las condiciones para mantener al policía torturador en prisión. Todo ello sucedió ante la mirada impávida de la PGR; en tanto Lydia Cacho recibía más amenazas. Finalmente en diciembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia, que se resolvió el 29 de enero de 2017, negando la liberación del policía.

Fallo histórico, pero insuficiente

Esta resolución judicial que condena al policía José Montaño es histórica, ya que es la primera vez en México que se reconoce el carácter sexual de la tortura cometida contra una mujer periodista, además de vincular tales agresiones a su labor periodística; sin embargo la sentencia no resulta adecuada a la gravedad de los hechos. Debe tomarse en cuenta que la tortura es una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, además de una práctica generalizada en nuestro país.

Otro aspecto que debemos considerar es que el Estado mexicano sólo avanza en la persecución y castigo de agentes implicados en tortura sexual ante la intervención de organismos internacionales. De ello también da cuenta el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena me´phaa del estado de Guerrero, que accedió a la justicia 16 años despuésde haber sufrido tortura sexual por parte de elementos del Ejército mexicano y una vez que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por estos hechos (2010), obligándolo a investigar y sancionar a los responsables. Cabe recordar que la misma Corte Interamericana está próxima a emitir sentencia en el caso de las 11 mujeres denunciantes por las agresiones sexuales cometidas por policías en Atenco (2006), caso en el que impera la impunidad.

Tal como lo señaló el Comité de Derechos Humanos el caso de Lydia Cacho es ejemplar pero no aislado. Existe en México un patrón de impunidad respecto a las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes públicos contra mujeres detenidas o bajo su custodia.

Hemos demostrado que la discriminación estructural contra las mujeres, ejercida por las autoridades de diversos niveles, se agudiza en razón de la pertenencia étnica, las condiciones socioeconómicas o el desempeño de labores periodísticas y contra las defensoras de derechos humanos.

Por lo anterior ARTICLE 19 exige al Estado mexicano el cumplimiento cabal del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos en el caso de Lydia Cacho, conduciendo a todos los autores materiales e intelectuales ante la justicia. En este sentido, consideramos urgente que desde las instancias gubernamentales se adopten medidas estructurales para erradicar la tortura, en especial la de carácter sexual, mediante la prevención, persecución y sanción de los responsables. De la misma manera exigimos que las medidas de protección y reparación integral para mujeres periodistas sean abordadas e implementadas con perspectiva de género, tomando en cuenta los componentes que diferencian la violencia ejercida respecto de los periodistas hombres.

Trece años de juicios, persecución e impunidad no lograron impedir que como parte de una lucha colectiva ganásemos este caso que se ha convertido en un hito histórico. Advertimos que seguimos a las medidas cautelares y de protección en favor de Lydia Cacho una vez que se reabran las investigaciones penales ordenadas por el  CDH-ONU.

Fuente

Ayuntamiento de Puerto Morelos tendrá una mesa de coordinación con el Estado y la Federación para certeza inmobiliaria

PUERTO MORELOS FORTALECERÁ CERTEZA JURÍDICA
A INVERSIONISTAS

*Anuncia la presidente municipal Laura Fernández la instalación de una mesa de coordinación con estado y federación

*”Vamos a estar juntos los tres órdenes de gobierno en la tarea de garantizar certeza y legalidad”, subraya la alcaldesa

Puerto Morelos, Quintana Roo, 30 de julio de 2017.- A propuesta de la presidente municipal Laura Fernández Piña, el próximo jueves se instalará una mesa de coordinación jurídica con los gobiernos estatal y federal , para dar certeza y legalidad a las inversiones inmobiliarias en el municipio.

“El principal objetivo de la mesa es la de garantizar orden y legalidad, pero sobre todo confianza”, subrayó Laura Fernández. En ese sentido, agradeció el apoyo recibido de parte del gobernador Carlos Joaquín para llevar a cabo este procedimiento.

Dijo que en la instalación de la mesa de coordinación jurídica estarán el secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, Juan Vergara Fernández, quien es responsable del funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Fredy Marrufo Martín y un enviado de las oficinas centrales de esa misma dependencia.

La alcaldesa portomorelense destacó la importancia de la presencia de funcionarios de cada una de las instancias gubernamentales, pues forman parte de la cadena de trámites que realizan los inversionistas a la hora de poner en regla los documentos de su propiedad.

“Debemos trabajar unidos, juntos para generar confianza en los inversionistas e impulsar un desarrollo económico ordenado, armónico y sustentable”, indicó.

“Con esa coordinación blindaremos el contexto en el que se desarrollan los trámites relacionados con las inversiones inmobiliarias”, enfatizó.

Dijo que las partes que participarán en la mencionada mesa ya definieron los primeros pasos que se darán para fortalecer el marco jurídico que rodea a la actividad inmobiliaria.

“Ya sabemos cuáles serán las primeras acciones que desarrollaremos. Trabajaremos desde el primer día para garantizar a los inversionistas certeza en lo que compran y lo que venden”, asentó.

PEN Internacional,PEN México y PEN San Miguel de Allende piden a EPN proteger periodistas de QRoo

PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende condenan las recientes amenazas a periodistas

Londres, 26 de julio de 2017. PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende expresan su preocupación por los continuos ataques y amenazas a periodistas mexicanos. Los niveles de impunidad son tan altos que la libertad de expresión ha dejado de ejercerse como un derecho. Las constantes agresiones han llevado a periodistas, activistas y defensores a emprender una lucha en su propia protección puesto que las autoridades locales y federales no han podido realizar esa tarea con éxito.
El 13 de julio, la periodista Lydia Cacho fue amenazada en las calles de Quintana Roo. Un hombre caminó a su auto mientras ella esperaba el cambio de luz del semáforo, y le dijo: “Lydia Cacho, no se meta en lo de punta Brava porque allí están los de la última letra”. Cacho está investigando sobre corrupción política, empresarial y burocrática.
El 19 de julio de 2017, se dio a conocer que Pedro Canché y Amir Ibraham fueron amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado, con mantas colgadas en distintos sitios de Quintana Roo, con mensajes intimidatorios.
“En PEN sabemos que la libertad de expresión es esencial para ejercer los demás derechos humanos. Reconocemos la valentía con la que los periodistas mexicanos enfrentan su trabajo diario, y por ello exigimos a las autoridades mexicanas que cumplan con su promesa de protección y que garanticen la libertad de prensa, información y expresión”, ha afirmado Jennifer Clement, presidenta de PEN Internacional.
Esta no es la primera vez que los reporteros se enfrentan a esto: Lydia Cacho, ganadora del premio PEN/Pinter 2010, ha sido amenazada por sus trabajos de investigación; Pedro Canché fue encarcelado por su actividad periodística, y Amir Ibrahim, director de ElQuintanaRoo.mx, ha recibido mensajes de amenaza vía WhatsApp, vulnerando su seguridad y la de su familia. Estos no son incidentes aislados. El pasado 21 de mayo también se dio a conocer que Pina Tinzón Solís, reportera del mismo medio, fue golpeada y amenazada de muerte.
Por otro lado, la escritora y periodista Sanjuana Martínez Montemayor también ha sido víctima de hostigamiento y amenazas repetidas veces desde 2008. En mayo de 2017, Sanjuana Martínez informó sobre las amenazas que recibió a través de redes sociales. El hostigamiento constante no sólo vulnera la vida cotidiana de la autora sino su libertad para continuar escribiendo e investigando. En junio, PEN México exigió protección para la periodista. Otro caso es el del reportero Rubén López Domínguez cuyo automóvil se encontró el pasado 19 de julio con diez impactos de bala y un mensaje intimidatorio.
Las amenazas continúan avanzando día tras día. El viernes 21 de julio, se reportaron las amenazas al periodista José Maldonado Sotelo, director de Agencia Mexicana de Noticias Noventa Grados, por medio de correo electrónico, con mensajes intimidatorios advirtiendo que cese de investigar y reportar sobre la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán.
En un sentido positivo, este fin de semana se dio a conocer que el exalcalde de Silao, Guanajuato, admitió haber enviado a golpear a la reportera Karla Janeth Silva y amenazar a la reportera Adriana Elizabeth Palacios, colaboradora de El Heraldo de León. Solís Arzola enfrenta una pena de dos años. Éste es un caso histórico, ya que es el primer funcionario estatal que recibe una sentencia por amenazar a un periodista.

PEN Internacional, PEN México y PEN San Miguel de Allende hacen un llamado urgente a los gobiernos federal y estatales para que resguarden la seguridad de sus periodistas, de sus ciudadanos y permitan ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información.
PEN también pide a las autoridades estatales y federales que investiguen las amenazas y castiguen a los responsables, con la participación de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Tres fracciones parlamentarias proponen a la abogada de Lydia Cacho y Pedro Canché como Fiscal General del Estado

Tres  fracciones parlamentarias y un diputado independiente proponen a la abogada de Lydia Cacho y Pedro Canché como Fiscal General del Estado.
Tres fracciones parlamentarios del Congreso propondrán a la abogada Aracely Andrade Tolama como Fiscal General de Quintana Roo; la abogada de Lydia y Cacho y Pedro Canché será propuesto por el PRD, Morena, PRI y el diputado independiente, Juan Carlos Pereyra en una acción que se interpreta como la puntera para la Fiscalía.
Los Quintanarroenses esperan del Fiscal designado, agilice las denuncias que el gobierno de Carlos Joaquín ha puesto en contra de Roberto Borge Angulo, Félix González Canto y funcionarios de primer, segundo y de tercer nivel de la administración borgista que desfalcaron el Erario.
Estas denuncias las mantuvo congeladas el Fiscal de la impunidad de Borge, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien ante la presión social renunció hace una semana.
En paralelo, el gobierno que encabeza el hermano menor del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el contador Carlos Joaquín tiene puestas diversas denuncias ante la Procuraduría General de la República(PGR) en contra de su antecesor que aumentó la deuda a 15 mil pesos por habitante, unos 23 mil millones de pesos, además de llevar a Quintana Roo a ocupar el lugar 32 en Procuración de Justicia en el país.
El PRD propuso a la abogada Aracely Andrade Tolama junto con el abogado José Alberto Bermejo; en tanto el PRI propuso a Aracely Andrade Tolama junto con Gabriel Bueno Moreno y MORENA propuso a Aracely Andrade Tolama junto con Eduardo del Valle García. El diputado independiente propuso también a la abogada Aracely Andrade Tolama y Leopoldo Cruz Navarro.
La abogada Aracely Andrade, fue contratada por Artículo 19 para el caso Pedro Canché y se enfrentó al sistema de Roberto Borge al grado de estar en peligro por lo que fue incorporada al Mecanismo de Defensa de Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos.
Las otras propuestas fueron de la fracción del PAN que propuso a Lili Campos (actual encargada del despacho de la Fiscalía) y a Miguel Ángel Pech Cen. El Partido Verde propuso a Jorge Rodríguez Méndez y a Lepoldo Cárdenas Lozada. El PANAL propuso a Oscar Buenfil Rojas y Luz Margarita González. El PES de Carlos Mario Villanueva propuso a Raúl Rafael Ojeda Ojeda González y a Nelizabeth Ducoy. En tanto una vertiente del PRD propuso al ex diputado Jorge Aguilar Osorio.

Llega a 14 los aspirantes para la Fiscalía General del Estado, el jueves decide el Congreso de QRoo
Un total de 15 aspirantes se inscribieron para el cargo de Fiscal General, cuya fecha para registrarse concluyó este domingo 18 de Diciembre.
Este lunes la Comisión de Puntos Constitucionales, revisará cada expediente para determinar quienes cumplen los requisitos formales, de ahí las fracciones propondrán 10 nombres al gobernador el martes y para el miércoles el Gobernador del Estado enviará al Congreso la terna, donde finalmente el jueves las dos terceras partes votarán por la o el Fiscal y tomará protesta ese mismo día, entrando en funciones a partir del día siguiente que se publica el nombramiento en el periódico Oficial del Estado.
Esta es la lista de las y los abogados inscritos: Lili Campos, Miguel Ángel Pech Cen, Aracely Andrade Tolama, José Alberto Bermejo, Gabriel Bueno Moreno, Jorge Rodríguez Méndez, Leopoldo Cruz Navarro, Oscar Buenfil Rojas, Luz Margarita González, Eduardo del Valle García, Raúl Rafael Ojeda González, Nelizabeht Ducoy y Jorge Aguilar Osorio y Leopoldo Cárdenas Lozada.

Yunes Linares y la pederastia,luego de las elecciones las Victimas volverán a ser olvidadas por las organizaciones en esta farsa electoral :Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho fijó una postura sobre las acusaciones que se han hecho en los últimos días contra el candidato del PAN-PRD en Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

“No tengo la menor duda de que Miguel Ángel Yunes Linares ha cometido actos ilícitos que van desde el enriquecimiento inexplicable,hasta el blanqueo de capitales, ocultamiento de fraude en el ISSSTE, alianza delictuosa con una red de trata para la explotación sexual infantil; manipulación de información sobre fugas en los penales a su cargo y amenazas de muerte a periodistas y editores”, expuso en un comunicado de la periodista, enviado a este sitio.

“Todo lo anterior lo hizo bajo la protección del fuero constitucional y los puestos públicos que lo arroparon y que institucionalizan la impunidad. Creo que es el peor candidato para Veracruz, su pasado lo delata. Sin embargo, la manipulación electoral del caso Succar Kuri-Edith Encalada me parece inaceptable. La forma en que reaparece la mujer que había pactado con Kamel Nacif y Mario Marín (PRI) para retractarse cuando había elementos para encarcelar a Yunes y a otros, causó un gran daño a una veintena de víctimas que en su momento señalaron a Yunes con la evidencia de vídeos de pornografía infantil y quedaron descalificadas por la propia Encalada”, expuso.

“El tufo electoral de este montaje resulta inadmisible para las doscientas víctimas del caso Succar Kuri. Sabemos que Fevimtra no actuará contra Yunes porque él mismo pactó en 2007 con Gamboa Patrón (PRI) y Vicente Fox (PAN) para rasurar el expediente de la red de trata de menores, a pesar de la evidencia que llevó a Succar a una sentencia de 113 años”, apuntó.

“La manipulación de las víctimas de trata de personas y el uso de niñas y niños para fines electorales es a todas luces despreciable; no importa si viene del PRI, PAN, PRD, Morena o los partidos satélites. En su momento se pudo encarcelar y sentenciar a Yunes Linares y se demostraron los delitos que se le impugnaban, pero los partidos lo protegieron y lo seguirán protegiendo. Una vez terminadas las elecciones las víctimas serán olvidadas por las organizaciones oportunistas. Me niego a jugar la farsa electoral, no merecemos que persista este pacto de impunidad, la infancia mexicana no lo merece, tampoco lo merecemos las y los periodistas de investigación que hemos sido amenazadas por los políticos por evidenciar la verdad arriesgando nuestras vidas”, indicó.

Sobre las acusaciones en su contra, Miguel Ángel Yunes afirmó que se trata de “guerra sucia”, por la que denunciará a quienes lo han acusado por pederastia.

Lydia Cacho:Carta a mi torturador

Plan b

Carta a mi torturador

Por Lydia Cacho

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Tuvieron que pasar 10 años desde que viví esas 20 horas atrapada en un automóvil de la policía de Puebla, para atreverme a escribir esta misiva.

El tiempo no sana las heridas, simplemente transcurre; es la determinación de la víctima la que se impone en la tarea de asumir el riesgo de adentrarse en la oscuridad del sufrimiento causado por la tortura para, al fin, después de largas horas de terapia, mirar la luz y saber que se ha despojado de ese pequeño y ponzoñoso miedo que habita la penumbra personal cuando los recuerdos se agolpan.

El arma, los abusos, las amenazas, las condiciones para salvar la vida. Todas quedan indelebles en la memoria, la diferencia entre mantenerse víctima y transfigurar a sobreviviente radica en que al recontar la historia el sufrimiento no se apodera del corazón de quien narra su historia.

Cuando mis abogados me hicieron saber que usted, el comandante José Montaño Quiroz, fue detenido en el aniversario de mi tortura ordenada por el ex gobernador de Puebla Mario Marín, avalada por miembros de la cúpula del PRI nacional y en connivencia con la red de empresarios pedófilos, supe que comenzaría una nueva etapa del interminable viacrucis de toda víctima torturada por autoridades, ya sean policiacas o militares.

Supe que habría de mirarle a los ojos nuevamente, cara a cara con el policía que disfrutó cumplir las órdenes de usar al aparato policiaco como instrumento de escarmiento.

Me preparé para ello a sabiendas de que soy una entre miles de víctimas mexicanas que por primera vez experimentamos los primeros pasos de la aplicación del nuevo método de justicia penal procesal, que implica salir del añejo sistema medieval inquisitorial y transformarse en acusatorio adversarial.

Entendí las implicaciones de pertenecer a una generación de víctimas que forman parte de un nuevo experimento social que pretende expulsar la corrupción y el influyentismo en los juicios penales.

Ese influyentismo que implicó hace años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se decantara por los derechos de los poderosos, red de tratantes de niñas y niños y de gobernadores blanqueadores de dinero.

Hay algo de iluso en la esperanza de que en 100 años la justicia mexicana funcione mejor, porque nosotras nos atrevimos a retar a las instituciones, a forzar a los funcionarios a implementar y administrar justicia en lugar de orquestar impunidad a modo.

Por eso después de esa primera vez que nos careamos, en que pude decirle lo que implicó en mi vida su crueldad y violencia a pesar de su sonrisa irónica, supe que no nos detendremos aunque pasen 10 años más.

Hoy el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió perdón a una mujer víctima de tortura operada por dos militares y un policía federal. Frente a su batallón reconoció lo inaceptable de la tortura.

Podrían parecer sólo palabras, pero son un logro ciudadano monumental porque el primer paso de la justicia es el reconocimiento de daño consumado.

Ya le habrán informado sus abogados que esta semana la Suprema Corte admitió un amparo que interpusimos contra el daño psicológico que causan los careos a las víctimas de tortura.

Mientras usted está en prisión con abogados pagados por los empresarios que le dieron órdenes de torturarme, yo estoy libre, trabajando, escribiendo, sana y salva de nuevo. Estoy segura de que ganaremos; la evidencia de tortura es irrefutable.

Usted allá en prisión será con el tiempo parte de la historia que habrá demostrado que no saldrá impune la policía mexicana que torture y asesine a periodistas y activistas. Ustedes han tejido redes de impunidad, nosotras redes de justicia. Usted y yo sentaremos juntos un precedente jurisprudencial. Cada quien con la tarea que le corresponde.

Yo ya lo he perdonado, no deseo su sentencia por sed de venganza, la deseo para que nadie, nunca más, pase por lo mismo que yo he pasado por darle voz a las y los otros; por decir la verdad, por ejercer la libertad de prensa y asumir la defensa de los derechos humanos, por saberme libre en un país donde los cobardes pretenden aniquilar las libertades.

(Cimacnoticias)