Periodismo- Pagina 2

México, el país más peligroso para ejercer el periodismo

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Periodistas Desplazados de Mexico // Reporte Mensual de Agresiones a la Prensa

***Asesinato de Francisco Romero convierte a México en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo

Ciudad de México, 31 de Mayo del 2018.- Con el asesinato de Francisco Romero, Mexico se convierte en el país más peligroso para ejercer el periodismo, superando a Siria con una guerra reconocida.

En el mes de mayo, la Asociación de Periodistas Desplazados registramos dos asesinatos más de periodistas con los que se alcanzan los 10 en el primer semestre de este 2019, y nuevo gobierno; se trata Telésforo Santiago Enriquez, de Oaxaca, y Francisco Romero Díaz, en Quintana Roo.

En el recuento mensual, la Asociación contabilizó 45 ataques a periodistas, 23 mujeres, 22 hombres, 2 ataques a blogueros, 4 páginas a de internet, 3 estaciones de radio comunitarias, y tres edificios de periódicos.

Hay que anotar, que entre las agresiones, anotamos la anomalía que se registró con el medio nacional, oficial, NOTIMEX, y su reportaje para desprestigiar a un periodista asesinado, la campaña de desprestigio contra el reconocido periodista, Brozo.

Las agresiones de más impacto se registran de la siguiente manera:

1 de Mayo.

La periodista, Alicia Blanco, esposa del periodista, Pedro Tamayo, asesinado en el año 2016 en Veracruz, fue perseguida por hombres armados en Cosamaloapan, de ese mismo estado.

Ese mismo día, Juan Espinoza Menera, del portal “ValedorTV”, fue detenido por la Policía de Piedras Negras, Coahuila, cuando registraba con su cámara, a unos migrantes que reñían; no hubo pretexto legal para la detención.

2 de Mayo.

Este día, el profesor indígena, Telésforo Santiago Enríquez, Director de la Radio Comunitaria Indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado por dos sujetos desconocidos que lo emboscaron y dispararon en el municipio de San Agustín, Loxicha en Oaxaca.

4 de Mayo.

El reportero del periódico Novedades, Eric Galindo, fue víctima de una detención ilegal, y sometido a humillaciones y violencia por parte de elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.

7 de Mayo.

La reportera Yessica Ayala, de la revista “Contextos”, Mario Galeana de “24 Horas”, y Josué Mota Corro, de Milenio, fueron víctimas de agresiones de parte de la policía del Estado en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Registro de ataque contra al menos cinco reporteros en la comunidad de Xaltianguis, del municipio de Acapulco, cuando cubrían el desarrollo de un enfrentamiento entre las autoridades y grupos delincuenciales.

8 de Mayo.

Evento ocurrido en Cuarnavaca, Morelos, en los que un sujeto disparó contra manifestantes y reporteros en el zócalo de la ciudad, muriendo en el lugar un empresario, resultando herido un comerciante, y un reportero.

9 de Mayo.

El periodista Héctor Valdez Hernández denunció el clima de violencia que existe en Quintana Roo contra la prensa. AMLO prometió atender su caso. sus amenazas fueron el pasado 9 de mayo, sin embargo esta información se dio a conocer hasta el 17 durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

10 de Mayo.

Se tomó conocimiento de una agresión de un reportero –buscó el anonimato- de parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia que cubría un accidente en el que participó uno de ellos.

Se registró una simulación de los mecanismos de protección en Morelos que nace al desconsiderar el riesgo de amenazas existentes para los medios periodísticos en las problemáticas derivadas del combate a la inseguridad,

13 de Mayo.

Anomalía.

Blogueros, Youtubers, periodistas con simpatías empatadas al nuevo gobierno emprendieron una campaña de desprestigio contra el conocido periodista, Víctor Trujillo “Brozo”, quien en sus programas, ejercía periodismo y opinión crítico contra algunos temas inherentes del Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Se consignaron ataques en Twitter y Facebook, en lo que se utilizaron miles de cuentas Bots, que influenciaron a las masas sociales, usuarios de estas redes, para construir una estructura de peso mediático encaminada al desprestigio del periodista.

Se registró ese mismo día, la agresión a la reportera Cintia gallardo Guerrero, corresponsal DE “NoticiasMVS” cuando realizaba labores periodísticas en el Consejo Distrital 22; tomó el caso la Fiscalía General de la República, y la Asociación Civil, Propuesta Cívica.

16 de Mayo.

En Salina Cruz, Oaxaca, Jesús Hiram Moreno fue vulnerado pro la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca, de sus medidas cautelares, luego que fue agredido el 20 de marzo, y atendido por el mecanismo local. Se le instalaron 3 agentes, y se los retiraron.

En Veracruz, Jorge Sánchez, hijo del periodista, Moises Sánchez, asesinado en Veracruz hace 4 años, fue víctima de una campaña de desprestigio y criminalización luego de exhibir corrupción de la administración del Alcalde, Polo Deschapms, de Medellín de Bravo.

Asesinan al reportero de Nota Roja de Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, Francisco Romero Diaz; su cuerpo fue encontrado por la mañana con huellas de golpes y un disparo en la cabeza.

Los hechos de Romero Díaz ocurren luego de cinco registros de amenazas de parte de la Alcaldesa, Laura Beristain, que la víctima hizo público mediante sus cuentas de redes sociales. Con la muerte de Francisco, nuestro país se convierte en el mas peligroso para ejercer el periodismo luego rebasando a Siria, país con un conflicto bélico.

18 de Mayo.

Para su registro, el locutor de “Radio Tlacuache”, Salvador Sánchez, opositor al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa – Atzala, observó a varios sujetos con armas largas merodeando su vivienda, luego de recibir semanas atrás, una serie de amenazas y campaña de desprestigio en redes sociales.

20 de Mayo.

La Asociación registró el uso de la agencia NOTIMEX para denigrar el nombre del periodista asesinado en Nuevo Laredo, Carlos Domínguez; trabajo que realizaron en ausencia total de códigos de ética, y el profesionalismo que debe caracterizar el buen periodismo.

Se registró dentro del mismo tema, una negación al derecho de réplica del hijo de la víctima, Carlos Domínguez, quien buscaba que la agencia nacional, explicara el porqué prestarse a un juego político para denigrar el nombre de su padre, y una aclaración de la situación.

El caso ha tornado en un pleito legal que seguirá en los tribunales.

22 de Mayo.

La página del escritor y periodista michoacano, Jesús Lemus, uno de los principales críticos de la actual administración, y gestor de trabajos periodísticos relacionados con la explotación minera de parte de empresas canadienses, fue despojado de su sitio web “zenzontle400”, que casualmente estaba alojado en servidores canadienses.

El periodista denunció el abuso de de la empresa “HOSTPapaEs” y se turnó el caso a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realizaran las investigaciones correspondientes; un ejemplo claro de un atentado contra la Libertad de Expresión.

El mismo día, El periodista, Elías Medina, del Periódico “Sudcaliforniano” denunció una campaña de ataques de parte de Víctor Martínez de escobar, encargado de la Zona Federal Marítimo Terrestres del Ayuntamiento de La Paz, Baja California; se pidió la activación de los protocolos de seguridad.

23 de Mayo.

El Gobierno Federal filtró una lista de periodistas que recibieron millonarios contratos de publicidad gubernamental en la administración de Enrique Peña Nieto, desatando una guerra mediática contra el ejercicio del periodismo.

24 de Mayo.

En el estado de Querétaro, sujetos armados interceptaron en la carretera nacional México – Querétaro, la unidad donde viajaba la periodista Ana de León, reportera de la revista “Mexico Industry” originaria de Reynosa, Tamaulipas; según testimonio de su pareja. Fue localizada 5 días después, pero las investigaciones permanecen en hermetismo total.

El caso lo atrajo la Fiscalía General de la República.

Ese mismo día, la periodista Alejandra Jiménez, fue amenazada de muerte por supuestos del crimen organizado por denunciar tala inmoderada e incendios provocados en la zona Zacapu, Michoacán, la situación fue ventilada a través de sus redes sociales, tomando el caso la Secretaría de Gobernación y autoridades federales.

27 de Mayo.

Un reportero de la revista “Vertical” de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue golpeado por Ninet Bella, la encargada del área de Prensa de la candidata a la diputación por parte del PAN, Ivett Bermea, cuando cubría un evento político.

Los generales se reservan por cuestiones de seguridad; toman conocimiento las autoridades federales.

28 de Mayo

La alcaldía de Loma Bonita, Oaxaca, impulsó una campaña de desprestigio contra el medio de información, “El Piñeiro de la Cuenca” a través de un video compartido en Facebook y WhatsApp.

Nuestros periodistas asesinados hasta hoy

Jesús Alejandro Márquez Jiménez, ocurrido el 1 de diciembre en Tepic, Nayarit

Diego García Corona, el 4 de diciembre en Ecatepec, Estado de México

José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja California Sur

Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano Zapata, Tabasco

Reynaldo López, el 16 de febrero en Hermosillo, Sonora

Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora.

Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos, quien también realizaba trabajo periodístico en la radio comunitaria Radio Amiltzinko.

Telésforo Santiago Enríquez, ocurrido el pasado 2 de mayo en San Agustín Loxicha, Oaxaca

Francisco Romero Díaz, fundador de portal digital Ocurrió Aquí, de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Autoridades no tomaron en cuenta evidencia contra Laura Beristain, señalan Artículo 19, periodistas y organizaciones

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El director del medio Ocurrió Aquí y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en adelante Mecanismo, Francisco Romero, también apodado el “Naca Ñaca” por quienes le conocían, fue asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 2019 en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la documentación de distintas organizaciones de la sociedad civil, desde marzo del presente año Romero había sido víctima de diversas agresiones y violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia organizada y ataques digitales, el Mecanismo otorgó como medida de protección, un botón de asistencia y dos escoltas, quienes no se encontraban con él al momento del asesinato.

Esto se desarrolla en un contexto en el que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas incrementan en el país. No obstante en el estado de Quintana Roo se ha identificado un patrón alarmante durante 2018 y 2019 en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa, colocándola recientemente como una de las entidades más peligrosas para el gremio.

De los cuatro periodistas que han sido asesinados siendo beneficiarios del Mecanismo desde su creación en 2012, dos de ellos han sido del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Asimismo, en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador tres personas con medidas de protección del Mecanismo han sido asesinadas.

Hasta el momento ni el Mecanismo ni otras instituciones encargadas de prevenir, proteger e investigar, atienden las causas estructurales de la violencia, dejando en evidencia nuevamente que la protección del Mecanismo se enfoca en la seguridad de la persona y no en crear condiciones y entornos seguros para garantizar el ejercicio de sus derechos. Frente a ataques que tienen como objetivo privar la vida a un periodista o persona defensora de derechos humanos, la sola protección física no será ni eficaz ni suficiente, como lo demuestra una vez más, el asesinato de otra persona beneficiaria del Mecanismo.

En ese sentido, Francisco Romero había hecho público un video en el que señaló directamente como responsable de lo que pudiera ocurrirle a la alcaldesa del municipio de Solidaridad, posterior a la privación ilegal de su libertad y las amenazas, sin que las autoridades locales encargadas de investigar e impartir justicia lo hubieran tomado en cuenta. Ello lo dejó en un mayor riesgo ya que como ha quedado en evidencia, la impunidad no es más que un aliciente para seguir agrediendo y violando derechos humanos.

Por ello, cualquier política pública encaminada a proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe vincular y armonizar las obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación del daño.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes:

Expresamos nuestro total repudio y condenamos el asesinato del director del medio Ocurrió Aquí, Francisco Romero.
Solicitamos al Estado que condene enérgicamente la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.
Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que de manera coordinada con la Fiscalía General del estado de Quintana Roo investiguen de manera diligente e imparcial tomando en cuenta como principal línea de investigación la labor periodística de Francisco Romero. Asimismo a aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una queja de oficio por las posibles violaciones graves a derechos humanos y la probable responsabilidad de funcionarios públicos.
Finalmente exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Proteger a la familia del periodista y personas que colaboraban con él y que pudieran estar en riesgo.
Iniciar una investigación interna que especifique las falencias del plan de protección de Francisco Romero y la presunta responsabilidad de funcionarios públicos federales, estatales y municipales que no hayan actuado conforme a su deber de protección, conforme a los artículos 65 al 67 de la actual Ley de Protección.
Realizar una evaluación de la situación de la libertad de expresión en Quintana Roo y valorar la posibilidad de implementar un plan de contingencia para prevenir que las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo continúen escalando.
Elaborar una ruta crítica para la construcción de una política pública integral para prevenir. proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para ello se deben convocar a mesas plurales de trabajo con el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Personas

Alberto Elenes, periodista de Tijuana; Ana Laura Pérez Mendoza, CEAPP; Alejandro Garcia Villasuso; Ángela Torres; Lozano; Alejandro Ceja, periodista; Adelaida Salas Salazar; Alberto Raúl Rivera, periodista; Alfonso Sotomayor García; Arturo Galván Salinas; Alvaro Morales Lopez; Berenice Martínez; Bibi Gutiérrez Olivar Presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Carmen Olsen RosaritoenlaNoticia; Christyan Adolfo Estrada Castillo \ Unimedios Coahuila; César Orta; Cecilia Vargas Simón; Diana Juárez, periodista de Puebla; Daniel Leon Rivera https://bajaforo.info; Elizabeth Lezama, La Jornada de Oriente; Evelyn Guadalupe León Regalado; Fabiola González Barrera, Red de Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Fernanda Peñaloza Del Valle; Félix Márquez; Francisco Rábago Quezada, Director de Códice Periódico; Flora Isela Chacón, periodista de Chihuahua; Gloria Ruiz Gracia/Periodista; Guadalupe Catzín Sandoval. REDMYH; Germán Ramos González, Asociación de Periodistas de Tecate; Gerardo López adame saltillo Coahuila; Israel Velázquez G. Independiente; Jesús Humberto González Deleija; Jorge Ley / La Jornada Baja California; José Germán Pasos Tzec; Jovana Espinosa, Periodista y Activista; Juan Noé Fernández (Periodista independiente); Leonor Adriana Gómez Barreiro, Sí Contamos (Coahuila); Lourdes Loza Romero; Luis Felipe Navarro Lucas | Director: El Informante Puebla; Lidia Rira Bonilla Delgado; Maria Teresa Marin Gutierrez; Martín Hernández Alcántara; Miguel Ángel León Carmona; Martha Cázares, presidenta de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo; Marisol Córdoba Antena 21 noticias; Marcelino García Contreras; Natividad Ambrocio; Noé Gea Medina .el editor de Tamaulipas; Omar Bello Pineda Asociación de Periodistas Desplazados; Pedro Canché; Raquel Osorio Gallegos Red de Periodistas Con Visión de Género de Tamaulipas; Rely Torres Miranda; Ronny Aguilar Pérez, Director de Paginabierta.mx, medio de comunicación independiente; Ramón Hurtado reportero gráfico Tijuana; René Guadalupe Martínez Bravo; Ricardo Reyes portal Zacatecas web; Rosa Maria Rodriguez Quintanilla (Periodista); Rosalía Orozco Murillo; Sandra Segura Reportera Veracruz; Samantha Páez, periodista de Puebla; Socorro Chablé/ Periodista en Yucatán; Tamara Corro Ortiz; Ubaldo Martinez Valdez; Verónica Carbajal García; Violeta Santiago, periodista veracruzana; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Yadira Llaven, reportera de La Jornada de Oriente.

Organizaciones

Article 19; Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.; Colectivo #YoSíSoyPeriodista de Baja California; Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato; Comunicación e Información de la Mujer A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Enfoque de igualdad A. C. (S.L.P.); EHECATL Organización para la Integración Familiar A. C.; Info Quórum; Mucei A.C.; Periodistas Desplazados de México A.C.; Propuesta Cívica A.C.; Red Nacional de Periodistas; Red Puebla de Periodistas; Red Veracruzana de Periodistas; Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en Altamirario; Oasis de San Juan de Dios A.C.; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Voces Irritilas AC (Periodistas de la Laguna de Coahuila y Durango).

Espacio OSC

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio. Si

No hay justicia para la prensa, autoridades practican un “protocolo de impunidad” en los casos de agresiones contra periodistas: ARTICLE 19

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• La ineficiencia de las autoridades ha contribuido a que el índice de impunidad en las agresiones contra la prensa se mantenga en un 99.13%
• 3 periodistas han sido asesinados, en relación con su trabajo, en lo que va del sexenio de AMLO.
• ARTICLE 19 considera de suma importancia que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda los cambios necesarios para la atención de estos delitos por medio de la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
• Además, esta organización exije a las autoridades cumplir con el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.- ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, en el cual se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.

México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.

En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.

Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en realación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.

El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.

Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.

Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.

Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.

Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.

En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.

2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.

3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.

4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.

5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había documentado sus actos arbitrarios e ilegales.

6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.

Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos. Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.

Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística. En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.

En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.

Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México.

El informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas” estará disponible para su consulta y descarga a partir del día de hoy en el enlace articulo19.org/informeimpunidad

Nota para prensa

Para mayor información y agendar una entrevista con alguno/a de los/as integrantes de la organización o las personas mencionadas en este informe, favor de contactar a Juan Vázquez, Oficial de Comunicación, al teléfono celular 55 4588 1166, al teléfono de oficina (55) 1054 6500 ext. 110, o al correo jvazquez@article19.org

El Estado debe garantizar el libre ejercicio periodístico: “Zeferino Ladrillero”

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Este domingo fueron agredidos reporteros en ciudad Nezahualcóyotl.
Ayer fue asesinado el periodista Jesús Ramos Rodríguez, conductor del noticiario “Nuestra Región Hoy”.
Desde el año 2000 se ha registrado el aseinato de 143 los periodistas en México, dos durante 2019.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” condena enérgicamente la agresión de la que fueron objeto representantes de la prensa nacional por efectivos de la policía de ciudad Nezahualcoyotl, estado de México, este domingo.

Su presidente, José Antonio Lara Duque, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza, ofrezcan las garantías de libertad de prensa y expresión, toda vez que los comunicadores acudían a una escena del crimen en su calidad de reporteros profesionales.

El defensor del pueblo recordó que un integrante de la policía de ciudad Nezahualcóyotl roció contra uno de los reporteros gas pimienta, hechos que quedaron grabados por diferentes personajes en el lugar, acción que atenta contra la vida y la representación social que recae en los medios de comunicación.

Por este motivo, el “Zeferino Ladrillero” permanecerá atento contra las acciones que los representantes de los medios de comunicación interpongan en las próximas horas, además de solicitar al presidente López Obrador garantice la vida de los comunicadores, toda vez que se trata de una agresión por funcionarios públicos en contra de comunicadores.

“Manifestamos nuestra preocupación por la seguridad y la vida de quienes ejercen el periodismo en México”, dijo el presidente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

Lara Duque recordó que apenas el sábado pasado se registró el asesinato del periodista Jesús Ramos Rodríguez, conductor del noticiario “Nuestra Región Hoy”, por lo que “este Centro de Derechos Humanos expresa su solidaridad con el gremio periodístico de Tabasco y del país.

“Jesús Ramos fue asesinado mientras desayunaba en un hotel de Tabasco”. Con este homicidio, recordó el “Zeferino Ladrillero”, “son ya 143 los periodistas asesinados en México desde el año 2000, y el segundo ocurrido durante 2019”.

Finalmente, el abogado Lara Duque reiteró la exigencia a los tres niveles de gobierno para que en el marco de atribuciones y facultades garanticen la seguridad, integridad y el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores en todo el país, de manera particular en la entidad mexiquense.

Asesinan periodista en Tabasco

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Por: Pedro Ignacio García- Corresponsal.

La mañana de este sábado fue asesinado a balazos el periodista Jesús Eugenio Ramos, conductor del programa ‘Nuestra Región HOY’ que se emite en el municipio Emiliano Zapata, Tabasco, por la estación Oye 99.9 FM.

Los primeros reportes indican que un sujeto bajó de un vehículo y disparó en repetidas ocasiones al periodista que desayunaba con otras personas en un hotel ubicado frente a la Central Camionera.

La noticia de la muerte de Jesús Ramos “Chuchí” , fue informado por su compañero encargado del programa los sábados y domingos, Alfredo Naranjo, quien lamentó la muerte sin profundizar en el tema.

Ayuntamiento de Benito Juárez ofrecerá disculpa pública a periodista Luciano Nuñez

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Cancún.- El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de su presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, deberá ofrecer una disculpa pública en la que se establezca la verdad de los hechos, la aceptación de la responsabilidad y se restablezca la dignidad de la víctima, el periodista y escritor, Luciano Antonio Nuñez, de origen argentino.
Esta disculpa pública obedece a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEQOO) número CDHEQROO/01/2019/II dirigida a la presidente municipal de Benito Juárez por hechos violatorios atribuidos a Gregorio Sánchez Martínez, por la transgresión a los Derechos Humanos de Luciano Antonio Núñez y en contra la libertad de expresión.
Greg Sánchez calificó en diversas conferencias de prensa y entrevistas al periodista Luciano Nuñez de mentiroso y delincuente y lo amenazó con meterlo a la cárcel.
Lo anterior derivado de la autoría de un Libro, que el comunicador escribió cuando el empresario, político y pastor Sánchez Martínez y que éste se adjudicó indebidamente cambiándole el nombre y unos pasajes de la historia, lo que los llevó a un juicio de derechos de autor que ganó Luciano Nuñez.
A través de diversos elementos probatorios, Derechos Humanos encontró que hubo violación a los Derechos Humanos en contra del periodista y escritor, a quien realizó diversas amenazas públicas: meterlo a la cárcel, además de calificarlo de mentiroso y delincuente.
Entre otros puntos, el Ayuntamiento deberá girar instrucciones para que directores, subdirectores y jefes de departamento, se abstengan de intimidar o violentar el derecho a la libertad de expresión de la víctima, así como de cualquier otra persona; además de diseñar un programa de capacitación en Derechos Humanos, cultura de la legalidad y libertad de expresión.
Por otro lado, el municipio deberá iniciar un procedimiento para determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia de responsabilidad administrativa.
En su medio de comunicación Pirámide, el periodista Luciano Nuñez expuso su postura:
Después de sufrir amenazas por defender mi libro: El Beso de Judas; de gastar mis ahorros en acciones legales, de ver llorar tantas veces a mi hija; después de tantos días en incertidumbre, me he preguntado no pocas veces si ha valido la pena arriesgar tanto. La respuesta es sí. Y esta recomendación no sólo reivindica mis derechos: sirve para que, tanto Gregorio Sánchez Martínez como cualquier otro funcionario público, que deberían velar por la observancia de la legalidad y los Derechos humanos, no actúen como si estuvieran exentos o por encima de la Ley.
Carpetazo inexistente
Al acudir al Ministerio Público, Gregorio Sánchez Martínez dijo que a mis expedientes les habían dado “carpetazo”. Y lejos de entablar un diálogo como se le propuso desde el comienzo, y contra todo mandato cristiano, ha utilizado una violencia que jamás empleó para denunciar a los que verdaderamente lo encarcelaron. ¿Será que un periodista es más fácil amenazar, incluso matar? PRG y Ministerio Público siguen investigando.
PGR
La Procuraduría General de la República, PGR, ha notificado bajo el oficio con registro 607, que ha iniciado una carpeta de investigación: FED/QR/CUN/0000286/2018, en contra de Gregorio Sánchez Martínez, por su probable participación en la comisión de hechos que la ley señala como delito en materia de derecho de autor, previsto y sancionado en la fracción I del artículo 424 Bis del Código Penal Federal.
Es paradójico que empecé a escribir El Beso de Judas en campaña, motivado por lo que consideré en su momento una injusticia; ahora me pregunto cuántas banderas nos mueven a mares que después intentan tragarnos bajo sus tormentas de poder. Seguramente, debo aprender algo de todo esto que todavía no ha terminado, pero bajo la convicción de que defenderé mi libro con la tenacidad con que se defiende a un hijo.
Los más vulnerables
México tristemente es el cementerio más grande de informadores en América y el Mundo.
De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 122 periodistas en México, en posible relación con su labor periodística. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 2 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. El año pasado, Quintana Roo perdió a tres compañeros en circunstancias todavía no esclarecidas.
El último caso es el de Rafael Murúa, asesinado el 20 de enero de 2019, en Baja California Sur.
Escribir
Desde que mi padre me regaló una Olivetti Verde, siento que nací para empuñar la pluma y no he parado de hacerlo. Después de ver lo que se hizo con mis derechos de autor: el fruto de años de formación y trabajo, no podía más que apelar a la justicia y encomendarme en Dios. Porque también nos definimos por las batallas que libramos día a día.
Para los magistrados en la materia, la autoría intelectual es considerada como la extensión del ser, es parte y fruto de nuestra esencia. Y nadie puede apropiarse de eso, al menos no debemos permitirlo.

Libertad de expresión de periodistas, objeto de protección en recomendación de la CDHEQROO

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Cancún, Quintana Roo (06/febrero/2019).-El Presidente Marco Antonio Tóh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la Recomendación 01/2019 por Violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión, dirigida a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, misma que ya se encuentra aceptada por la autoridad.
El ombudsperson destacó la importancia de esta recomendación, en razón del contexto sobre la situación de las y los comunicadores en México en general, y en particular en nuestro Estado, por lo que se pretende enviar un mensaje a todas las personas que se desempeñen en el servicio público, sobre el respeto a la Libertad de Expresión y el ejercicio periodístico.
El caso se desprende de la queja VG/BJ/103/2018 interpuesta el año pasado por la propia víctima, de oficio periodista, en virtud de que había realizado una rueda de prensa para manifestar públicamente que un servidor público había plagiado una obra literaria registrada a su nombre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, por lo cual ya había iniciado un procedimiento ante la autoridad administrativa correspondiente. Sin embargo en la respuesta de dicho funcionario al ser entrevistado por diversos medios de comunicación sobre las declaraciones del periodista, amenazó con proceder penalmente en su contra.
Dicha amenaza constituye una violación al derecho humano a la libertad de expresión amparado por la Constitución Política Mexicana, así como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto significan un medio inhibidor y atemorizante por tratarse de la aseveración que hizo una autoridad, de iniciar un procedimiento penal y obtener la comprobación de un delito, siendo una forma de menoscabar la libertad de expresión, con consecuencias incluso de autocensura y de privación a la generalidad del conocimiento y divulgación de información.
Cabe recalcar que la Comisión de los Derechos Humanos no se opone al uso de los recursos legales que tienen los servidores públicos para la defensa de sus derechos, puesto que en un estado democrático de derecho, todas las personas tienen la posibilidad de interponer los medios de defensa que estime necesarios para la protección de sus derechos. Sin embargo, tal y como se acreditó en el cuerpo de la recomendación, el uso del derecho penal para tal situación, para limitar o inhibir las acciones de un particular es contrario al derecho a la libertad de expresión y por ende ilegal.
Por ello se recomendó, entre otros, la reparación integral del daño a la víctima; el ofrecimiento de una disculpa pública; girar instrucciones a los integrantes del ayuntamiento, directores, subdirectores y jefes de departamento municipales, conminándolos a abstenerse de amenazar, intimidar o violentar el derecho a la libertad de expresión del agraviado, así como de cualquier otra persona; un programa de capacitación general y en específico sobre libertad de expresión; iniciar y substanciar hasta su resolución definitiva el procedimiento para determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia de responsabilidad administrativa; y elaborar un Código de Ética para las y los servidores públicos del H. Ayuntamiento, que contemple la protección de los derechos humanos.

Demanda Artículo 19 separación de ministerial por encañonar a reporteros en Chilpancingo

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Demanda Artículo 19 separación de ministerial por encañonar a reporteros en Chilpancingo

www.proceso.com.mx

CHILPANCINGO Gro. (proceso.com.mx).- La organización defensora de los derechos humanos Artículo 19, exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Jorge de los Santos Barilla, “separar inmediatamente” del cargo público al policía ministerial que encañonó a reporteros la semana pasada durante un operativo realizado en la capital de la entidad encabezado por el director de la corporación, Esteban Maldonado Palacios.
A través de una alerta emitida ayer por la tarde, el organismo demandó a las autoridades estatales, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y evitar que se vuelvan a repetir actos que restrinjan de manera directa e indirecta el ejercicio periodístico.
Incluso, exhortaron al gobierno astudillista a centrar sus esfuerzos en investigar la agresión policial contra comunicadores y sancionar no sólo al elemento ministerial directamente señalado, sino a cualquier otro funcionario que por su acción u omisión haya puesto en riesgo la vida e integridad personal de los reporteros, indica la recomendación.
La alerta de Artículo 19 recuerda que la noche del pasado martes 29 de enero, un policía ministerial de la Fiscalía estatal apuntó su arma contra un grupo de reporteros que documentaban un operativo realizado en el fraccionamiento SUSPEG donde se desató una balacera dejando un saldo de una persona asesinada y varias viviendas cateadas.
El organismo advierte que en México se encuentra regulado el marco de actuación de la policía en el sentido de que debe estar centrada no solo a llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar la integridad y resguardo de indicios y objetos relacionados con la investigación de los delitos sino a proteger los derechos de toda persona para que puedan desarrollarse de forma segura y plena.
“Esta protección incluye los de acceso a la información y libertad de expresión”, indica el comunicado oficial.
No obstante lo anterior, los hechos del presente caso ilustran los riesgos que enfrentan las y los periodistas durante la cobertura de hechos violentos en el estado de Guerrero.
De enero a julio del 2018, Artículo 19 registró 26 agresiones en esta entidad y los hechos analizados exhiben “las malas prácticas que persisten entre los elementos policiales durante el resguardo de las escenas del crimen y la realización de operativos que resultan en agresiones contra la prensa”, indicó.
También, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Especial sobre México (2010) documentó numerosos casos de presuntos actos de hostigamiento y violencia contra periodistas que intentaban dar cobertura informativa a las actividades de agentes de la policía o militares y recomendó a México adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación:
“La capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad y si fuere necesario, la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”, señala la alerta del organismo.
La agresión cometida hacia los reporteros por parte de un agente ministerial resulta aún más preocupante ante el contexto de violencia contra la prensa en que se encuentra el estado de Guerrero.
“Esta entidad es considerada por los organismos internacionales de derechos humanos como una zona silenciada para la prensa por la gravedad de la violencia aunado a los altos niveles de impunidad que generan el silenciamiento de las y los periodistas”, indica la alerta.

Dirige CNDH recomendación al gobernador de Veracruz y fiscal general del estado por la omisión de protección y auxilio y por irregularidades en la investigación del homicidio de un periodista ocurrido en el municipio de tierra blanca

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Por irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz sobre el homicidio de un periodista en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y la omisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 89/2018 al Gobernador Constitucional del estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Fiscal General de la entidad, Jorge Winckler Ortiz.
En los hechos ocurridos el 20 de julio de 2016, el comunicador recibió disparos de arma de fuego mientras se encontraba al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció. Había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La esposa de la víctima presentó una queja ante la CNDH en la que planteó irregularidades en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que acudieron al lugar y omitieron perseguir a los probables responsables.
Las investigaciones realizadas por este Organismo Nacional acreditaron las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública atribuibles a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y violación al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por la irregular integración de la Carpeta de Investigación por personal de la Fiscalía de Veracruz en agravio del periodista y sus familiares.
Determinaron que el día del homicidio, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al domicilio refiriendo que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del periodista. Además, tres elementos que se encontraban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos.
Este Organismo Nacional observó dilación en la actuación de los elementos en brindar apoyo y auxilio a la víctima y sus familiares, ya que tuvieron que darle atención oportuna y requerir de inmediato la asistencia de una ambulancia. También se observó la omisión en el cumplimiento de las medidas de protección por los policías responsables, elementos de la Fuerza Civil y del Instituto de Policía Auxiliar, al no brindar protección y auxilio a su esposa.

Los servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz encargados de las investigaciones no actuaron con la debida diligencia al omitir realizar acciones para su adecuada integración, incurriendo en dilación en su perfeccionamiento, sumado a la tardía atracción por parte de la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado en la entidad. Además, de irregularidades en la integración de las indagatorias sobre el homicidio de la víctima al omitir acciones para la pronta investigación de los hechos y de la investigación relacionada a la presunta participación de un funcionario que desempeñaba un cargo municipal como probable responsable a quien los testigos refirieron como una de las personas que disparó.
La CNDH ha dado seguimiento a la situación de la libertad de expresión, así como al contexto de violencia que sufren las personas que ejercen el periodismo en Veracruz, como se registra en la Recomendación General 24 como la entidad con mayor cantidad de homicidios de periodistas de 2000 a la fecha, periodo en que se han presentado 22 casos. Ha reiterado que la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles sanciones genera impunidad, la cual se convierte en otra de las causas que propicia el clima de agresión en contra de las y los periodistas.
Por estos hechos, la CNDH recomienda al Gobernador del estado de Veracruz reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas; instruir al Secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente; realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con la aprobación de los exámenes de control de confianza a que deben ser sometidos para su ingreso y permanencia.
En tanto, al Fiscal General del Estado, le recomienda instruir al personal ministerial para agotar las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables; impartir cursos a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada sobre el Protocolo Especializado y derecho a la libertad de expresión, respeto, protección y garantía de los derechos a las víctimas.
Finalmente, las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de las quejas que se realicen ante la Visitaduría General de la Fiscalía General y la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, para determinar las responsabilidades y omisiones acreditadas que lleven a deslindar responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables, y asignar a un funcionario como enlace para cumplir con dicha Recomendación.
La Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx

Quintana Roo, “foco rojo” para el periodismo

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AGENCIA SIM

Cancún.- En Quintana Roo el periodismo hoy en día es visto, desde la perspectiva nacional, como un oficio de alto riesgo y la prueba son los asesinatos de tres reporteros, ocurridos este año.
En charla con representantes locales de medios de comunicación, Balbina Flores y Jan Albert, representantes a nivel nacional de Reporteros Sin Fronteras y de CPJ, respectivamente, recordaron que hace cinco años se veía a Quintana Roo como una entidad segura para los periodistas, pero eso ya se acabó.
Jan Albert y Balbina Flores representan a dos de las asociaciones más importantes en la defensa de la libertad de expresión.
En la charla, hablaron sobre los mecanismos gubernamentales de protección a periodistas y los protocolos y consejos a seguir en caso de una agresión en el ejercicio periodístico, además de métodos de prevención y labor de las asociaciones en defensa de la libertad de expresión.
Balbina Flores afirmó que los periodistas suelen estar solos y eso se refleja en todo el país.
Jan Albert lamentó que Quintana Roo ya sea un foco rojo con muerte de periodistas.
Los representantes de medios de comunicación presentes en el encuentro, hablaron sobre la propia censura que sufren en sus centros de trabajo y además de negativa de estas empresas para liquidarlos, cuando son dados de baja.

FALTA UNIÓN
Jan Albert manifestó que ha tenido conocimiento de que en Quintana Roo se han querido unir los periodistas, pero ellos mismos rompen todo esfuerzo.
“En Quintana Roo los propios periodistas se ponen trabas para organizarse. Se hacen grupitos y se termina la defensa de periodistas”, explicó.
Añadió que el otro gran problema que padecen los trabajadores de los medios es que son mal pagados, les adeudan quincenas y no tienen ninguna prestación.
“Qué pena que pase esto en Quintana Roo y en México con los reporteros mal pagados y qué ido, los mandan a hacer notas contra el Seguro Social, cuando no hay prestaciones ni nada”, afirmó.
Añadió que un periodista no puede denunciar algunos hechos porque es corrido o lo censuran, porque el dueño del periódico tiene el compromiso con los que pagan y con los gobiernos.

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