Narvarte

Casa de Seguridad de Duarte pista clara para caso Narvarte

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La presencia en la Ciudad de México de seis empresas de seguridad privada pertenecientes a Arturo Bermúdez Zurita, es un dato muy relevante para la investigación del multihomicidio del caso Narvarte que se debe aclarar, coincidieron los abogados de las víctimas David Peña Rodríguez y Karla Micheel Salas Ramírez.

Su importancia es todavía mayor si se toma en cuenta que la dirección de la empresa Seguridad Privada GPR, propiedad de Bermúdez, se encuentra a solo seis minutos del edificio en el que se cometió el quíntuple asesinato, como se desprende de un recorrido que hizo Aristegui Noticias a bordo de un automóvil.

Para Peña y Salas el hallazgo de Aristegui Noticias servirá para reforzar la petición que próximamente presentarán ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Veracruz, con el propósito de que realice un nuevo interrogatorio al ex Secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte y de que se profundice en las líneas de investigación que apuntaban hacia Veracruz para esclarecer el quíntuple homicidio ocurrido el 31 de julio de 2015.

En entrevista, ambos defensores señalaron que la ubicación de las empresas de seguridad privada de Bermúdez no formó parte de la investigación en el caso Narvarte, a pesar de que Rubén Espinosa y Nadia Vera salieron de Veracruz por las amenazas y el hostigamiento del que fueron objeto por parte de las autoridades veracruzanas, particularmente del propio Arturo Bermúdez.

El hostigamiento contra activistas y comunicadores tanto en Veracruz como en la Ciudad de México , explicó Peña, en muchas ocasiones era cometido por personas vestidas de civil, con un perfil que podría corresponder a militares, policías… y guardias de seguridad privada.

“Nosotros recabamos información de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas de Veracruz sobre la operación de personas vestidas de civil. No sabíamos si formaban parte de la Secretaría de Seguridad o no, pero eran civiles, incluso armados, que los seguían, no sólo en Veracruz; en el caso de Rubén cuando está en la Ciudad de México, en una de las entrevistas previas a su asesinato, denunció que varios hombres lo siguieron aquí, eran hombres vestidos de civil con presencia policial o militar, pero que también encajan con el perfil de un guardia privado”, detalló.

Micheel Salas denunció que las amenazas contra Rubén y Nadia por parte de autoridades veracruzanas fueron ignoradas por la Procuraduría capitalina durante las investigaciones, en un afán por descartar cualquier motivación política o periodística en los asesinatos del fotoperiodista y la activista estudiantil.

Salas Rodríguez agregó que en la primera comparecencia de Arturo Bermúdez para este caso, la Procuraduría capitalina se negó a interrogar al ex servidor público sobre el hostigamiento a periodistas y activistas por parte de personal vestido de civil o trabajando encubiertos, diligencia que ha sido solicitada al Ministerio Público una y otra vez desde el 18 de agosto del 2015.

“La presentamos el 18 de agosto del 2015, esta misma solicitud la volvimos a reintegrar el 10 de septiembre, volvimos a solicitar estas y otras diligencias donde se incluía la ampliación de la declaración, de Javier Duarte y también sobre el tema de Bermúdez Zurita. Ampliamos la solicitud de diligencia en septiembre de 2015, es decir, ha pasado más de un año y la Procuraduría no tuvo la intención de seguir esta línea de investigación que a nosotros nos parecía muy clara”, sentenció.

Cercanía de inmueble vinculado con caso Narvarte y empresas de Bermúdez

En un primer reportaje sobre la operación de las empresas de Arturo Bermúdez en la Ciudad de México, se dio a conocer que una de ellas ocupa un edificio de tres pisos en la calle Luis Spota 151, Colonia Independencia. A cinco cuadras, se encuentra una segunda dirección vinculada al ex funcionario actualmente preso: una casa ubicada en Centenario 29, colonia San Simón Ticumac, ambas en la delegación Benito Juárez.

Los dos inmuebles tienen en común su cercanía con la colonia Narvarte, también en la delegación Benito Juárez, un dato que había pasado desapercibido en las indagatorias para aclarar los asesinatos de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa.

Bastan seis minutos a bordo de un automóvil para ir de Luis Spota 151, donde se encuentra la sede de Seguridad Privada GPR, a Luz Saviñón 1909, donde está el edificio en el que asesinaron a cinco inocentes. Entre ambas direcciones, hay una distancia de tan solo quince cuadras, por lo que David Peña y Micheel Salas se pronunciaron por realizar un segundo interrogatorio a Bermúdez Zurita.

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De acuerdo con Peña, la comparecencia del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz no sólo es relevante por las denuncias de hostigamiento que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa, sino también por la forma en que fueron asesinadas Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandro Negrete. Las tres mujeres, al igual que Nadia y Rubén, recibieron un tiro certero y a poca distancia, pero sin ser a quemarropa, lo que denota entrenamiento por parte de los agresores.

“Los disparos son limpios, a corta distancia pero al contacto porque no hay quemaduras, es decir, que el arma no fue colocada sobre el cuerpo para disparar, eso quiere decir que el agresor sabe disparar y que hay un control del arma, hay tiros precisos, eso implica a alguien capacitado en el manejo de armas, sabía incluso torturar, entonces nosotros decimos que estamos hablando de un perfil policial, militar o de personal de seguridad privada que tiene esta formación técnica”, puntualizó.

Además, se va a solicitar a la procuraduría capitalina que trate de identificar el arma utilizada en el caso Narvarte, misma que hasta el día de hoy se encuentra desaparecida, a pesar de que ya hay tres detenidos y un sentenciado por el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte.

Peña agregó que para este crimen se utilizó una pistola calibre nueve milímetros que no tenía antecedentes de uso en delitos previos, hecho que se contrapone con el uso que le darían tres delincuentes comunes involucrados en otros robos o actos ilícitos, por lo que se pronunció por indagar el armamento que las empresas de Bermúdez Zurita reportaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener los permisos de portación para sus guardias y escoltas.

“Una de las líneas que sabíamos que se tenía que fortalecer, por la forma en la que ocurrió el asesinato en términos criminalísticos supone una actuación de una persona ordenada, el arma que se utilizó fue una pistola 9 milímetros que no es de fácil acceso, es un arma que no tiene ningún registro, ningún antecedente de uso en otros actos delictivos, si pensamos que era un arma utilizada por tres personas con el perfil de las que están detenidas, pues era probable que esa arma se hubiera utilizada en otros robos, en otras cosas, esta arma no tiene ningún registro”, explicó el litigante.

Para los abogados de las familias, la tortura en contra de las víctimas y el posible uso de un silenciador, también indican que el autor del crimen contaba con algún tipo de preparación, es decir, un perfil que corresponde a corporaciones de seguridad pública o privada, por lo que también se debe indagar a los escoltas o guardias que trabajaban en las empresas de Arturo Bermúdez al momento del caso Narvarte.

Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez advirtieron que para esclarecer las muertes de Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra, la Procuraduría capitalina está obligada profundizar en una de las líneas de investigación que intentaron descartar desde el principio: la posibilidad de que personajes veracruzanos estén vinculados con el múltiple homicidio ocurrido en la colonia Narvarte en 2015.

“La línea Veracruz que incluye a Duarte y a ex funcionarios como Bermúdez, es una línea de investigación que no está cerrada en el caso Narvarte, por eso vamos a insistir en este tema de las empresas de seguridad y vamos a pedir el listado de las personas que laboraban ahí en el momento del crimen”, concluyó.

*Esto es lo que reportó Juan Omar Fierro en Aristegui en vivo:

Narvarte,una sospechosa y sucia investigación

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Cuatro mujeres y un hombre murieron asesinados en un departamento de la Ciudad de México el pasado verano, en un barrio de clase media, la colonia Narvarte. Hay, de momento, tres detenidos. Se llaman Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez.
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El 31 de julio de 2015, a eso de las dos de la tarde, los asesinos llegaron al departamento de la Narvarte. Los videos de seguridad de la ciudad muestran a tres personas saliendo del inmueble minutos después de las tres de la tarde. La fiscalía asegura que se trata de los tres detenidos. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Una de las mujeres se llamaba Nadia Vera y fungía de activista cultural. El hombre se llamaba Rubén Espinosa y trabajaba de fotoperiodista.

Nadia y Rubén habían trabajado en Veracruz por años. Se habían mudado al DF recientemente por amenazas y presiones que, denunciaban, tenían que ver con su labor profesional. En un entrevista concedida meses antes de su muerte a un canal de televisión por internet, Nadia Vera declaraba que “responsabilizaba” al Gobierno de Veracruz de cualquier cosa que pudiera pasarle.

El crimen consternó al país, en concreto a la sociedad capitalina. Pese a que los índices delictivos iban al alza en la ciudad desde hacía meses, el caso Narvarte reventaba, otra vez, la supuesta burbuja de seguridad en que vivían los vecinos del DF. La violencia, que se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos años en el país, era cosa de provincia. Y de repente cinco personas eran asesinadas en un barrio tranquilo de la capital, a plena luz del día, dos de ellas muy críticas con el gobernador de un estado gobernado por el PRI, el partido que dirige además el gobierno federal.

“En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”

LEOPOLDO MALDONADO, ABOGADO DE LOS FAMILIARES DE RUBÉN ESPINOSA
El fiscal de la ciudad, Rodolfo Ríos Garza, declaró entonces que en la casa “había habido un saqueo”. Días después de lo ocurrido, el fiscal y el alcalde aseguraron que agotarían todas las líneas de investigación.
En las siguientes semanas, la investigación de la fiscalía se convirtió en un espectáculo mediático, presa de filtraciones y giros narrativos. Un día los diarios capitalinos apuntaban que el múltiple homicidio era producto de un robo de drogas; otro que el departamento era en realidad una casa de citas; luego que Rubén y Nadia habían consumido drogas en las horas anteriores a su muerte…

Entre tanto, las autoridades aprehendieron a los sospechosos. Primero detuvieron a Pacheco, que declaró que efectivamente había estado en el lugar del crimen, pero que no había matado a nadie. Fue, dijo, a mantener relaciones sexuales con una de las mujeres. Luego dieron con Torres, un expolicía que dijo igualmente que había estado allí, pero que tampoco había tenido que ver con sus muertes. Torres dijo que Pacheco y el tercer detenido, localizado semanas más tarde, eran del cártel de Los Zetas. Dijo que conocía a la mujer colombiana y aseguró que los otros dos querían robarle un cargamento de cocaína. El tercero, Omar Martínez, detenido a mediados de septiembre, negó su presencia en la Narvarte y dijo que la fiscalía se equivocaba: él motivo de que los investigadores le ubicaran en la zona, aquel día a aquella hora, se debía a que había prestado su celular a Daniel Pacheco.

Y después de todo aquello, los dos primeros, Pacheco y Torres, declararon que en realidad no habían estado en el lugar de los hechos, que las primeras declaraciones se las habían sacado a golpes los agentes de la fiscalía.

Leopoldo Maldonado, representante de los familiares de Rubén Espinosa, explica que existen “tres problemáticas” en el caso. La primera tiene que ver con las filtraciones de la investigación las primeras semanas. “Los datos que soltaban tenían por finalidad construir una narrativa que descontaba la actividad de Rubén y Nadia y tendían a crear una imagen de que el caso tenía que ver con prostitución o drogas”. En agosto pasado, un juez instó a la fiscalía a que resguardase la información sobre el caso.

La segunda tiene que ver con el tratamiento a los familiares de las víctimas, a su juicio, deplorable. “En la primera reunión que tuvieron con la subprocuraduría de atención a víctimas, les sacaron un sobre con el informe toxicológico de Rubén y Nadia… ¿Qué tiene que ver eso con su muerte?”.

La tercera, quizá la más importante, responde a las fallas en la investigación. Hay dos puntos que podrían desmontar la versión oficial. David Peña, abogado de Nadia Vera y Mile Virginia Martín, coincide en su relevancia. “En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”.

Y luego, además, el perfil genético de unas marcas de sudor. Las víctimas recibieron un disparo de una pistola 9 milímetros, pero a Yesenia y a Nadia las estrangularon además con un cable. “En ese cable”, explica Peña, “encontraron restos genéticos de alguien, sudor seco. El perfil genético de ese sudor no coincide con ninguno de los tres detenidos”.

Ambos critican que la teoría de la fiscalía se basa en las localizaciones de las llamadas de los teléfonos celulares de los detenidos. “Por ejemplo, el teléfono de Torres recibió 16 llamadas entre las 13.50 y las 15.00. Tres llamadas eran de teléfonos del estado de Chihuahua. ¿Sabes qué dijeron los investigadores?… Que podrían ser números equivocados. No tienen en cuenta esa, ignoran las personas con quienes pudieron haberse visto los detenidos tras dejar la Narvarte. ¡Hay dos horas esa tarde en que no saben dónde estuvieron!”.

La investigación se alargará hasta el final del año. La fiscalía evita dar información desde que el juez lo prohibió y los abogados critican que el problema es sistémico. “Si la fiscalía carece de autonomía es improbable que las investigaciones se desarrollen adecuadamente”, explica Leopoldo Maldonado. “Aquí las fiscalías siempre se amparan en las confesiones para imputar. Hay que analizar el estándar de las pruebas que emplean”.