Prensa

Primer semestre de 2019: en el nuevo gobierno, cada 17.4 horas se agrede a la prensa en México

  • Durante el primer semestre del año, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas.
  • 2019 ya rebasó el año anterior en número de periodistas asesinados, con 10.
  • Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los estados con más agresiones.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019.- En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Y desde el inicio del gobierno federal en turno, se han registrado 277 agresiones.

El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado; en lo que va de 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México.

Para tener una perspectiva del riesgo que viven las y los periodistas es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010.

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos.

Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones, en el mismo periodo, de un año a otro. Cabe destacar que en este estado se registraron 2 asesinatos de periodistas.

Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%.

En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística.

Con respecto a las amenazas, el 67.16% de éstas (45 casos) tienen el agravante de ser de muerte. En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato.

El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron en contra de mujeres periodistas y 18% en contra medios de comunicación.

En el caso de los hombres periodistas las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte, con 38 casos. A su vez, en el caso de las mujeres periodistas, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos que se documentaron están la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas “de cierta manera”.

Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta. A estos casos se les suma 1 caso de violencia sexual, 1 amenaza de violencia sexual y 1 campaña de desprestigio con connotación sexual.

Con respecto a las agresiones en internet, estas representan el 38% del total, con 94. De estas, el 22% se ejercieron contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación, pues el espacio digital se ha convertido en un complemento a la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones; en ese sentido, el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que “la violencia contra las mujeres, y en especial contra las mujeres periodistas, no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Es importante recordar que, en un país que enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las protestas son una forma de participación democrática, principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Para ello, las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.

Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio, el cual es constantemente víctima de discursos de odio, así como la prensa que lo cubre.

En lo que se refiere a los bloqueos, alteración o remoción de contenido fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo del poder público fueron 16 donde destacan 4 casos de hostigamiento judicial por la vía civil, casos donde los y las periodistas afectadas recibieron citatorios para declarar respecto a notas que publicaron y donde se les apercibía respecto a recibir multas en caso de no asistir. La existencia de estos actos que constituyen abusos de autoridad y violaciones al derecho constitucional a la protección de fuentes de información debilita la democracia del país y poner en riesgo a las y los periodistas, principalmente por las malas prácticas de las fiscalías de filtrar información.

Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16%, es decir 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad (56.19%) fueron funcionarios municipales El 28.57% con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15%.

No omitimos señalar la necesidad de que las autoridades propicien un ambiente idóneo para ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.

Este año, a diferencia de los anteriores, después de funcionarios públicos, en 64 casos (25.70%) se registró una falta de elementos suficientes para señalar un responsable, lo cual tiene que ver principalmente con el aumento de agresiones digitales las cuales vuelven complicado identificar al agresor, así como a causa del ambiente polarizado en el país. El resto de las agresiones fueron perpetradas por particulares con 47 agresiones, equivalente al 18.87% del total de agresiones. Seguida de aquellas protagonizadas por algún grupo del crimen organizado con 27 casos, lo que representan el 10.8% del total de agresiones.  Finalmente 47 agresiones fueron realizadas por particulares y 6 por militantes de partidos políticos.

ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las q incluso pueden estar involucradas autoridades por lo que dicha violencia se alimenta de la impunidad que existe en México.

A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.

Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

 

Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible  a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6]a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho

En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

  1. Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
  2. Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
  3. A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
  4. A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
  5. Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
  6. Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
  7. A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
  8. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.

Fuente

PAN desaprueba supuestas ‘amenazas’ de López Obrador a prensa por ‘no pensar como él’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La bancada del PAN en el Senado reprobó las “amenazas” del Presidente Andrés Manuel López Obrador al ejercicio periodístico.

“Con relación a las desafortunadas declaraciones del Presidente de la República, en las que amenaza directamente a comunicadores y periodistas de que en caso de no ser ‘prudentes’ o ‘pasarse’, ‘ya saben cómo les va’, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado condena enérgicamente el sistemático ataque a la libertad de expresión que sufren los medios de comunicación por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, planteó.

A través de un comunicado, los legisladores panistas consideraron que etiquetar y acusarlos sin pruebas, pedir que revelen sus fuentes y, ahora, amenazarlos con ser atacados en redes sociales por cuentas de sus seguidores, en caso de no ser “prudentes” o “si se pasan”, “demuestra claramente su intolerancia a la crítica y sus tendencias autoritarias, pero, sobre todo, su total falta de respeto a la libertad de expresión”.

“La libertad de expresión en una democracia es un pilar que no puede seguir siendo dinamitado todos los días por quien más debería respetarlo, el Presidente de la República. Exigimos a Andrés Manuel López Obrador se abstenga definitivamente de excusarse en un derecho de réplica mal entendido, para seguir atacando a comunicadores, medios de comunicación y todo aquel que no piensa como él”, demandó la bancada panista. (Agencia Reforma)

Fuente

“Las descalificaciones no son parte del derecho de réplica”, le dice en carta abierta Artículo 19 a López Obrador

Carta pública al Presidente Andrés Manuel López Obrador

Estimado Presidente Andrés Manuel López Obrador,

Desde el 1 de julio, a lo largo del periodo de transición y durante el primer mes de la toma de posición, ARTICLE 19 ha documentado con preocupación algunas referencias que estigmatizan la labor de la prensa. En él usted habló, como Presidente electo, de una “prensa fifí” que estaba aliada a la “mafia del poder” e incluso calificó a la prensa crítica como tendenciosa o amarillista. Al respecto, ARTICLE 19 emitió un comunicado instando a su gobierno a ser tolerante a la crítica y el mes pasado publicó las Pautas para garantizar la libertad de expresión, basadas en los mas altos estándares internacionales en la materia.

A pesar de esto, ahora como Presidente constitucional se refirió a Reforma como uno que difunde “información falsa y equivocada”, “información sensacionalista, no apegada a la realidad”, en respuesta a una nota publicada por el medio el 2 de enero titulada “Crecen ejecuciones con AMLO en 65%”.

Cabe recordar que las descalificaciones y estigmatizaciones constantes hacia medios de comunicación o periodistas, como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generan un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos y, en un contexto de violencia como el nuestro, incrementa la vulnerabilidad de las y los periodistas.

En este sentido es importante advertir que las descalificaciones no son parte del derecho de réplica. Dicho derecho no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario, sino que atiende a la necesidad de conocer las distintas versiones de los hechos del protagonista de una nota periodística. La réplica no debe restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones.

Además al ejercer el derecho de réplica debe atenderse al carácter de quién lo hace. No tiene las mismas implicaciones y alcances para un ciudadano o una ciudadana común que para un alto funcionario del Estado, quien cuenta con todos los medios a su alcance para hacerlo de manera prudente y razonable, sin un afán de inhibir la cobertura controversial o las opiniones críticas.

En el caso concreto del medio Reforma, es importante aclarar que si bien es cierto que el Ejecutivo puede ejercer su derecho de réplica y que sin duda esto enriquece el debate público, también es deber del Estado dar, de manera proactiva, información sobre temas de seguridad pública y de otros temas de interés público. Esto garantizará el derecho de acceso a la información de la sociedad y contribuirá a un debate plural a partir de una diversidad de fuentes.

Además, es importante recordar que de acuerdo a los Principios de Libertad de Expresión de la misma CIDH, el nivel de veracidad exigible a los medios es menor que el que deben tener los funcionarios públicos. Los condicionamientos de verdad, oportunidad o imparcialidad que deben primar en el actuar de los Estados y sus funcionarios, son incompatibles con la libertad de expresión de medios de comunicación y particulares, puesto que la “garantía de corrección de la información puede ser fuente de grandes abusos y violaría el derecho a la información que tiene la sociedad.

Ello no quiere decir que la veracidad no sea exigible a los medios de comunicación y periodistas, pero recae en un ámbito de ética profesional que le toca juzgar a las audiencias al momento de optar por las diversas ofertas informativas. Solamente en casos extremos de violación de otros derechos, y través de cauces legales y procedimientos previamente establecidos, la veracidad puede ser un criterio para calificar la licitud de una publicación. De ninguna manera puede ser un instrumento de censura por parte del Estado.

ARTICLE 19 confía en la defensa que su gobierno hará para que todas y todos estemos mejor informados, con la finalidad de que haya información plural, objetiva e independiente.

Por esto, ARTICLE 19 recuerda que tanto el derecho a la información como el derecho a la libertad de expresión van de la mano. Ambos derechos son herramientas para el fortalecimiento de las democracias, permiten el reclamo de exigencias y conocer lo que pasa a nuestro alrededor. A su vez, la libre manifestación de ideas ha facilitado la identificación de proyectos comunes y con ello su materialización. Al respecto es importante recalcar que todo discurso – incluso los que resulten chocantes, estridentes, cáusticos- deben estar inicialmente protegidos por la libertad de expresión, y siempre tendrá preponderancia ante otro derecho cuando se trate de información de interés público. En todo caso, el ejercicio de este medular derecho, puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores.

Asimismo, cabe recalcar que la protección de la libertad de expresión tiene un sistema dual, que permite gradualidad en la tolerancia de discursos chocantes que pudieran resultar molestos para los funcionarios públicos, precisamente en virtud del interés público de sus actividades. Así, quienes detentan el poder público y quienes se ponen de manera voluntaria en el foco público, deben tener mayor tolerancia a tales discursos precisamente por quedar sujetos al escrutinio.

En este sentido ARTICLE 19 recuerda que es responsabilidad de los Estados contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas resulten ofensivas o perturbadoras. No debe perderse de vista que México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan sólo en 2018, ARTICLE 19 documentó 9 asesinatos a periodistas en razón de su labor informativa.

Esta crisis de violencia que enfrentan las y los periodistas en México debe detonar posturas públicas de altos funcionarios del Estado dirigidas a reconocer la importancia de esta labor en la construcción de una sociedad democrática. En caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público.

Por esto Señor Presidente, lo instamos de manera respetuosa a adoptar un discurso público favorable a la libertad de expresión y que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo. El proyecto político que encabeza requiere de la mayor pluralidad de voces, sumar a más actores, no restar ni excluir a quienes puedan incomodarlo. Esa es premisa fundamental para avanzar a una de verdadera democracia.

Por lo anterior hacemos un llamado para que se abstenga de hacer declaraciones que inhiban la discusión pública sobre su gobierno, y más bien se provoque un debate abierto, incluyente, crítico y plural. En congruencia con ello, es urgente que su gobierno adopte una política pública integral que garantice la protección de cientos de periodistas víctimas de agresiones en razón de su ejercicio.

Estamos seguros y seguras que mediante un diálogo permanente se podrán atender las graves problemáticas que aquejan el ejercicio de la libertad de expresión en México.

Atentamente,

ARTICLE 19, Oficina Regional para México y Centroamérica.

VIDA Y MEMORIA: Prensa carroñera, el caso de Pavía Mendoza

Vida y memoria
Prensa carroñera, el caso de Pavía Mendoza

Abraham Gorostieta

Uno de los grandes temas que la prensa mexicana no cubre o se resiste a cubrir es el tema de la prensa. Los periodistas mexicanos rara vez cubren las historias de excelencia de sus colegas y mucho menos las historias oscuras y pantanosas de los medios de comunicación.
Indispensables como instrumento para el funcionamiento de las instituciones democráticas, los periodistas ocupan ahora in papel protagónico por el poder mediático que ejercen los medios.


Mientras los políticos compiten en urnas para ser elegidos por los votantes, los periodistas hacen uso de la libertad de expresión y del derecho a comunicar información para disputarse la atención de la opinión pública.
Sin duda, la libertad de expresión puede ser la honrada bandera con la que los periodistas defienden no solo su oficio sino el derecho de los ciudadanos de ser informados y el deber de los gobiernos en dar cuenta de sus actos. Sin embargo, igualmente puede ocurrir que la libertad de expresión, lejos de amparar el interés general y los fueros de la sociedad sea patrimonializada por un sector de la prensa para su provecho.
La prensa en Quintana Roo, un estado joven, tiene los vicios de una prensa añeja y difuminada por la corrupción y falta de ética. Cualquiera puede notar simplemente al hojear los distintos diarios de este estado caribeño como los boletines se repiten hasta con las mismas faltas de ortografía y sintaxis en todos los diarios, a pesar de ser firmados por distintos reporteros.


Peor aún, los diarios, portales, estaciones de radio y programas de televisión hacen uso y abuso de dos de los vicios que todo periodista debe aborrecer: La Calumnia y La Difamación.
El profesor español Enrique Gil Calvo en su libro “Repensar la prensa” (Debate, Madrid, 2002), ha identificado la figura del escandalizador profesional. Se trata del periodista con capacidad “para intervenir en el proceso político, modificando su curso al distorsionarlo desde fuera mediante la manipulada revelación de escándalos políticos, muchas veces provocados deliberadamente, si no es que inventados ad hoc”.

La capacidad de los medios para conferir extensa notoriedad a episodios y circunstancias que de otra manera permanecerían ignorados, a menudo va de la mano con la propensión a subrayar los sesgos más escandalosos de una información o de plano, a inventarlos.
En el Caribe mexicano abundan ejemplos, uno de ellos, Sol Stereo.

****

Luis Alberto Pavia Mendoza, de oficio militar es un hombre que llegó a las tierras de Quintana Roo y en ella asentó sus reales. Ahora goza del nombre que ha forjado a lo largo de 32 años de ser concesionario de estaciones de radio comercial en la isla de Cozumel, en Chetumal, en Solidaridad, en Cancún y en Mérida.

Luis Pavía Mendoza con Roberto Borge

Quienes lo conocen lo definen como un hombre recio y bronco, de carácter afable que gusta reírse a sonoras carcajadas. Pavía Mendoza cae perfectamente en la definición de Carlos Monsiváis, quien definía a personajes como el Profesor Hank González como “minotauros mexicanos” (mitad políticos, mitad empresarios).
Fiel a esa definición, Pavia ha transitado la vida con un pie en la política del estado y con el otro en los medios de comunicación. Priista por definición, como el mismo lo ha dicho muchas veces en privado y en público, Pavia Mendoza fue el asesor en materia de seguridad del exgobernador Félix González Canto.
Durante la gestión de Félix González Canto se dio una extraña relación de amistad con Luis Carlos Carrillo Cano, quien se ostentaba como un exitoso constructor. Carrillo Cano fue presentado como un hombre de éxito y pronto fue aceptado como un miembro distinguido de la clase política quintanarroense, el “gran amigo” de Félix González Canto y “amigo de sus amigos”. Lo que no se decía en ese entonces es que el Luis Carlos Carrillo era sobrino de “El Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes.
Amparado en la amistad con el exgobernador Luis Carlos Carrillo hizo millonarios negocios en el gobierno de Félix González Canto. Hasta que en octubre de 2011, el “exitoso empresario” fue ejecutado en las calles de Cancún.
Pavia Mendoza, el asesor en materia de seguridad nunca ha hecho comentario al respecto. Sin embargo, repitió en el mismo puesto por otros seis años durante la administración de Roberto Borge.
Estudiosos como Héctor de Mauleón o Alejandro Hope han documentado como fue que en el sexenio Borgista, el narcotráfico penetró las entrañas de Quintana Roo, esto a la vista de sus funcionarios. Pavia Mendoza incluido.

****

La prensa en Quintana Roo, sus directores y dueños de los medios de comunicación son poco claros respecto al dinero público que reciben vía publicidad gubernamental. Por medio de un documento de Transparencia se dieron a conocer los convenios de prestación de servicios de “campaña periodística” que prestaron periodistas y dueños de comunicación año tras año a la administración de Roberto Borge.
El nombre de Luis Alberto Pavia se repite constantemente.
El documento dado a conocer por Transparencia detalla el monto de los pagos, los cuales fueron mensuales y la mayoría de ellos de recursos provenientes de “dependencias del Ejecutivo” estatal.
Luis Alberto Pavia Mendoza, aparece siete veces por campaña publicitaria pero con diferentes montos. El primero es de 50 mil 454 pesos; el segundo y el tercero son de 45 mil 409 pesos; el cuarto de 100 mil 909 pesos; el quinto de 55 mil 500 pesos; el sexto es de 111 mil pesos y el séptimo de 121 mil 90 pesos. En total, al mes recibe 529 mil 771 pesos. Su empresa Sol Stereo recibía 266 mil pesos del gobierno de Mauricio Góngora, exalcalde de Solidaridad, mientras que la empresa se embolsaba más de un millón de pesos anuales por parte del gobierno de Cozumel en la administración de Fredy Marrufo Martín.
Invitado de honor a la posada navideña de 2016 de Roberto Borge, Pavia compartió el pan y la sal al lado de Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Seduvi; Lilia Arellano, directora de Noticias de Promovisión Canal 10; Eduardo Toledo Parra y Carlos Toledo Cardounel, de Promovisión; Nora Hernández Rivera, Ahora Quintana Roo.
El imperio mediático de Pavia se ha construido con base de los dineros recibidos de las partidas de la publicidad que dispendiaba el gobierno, Pavía abría micrófonos a la difamación y a la calumnia. Pero de ello nos ocuparemos en otra ocasión, pues queda mucha Vida y memoria por delante.
Queridos lectores, nos leemos el próximo miércoles.

La nueva relación prensa-Carlos Joaquín

/

POR BASILIO ARÉVALO

Publica el sitio web de La Jornada Maya –franquicia editorial que hoy alquila en Playa del Carmen la maquinaria, instalaciones y un reducto de trabajadores del extinto Diario Respuesta, propiedad de Roberto Borge con el que se hicieron macronegocios con dinero oficial—, una fotografía de la nueva relación de empresarios de medios de comunicación con el contador Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo. El gobernador del cambio.

El fotoperiodista Fabrizio León Díez, que en su conocimiento inocuo de Quintana Roo involuntariamente redactó mal alguna información (incluso apellidos) en su crónica titulada “Nunca hay que dejar de informar”, muestra este martes 12 de septiembre una fotografía de su autoría en el desayuno y comida con Carlos Joaquín y empresarios de medios de comunicación, en el marco de su Primer Informe de Gobierno. Fabrizio retrata a la diestra del dueño del periódico QueQui.

La fotografía de León Díez, documentalista de nota roja y fotógrafo fundador del decano rotativo mexicano, omite las maquiavélicas estrategias empresariales de los personajes que han hecho increíble negocios con sus empresas de medios que al parecer ya son pocos los que ven, leen o escuchan. La lente de León Díez los muestra: los anquilosados, los enquistados y los nuevos en una nueva relación con el gobernador en turno. El experimentado ojo de León no capta (o no conoce) de los excesos empresariales que posiblemente habría de pagar esta nueva relación, ahora de Carlos Joaquín con los empresarios editoriales (3 ó 4 se autonombran magnates).

La fotografía llegó a mis redes sociales el pasado domingo. La veo publicada hoy, en el sitio web de La Jornada, mas no en el impreso que se paga alquilando la misma tinta que asestó la embestida principal de desprestigio al otrora candidato de la alternancia en Quintana Roo. No muestra la crónica de León que, esos empresarios, son ahora como las notas de una melodía que saben muy bien cómo cambiar de intérprete, soslayando los abusos cometidos contra su personal. O las falacias en las líneas editoriales y el papel y tinta pagado con dinero de los quintanarroenses. Un grupo de ellos, recién los he visto en los informes de los presidentes municipales. De líneas y empresas aupadas gobierno tras gobierno parecen ser ahora “íntimos” en esta nueva relación con Carlos Joaquín. Jocoso, haberlos visto retirarse en grupito. La escena no despierta más cuestionante sino ¿cuáles son los méritos de la nueva relación gobierno-medios que en resumen no se ven tanto, no se escuchan y menos se leen?

Filas atrás en el informe, los diputados priistas y verdes admiten que son “una nueva orquesta para atacar al PRI y al Verde” que antes fueron sus clientes. Sus primeros amos.

Cita la crónica de Fabrizio León que los directivos de periódicos, radio y televisión estuvieron con Carlos Joaquín en un desayuno el viernes 8 de septiembre, y en una comida el sábado, donde también acudieron 500 invitados en Chetumal. “Una amplia reunión con aroma de festejo y señales únicas, pues el gobernador representa un modelo exitoso de alianza opositora al PRI”.

El gobernador citó a la veintena de empresarios y responsables de la prensa estatal a los que prolijó ejemplos de lo que han publicado. Se basó en las “pruebas” (así lo llamó) mostradas por los Consulados particularmente de recortes de periódicos informando de manera alarmante los titulares sobre cualquier tipo de crimen registrado.

“Cuando sale en primera plana un asesinato sanguinario en esta zona, a quien afecta no es al gobernador, es a los hoteleros, restauranteros y demás trabajadores del ramo”, subrayó Carlos Joaquín cuando estaba por terminar el desayuno.

Pedro Canché, periodista y activista maya (reprimido por el borgismo) fue uno de los primeros en exhibir la anterior relación de los empresarios de medios con el gobernador. Algunos evolucionaron, otros asumieron el mediano o bajo perfil y otros fulguran ya como los promisorios y millonarios dueños de un medio. Editora de Medios MAPA, S.A. de C.V., representada por Norma Madero Jiménez, con el gobierno del cambio cobra un millón 392 mil pesos mensuales. Aparece en la fotografía detrás de Carlos Joaquín. Televisora de Cancún. Televisora de Cancún, S.A. de C.V. propiedad de Grupo SIPSE, representada por Gerardo Gabriel García Gamboa. No aparece en la fotografía de Fabrizio León, pero sí el gerente general Marco Lozano Ocman, funcionario del gobierno de Félix González Canto, que vía Novedades Quintana Roo cobra al gobierno del cambio un convenio de 2 millones 875 mil 73 pesos pagaderos a través del contralor del rotativo Marco Briseño Narváez. Pero también cobran al gobierno del cambio a través del proyecto Novedades Chetumal, facturas tramitadas por Denise Loría Acevedo. Meta Medio, S.C. la camaleónica firma del ex presidente municipal interino de Benito Juárez, Carlos Canabal Ruiz, que aunque no aparece claro cuánto se embolsa del gobierno del cambio al menos en el listado que paga el Congreso de Quintana Roo aparece con 232 mil pesos mensuales. Una fuente al interior de la Contraloría estatal señala que podría ser también el propietario de Megapublicidad Distribución, S.A. de C.V., firma que también cobra 232 mil pesos mensuales. Periodistas que trabajaron en el rotativo La Verdad Quintana Roo, propiedad del cuestionado Carlos Canabal, sostienen que es relativo el monto de lo que acostumbra cobrar “es el mismo tabulador ayuntamiento por ayuntamiento. Es una forma de juntar una millonada”. Carlos Canabal Ruiz, abogado de nexos conocidos con Félix González y Roberto Borge, está retratado en el primer asiento de izquierda a derecha. Detrás de él la directora de Radio Ayuntamiento durante el trienio porril de Paúl Carrillo de Cáceres en Cancún y coordinadora de Cancún para el periódico de Borge, Respuesta: La esbelta Irma Ribbon fue favorecida con una Subdirección Editorial en lo que era el semanario La Voz de Quintana Roo. Irma se sacó la rifa del tigre tras la desastrosa intervención de un “maestro periodista” para encaminar el Quintana Roo Hoy que terminó por ahuyentar a los directivos fundacionales. Este rotativo cobra en el gobierno del cambio, supuestamente 181 mil 200 pesos mensuales, aunque el anhelo del propietario, el periodista (al que algunos llaman “bucanero del periodismo) Miguel Cantón Zetina es alcanzar los más de dos millones de pesos que cobra SIPSE. Falta en esa fotografía el naciente “periodista” Amir Ibrahim, autoerigido editorialista del QH de Cantón y del Novedades que a través de un ‘socio’ en el gobierno del cambio, ha trascendido ser beneficiado con un lucrativo convenio. No luce en el retrato orondo porque debido a lo que “escribe” está fuera del estado, supuestamente bajo amenazas. Fuera de Quintana Roo, con custodia y rentas pagadas con dinero público.

Para el gobierno del cambio, José Alberto Gómez Álvarez, del periódico QueQui, constituyó Grupo Informático Cancún, S.A. de C.V. El gobierno del cambio le aporta un millón 160 mil pesos mensuales (Pepe Gómez abraza a Marco Lozano en la fotografía). Cinco posiciones a la derecha y con su clásica pose faraónica la articulista Yolanda Montalvo, del Diario Imagen Q. Roo S.A. de C.V. representado por Jorge Ibarra Magaña que cobra 380 mil pesos por difundir el gobierno del cambio, aunque desde su llegada en 2011 a Quintana Roo tras la ruptura de sociedad entre Samuel Cantón Zetina y Jorge Luis Montañez Aguilar, el verdadero dueño de Diario Imagen ofrecieron tapete y mosaico al PRI y a Roberto Borge. En el Estado de México, donde nació este rotativo, es conocido que su circulación es expresa para las dependencias, de forma gratuita. Es un rotativo que nace en cada sexenio y ha sido de los más favorecidos por el grupo de Enrique Peña Nieto.

Compañía Editorial del Sureste, representada por Enrique Puga Sansores, pero como dueño principal del Diario de Quintana Roo a Luis Antonio Contreras Castillo factura al gobierno del cambio un millón 160 mil pesos mensuales.

Cuando Pedro Canché solicitó documentar la fotografía no hice sino confesarle el profuso dolor de cabeza provocado. Cual si fuera una réplica telúrica, siento aún el mismo desagrado. Artículo 19 cita que es legal y es legítimo constitucionalmente devengar un recurso por la difusión de información oficial. Lo que no es legal es el exceso empresarial a costa de los trabajadores. En noviembre de 2016, el gobernador Carlos Joaquín subrayó al firmar la autorización para la firma de una plataforma de transparencia para el ejercicio de dinero público destinado a la comunicación social: “No más excesos en el gasto de publicidad en Quintana Roo. Este gobierno tiene que dar confianza y certeza a los ciudadanos”. Sea, pues.

 

Periodistas y su negro panorama

Jorge Meléndez Preciado
Unión de Periodistas. Ciudad de México, 12 de diciembre 2016. En el actual sexenio, al cual le faltan dos largos años, han sido asesinados 39 compañeros, entre ellos Rubén Espinosa en la Ciudad de México. En este año que todavía no concluye, se llevaron a cabo ocho homicidios de reporteros. En la gran mayoría de los casos, algo que macabramente se ha vuelto común, los ejecutores continúan impunes.
De 2000 a la fecha, recuerda Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay 114 compañeros que fueron ultimados. Cifra mayúscula no sólo en Latinoamérica sino en el mundo. En tanto, cada siete de diciembre los presidentes mexicanos lanzan proclamas supuestamente en defensa de la libertad de información y de expresión.
Es más, se crean comisiones en diversos ámbitos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, sin ningún resultado evidente. Aunque para Roberto Campa y Patricia Colchero, ambos de la secretaría de Gobernación, 507 informadores cuentan con protección. De ser cierto, el panorama es gravísimo. Más si le sumamos que hay 20 reporteros desaparecidos y hubo 50 atentados a medios.
Recientemente, fueron allanadas las oficinas de Carmen Aristegui y no obstante que existen videos de los violadores, la agresión no se investiga convenientemente. Al compañero Humberto Padgett, del portal Sin Embargo, lo golpearon policías de la Ciudad de México por cubrir un desalojo de vecinos. A una reportera del periódico Reforma, la maltrataron en el estado de México y el único castigo fue dar de baja a quienes cometieron los ilícitos. En Chihuahua, ultimaron a Jesús Adrián Rodríguez (9 de diciembre). Y en muchas otras partes de la República hay amenazas, intimidaciones y agresiones de tecleadores y fotógrafos de las cuales poco se sabe.
El panorama es terrible, como lo han denunciado Artículo 19 y el recuento mensual del impreso Unión de Periodistas. Mientras la autoridad dice que hace pero exhibe, en números, su ineptitud. ¡Basta ya!
jamelendez44@gmail.com
@jamelendez44