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Delegados sospechan desvío de sus apoyos

Chetumal.- Ex delegados de las 87 comunidades de Felipe Carrillo Puerto acudieron hoy a esta ciudad para solicitar un diálogo con el gobernador, para averiguar cuánto era el monto que les entregaba mes con mes y qué pasó con ese dinero, que dejo de llegarles desde junio del año pasado, pero que sospechan quedó en manos de alguien.

Sebastian May, ex delegado de Yoactún, comunidad de Felipe Carrillo Puerto, indicó que mes con mes recibían un apoyo del Gobierno del Estado, consistente en mil pesos quincenales, para cubrir los gastos por realizar gestiones y viajes en representación de sus ciudadanos, montos que se volvió insuficiente, por lo que pidieron que se duplicara, siendo supuestamente aceptado.
Sin embargo, desde junio dejaron de percibir este dinero, y pese a los continuos reclamos ante el presidente municipal, José Esquivel Vargas, lo único que recibían eran “largas”, hasta que termino su encargo.
Son siete meses, que multiplicado por las comunidades y el monto que tocaba a cada quien arroja la nada despreciable cantidad de un millón 218 mil pesos, monto que han escuchado ya fue pagado pero que ignoran en manos de quién quedó.
“Aquí no venimos a pelear con nadie, sino a hallar la solución”, comentó el ex delegado, que dijo que desean saber cuánto era lo que en realidad les tocaba y quién debía entregárselos.
“No se vale que el presidente municipal u otras personas se queden con lo que es de nosotros”, se quejó.

Gustavo, Samuel y Osvaldo, los nombres detrás del despojo de tierra, en Bacalar 

Por Guillermo Miranda

Bacalar.- Los terrenos a orillas de la Laguna de Bacalar, que día a día crece y se fortalece su actividad turística han despertado la ambición de desarrolladores, oportunistas, funcionarios municipales y hasta de particulares posesionarios de supuestos terrenos nacionales, a tal grado que parta donde se incline el dinero y el poder se actúa, aun cuando la autoridad sabe y conoce a quién le asiste la razón en diversos predios en disputa.

Todo salió a la luz pública con el desalojo que se hizo de un predio conocido como Rancho Monte Águila, que supuestamente forma parte del Área Nacional Protegida, mismo que se efectuó la tarde del 22 de febrero por la autoridad municipal en cumplimiento de un ordenamiento jurídico, tras judicializarse una denuncia de despojo en la Fiscalía General del Estado.

La orden de desalojo está a favor de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, presidente de la asociación Selva y Laguna bacalar, A. C, quién reclama la invasión de la fracción 3 de 5 Hermanos, orquestada presuntamente por Samuel Aguilar y Celso Catzin en dos ocasiones: julio de 2018 y enero de 2011 supuestamente por la fuerza y con armas de fuego que expulsaron a los investigadores y biólogos de esta zona protegida.

La propia autoridad informó que el predio de 70 hectáreas fue desalojado y en el operativo se detuvieron a cinco personas y el decomiso de dos rifles y cartuchos calibre .12 y .22 mm, armas punzocortantes y equipo de labranza, aun cuando alegaron tener la legítima posesión y mostraron documentos que avalan su posesión de 174 hectáreas.

La versión de la autoridad es que el terreno, ubicado a orillas de la laguna de Bacalar y que está dedicado a trabajos de investigación y preservación de ecosistemas había sido invadido por segunda ocasión desde principios de febrero pasado por un grupo de unas 40 personas, con armas largas, y dos camiones, quienes desalojaron a los investigadores e instalaron un campamento en forma irregular.

La versión de Samuel Huicab Aguilar y Celso Catzin.

Al respecto Celso Catzin uno de los ocupantes de los predios en disputa, primero aclaró que ni son paramilitares ni tienen armas de grueso calibre, sino que son campesinos que tienen rifles para la caza.

Señaló que el pleito por este terreno se originó debido a que una ciudadana de Francia compró parte del terreno denominado “5 hermanos” y de manera astuta el vendedor le dio otras colindancias que mediante la corrupción está afectando 70 de las 174 hectáreas que pertenecen a Rancho Monte Águila.

Denunció que es tal la corrupción, que los tres órdenes de gobierno se coludieron con la francesa para instrumentar el desalojo que ocurrió el 22 de febrero de 2019, aun cuando el posesionario original, Osvaldo Morales Correa, le vende a Samuel Huicab Aguilar, quien solicitó de manera oficial ante la SEDATU el terreno y le otorgaron 174 hectáreas desde el 2014.

Versión de Gustavo Rodríguez

Según lo publicado en Grupo Pirámide, Rodríguez Elizarrarás señala que ha trabajado toda una vida para adquirir el sueño de su vida: un terreno para un proyecto sustentable a la orilla de una de las lagunas más hermosas del mundo en Bacalar.

“Los delincuentes viven en la total impunidad porque saben que, por incapacidad, corrupción o exceso de trabajo, la justicia no actúa. Las víctimas que somos gente pacífica, con reconocimiento desde hace casi 40 años”, agrega.

Rodríguez Elizarrarás señaló a grupo Pirámide que son suyos los predios en disputa desde 1990, sin embargo miente totalmente, pues según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la compra venta de las fracciones del entonces terreno denominado 5 hermanos inició en 1999 con el registro de la fracción 4 a favor de Fernando Betanzos Tenorio y María del Carmen Betanzos Tenorio bajo la escritura número 29431 folio 55 tomo CCCL a fojas 156 a 159 de fecha 22 de noviembre de 1999.

Según el Ayuntamiento de Bacalar en Oficio MB/TM/DC/242/2018 en contestación a solicitud de la SEDATU de abril del mismo año y firmada por Fredy Marrufo Martín, existe un traslape, es decir las 174 hectáreas del terreno denominado Monte Águila están técnicamente montadas en solo 50 hectáreas de la fracción 3 de 5 Hermanos y propiedad de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de fecha 23 de enero de 2009 según escritura número 2955 y folio 99184.

Der acuerdo a las coordenadas estipuladas en la autorización de la SEMARNAT que declaró Área Nacional Protegida el predio fracción 3 de 5 Hermanos a solicitud de Gustavo Rodríguez Elizarrarás (copia en poder de Noticias Chetumal), no tiene colindancia a la Laguna de Bacalar ni tampoco cuenta con acceso hacia la carretera federal, ya que de acuerdo a la imagen satelital dicho terreno se encuentra a cuatro hectáreas de la colindancia con el Ejido Buenavista, es decir, actualmente de acuerdo a la reja puesta, invade parte del predio de Monte Águila.

La historia del predio 5 Hermanos, parte de la disputa

“5 Hermanos” era un terreno nacional de 363.4 hectáreas y que en sociedad la fracción tercera -69.9 hectáreas y el pedazo de predio -104 hectáreas- colindante con el ejido Buenavista –sin propietario-llenaron de codicia a Osvaldo Morales Correa y a Gustavo Rodríguez quienes se hicieron socios ahí por el año de 1999 y empezaron a planear el usufructo de la misma, incluso que los llevó a talar de manera ilegal diversas especies maderables de la zona.

En la investigación hecha por Noticias Chetumal, Osvaldo Morales Correa rompe la sociedad con Gustavo Rodríguez desde el 2005, cuando se da cuenta que éste decidió titular a su nombre la fracción tercera del predio 5 Hermanos, por lo que sin dinero busca quedarse con las 100 hectáreas –lote vacío en terrenos nacionales- y ahí es donde se contacta con Samuel Huicab Aguilar en 2013, dedicado a comprar predios para cerrar madera.

Aun cuando Gustavo Rodríguez señaló a Grupo Pirámide que hay grandes corporaciones que quieren poner hoteles de muchas estrellas y muchos pisos y destrozar un ecosistema que es demasiado frágil – el de la Laguna de Bacalar- y por ello apropiarse de “Huub’ Sak”, no aclaró que solo es propietario de 70 hectáreas que donó para que fueran convertidas en Área Nacional Protegida, según el certificado de la CONANP 236/2010, es decir, un año después de que lo tituló a su nombre según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Osvaldo Morales Correa y sus engaños

Debido a que ahora Osvaldo Morales Correa observó que Gustavo Rodríguez mandó a cercar no solo la fracción 3 del predio 5 Hermanos de su propiedad -70 hectáreas- sino también las 100.4 hectáreas más, por ello desde 2014 hace tratos con Samuel Huicab Aguilar, quien inicia el trámite ante SEDATU para que le asignen 174 hectáreas del predio Monte Águila, por lo cual le asignan número de folio a su solicitud y toma posesión del predio.

Sin embargo el 24 de julio del 2017, tramitó un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, en Chetumal, contra todas las autoridades, donde aportó como testigos a varias personas para que la autoridad le diera posesión final de 174 hectáreas en el predio denominado Monte Águila, engañando al juez federal, ya que el predio sin ocupar solo es de 100.4 hectáreas comprendidas desde la Zona Marítima Federal hasta la Carretera Chetumal-Bacalar y de su colindancia con el predio fracción 3 de 5 Hermanos hasta el Ejido Buenavista.

Tanto el trámite hecho por Osvaldo Morales en SEDATU como el hecho por Gustavo Rodríguez ante SEMARNAT, tienen imprecisiones y solo reflejan la ambición desmedida de ambos sujetos, ya de la tercera edad, por quedarse con ese predio cuya colindancia a la Laguna de Bacalar es envidiable.

Gustavo Rodríguez tuvo que acudir ante la Fiscalía General del Estado para denunciar que alrededor 50 individuos armados corrieron al vigilante a punta de pistolas y armas largas el 26 de julio de 2017 y le asignaron la carpeta FGE/QR/BA/07/507/2017, que procedió lentamente hasta que el 22 de febrero se ejecutó el desalojo a cargo de policías municipales de Bacalar.

En un video en poder de Noticias Chetumal, durante el desalojo la Policía Municipal no presentó ninguna orden, por ello se observa la resistencia de los ocupantes encabezado por Samuel Huicab, quien posteriormente fue detenido en Bacalar en el tramo conocido como libramiento por supuestas faltas administrativas y quedó en libertad por falta de pruebas 10 horas más tarde.

Quien aún permanece detenido es Osvaldo Morales de 82 años, quien también fue apresado en Bacalar cuando iba a entrar a su domicilio por el delito de daños en propiedad ajena, al aventar una piedra a la patrulla y romperle los cristales, según la explicación que diario a sus familiares, al momento de ser ingresado al CERESO de Chetumal, versión que confirmó el personal de la Fiscalía General del Estado a Noticias Chetumal.

Versión de la segunda invasión

En abril del año de 2018, mientras la delegación de la SEMARNAT solicitaba información al Ayuntamiento de Bacalar y al Registro Público de la Propiedad y el Comercio sobre las 174 hectáreas supuestamente terrenos nacionales superficie sin dueño, ante la solicitud que se hizo en la Reforma Agraria y en esa instancia de gobierno Osvaldo Morales ordenó con Samuel Huicab ingresar nuevamente al predio Monte Águila con un grupo de trabajadores armados con rifles, apoderándose de igual forma de la fracción 3 de 5 Hermanos, aunque en la denuncia Gustavo Rodríguez de manera maliciosa señaló que habían invadido también las fracciones 2 y 4, ya que la 3 estaba resguardada por un séquito de guardias privados.

Aun la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano (SEDATU) no da su anuencia sobre la solicitud de posesión de las 174 hectáreas de Monte Águila, debido a que está sobre el predio fracción 3 de 5 Hermanos propiedad de Gustavo Rodríguez y que ahora es un Área Nacional Protegida, pero a aprovechándose de la lentitud de la ley, Samuel Huicab llevó a sus trabajadores a limpiar dicho predio.

“Yo tengo la documentación y no pueden reclamarse estos terrenos como nacionales”, dijo a Grupo Pirámide Gustavo Rodríguez e informó que quien se presentó en diciembre de 2018 a los terrenos fue Samuel Aguilar, que le explicó que quien le cedió los derechos de Monte Águila es Osvaldo Morales. “Yo mismo le dije que eso no tenía valor, porque los terrenos no son nacionales”, recordó.

Es decir Gustavo Rodríguez reconoce la existencia de 100.4 hectáreas de terrenos nacionales denominada la extensión Monte Águila.

Lo que indica el satélite

Noticias Chetumal consultó con un topógrafo, que durante 20 años laboró en la dirección de Catastro del Gobierno del Estado, quien certifica que existe un traslape, tal y como lo reconoce el propio Ayuntamiento de Bacalar, ya que al ingresar las coordenadas geográficas del predio Fracción 3 de 5 Hermanos ahora ANP las 70 hectáreas se ubican claramente dentro de la superficie de Monte Águila, y no tiene ni salida a la Laguna de Bacalar ni a la carretera Federal Chetumal- Carrillo Puerto.

Asimismo existe una extensión de aproximadamente 100 hectáreas que no tienen dueño, es decir, aparecen como terrenos nacionales según la cartografía de la Reforma Agraria consultada vía satélite, por lo que es evidente que tanto Osvaldo Morales (representado por Samuel Huicab) como Gustavo Rodríguez quieren apropiarse de tierra que no les corresponde.

Ayuntamiento parcial

El ayuntamiento de Bacalar que encabeza Alexander Zetina Aguiluz sabe desde abril de 2018 del conflicto de intereses en estas tierras y de manera tramposa cobró los derechos en la Zona Marítimo Terrestre a Osvaldo Huicab por la colindancia de 174 hectáreas con la Laguna de Bacalar, y al mismo tiempo avaló el desalojo vía Seguridad Pública Municipal por este total de tierras presuntamente invadidas, cuando debió ordenar que quedasen libres las 70 hectáreas de la Fracción 3 de 5 Hermanos propiedad de Gustavo Rodríguez.

Lo extraño de todo este caso es el hostigamiento de parte de elementos de Seguridad Pública Municipal contra Samuel Huicab que sin mediar falta administrativa alguna (exceso de velocidad, manejar ebrio o bajo influjo de enervantes, placas o documentos irregulares, etc) le fue retenido su vehículo un carro tipo chevy en las calles de Bacalar.

Seguridad Pública reguarda las 174 hectáreas

Pese a que ya se judicializó el proceso de la denuncia por el delito de despojo y amenazas y lo que se acumule, la Fiscalía General del Estado solo pidió el auxilio de la Policía Municipal de Bacalar para desalojar la Fracción 3 de 5 Hermanos donde se ubica la APN, pero de manera irregular y con alguna intención (que según Samuel Huicab denuncia dinero sucio y corrupción) Seguridad Pública Municipal resguarda las 174 hectáreas y ha decomisado vehículos y armas de cacería de los trabajadores – no invasores-, de los campesinos, no paramilitares que ahí se encontraban y que fueron sacados hace ya tres días.

En este sentido la omisión de información por parte de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Bacalar es clave, ya que saben exactamente de donde a donde debe operarse el desalojo – de las 70 hectáreas Fracción 3 de 5 Hermanos- y no de todo el predio de 174 hectáreas que indebida y mañosamente mandó a cercar Gustavo Rodríguez, supuestamente para hacer un desarrollo turístico con una ciudadana originaria de Francia aprovechando la colindancia de Monte Águila con la Laguna de Bacalar y que no tiene su ANP.

¿Quién está detrás de Samuel Huicab?

Para Gustavo Rodríguez aparentemente hay dos personas: José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos; que están vinculados al ex gobernador y hoy presidiario Roberto Borge Angulo, por el modo de operar y que así fraguaron numerosos casos de invasiones en el municipio de Tulum, apoyados por SEDATU y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, según denunció a Grupo Pirámide el propio Gustavo Rodríguez.

Sin embargo quien acusa está obligado a probar su dicho y en la investigación hecha por Noticias Chetumal la única vinculación de José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos es que ambos aparecen como propietarios de una facción de 5 Hermanos según Catastro Municipal de Bacalar.

Gaspar Amelio Rosado Gamboa en abril de 2018, como Director de Catastro Municipal de Bacalar señala que en la revisión echa existe el predio fracción inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a nombre de José Ramón Martínez López y Gabriel Soto Pozos, bajo folio 27-39 del Tomo XXIX-A fojas 37 y 38, con fecha 6 de junio de 2011, es decir, exactamente dos meses y un día después de que tomara posesión como gobernador Roberto Borge Angulo.

¿Quién tiene la razón?

Finalmente deben ser las autoridades Reforma Agraria y la SEDATU, la SEMARNAT por el tema de la fracción 3 convertida en APN y el ayuntamiento de Bacalar a cargo de Alexander Zetina Aguiluz, vía Catastro Municipal, quienes mediante el uso de la tecnología con las coordenadas geográficas hagan una medición exacta de cada fracción del predio 5 Hermanos y decidan si se otorga o no el predio sobrante de 100.4 hectáreas de terrenos nacionales con colindancia a la Laguna de Bacalar, denominado Monte Águila a Osvaldo Morales o simplemente se le niega la posesión y se informa al Poder Judicial de la Federación para resolver el juicio de amparo promovido por éste último por el arrebato de las supuestas 174 hectáreas indebidamente reclamadas.

Lo cierto es que mañosamente a ambos posesionarios, tanto a Gustavo Rodríguez como a Osvaldo Morales, el ayuntamiento de Bacalar cobra anualmente los impuestos como predial, uso de suelo y Zona Marítimo Terrestre tanto por la Fracción 3 de 5 Hermanos –donde está la ANP- como por las 174 hectáreas de Monte Águila aunque esté traslapado.

La Caravana Juntos: por más y mejores oportunidades otorgó todos sus beneficios en Tihosuco

*Se ofrecieron más de 70 servicios públicos, trámites subsidiados y acciones sociales sin costo
*Como es costumbre en la Caravana Juntos, se otorgaron servicios, se facilitaron trámites y acciones, todo ello con la finalidad de evitar costos a los beneficiarios y gastos de traslado

Tihosuco.- En atención a 4,994 habitantes de Tihosuco y cientos de personas más de localidades aledañas, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) llevó a cabo la Caravana Juntos: por más y mejores oportunidades, brindando servicios públicos, trámites subsidiados y acciones sociales sin costo que permiten reducir gastos de traslado a los beneficiarios.

Con oferta en materia de salud, educación, registro civil, capacitación, asesoría legal y trámites legales, se atendió a la población en situación de desventaja económica de las localidades de Tepich, Melchor Ocampo, Francisco May, San Ramón, Santa Rosa II, San José II y San Felipe Barriozabal.

La SEDESO apuesta con el programa Caravana Juntos a lograr disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, al contar con la ventaja de realizar diversas gestiones en un solo día y lugar, de manera gratuita.

Durante la jornada que resultó ser eficiente se entregaron apoyos como un kit de matemáticas basado en el nuevo modelo educativo, lo recibió el director de la Escuela Primaria “Guerra de Castas” de Tihosuco; un kit de herramientas menores para Jefas de Familias, Leidy Margarita Castro Cen de San José II fue la beneficiada; actas de nacimiento, certificados de primaria, una silla de rueda, bastones, material deportivo, botes de pintura entre otros apoyos y servicios.

Cabe señalar que esta es la cuarta edición de Caravana Juntos en lo que va del presente año con un antecedente de 10 399 acciones y servicios de donde se atendieron a 9 014 personas en los otros eventos realizados. Se tiene programado atender en el año a los 11 municipios de la entidad, con la participación de los tres órdenes de gobierno.

Congreso ahorra y devuelve 16.8 millones de pesos de su presupuesto al Sefiplan

Anuncia Congreso reducción de presupuesto 2019*

_+ Da a conocer la Gran Comisión, a través del diputado Eduardo Martínez Arcila, ahorros por 16.8 millones de pesos que serán devueltos a Sefiplan para proyectos de carácter social._

_+ Disminuirán gastos en alimentos, viáticos, hospedaje, combustible y se elimina el seguro de gastos médicos mayores para legisladores. Ninguna de las medidas afecta a trabajadores del Poder Legislativo._

_+ Las prestaciones que se disminuirán, ya no obedecen a lo que debe ser el servicio público: Dip. Emiliano Ramos._

Chetumal, Quintana Roo. – La Gran Comisión del Congreso del Estado anunció la reducción de su presupuesto para este año por un monto de 16 millones 800 mil pesos, recursos que serán restituidos al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan), para que dicho monto sea destinado a obras de carácter social y proyectos de desarrollo, detalló el diputado Eduardo Martínez Arcila.

En conferencia de prensa, acompañado por la titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, así como por legisladores integrantes de la Gran Comisión, el diputado informó que esta determinación -anunciada en diciembre pasado-, responde al interés del Poder Legislativo, de sumarse a las medidas de austeridad aplicadas en la entidad y, sobre todo, con el objetivo de que esos recursos sean usados en proyectos de beneficio social.

Las reducciones anunciadas no afectarán la operación ordinaria del Poder Legislativo ni tampoco los ingresos de los trabajadores del Congreso y únicamente tendrá repercusiones en los montos destinados a los legisladores, así como a algunos rubros relacionados con el trabajo ordinario en donde se pueden considerar importantes ahorros.

“No se afectará a ningún trabajador; lo que estamos haciendo es reducir ciertos conceptos de ingresos y de prestaciones que tenemos los diputados, así como en rubros de gasto corriente pero que, eliminándolos o reduciéndolos tampoco impactará en el desempeño que ha tenido y seguirá teniendo esta XV Legislatura”, enfatizó.

En el mensaje ofrecido en la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974”, el diputado Martínez Arcila, informó que el Congreso del Estado de Quintana Roo es uno de los siete a nivel nacional que no registró incremento alguno en su presupuesto, como sí ocurrió con otros 17 congresos en México para 2019.

Las prestaciones de los legisladores que se verán afectadas por las medidas de ahorro son: alimentos, con un monto anual de 1 millón 500 mil pesos, mantenimiento y equipo de transporte 1 millón 100 mil pesos, viáticos y hospedaje 3 millones 900 mil pesos, pasajes 1 millón 900 mil pesos, gasolina por 600 mil pesos, y gastos médicos mayores por un monto anual de 1 millón 800 mil pesos.

En tanto, los rubros de gasto corriente que entrarán en las medidas de austeridad serán: servicios de impresión 2 millones 500 mil pesos, papelería 1 millón de pesos, material de limpieza 1 millón de pesos, refacciones de equipo de transporte 1 millón de pesos y servicios de capacitación 500 mil pesos.

_PRESUPUESTO A LA BAJA_

Martínez Arcila recordó la XV Legislatura siempre se pronunció por no incrementar el presupuesto del Poder Legislativo, al echar atrás una reforma aprobada por la pasada legislatura que le otorgaba al Congreso un presupuesto de poco más de 730 millones de pesos para finalmente reducirla en 360 millones de pesos.

Además, dijo, también se determinó eliminar los porcentajes presupuestales de los órganos autónomos que se vinculaban con el presupuesto estatal para su incremento, para únicamente establecer que el presupuesto no podía ser menor al del año anterior.

Por su parte, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, aseguró que para los 25 integrantes de la XV Legislatura es importante enviar una señal a los ciudadanos de que también hacemos un esfuerzo de austeridad sin afectar al personal que trabaja en el Congreso, “son prestaciones que hoy en estos nuevos tiempos que se viven en el país y en el estado, ya no obedecen a lo que debe ser el ejercicio del servicio público”.

Si bien se buscarán los mecanismos adecuados para reintegrar mes con mes el recurso producto de las medidas de ahorro, Ramos Hernández destacó la voluntad política de la XV Legislatura, por lo que hizo un exhorto a que los ayuntamientos de la entidad, poderes y órganos autónomos se sumen a estas medidas.

Finalmente, la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, felicitó a la XV Legislatura por esta decisión que han emprendido de sumarse al plan de austeridad, como parte de la preocupación del gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, de que se generen ahorros para canalizarse en obras y proyectos en beneficio de la ciudadanía.

En el anuncio de las medidas estuvieron los diputados Carlos Mario Villanueva Tenorio, Ramón Javier Padilla Balam, Raymundo King de la Rosa, Yamina Rosado Ibarra, Leslie Hendricks Rubio, Eugenia Solís Salazar y el Oficial Mayor del Congreso, Gerardo Martínez García.

OBSERVATORIO: 100 días de fracaso de Mara Lezama

Cancún.- Disminución del 50 por ciento del recurso para el programa de útiles escolares; incremento de ejecuciones, asaltos violentos y robos; deficiencias en los servicios públicos como recoja de basura y alumbrado público, calles en pésimas condiciones, caos y desorden en el transporte público sobre todo en las rutas urbanas, contratos inflados y aumento exponencial de la nómina.

Son algunos de los “logros” de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, en más de 100 días de administración, en donde presume de transparencia y son ya evidentes actos de corrupción, sobre todo en los contratos asignados en obras públicas municipales, servicios de comunicación e imagen y la opacidad en el manejo de recursos públicos, como el asignado al equipó de Pioneros.

Mientras la presidenta municipal Mara Lezama, quien llegó al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, arropada por el partido MORENA, ha sido un total desastre sobre todo en materia de seguridad, en donde al menos a la fecha desde el 1 de octubre han ejecutado a poco más de 136 personas, entre ellos los 7 estudiantes masacrados el pasado 20 de enero.

Contratos inflados por más de 30 millones de pesos, incremento en el presupuesto para asesores hasta en un 500%, creación de tres direcciones con presupuesto mayor al millón de pesos son alguno de los “logros” de Mara Lezama, la alcaldesa de MORENA.

El PRD en voz de su dirigente estatal, Rafael Esquivel Lemus, dio a conocer que Mara Lezama y sus regidores en su mayoría de MORENA, ha cometido una seria de irregularidades en torno a su desempeño, en la total opacidad y sin transparencia, en el manejo de los recursos públicos, por lo que este partido la reprueba, porque no pueden hablar de combate a la corrupción cuando no hay revisión a las finanzas de la administración saliente de Remberto Estrada.

Mara Lezama ha cometido una serie de traspiés sobre todo en obra pública, como por ejemplo en el desazolve de pozos, en donde el presupuesto total de uno de los contratos asciende a 46 millones de pesos y el costo real de estos trabajos es por 16 millones de pesos.

En la deuda pública se le aprobó un refinanciamiento, pero que le está costando al erario público un desajuste de 20 millones de pesos, supuestamente en un ahorro disfrazado pero que dejará sin opción a las futuras administraciones para el manejo de servicios públicos de calidad.

En el despilfarro está actuando la administración morenista de Mara Lezama al destinar poco más de 142 millones de pesos el área de comunicación social e imagen, en una estrategia de que no bajen sus bonos y pueda influir en las elecciones venideras en al menos 6 distritos electorales que están en Cancún y apoyar así a su partido MORENA.

Un ejemplo más de la poca transparencia en el manejo y destino de los recursos públicos es la asignación directa de 16 millones de pesos al equipo de pioneros, sin que sea auditado, ni rindan cuentas de cómo es utilizado dicho dinero proveniente de los impuestos de los cancunenses.

Asimismo Mara Lazama en otro de sus grandes logros es el incremento de personal del Ayuntamiento, con la creación de tres nuevas direcciones, acción que no fue aprobada por el Cabildo, duplicando funciones como la Dirección de Vinculación Interinstitucional, la Dirección de Seguimientos y Acuerdos, y la Dirección de Asuntos Internacionales con presupuestos que van por encima del millón de pesos a cada una.

En cuanto al manejo discrecional de los recursos asignados, la presidenta municipal de MORENA en Benito Juárez ha dispuesto de un incremento de dos millones 764 mil pesos para el funcionamiento de la dirección de Relaciones Públicas.

En la coordinación de asesores, que para muchos es una “pista de aterrizaje”, el presupuesto autorizado sufrió un incremento de 500 por ciento, ya que el del 2018 era de 75 mil pesos, hoy tiene un presupuesto de 400 mil pesos.

En materia de seguridad y prevención del delito en donde se destinó un millón 222 mil pesos y se aprobó la incorporación a la estrategia del Mando Único, sin consultar a la sociedad cancunense, acciones que no han servido, o de poco han servido para detener al crimen organizado en las ya más de 136 ejecuciones perpetuadas en su corto mandato que ya pasó los 100 días.

Los cancunenses no solo sufren de la presencia del crimen organizado sino que ahora se cometen más de 50 robos a casa habitación a la semana, entre 10 a 15 asaltos con violencia cada 15 días, sin contar con la ola de extorciones a los empresarios locales, comerciantes y demás, a quienes los han obligado a pagar el famoso derecho de piso, sin que cuenten con la defensa de la autoridad que encabeza Mara Lezama.

En cuanto a los servicios públicos se refiere, las deficiencias son mayúsculas ya que a pesar de que el alumbrado público y el servicio de recolección de basura están concesionadas, el servicio es deficiente y hay hasta presuntos actos de corrupción, pues tan solo en el taller municipal su presupuesto se incrementó en 12 millones de pesos, sin que se brinde el servicios a los vehículos de esta administración.

En el alumbrado público también amento en más de un millón de pesos, aun cuando el servicio fue concesionado.

En educación hubo una reducción en la entrega de útiles escolares, con un 50 por ciento menos, a pesar de estar estipulado en el bando de policía y buen gobierno la entrega de útiles escolares.

No hay control en las direcciones de fiscalización donde hay ya varias denuncias anónimas porque la cuota asciende a 10 mil pesos por trámite y el acoso trae asoleados a los restauranteros, comerciantes y de más propietarios de negocios, quienes además tienen que pagar el derecho de piso obligados por la delincuencia.

Según en su mini informe de los 100 días, Mara Lezama señaló que Obra Pública, educación, seguridad y deporte son los ejes con los que pretende hacer frente a los compromisos de campaña contraídos.

Presume que en a 100 días de trabajo tienen un “mundo” de parques y calles sin basura, sin embargo otra es la realidad que vive Cancún.

Diagnóstico sobre basurero costará 3 mdp, pero lo pagaría Corea

Chetumal.- Luego de que ayer un grupo de especialistas coreanos visitara el basurero de la capital del estado, hoy una regidora del Ayuntamiento de Othón P. Blanco anunció que estos trabajos, cuyo costo sería de tres millones de pesos, serían pagados por el gobierno de ese país asiático, como parte de un programa de colaboración.
“Lo que se busca es la posibilidad de poder acceder a una ayuda de un fondo del gobierno de Corea (del Sur); más específicamente que el gobierno de Corea pueda absorber el costo del diagnóstico que pudieran elaborar los coreanos sobre la afectación que causa el basurero municipal”, expresó en entrevista la concejal Cynthia Millán Estrella.
Este grupo de especialistas se encontraba en el estado, pues vino a Isla Mujeres a revisar una situación similar, y fue la síndico municipal la que buscó el contacto.
Aunque una opción sería que el Ayuntamiento pague parte de este diagnóstico, carecen de liquidez y esa partida no la tienen contemplada.
De acuerdo con la regidora, en un mes se sabrá si el gobierno coreano acepta cubrir los tres millones de pesos que costaría el estudio.
Ante el llamado de su homóloga María Hadad Castillo, quien pedía que se declarara contingencia ambiental, la concejal panista señala que ya se analizó dicha petición y se rechazó. Lo que acordaron fue instalar una mesa multitudinaria en la que hay diversas autoridades en la materia, quienes evaluarán la situación del basurero.

Este año, se destinarán 178.8 millones de pesos para la nueva Zona Metropolitana de Chetumal

*La inversión es resultado de las gestiones que realizó el gobernador Carlos Joaquín para avanzar juntos en la disminución de la desigualdad en el sur de Quintana Roo
*Las obras de infraestructura urbana beneficiarán a más de 224 mil habitantes de Chetumal y cinco comunidades aledañas

Chetumal.- Para crear más y mejor infraestructura en el sur de Quintana Roo, como resultado de las gestiones que realiza el gobernador Carlos Joaquín ante la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, este 2019 se destinarán 178.8 millones de pesos para la nueva Zona Metropolitana de Chetumal.

La inversión, que se ejecutará durante 2019, consta del estudio geohidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad de Chetumal, la construcción del sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort tercera etapa y la sectorización, sustitución de tuberías y micromedición del Sector Insurgentes Sur: obras que serán desarrolladas a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Con estas obras, se contribuye a disminuir las desigualdades entre el norte y el sur, y se beneficiarán a más de 224 mil habitantes de Chetumal y cinco comunidades aledañas, expresó al respecto el gobernador Carlos Joaquín.

Desde el inicio de su administración, Carlos Joaquín ha impulsado acciones para el rescate del sur como el programa “Juntos Renovemos Chetumal”, en el que destinan más de 150 millones de pesos para la mejora de la imagen urbana de la capital del estado.

El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) Carlos Ríos Castellanos informó que, por primera ocasión y después de las gestiones realizadas por el gobernador Carlos Joaquín, Chetumal logró ser autorizada como una nueva zona metropolitana, donde se realizarán proyectos y obras de infraestructura urbana en beneficio de toda la población del sur de la entidad.

Explicó que, a solicitud del gobernador Carlos Joaquín, a través de la SEDETUS, se gestionó la aprobación de esta nueva área que fue publicada el cinco de marzo de 2018 junto con otras 14 de todo el país en el documento denominado “Delimitación de Zonas Metropolitanas en México 2015”.

La Zona Metropolitana de Chetumal abarca una superficie total de nueve mil 958.2 kilómetros cuadrados y está conformada por seis localidades: Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y Sergio Butrón Casas.

Estas obras, ya autorizadas por la Unidad de Políticas y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permitirán brindar más y mejores oportunidades para las familias del sur de Quintana Roo, pues el objetivo del Fondo Metropolitano es otorgar recursos a programas y proyectos viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo urbano, el transporte público, la movilidad no motorizada y el ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica de la zona.

Con esta inclusión, Quintana Roo contará con dos zonas metropolitanas. La primera fue decretada en 2009, está conformada por los municipios Benito Juárez e Isla Mujeres y en ella se integran las localidades ubicadas en la franja ejidal de Isla Mujeres, Cancún y Alfredo V. Bonfil. La segunda es la de Chetumal.

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Tendrá Fiscalía mayor presupuesto este año: Emiliano Ramos

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Cancún.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejercerá en este 2019 un presupuesto de 737 millones 975 mil 249 pesos, lo que es 100 millones más que lo ejercido en el 2018, declaró el presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta en la XV Legislatura, Emiliano Ramos Hernández.
Entrevistado la mañana de hoy miércoles, el legislador destacó que se reestructuró el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019, ya que la Federación envió casi mil millones más de lo programado, para quedar en 34 mil 579.3 millones de pesos que, comparado con el Presupuesto de 2018, representa el 21.7% de incremento.
Puntualizó que se benefició a dependencias impartidoras de justicia, como la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia; además de las actividades de seguridad pública, donde se duplicó el presupuesto.
Otro de los órganos descentralizados que fue beneficiado es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que tiene un presupuesto de 67 millones 601 mil 12 pesos.

CREACIÓN DEL SAT QUINTANA ROO
Emiliano Ramos Hernández también informó que se creó el Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo (Satqroo), organismo que será el responsable de cumplir los objetivos de política fiscal y vigilar la aplicación de las normas relativas, además que tendrá encomendadas labores de cultura contributiva y recaudación, buscando la integración de los ciudadanos a la formalidad y la reducción de la economía informal en el Estado.
Agregó que el Satqroo tendrá dentro de sus tareas el respeto a los derechos humanos y garantías de seguridad jurídica de los contribuyentes, como son los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad contributiva, así como estructurar la simplificación fiscal.
“No se trata de crear terrorismo fiscal”, aclaró.

INSTITUTO PARA DISCAPACITADOS
En coordinación con la presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, Leslie Angelina Hendricks Rubio, se presentó la iniciativa para la creación del Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, la que fue aprobada como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que para el cumplimiento de sus atribuciones contará con autonomía técnica y de gestión, especificó el diputado Ramos Hernández.
El legislador indicó que la junta directiva del instituto estará integrada por los titulares de la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Planeación, Trabajo, Oficialía Mayor y un representante del Consejo Consultivo de las personas con discapacidad.
El instituto entrará en funciones cuando el gobernador del estado realice la designación del titular de la dirección general, que debe ser en este año.

Sefiplan erogó mil 218 mdp en adeudos en 2018

Chetumal.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) todavía paga las deudas acumuladas del gobierno estatal, logrando liberar 400 millones de pesos a proveedores, así como 500 millones de pesos al ISSSTE y Fovissste hacia fines de 2018, aunque el total del año fue de cerca de mil 218 millones de pesos en adeudos.

“Los recursos vienen de diferentes fuentes, como la recaudación, que fue bastante buena; tuvimos el pago oportuno de prestaciones de fin de año, que también se cubrieron, que fueron de casi mil 250 millones de pesos, incluyendo esta segunda parte del aguinaldo, quincenas, etcétera”, destacó en entrevista Yohanet Torres Muñoz, titular de Sefiplan.

Algo que les permitió tener más recursos para cubrir los pagos con los proveedores fue que algunas dependencias ahorraron en gastos.

Estos pagos, como por ejemplo lo que se les descuenta del ISSSTE y que fueron casi 500 millones de pesos, sí afectan a la administración, pues en este caso la cantidad equivale a un mes de participaciones.

Recalca que aún quedan de deuda otros 400 millones de pesos, todos productos de la administración anterior.

“Hemos ido efectuando los pagos; seguimos y seguiremos todo este año; estamos haciendo convenios con la Federación para llevar estos pagos más tranquilos”, expresó.

Sobre cómo queda la deuda del estado, señala que hubo una pequeña disminución, debido a que se pagó algo de capital, y como este año esperan abonar otros 700 millones a capital, esperan que la situación mejore aún más. Y además también cubrirán parte de los intereses. “Eso nos representa ahorros”.

“En 2018 logramos pagar mil 218 millones de pesos de adeudos anteriores”, declaró la funcionaria haciendo la cuenta del total de lo que se ha cubierto en el año.

En los dos años de la administración, Torres Muñoz indica que se han pagado entre dos mil y dos mil 500 millones de pesos por concepto de deudas.

Presupuesto de salud casi se duplicó, pero salud mental sigue rezagada

Cancún.- Pese a que el presupuesto de salud prácticamente se duplicó, al pasar de 45 millones de pesos a 83 millones de pesos, el rubro de salud mental nuevamente recibirá muy pocos recursos: los mismos 400 mil pesos del año en curso, los que son insuficientes para atender un urgente problema en la entidad.
En entrevista, la legisladora local, Sonia López Cardiel dijo estar satisfecha con los avances logrados, pero preocupada por el continuo pendiente hacia la atención mental.
“Ya habíamos tenido un avance, porque se aumentó de 45 a 83 millones de pesos; hay unos incrementos buenos, pero en otros rubros no se había incrementado nada”, detalló.
Debido a que hay muchos rubros sin recursos busca una reunión el secretario de Salud federal para dará a conocer su propuesta.
Sin embargo, destacó la federalización de la salud en el sureste, que implica la aplicación de mil millones de pesos sin intermediarios desde el nivel federal, un logro mayor a la duplicación del presupuesto estatal y un “regalo de Navidad a los quintanarroenses”.

IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL
En vista del escaso presupuesto para la salud mental, la diputada indicó que en enero presentará una ley para que regule este rubro, pues lo otorgado actualmente “no alcanza para nada”
“Abarca muchas cosas, no nada más la cuestión mental, sino temas de suicidios, feminicidios, adicciones, porque son muchas cosas que mentalmente afectan la salud, o al revés, la salud afecta directamente después a la mente; lo más importante es sobre la salud mental y adicciones, que es donde más he venido trabajando”, expresó.
Cuestionada sobre la tendencia mundial, hacia la desaparición de clínicas psiquiátricas, indicó que pronto darán a conocer una propuesta de una aldea terapéutica en Playa del Carmen, que se ha venido trabajando con asociaciones particulares.
“Ya no es una clínica de psiquiatría; se estudió mucho con expertos en derechos humanos, médicos, psicólogos, asistencia social”, detalló
Cabe recordar que, en entrevista, el doctor Arturo González Balvanera, director de la Fundación “Brazos para Ayudar”, y quien está detrás del proyecto hablaba del enfoque humanista de la propuesta, el cual buscaban financiar con recursos de la iniciativa privada.
Este proyecto también recibe el respaldo de la Unesco. Esperan presentarlo a finales de enero.

A FAVOR DE LA HOMOLOGACIÓN
Sonia López Cardiel dijo estar a favor de la homologación de los servicios de salud y de la desaparición del Seguro Popular, aunque detalla que estos ajustes de último momento les tomaron por sorpresa y por eso hasta tuvieron que parar.
“La reforma aún todavía no la tenemos, por eso también esperamos para reunirnos, pero yo sí veo bien la homologación, así no trabajamos de diferentes colores y sabores”, enuncia.
Respecto a las obras en salud en la entidad, dice que no contemplan nuevas sino concluir aquellas a medias, como el Hospital Oncológico de Chetumal o el de Tulum.