Roberto Borge- Pagina 3

El General de Roberto Borge…resurge

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POR BASILIO ARÉVALO.- Carlos Bibiano Villa Castillo, el general retirado responsable de la Seguridad Pública de Quintana Roo contratado por el preso de Panamá, Roberto Borge Angulo, desde el inicio de su quinquenio, hizo pública este lunes en una red social una declaración personal a propósito de señalamientos ofensivos hacia miembros del Ejército Mexicano.

Bibiano Villa Castillo, quien fue contratado personalmente por Roberto Borge, renunció al cargo de Secretario de Seguridad Pública en junio de 2014, se dijo para integrarse  a una responsabilidad en la Procuraduría General de la República (PGR). En febrero de ese mismo año, el General Villa propuso crear autodefensas ante la inseguridad que permeó durante la gestión del ex gobernador expulsado del PRI; recibió el respaldo del titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Gaspar Armando García Torres y ambos fueron exhibidos  como responsables de áreas torales en la administración pública estatal.

Los escándalos durante la gestión del general Carlos Bibiano Villa Castillo fueron reiterativos. Por la relevancia de lo que subraya, se transcribe textual lo que publica la red social de Facebook este 25 de septiembre de 2017: “Hace unos instantes un chavo, dijo que los militares sólo estamos de lame huevos, que sólo obedecemos al gobierno y bla, bla, bla. Y bueno, me dije a mi mismo; si la gente puede sentirse “valiente” detrás de una computadora, si tienen boca para decir pendejadas bajo el lema de “libertad de expresión” ¿por qué no decir lo que como militar creo? Bajo “mi libertad de expresión” también. Lo que durante muchos años calle y que de verdad siempre ha sido la causa de un pequeño rencor que tengo. Yo creo que como persona tengo el derecho de defenderme, creo que he cumplido con mis funciones y obligaciones y creo que no lo debería decir pero aun así no me quedare con las ganas. He vivido, en un ambiente que jamas veré en la sociedad, un ambiente de disciplina, de orden y de una gran hermandad, he actuado en el plan DN-III-E, en muchas ocasiones, en la sierra llevábamos comida y medicina a los que eran de bajos recursos, pintamos bardas, arreglamos casas, destruimos campos de amapola y marihuana, saque a muchas personas del agua y en mi caso (casi me ahogo en una ocasión) estuve en muchos puestos de control viendo jetas de la gente, pero también vi rostros alegres que hasta hoy no olvido, desfilamos, la hicimos de bomberos, de rescatistas, claro que también estuve en enfrentamientos y también perdí compañeros que no los cambiaría por nada.
También me enfermé en el monte, aguante lo peor como todos los demás y limpio no me fui, porque las manos las tengo manchadas de sangre, plantamos árboles, liberamos gente secuestrada, decomisamos armas y todo esto que les menciono es algo normal en la vida de cualquier militar o marino y es poco comparado a lo que otros han hecho.
Que me exige la gente si ay violencia? Denle gracias a la pinche educación de mierda que se da en el hogar, denle gracias a tanto cabrón hijo de puta que a costa de tener dinero hace rodar cabezas. Si obedecemos al presidente, es porque así lo dice la constitución, presidente por el cual ustedes VOTAN!! Ustedes como ciudadanos, ya sea presidente, gobernador, etc. Que la gente sea ignorante ya es diferente. le hemos demostrado al pueblo que le somos leales y se los podemos demostrar, servimos al pueblo y lo ayudamos aveces con una mano atada a la espalda. Nuestra función, no es combatir al delincuente, no es nuestra funcion por naturaleza y muy mal el que no se dan cuenta, si han muerto inocentes por nuestra culpa, pues en todo conflicto, batalla, guerra o enfrentamiento, siempre va a haber un inocente que la pague sin deberla, esos son daños colaterales.

Como sea, donde sea, el soldado y el marino siempre van a ayudar, siempre le van a dar la mano a la gente sin importar como sean, hoy me gritan: -Represor hijo de tu pinche madre traidor.
Estoy seguro de que mañana los veré con su charola formado para una ración de alimento por que su estado se inundo o se cayó su casa. O tal vez sea de los que se quejan del delincuente y que tienen al elemento del ejército haciéndoles el alto para una revisión, se irán a quejar de su derecho de libre transito, a decir que los retenes son inconstitucionales, exige sus derechos y ni la cartilla del SMN ha liberado. En mis años de servicio, jamás guardé rencor, siempre trate de hacer lo mejor para mi familia y después de ver las cosas y encariñarme con gente que desconocía, trate de hacerlo por ellos. Pero aquí estoy, estoy vivo, tuve suerte por que el destino o lo que sea así quisieron que fuera y muchos compañeros mas jóvenes y con familia no la libraron.  No tenemos la culpa de que no ganara el peje, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no se los hecho en cara, pero tanto te partes la madre, para que un cabrón “valiente” te llame traidor mientras enrolla su cigarrito de mota. Perdón por decir groserías, así me expreso, no lo oculto y creo que las cosas se dicen de frente, igual y nos odian por que no fueron como nosotros, igual y el novio las plantó o tal vez les dolió que les dijeran: -Tu pendejo, deja de rascarte estas en firmes, mientras realizaba su Servicio Militar o X coss E igual si cometemos algo malo, el tiempo nos dará un castigo. El que no quiera estar aquí, bien se puede ir a la chingada, el que no le guste pues que ponga el ejemplo y el que de plano cree tener el derecho de juzgar, también tiene el deber de ayudar. Yo no tengo nada mas que decir, solo pido un poco de respeto a los compañeros que siguen aguantando y siguen echándole fibra, también a los caídos, ellos que lo dieron todo por todos y cuyos nombres siempre serán anónimos. Es todo, ojala vean que todos nos esforzamos llámese bombero, medico, enfermera, maestro, soldado o marino, es por el bien de México y de su gente sea como sea sin esperar nada a cambio. GRACIAS.

EL POLÉMICO FUNCIONARIO

Derivado de una solicitud del secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Carlos Bibiano Villa Castillo y con el respaldo del entonces procurador Gaspar Armando García Torres, en febrero del año 2014 un grupo de habitantes del municipio capitalino de Othón P. Blanco iniciaron la conformación de grupos de vigilancia civil.

Villa Castillo impulsó la creación de grupos de vigilancia en las comunidades de la ribera del río Hondo, donde los pobladores han denunciado un aumento en la inseguridad, así como la corrupción de los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

El encargado de la Seguridad Pública que gobernaba Roberto Borge se reunió con varios comisarios ejidales y delegados a quienes propuso como opción la autodefensa. Admitió la falta de capacidad para contener los brotes de violencia que azotan las comunidades y comentó que él mismo daría la autorización para los grupos, e incluso, los dotaría de un registro mediante la expedición de una identificación para que actuaran al margen de la ley y en apoyo a las autoridades policíacas. El General Bibiano Villa obtuvo la aprobación del procurador de Roberto Borge, quien respaldó los comités de vigilancia vecinal conformados para reforzar el trabajo de la autoridad. “No es ilegal, no es nada malo”, pronunció el ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, coto de poder que después sería entregado a Harley Sosa Guillén.

El 4 de junio de 2014, transcurrida más de la mitad del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, el General Carlos Bibiano Villa Castillo renunció al cargo público alegando “motivos personales” Su puesto fue entregado al empresario constructor, también afín al borgismo, Juan Pedro Mercader Rodríguez, que admitió no tener experiencia policíaca pues su carrera la había ejercido como Subsecretario de Infraestructura y Transporte, Subsecretario de Gobierno y Director General del desaparecido Instituto de Fomento a la Vivienda (INFOVIR) en Quintana Roo. Bibiano Villa estuvo en el cargo tres años y dos meses. NOTA: El pasado 23 de septiembre de 2017, la empresa constructora que Juan Pedro tiene en mancomuna con su hermano Juan Manuel fue asaltada en Chetumal. El botín, ha trascendidos, alcanza medio millón de pesos.

En Quintana Roo, el General Villa estuvo señalado por un cúmulo de escándalos. Identificado por frases como la de cuando al ver un miembro del cártel de los zetas lo mataba sin mediar indagatoria, tiempo después intentó cambiar sus propias palabras. También fue señalado por orquestar y dirigir un operativo policíaco para proteger a ejidatarios que realizaron una asamblea en Kantunilkín, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, para aprobar la división de la isla de Holbox en cuatro ejidos. Se recuerda que, en aquella ocasión, al intentar salir del sitio, la camioneta del convoy donde se trasladaba Bibiano Villa arrolló a uno de los pobladores, lo que provocó un enfrentamiento con lugareños que respondieron con palos y rocas y la policía roció gas lacrimógeno para dispersarlos.

El más sonado de sus escándalos fue durante la jornada electoral del proceso local 2013, cuando ordenó la protección policíaca a votantes acarreados desde municipio del vecino estado de Yucatán, hasta perseguir y detener a militantes y brigadistas de partidos políticos de oposición.

Gobernador Núñez ‘ignora’ del Grupo Cancún en Tabasco

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POR BASILIO ARÉVALO

El gobernador (perredista) de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, conoce de versiones relativas a la existencia de un Grupo Cancún conformado por borgistas que opera políticamente en el municipio tabasqueño de Centro, pero “nada más allá de la rumorología”, declaró durante la entrevista en el marco del Primer Informe de su homólogo de Quintana Roo Carlos Joaquín González.

Centro es el municipio que concentra los tres Poderes del Estado y donde se asienta Villahermosa, la capital. Allí es gobierno el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que entronó bandera electoral con Gerardo Gaudiano Rovirosa, de 36 años, nieto del ex gobernador (priista) Leandro Rovirosa Wade y ex Secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno Federal. El proyecto político, es corillo a voces, es que lo conviertan Gobernador. Todo un ejemplo claro de la evolución de clanes… para perpetuarse en el poder.

Se le preguntó a Arturo Núñez Jiménez sobre la posible residencia en Tabasco de ex funcionarios de Quintana Roo y sus cómplices, particularmente de empresarios tabasqueños que fueron favoritos durante la administración del hoy preso de Panamá, Roberto Borge Angulo, quien se hizo “amigo” de Núñez por ser el facilitador de millonario presupuesto para Asuntos Migratorios de la Frontera Sur vía la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

Arturo Núñez Jiménez tuvo larga trayectoria como priista y se enemistó con este partido cuando fue desechado, en una primera vuelta para la gubernatura de Tabasco. Esa candidatura se la dieron a Manuel Andrade Díaz, ex gobernador que antes fue su ex secretario particular y pupilo en política. Andrade, al concluir su mandato y en continuidad a la institucionalidad tricolor se convirtió en súper asesor de gobernadores, ostentándose como comisionado político nacional del PRI. Manuel Andrade fue el gurú de Roberto Borge en los dos procesos electorales en Quintana Roo, uno triunfal y otro desastroso en los que fluyeron caudales públicos: cuando Borge ganó la gubernatura y la de Mauricio Góngora Escalante, cuando la perdió frente a Carlos Joaquín. Se sabe que Andrade también envió recomendados al gobierno borgista, entre ellos a Mauricio Collado Palacios, el fotógrafo personal del preso en Panamá, quien se presentó durante el quinquenio como “asesor de campañas políticas”.

Arturo Núñez Jiménez es gobernador de Tabasco desde el 31 de diciembre de 2012 y concluirá su mandato en 2018. Renunciando al PRI tejió la agrupación política “José María Pino Suárez” que, ofertada al Movimiento Progresista por Tabasco (PRD-PT-MC), le cedió la candidatura para ganar la elección de 2012 con 547 mil 663 votos. En esa misma coalición, plagada de priistas de años y enemigos de horas le tocó “la rifa del tigre” a un insospechado candidato que ganó la Presidencia municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, con 159 mil 874 sufragios. Este gris personaje –nadie apostó a que ganaría– fue un postulante emergente mientras Gerardo Gaudiano, el nieto del ex gobernador del PRI, Leandro Rovirosa Wade, concluía sus estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la misma institución donde conoció a Roberto Borge Angulo, EXATEC Generación 2001.

El pasado 9 de septiembre de 2017, el reportero cuestionó fríamente al mandatario tabasqueño sobre la existencia de este grupo político, el Grupo Cancún, en el que supuestamente está incluido el contratista consentido de Roberto Borge: Edgar Méndez Montoya y otros operadores del gobierno anterior.

El gobernador perredista afirmó que ha oído versiones de ello “pero no tengo datos fidedignos de la situación”. Admitió que Tabasco y Quintana Roo han sufrido un aumento en la incidencia de ciertos delitos que es discutida en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presidida por el perredista Miguel Ángel Mancera López.

“En nuestro caso se trasladó la crisis social que significó la hecatombe del declive petrolero. Esto incluyó el cierre de ductos, que ha desplazado a quienes se dedicaban a la ordeña de estos, a otros tipos de delitos. Tabasco también tiene una ubicación estratégica en las rutas de trasiego de migrantes y de droga, lo que la vuelve especialmente vulnerable”, remarcó.

SE ACABARON EL EDÉN

El 12 de mayo de 2012, poco antes de las elecciones, siendo candidato del Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez declaró a un medio quintanarroense que esa entidad ya no es un edén. Se refirió al espejismo que la industria turística de Quintana Roo –como paraíso del Caribe– atrae a tabasqueños para cambiar su residencia o empresas, pero evadió todos los cuestionamientos políticos que tuvieran que ver con el canibalismo perredista, el enquistamiento y franquicia de un dirigente petista en Quintana Roo, la mansedumbre de Movimiento Ciudadano en cada elección y, por supuesto, los clanes criminales o lucrativos con dinero público.

Dos meses antes, en febrero de 2012, en Cancún Roberto Borge Angulo atestiguó la toma de protesta de los EXATEC Quintana Roo. Los definió como “aliados de nuestras políticas públicas en rubros estratégicos, como el económico, social y educativo”. Destacó que a la fecha eran siete gobernadores EXATEC en el país, ya sea vía maestrías o directamente de los campus. “Nuestra esencia es las redes de negocios, aportando experiencia, habilidades, capital, negocios, prestigio”, abundó. Testigo presencial y como miembro integrante de los EXATEC estuvo presente el joven, pero rapaz empresario tabasqueño Edgar Méndez Montoya, hijo de un ex funcionario de esa entidad durante los gobiernos de Manuel Gurría Ordóñez y Salvador Neme (+)

Tras los comicios del 5 de junio de 2016, cuando el PRI-Verde y Mauricio Góngora Escalante perdieron el poder político de Quintana Roo, el EXATEC Roberto Borge “dibujó” a su estilo su futuro inmediato. Soslayó el reclamo de justicia social y empezó a trazar la retirada “digna” de sus afines y cómplices en el descomunal saqueo a las arcas públicas.

Derivado del escándalo público en el que sumió a su familia y tras su inminente aprehensión para enfrentar cargos ante la justicia, el panorama del “Capi” Borge, como le llama el aún diputado federal del PRI, José Luis Toledo Medina, se desdibujó. A partir de ese momento, uno de los contratistas favoritos de Borge, el tabasqueño Edgar Méndez Montoya supo que ‘El cuerno de la abundancia’ se había agotado. De la misma edad que tiene Borge, Edgar que fue el ganón con los contratos millonarios de obra pública en Quintana Roo y cómplice del desfalco cometido por Borge, buscó otro filón para amasar fortuna mediante el presupuesto del municipio de Centro, Tabasco, su estado natal. Salió de Quintana Roo para encontrar el apoyo del presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano, hermano de su otro cómplice: Germán Cristóbal Gaudiano, quien aparece en la investigación que la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo documenta en el expediente para ejercer acción penal.

Ha trascendido la existencia del Grupo Cancún operando en el municipio de Centro. Sus afines también lo nombran “Los piratas del Caribe” y aseguran que está conformado por Edgar Méndez Montoya, Germán Cristóbal Gaudiano y Edgar Díaz Martínez-Macías, quienes además de ser beneficiados con la fraudulenta compra de terrenos subvaluados del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) de Quintana Roo, modificaron las tablas catastrales vía la empresa CYDEN Consultores, dedicada a la aerofotografía y datos geográficos propiedad de Alberto Silvestre Oriza Barrios, ex director del Catastro del Ayuntamiento de Benito Juárez durante el gobierno de Gregorio “Greg” Sánchez Martínez. Fueron acusados de desviar hasta 14 millones de pesos. Diarios. Según la investigación, el fraude consistió en ofrecer descuentos en el pago del impuesto predial a través de las modificaciones de tablas catastrales con su software geográfico. Actualmente, Oriza Barrios tiene una empresa con idénticas funciones, “Geo Informática Mexicana”, con oficinas en avenida Palenque de la ciudad de Cancún, pero es la misma que recién contrató el Ayuntamiento de Centro, Tabasco, para crear una ventanilla única, además de ayudar con software geográfico. Así, sin más, están replicando el esquema fraudulento utilizado en Quintana Roo.

Cristóbal Gaudiano, socio de Edgar Méndez y hermano del presidente municipal perredista de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano, es el responsable de armar los procesos de licitación, concursando con empresas fachada para garantizar que la única real fuera la ganadora de la obra. Ocasionalmente participaron en licitaciones donde sabían que no iban a ganar, sólo para cuidarse, haciendo notar que no siempre ganaron los concursos.

Recién se exhibió en Tabasco, que las empresas Infralux, Traffic Light, así como Ramírez y García son proveedores de gobierno “fantasmas”. Apócrifos. Pero son las empresas consentidas de Gerardo y Germán Cristóbal Gaudiano Rovirosa.

NÚÑEZ Y BORGE, PRIMER ENCUENTRO

En noviembre de 2012, en el cobijo agónico de un sexenio federal que concluyó el PAN con 101 mil homicidios (el doble de las bajas militares en Vietnam); el domingo 11 de noviembre, el priísta Andrés Granier Melo presentó su último Informe de Gobierno a los tabasqueños. Al acto, asistió el abolengo regional del tricolor, representados por los gobernadores de este instituto político, entre ellos, el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. La nota fue escueta en los medios de información en esta entidad. ¿Por qué? Aparecía en tercera fila el gobernador electo, perredista, Arturo Núñez Jiménez. Trascendió aquí una conveniencia: la salvedad de que habiendo tanto tabasqueño en suelo quintanarroense, lo mejor era aupar el dicho de López Obrador, para “no alborotar el avispero”, luego de la escalada de cuestionamientos hacia El Químico, alentados en la recta final de su mandato.

Hasta enero de 2011, según datos consignados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) que se realiza con  tutela del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi); Tabasco dejó de ser “importador” de gente de otras entidades y se convirtió en “exportador” sobretodo por un contexto expulsivo de sus propios habitantes a raíz de  cíclicas inundaciones. Si bien es cierto, que a Quintana Roo han llegado tabasqueños durante años atrás, lo cierto es que el fenómeno aumentó durante los gobiernos de Andrés Granier y su antecesor, Manuel Andrade, al que no pocos empresarios en Tabasco recuerdan por la deshonra que le llevó a triunfar en 2000 contra Arturo Núñez Jiménez, hoy gobernador electo bajo avasallante simpatía de perredistas, y priístas resentidos, y naturalmente ciudadanos que lo favorecieron en los comicios.

De acuerdo a los números, se interpreta que durante el gobierno de Granier por lo menos 300 mil tabasqueños vivían fuera del estado, aunado a las condiciones de desempleo e inseguridad. Muchos se arroparon en Quintana Roo para asentarse y empezar de nuevo en destinos de sol y playa, como Cancún, Playa del Carmen e incluso en Tulum y Chetumal.

La emigración de chocos, que es clara en Cancún, por ejemplo, demostró que la gente más valiosa, profesionistas y jóvenes que mucho podrían y desearían dar por su estado natal, surgió producto de un gobierno ineficiente y corrupto que, según la Enoe generó 66 mil 593 desempleados, poco más del doble que en 2006. Pero, ni de esto, ni del Grupo Cancún en Tabasco, sabe –solo de oídas—hoy el gobernador Arturo Núñez.

 

 

 

Carlos Mimenza, el aliado de Roberto Borge

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POR BASILIO ARÉVALO.-

El 5 de enero de 2017, siendo aún un desconocido empresario, Carlos Antonio Mimenza Novelo “solicitó” a la abogada que preside la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda, retirar la denuncia interpuesta en contra de uno de los presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, recluido actualmente en Panamá.

Mimenza advirtió a la activista ciudadana que, de no hacerlo, Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora yucateca (PRI) Dulce María Sauri Riancho, interpondría una demanda en su contra, objetivo para el cual ya contaba con “la asesoría de un despacho de abogados con honorarios de 500 mil dólares”.

El 29 de julio pasado, al término del foro sobre la trata de personas celebrado en Cancún, la ex diputada federal de Quintana Roo por el Partido Acción Nacional (PAN) Yolanda Garmendia Hernández, se dirigió hacia la senadora Adriana Dávila para resumirle “quién es ese Carlos Mimenza”. Dijo: “Es un empresario, millonario; vive en Playa del Carmen, dicen allá que duerme mucho, pero cuando se levanta entra en un trance, fases de distorsión de la personalidad que lo llevan a grabar videos o hasta cometer acciones de impulso, disparates como ese de irse hasta Ciudad del Vaticano ¡a denunciar, según él, a todo mundo!. Recién se proclamó líder de los autodefensas de Quintana Roo. Yo no entiendo… ¿Qué fines persigue? No lo sé, pero es una persona que ha estado ligada a Roberto Borge, a Félix González. Todo mundo allí en Playa del Carmen conoce esos vínculos”.

El propio Mimenza, en un mensaje de texto de su cuenta personal en la red social de Facebook señala: “tengo 17 años comprando y vendiendo terrenos, las fechas de adquisición son diversas. Tengo más propiedades de las que mencionan, faltaron las de mis sociedades”.

En Playa del Carmen, ciudad donde reside Mimenza es conocido que el mejor momento para inflamar sus cuentas bancarias fue justo durante los gobiernos priistas. Se sabe que posee más de 50 propiedades en la Riviera Maya y parte de su fortuna creció con proyectos privados en los municipios de Benito Juárez y Cancún que administraciones priistas le concedieron, allanaron o facilitaron.

Lo cierto es que la demanda de la asociación civil Somos Tus Ojos consigna que Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora amiga de Roberto Borge Angulo, es un prestanombre del ex gobernador de Quintana Roo, en espera de ser extraditado a México. Roberto Borge además de desprestigiar a su linaje político y familiar es el artífice-protagonista del más ofensivo y vergonzoso período gubernamental en la historia del estado.

La demanda de la ONG vincula a Luis Alberto Sierra Sauri como socio en el hotel que inicialmente se llamaría “The Westin Cozumel”, operación en la que también intervienen otros vinculados en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y uno de los 84 funcionarios de Roberto Borge contra quien se ha solicitado la ficha roja de la Policía Internacional (INTERPOL) para ubicarlos y presentarlos para la respuesta a los cargos: Edgar Méndez Montoya, constructor tabasqueño y compañero de estudios de Roberto Borge Angulo en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Sierra Sauri, Méndez Montoya y Germán Garduza Linares constituyeron el 10 de noviembre de 2011 la Desarrolladora ALME del Mar Caribe, S.A. de C.V., sociedad coparticipante de la firma corporativa Isla Cabañas, S.A. de C.V., la cual compró y construyó el hotel en Cozumel, isla natal de Roberto Borge Angulo.

A ese Luis Alberto Sierra Sauri. A esa demoníaca sociedad para medrar con millones de pesos del dinero público durante el quinquenio de Roberto Borge, fue la que Carlos Mimenza Novelo se presentó a defender.

Luis Alberto Sierra Sauri (hermano de Dulce María y Luis Vicente, los otros dos hijos que la ex gobernadora tuvo con el sociólogo José Luis Sierra Villareal) se asoció con otros rapaces empresarios yucatecos para adquirir a precios subvaluados los terrenos del patrimonio quintanarroense y construir desarrollos inmobiliarios. Luis Alberto aparece en las indagatorias y expedientes de la Secretaría de la Contraloría estatal a cargo de Rafael del Pozo Dergal, como uno de los primeros y principales beneficiarios de predios del patrimonio quintanarroense durante el sexenio priista de Félix González Canto. Este período coincide con las abundantes ganancias para el empresario Carlos Mimenza Novelo. De acuerdo al expediente, se conoció de la complicidad de otros socios como Rodrigo Montalvo Vales y Eloy Cáceres Wejebe, adquirientes de un predio de 94 mil metros cuadrados que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) entregó el 23 de noviembre d e2007 a Inversiones y Desarrollos S.A. de C.V. por ocho millones 490 mil pesos, y sobre el cual el 16 de enero de 2012, BBVA Bancomer otorgó un crédito por 62 millones 539 mil 400 pesos a Desarrollos SIMCA, S.A. de C.V. quedando en garantía el predio de 94 mil metros cuadrados, y como garantes hipotecarios Inversiones y Desarrollos, S.A. de C.V. representada por Eloy José Cáceres Weljeb, hijo de Eloy Cáceres Delgado y Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Jorge Montalvo Ferráez; el deudor solidario fue Luis Alberto Sierra Sauri, el defendido de Carlos Mimenza Novelo.

De acuerdo con el expediente el terreno de 94 mil metros cuadrados con el que se beneficiaron los yucatecos “emprendedores” durante el quinquenio de Roberto Borge está ubicado sobre la avenida Chemuyil entre la Tecnológico y Mayapan, ciudad Playa del Carmen municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y sobre éste predio se construyó el fraccionamiento Real del Sol.

El común denominador de los beneficiarios con el remate de superficies del patrimonio territorial de Quintana Roo es que éstos no sólo compraban “a precios de oportunidad”, sino que contaban con información sobre el desarrollo y trazo urbano de la ciudad, en este caso Playa del Carmen, la ubicación de avenidas principales y el próximo crecimiento. Otra sociedad que conformaron es la Operadora Wok to Walk S.A. de C.V. en la que se inscriben Luis Alberto Sierra Sauri, Eloy Cáceres Wejebe, Rodrigo Montalvo Vales y José Eduardo Medina García. Durante el quinquenio borgista conformaron también la firma Cooperativa Inmobiliaria Monca, S.C. de R.L. de C.V. en la que aparece como socio anexo un hermano de la gobernadora yucateca: Alberto Sauri Riancho.

Expedientes de la Contraloría estatal ubican a Carlos Antonio Mimenza Novelo como propietario de las siguientes empresas:

FEDE Construcciones S.A. de C.V., constituida en Mérida, Yucatán, con fe de la Notaría Pública 59, el 28 de marzo de 2011 –durante el quinquenio borgista–. A esta sociedad mercantil Mimenza unió la firma Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. que es uno de los mayores vínculos entre los yucatecos amigos de Luis Sierra Sauri, vínculo por el que se les conoció en Playa del Carmen como “la casta divina”.

Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. se constituyó el 23 de febrero de 1999 ante la Notaría Pública número 69 de Mérida, Yucatán, con tres socios: Carlos Antonio Vales Ochoa, Hispanoamericana de Inversiones, S.A. de C.V. y Muebles e Inmuebles Corporativos, S.A. de C.V.

Pero es el caso que Muebles e Inmuebles Corporativos, S.A. de C.V. está integrada por Luis Alberto Montalvo Ferráez; su esposa, Martha Elena Millet Molina, Graciela Claudina Vales Cámara (esposa de Jorge Montalvo Ferráez) y Raúl Montalvo Escamilla. Carlos Antonio Vales Ochoa es familiar de Graciela Claudina Vales y fue quien representó al grupo de empresarios inmobiliarios en el proceso judicial en torno al hotel Coco Beach, en Playa del Carmen.

Hispanoamericana de Inversiones, S.A. de C.V. está integrada por el español Luis Lucas Fernández Alonso y la empresa Pacific Euity Holdings LTD, representada por Fernández Alonso.

FAVORITA DE GOBIERNOS

En 2011, la firma Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. se asoció con Carlos Mimenza Novelo a través de FEDE Construcciones, S.A. de C.V. Durante el sexenio anterior al período gubernamental desastroso de Roberto Borge, recibió uno de los predios de mayor plusvalía en la ciudad de Playa del Carmen. Un negocio inmobiliario donde contó con el favoritismo y facilidades del gobierno de Félix González Canto patrocinando empresarios inmobiliarios cuyos negocios sobresalieron durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cita el Folio Registral 44746 fechado el 16 de mayo de 2006 que el IPAE, estando al frente Francisco Garibay (facilitador de Joaquín Hendricks Díaz) vendió a Inversiones Turísticas Anglomexicanas, S.A. de C.V. un predio de nueve mil 288 metros cuadrados ubicado en el corazón financiero y turístico de Playa del Carmen, entre las calles 15 y 20 por un valor de siete millones 895 mil 165 pesos, pero más barato del valor catastral fijado en nueve millones 288 mil 370 pesos, exentándose adicionalmente un pago por derechos de inscripción.

El 16 de junio de 2006, un mes después de que el IPAE entregó el lote turístico a Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas, S.A. de C.V. representada por Eloy José Cáceres Delgado, esta compañía comercializó el terreno a Tenth Avenue Holdings, S.A. de C.V., propiedad de Marcos Shamosh Levy, a un precio de 44 millones 971 mil 610 pesos.

A sociedades voraces como estas son por las que en enero fue a “abogar” Mimenza ante la valiente A.C. Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo. Presuntuoso, de cabo a rabo recién subió en sus redes la constancia para la tramitación de un título universitario como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán.

No más borguismo en Q. Roo

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POR BASILIO ARÉVALO.-

Este miércoles 30 de agosto se cumplen tres años de que el gobierno (priista) de Roberto Borge Angulo orquestó la detención arbitraria e injusta al periodista Pedro Canché Herrera, acusándolo de sabotaje en Quintana Roo.

Tan lamentable condición ubicó a Canché como el preso político número uno del gobierno quintanarroense dominado por el autoritarismo de Roberto Borge, que pese a pasar tres años convenciendo a Enrique Peña Nieto de un supuesto triunfo electoral frente a Andrés Manuel López Obrador, proyectaba sinfín de situaciones que hoy son el alud de su desgracia… y la que le espera a su regreso de Panamá donde está preso y significa la vergüenza del clan cozumeleño.

En su momento, Canché Herrera, también activista maya, retó al séptimo titular del Poder Ejecutivo del Estado a un debate, propuesta que fue rechazada y en contraparte, se maquinó todo un plan para defenestrar su imagen e integridad como padre de familia, propietario de un negocio en la industria extractiva y comercializadora de la madera con registro de marca,  pero sobretodo conocido en su natal Felipe Carrillo Puerto por su férrea convicción de valores y dignidad humana.

Tan vergonzosa tarea tuvo como alfiles al entonces Secretario de Gobierno, Gabriel Mendicutti (hoy zar de la industria de la masa y la tortilla) y el vocero del Gobierno del Estado, Rangel Rosado Ruiz, recientemente impulsor de un medio de información digital, aprendiz de empresario gastronómico y extraño camaleón en su imagen personal. Rangel Rosado, “El vocerito” le nombró Pedro Canché, padece hoy el síndrome de la ostra, particularmente ante la descarga de exhibiciones sobre el desfalco y saqueo del dinero público cometido por Roberto Borge, y la descarga de obuses que lentos, pero se suceden también en contra de su anterior patrón, Félix González Canto, sexenio en el que Rangel Rosado ocupó la Dirección de Información teniendo como jefe inmediato al teapaneco Jorge Acevedo Marín. Aquí, en Chetumal, capital del estado, los anteriores replicantes de los boletines oficiales guardan hermetismo sobre este personaje, seguros de deberle favores por la manutención que con dinero de los quintanarroenses se hizo del periodismo que autorizó Roberto Borge. Tarea prioritaria también tuvo el anterior presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, que como titular del Poder Judicial del Estado se encargó de perfilar el expediente que dolosamente pretendía hundir a Canché.

El 27 de abril de 2017, el gobierno de Carlos Joaquín González, emanado de una coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN) que propalan haber vuelto gobernador al también integrante del Grupo Cozumel; ofreció una disculpa pública a Pedro Canché a través del protocolo que se sigue vía la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por el abogado y maestro en Derecho Miguel Ángel Pech Cen.

Lo ocurrido a Pedro Canché es también un aviso de no más borguismo en Quintana Roo. Debiera ser también una decente invitación a evitar la rapacidad que, a propósito de exhibir a los culpables del borguismo y al mismo Borge se habrían de escudar para cometer ilícitos con el dinero público. No más borguismo en Quintana Roo, señalan seguidores de Pedro Canché en sus redes sociales. Esa oración tiene una mayor contundencia si al contextualizarla se tiene toda una montaña de voraces empresarios coludidos en política que hicieron negocios con Borge y pretenden perpetuar ese dinero mal habido en el gobierno de Carlos Joaquín.

En redes sociales de Pedro, también hay quienes echan mano de los adagios populares: “Con la vara que midas serás medido”. “Sí se pudo”. “El que aquí la hace aquí la paga”. “Se hizo justicia divina”. Para Pedro Canché las respuestas son secuenciales, con valor y decisión las cosas se logran y 223 mil quintanarroenses lograron lo que se creía imposible, desterrar al PRI de la silla de Chetumal. A seguir en el combate, responde Canché. Seguiremos en el combate, luchando para que no exista más impunidad.

Reingeniería administrativa, la infamia del borguismo

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POR BASILIO ARÉVALO.- El 2 de octubre de 2013, con la puesta en vigor del Decreto 306, el quinquenio de Roberto Borge Angulo inició la “reingeniería administrativa” cuyo objetivo toral fue echar a la calle a por lo menos mil 600 burócratas de los 16 mil que conformaban (en esa fecha) la administración de gobierno en Quintana Roo.

Dos meses antes, en agosto de ese año, el ex gobernador había anunciado que reduciría su salario, cosa que no hizo; en contraparte, lo que en el cinismo de su conducta política calificó como una “dura decisión”, provocó que para 2014 se registraran suicidios de personas por los despidos, aumento de enfermedades mentales, con altos índices de depresión y estrés, así como la pérdida patrimonial entre los más de dos mil 500 quintanarroenses que finalmente fueron despedidos, de los cuales algunos recurrieron al Poder Legislativo del Estado para ser reubicados porque habían casos de ex empleados que estaban a punto de llegar a la jubilación que por ley les correspondía.

De ese numeroso grupo de ciudadanos que fueron burócratas de toda la vida, 37 que laboraban en dependencias del Poder Ejecutivo durante el inicio de la recta final del borguismo, en nombre de sus demás compañeros acudieron ante los diputados del Congreso local para pedir apoyo a fin de que fueran reinstalados porque en muchos casos, por su edad, no habían obtenido otro trabajo, e incluso, argumentaron que con su experiencia podían apoyar al nuevo gobierno.

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría fue uno de los primeros responsables de consecuentar la infamia del borguismo. El autor de cínicas expresiones como “¡Félix no engañó a nadie!”, en referencia a las torvas estrategias políticas de su anterior patrón, Félix González Canto, gobernador de Quintana Roo antes que Roberto Borge, dijo que la reingeniería incluiría el despido del 8% de los 16 mil burócratas, “no más”, señalaba al reconocer que el gasto del gobierno era superior a los ingresos.

En julio de 2013, siendo diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Yolanda Garmendía Hernández denunció que entre 2005 y 2012 –los gobiernos de Félix González y Roberto Borge– se habían creado 12 nuevos órganos de gobierno que hacían mucho más gruesa e ineficiente la administración estatal, ya que le costaban al gobierno 600 millones de pesos adicionales en gasto operacional, declaró.

La esposa del ese entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Salvador Arizmendi, subrayó que los órganos de gobierno saturados eran: Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, la Unidad Especializada en Conservación de Playas y Sistemas Costeros; Secretaría de Cultura, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, Secretaría del Desarrollo Social, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y la Procuraduría de Protección al Ambiente.

El 13 de agosto, el gobierno de Borge precisó que entre los órganos a desaparecer o fusionar estaban en la lista el Instituto de Fomento a la Vivienda del Estado (INFOVIR) que por mucho tiempo encabezó el porro Paul Carrillo de Cáceres, ex edil de Cancún y ex diputado local. El Consejo Estatal de Población, donde se empleó al hermano de Raymundo King de la Rosa, ex diputado federal y dirigente actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la Comisión de Energía, la Comisión de Mejora Regulatoria, el Instituto Forestal de Quintana Roo, la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas, el Consejo de Planeación del Desarrollo estatal y el Fondo para el Desarrollo Económico.

El despido masivo, acción impregnada de soberbia, insensibilidad e infamia de Borge Angulo inició con correr a 400 empleados del INFOVIR; luego, otros 400 de la Secretaría de Cultura, donde estaba empleada la hoy diputada federal priista Arlet Mólgora Glover, que tampoco hizo por defender el patrimonio de los quintanarroenses que le dieron su voto, por el contrario, los humillaron incluso impidiéndoles el acceso a su centro de trabajo. Nótese: de una plantilla laboral de 546 trabajadores, sólo 100 conservaron el empleo y fueron reubicados dentro de lo que fue la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), la mayoría eran empleados sindicalizados.

La reingeniería administrativa fundamentalmente fue la desaparición de entidades públicas y el despido masivo de burócratas. Para muchos de los quintanarroenses, sobre todo para los que fueron cesados de la administración estatal no hubo ninguna justificación para racionalizar el gasto o profesionalizar el servicio público. Por el contrario, se trato de un intento de exprimir las arcas del estado para el dispendio de los favoritos, para la dilapidación del dinero público a manos de un grupo de borguistas que ofendieron y lastimaron a la ciudadanía, que pagó con el castigo en las urnas y generó por vez primera la alternancia política en la entidad.

MENDICUTI Y PAUL

Las quejas por las supuestas liquidaciones de ley que el Gobierno de Borge daría a los burócratas sucedieron en cascada. Decenas de empleados despedidos del gobierno denunciaron que tras 20 años de servicio les ofrecían liquidar con 75 mil pesos, cuando por ley correspondía más de 180 mil pesos.

Pero la reingeniería administrativa de Borge también incluyó reducir el 25% del salario del gobernador y funcionarios de la primera línea del gabinete, cosa que mucho se dijo no sucedió. Con la medida, Borge dijo que se ahorrarían 400 millones de pesos por año, 200 millones de pesos por fusión de dependencias y 188.6 millones de pesos por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales. De todas estas acciones, el entonces secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría eludió toas y cada una, aduciendo que era una medida urgente que estaba aplicándose en todo el país.

Por su parte, Paul Carrillo de Cáceres, como presidente municipal de Benito Juárez donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, siguiendo las órdenes de su jefe, Roberto Borge, echó a la calle a 700 burócratas. Llamó la atención que la mayoría fueron empleados que no pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, instituto político al que pertenece Paul Carrillo. Incluso, el grupo de despedidos exigió que se revisaran los directorios de las dependencias municipales y se acudiera a constatar en los eventos públicos quiénes eran los que aparecían o llegaban a dichos eventos.

CHARITO ORTIZ YELADAQUI

La chetumaleña Rosario Ortiz Yeladaqui, perteneciente a la vieja escuela y amplia conocedora de las prácticas de la clase política, fungió como Oficial Mayor de Gobierno de Quintana Roo y ha vivido minimizando los reclamos que aún realizan más de mil personas que se desempeñaron en la burocracia, mujeres y hombres que fueron despedidos por la llamada “reingeniería administrativa” que impuso el hoy recluso Roberto Borge Angulo.

La también favorita del sexenio del ex gobernador Félix González ha dicho que está dispuesta a pagar el costo político de lo que denominó ajustes presupuestales al liquidar a miles de personas que, en sus propias palabras, calificó como “no son indispensables en la administración”.

Charito, como le llaman, goza de una holgada situación económica que le ha permitido señalar tal expresión. Sin embargo, en este “ajuste presupuestal” no consideró nunca a sus hermanos a quienes los chetumaleños han conocido siempre como “aviadores”. Trascendió que en esa lista de desempleados nunca figuró su hermano Rubén “Memin” Ortiz Yeladaqui, identificado por no pararse nunca en dependencia alguna para trabajar, a sabiendas que su negocio principal son la instalación y operación de bares con el respaldo de Charito. En el colmo del cinismo, el Gobierno del Estado lo premió con un reconocimiento por 20 años al servicio de la administración pública, cobrando un estímulo económico por 35 mil pesos.

En la lista de “gente no indispensable a la administración” tampoco apareció su hermana Neria Ortiz Yeladaqui, con sueldo de Subdirectora en la Secretaría de Cultura. Cuando Nora Jiménez de León fue directora administrativa del Instituto Quintanarroense de Cultura (IQC), Neria fue despedida por fraude y recibió una ofensiva liquidación, pero arropada por su hermana Rosario fue reinscrita en una lista de cobradores sin trabajar en la misma dependencia, respetándose su antigüedad como si el hecho no se hubiera registrado.

Ha trascendido que hay más familiares de Charito en la nómina estatal, en diversas dependencias. Rosario tiene más de dos décadas gozando de las comodidades que provee el erario público. Fue presidenta municipal de Othón P. Blanco de 1990 a 1993. Diputada local por el Distrito I de la Décima Legislatura del Congreso de 2002 a 2005. Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), directora del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) cargo que ocupó hasta 2006 cuando Félix González la nombró secretaria de Gobierno estatal. También fue diputada federal por el Distrito II de Quintana Roo y oficial mayor del Gobierno del Estado incluso en el quinquenio de Roberto Borge Angulo, cargo en el que demostró inoperancia y sumisión.

Recientemente, en julio de 2017, fue vinculada como la responsable directa de la autorización de un contrato millonario para asignar miles de mochilas de útiles y paquetes escolares a siete mil trabajadores del Gobierno del Estado en 2015 y 2014.

Los impunes del borguismo que no están (ni estarán) en lista de la PGR

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POR BASILIO ARÉVALO

Durante el quinquenio de su administración, Roberto Borge Angulo maquinó una red mafiosa conformada por personajes heredados de su antecesor Félix González Canto y los afines a su voraz y cíclico empeño de saquear Quintana Roo para inflamar sus cuentas bancarias y patrimonios personales construidos con dinero público.

La lista de esta gavilla ha sido publicada y replicada por diversos medios, de acuerdo con las primeras auditorías realizadas por la Secretaría de la Contraloría estatal a cargo de Rafael del Pozo Dergal y las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR). Figuran 17 nombres de funcionarias y funcionarios durante el borguismo y el felixismo. Y, aunque a esta lista podrían integrarse más nombres, ya que faltan las revisiones de las auditorías 2015-2016 que enviará la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), se pueden escapar algunos personajes que la opinión pública considera los impunes del borguismo, particularmente porque su función fue la de consecuentar acciones ilícitas que ya tenían nombre, apellido y firma.

EL INGENIERO

Víctor Alcérreca Sánchez, director del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQYCT) y responsable de la millonaria asignación de dinero público para conformar la Red de Planetarios en Quintana Roo, un emblemático (pero frustrado) proyecto de Roberto Borge, fue exhibido apenas en marzo de este año por figurar en la lista de 14 jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que cobran entre 238 mil y 362 mil pesos al mes, según recibos de nómina. Tan ofensiva prestación fue calificada por expertos como los jubilados más privilegiados del mundo. Entre esos 14 jubilados suman más de 2 millones de pesos al año, lo que supera el ingreso anual bruto de los Senadores de la República. Según el informe, Víctor Alcérreca Sánchez se jubiló en los 90 como director del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) con 248 mil 7 pesos mensuales. Al año cobra 2 millones 976 mil 84 pesos.

Víctor Alcérreca es el suegro de otro no menos corrupto, Juan Carlos González, primo de Félix González Canto; ex presidente municipal de Cozumel, ex secretario de Turismo estatal con Roberto Borge Angulo y delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Alcérreca fue diputado federal pero su paso por San Lázaro fue sin resultados. Lo notable de su “labor” legistativa fue pelear para querer ser candidato a senador, sólo que su esfuerzo no resistió la embestida ganadora de Pedro Joaquín Coldwell.

Después, al quedarse desempleado, Alcérreca regresó a Quintana roo y se colocó como secretario estatal de Desarrollo Económico, puesto desde el que se enemistó con empresarios de las zonas norte y sur del estado, e hizo evidente su desconocimiento de las políticas económicas lo que provocó que en reiteradas ocasiones los empresarios hablaran a González Canto para pedirle destituir a Víctor Alcérreca. La petición se materializó y lo nombraron secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena debido a que había que pagar la factura a su padrino, Joaquín Hendricks Díaz, pese al rechazo de productores pecuarios y agrícolas de la entidad, pues el ingeniero petroquímico llegó sin conocer qué hacer en el campo quintanarroense. Y se enemistó con el sector productivo. Empezó a ser señalado de corrupción al hacer negocios al margen de la dependencia estatal, lo que provocó manifestaciones de campesinos a lo largo y ancho del estado.

Por esa razón lo cambiaron a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) en donde nuevamente “vegetó” porque más que logros fueron escándalos convirtiéndose en un claro ejemplo del funcionario que debía jubilarse para ir a casa, cuando su mente y su edad no dan ya para responder con las exigencias de la función pública (Continuará…)

Rafa Márquez, el amigo de Beto Borge

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La fotografía donde posterior a festejar el gol de Márquez, el astro del balompié lo saludaría personalmente.

Por Basilio Arévalo

La fotografía del 11 de junio de 2010 es elocuente. Se trata de la celebración del gol de Rafael Márquez por parte de Roberto Borge Angulo y varios de sus allegados que, al ritmo de pleitesía y jolgorio provocado por el triunfo de la selección mexicana, se multiplicó en alabanzas cuando el capitán del fútbol mexicano, hoy investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica, dedicó un saludo especial al ex mandatario preso ahora en Panamá y en espera de que proceda su extradición a México para ser juzgado por cargos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).

Ese junio de 2010 faltaban 10 meses para que Roberto Borge asumiera como el séptimo gobernador de Quintana Roo. El video disponible en el link https://www.youtube.com/watch?v=X1qQ-JCIns0 muestra el júbilo del candidato del PRI, ataviado con la casaca de la Selección Mexicana de Fútbol ovacionando el gol de Rafael Márquez. El equipo de prensa de precampaña y campaña organizaron un video empalmado en el que al final se ve al ariete mexicano de fama mundial dirigiendo un saludo personal a su “amigo” Roberto Borge.

Aparecen en primer cuadro, junto a Borge, Agapito Magaña Sánchez, ex presidente municipal de Isla Mujeres; Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante de la Comisión de Justicia en la XIV Legislatura que debió haber admitido la solicitud de Juicio Político presentada por organización civil en contra de Roberto Borge Angulo, y el actual titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo.

Entre ex colaboradores ha trascendido que las visitas personales de Rafa Márquez a su “amigo” Roberto Borge ocurrieron con mucho sigilo, fuera de las presentaciones que el astro del balompié hizo en Quintana Roo, particularmente en etapa de entrenamientos, e incluso, para alzar desde este estado la voz por la dignidad de los futbolistas al crear una asociación ex profeso. Insiste la gente allegada al gabinete de Roberto Borge que éste proporcionó varias veces un avión particular al ariete para los encuentros entre ambos.

De resultar cierta la avezada y generosa acción de Roberto Borge, habría ocurrido en momentos en que la pobreza del estado se multiplicaba por la deuda que heredaba Félix González Canto a la salida de su sexenio.

Consigna la portada del diario nacional Uno Más Uno en su edición 13974 del miércoles 3 de agosto de 2016: “… El gobernador saqueaba a manos llenas haciendo alarde de excentricidades como la adquisición de una aeronave para uso personal valuada en 80 millones de pesos; además de derrochar 800 millones de pesos en comidas y regalos y comprar las acciones de una aerolínea a la que pagó carretadas de dinero”. En su interior, el rotativo poblano sostiene que esta aeronave era la utilizada por Roberto Borge de manera muy personal, al grado de facilitarla a amistades muy allegadas.

Paradójico lo que ocurre otro miércoles, del mismo mes de agosto, pero de este año 2017. Este 9 de agosto, Estados Unidos vincula a Rafael Márquez con una red de blanqueo de capitales para la red de narcotráfico mexicano comandada por Raúl Flores Hernández.

En tal vinculación señalan a una asociación civil y otros siete negocios del futbolista mexicano que están en la mira de la Fiscalía norteamericana por su presunta relación con la red de blanqueo de capitales a nivel internacional.

Márquez es señalado de ser un prestanombres de este capo vinculado a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, por lo que sus bienes en Estados Unidos ya fueron congelados y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con él.

De acuerdo con la investigación documental realizada por el Grupo Expansión, hay dos personas vinculadas con el futbolista: Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, también fueron relacionadas con estas operaciones ilícitas y se encuentran sujetas a las mismas sanciones, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro.

A continuación los negocios y nexos señalados:

  1. Grupo deportivo Márquez Pardo

Esta empresa, registrada desde 2009, es una sociedad entre Rafa Márquez y el exfutbolista Pável Pardo Segura, donde cada uno tiene 50% de la propiedad, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía consultados por Expansión.

De acuerdo con esos datos, Mauricio Heredia Horner es gerente de la empresa, dedicada a “la combinación de la imagen, actos, conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos” para desarrollar el deporte en México.

Pável Pardo no ha sido señalado por las autoridades estadounidenses por tener relaciones con grupos del crimen organizado.

Al momento del registro de la empresa, Rafael Márquez jugaba en el club Barcelona.

  1. Fundación Futbol y Corazón

Esta organización civil y su representante legal, Mauricio Heredia Horner, se encuentran vinculados en este caso, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La fundación Futbol y Corazón, activa desde 2005, fue inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2007. Actualmente, la asociación aparece activa dentro del padrón, aunque no entregó sus resultados anuales correspondientes al 2016.

La organización sin ánimos de lucro fue fundada en Zapopan, Jalisco, luego de que Rafael Márquez se estrenara con el club Barcelona.

De acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las actividades de fomento que realiza son la asistencia social, el apoyo a la alimentación y desarrollo de los pueblos indígenas, aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario, promoción del deporte y servicios de salud.

  1. ProSport & Health

Es una clínica de rehabilitación ubicada en Guadalajara, Jalisco. Esta empresa, referida en el comunicado del Departamento del Tesoro como “Prosport & Health Imagen” (ProSport & Salud Imagen, en el texto en español difundido por la Embajada de Estados Unidos) fue creada en sociedad por Márquez, Mauricio Heredia Horner, José Luis Rangel Córdova y Juan Pablo Ornelas Bañuelos en 2013.

De acuerdo con la página de la clínica, esta fue creada por Márquez y el kinesiólogo argentino Luis Horacio Fossati.

Ni Fossati, ni Rangel Córdova ni Ornelas Bañuelos han sido señalados por las autoridades estadounidenses por algún vínculo con el narcotráficante Flores Hernández .

Según el Registro Público de Comercio, la empresa fue asegurada por las autoridades mexicanas este miércoles.

  1. Grupo Deportivo Alvaner

La compañía, dedicada a la construcción, compra venta, remodelación y arrendamiento de instalaciones deportivas fue registrada ante la Secretaría de Economía en noviembre de 2012, de acuerdo con datos del Registro Público de Comercio.

Los socios de Márquez fueron Mauricio Heredia Horner, César Rodrigo González Carballo y Héctor Gustavo Pantoja Abascal. Los últimos dos socios referidos no han sido designados por las autoridades estadounidenses.

  1. Escuela de futbol Rafael Márquez

Esta empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con folio mercantil número 23461 de Jalisco, no se encuentra en el Registro Público de Comercio, según constató Expansión.

  1. Grupo Nutricional Alhoma

Esta compañía, formalizada ante la Secretaría de Economía en 2012 fue una asociación entre Rafael Márquez, Mauricio Heredia Horner y José Manuel Villanueva Jiménez.

Según el Registro Público de Comercio, la empresa estaba dedicada a la distribución y comercialización de alimentos.

Villanueva, quien no fue señalado como testaferro ni operario de Márquez en la comunicación emitida por el Departamento del Tesoro, tenía la participación mayoritaria de la compañía.

  1. Grupo Terapéutico Hormaral

Esta empresa fue fundada por Luis Horacio Fosatti, Mauricio Heredia Horner y Rafael Márquez en mayo de 2012.

Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, la compañía tenía por objeto social brindar servicios de medicina deportiva.

Grupo Terapéutico Hormaral fue asegurada este miércoles debido a los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra, según consta en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, revisado por Expansión.

  1. Grupo Terapéutico Puerto Vallarta

sta compañía, registrada ante la Secretaría de Hacienda en octubre de 2013, está especializada en servicios de medicina deportiva.

Los socios de la empresa son Márquez, Mauricio Heredia Horner y Luis Horacio Fossati, de acuerdo con la información consultada por Expansión.

 

 

Presidente electo del Poder Judicial ‘recuperaría’ espacios a Félix y Borge

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Por Basilio Arévalo

ELECCIÓN PODER JUDICIAL/

Magistrados del Poder Judicial. Al centro, el nuevo presidente JOsé Antonio León Ruiz.

PRIMERA PARTE.- Marcado como “fecha fatal” en varios estrados sociales y grupos de poder, este martes 8 de agosto la designación del abogado José Antonio León Ruiz como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), despertó observaciones directas en las entrañas del Palacio de Justicia aquí, en la capital de Quintana Roo.

Previo a la votación realizada por el Pleno del Poder Judicial, en esta ciudad mucho se habló de que, en busca de una nueva imagen de ética y congruencia, sería obligatorio que el nuevo titular del poder no tuviera ningún nexo con gobiernos anteriores.

Los reclamos sociales hacían referencia a los gobiernos de Félix González o Roberto Borge, administraciones donde imperó y se multiplicó la corrupción e impunidad. Gobiernos que heredaron a Carlos Joaquín un estado técnicamente quebrado financieramente y con una alta contracción económico-social derivado de la rapacidad de ex funcionarios. “¿Qué intereses tienen Félix González y Roberto Borge? ¿Cómo es que van recuperando espacios al ver la timidez del gobernador Carlos Joaquín?”, han sido algunas cuestionantes circulando en este epicentro urbano, capital política de Quintana Roo.

José Antonio León Ruiz asumirá la titularidad del Poder Judicial en relevo de Fidel Gabriel Villanueva Rivero, quien cerrará su período el próximo 30 de agosto, aunque seguirá empleado en el Tribunal Superior de Justicia hasta 2021 de acuerdo con las facultades de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sesión electiva de este martes duró 25 minutos y prosiguió la ceremonia de protocolo para el anuncio de León Ruiz como presidente del TSJE, quien ipso facto agradeció la confianza y precisó que asume un compromiso con la sociedad para abatir el rezago que existe en este ente del poder. Ocupará este cargo durante cinco años.

En Chetumal es ampliamente conocida la trayectoria de José Antonio León Ruiz: fue secretario particular de la ex magistrada presidenta (hoy vitalicia) Lizbeth Loy Song Encalada y se le vincula directamente con otro titular del Poder Judicial, Joaquín González Castro, quien actualmente es el Subsecretario de Gobierno de Carlos Joaquín González. Pero además, es el hombre de todas las confianzas de Fidel Villanueva Tenorio, a la sazón, el alfil de Roberto Borge y Félix González.

Durante su intervención, en la que dio muestra de una capacidad oral envidiable, León Ruiz aseveró: “Este voto es por el compromiso para mejorar las cosas en el Poder Judicial de Quintana Roo. Es un voto para mejorar la impartición de justicia. Vamos a redoblar esfuerzos, les doy mi seguridad que no voy a traicionar esta confianza”. Atentos a su exposición sus colegas Luis Gabino Medina Burgos, Gustado del Rosal Ricalde y Verónica Gloria Acacio Trujillo, que eran los aspirantes más fuertes a ocupar el poder. Para la foto final, tras la votación del Pleno, es precisamente Acacio Trujillo quien flanquea al nuevo titular. Durante toda esta mañana León Ruiz ha destacado la disposición de sus colegas magistrados “para realizar un trabajo en equipo”.

A pregunta de reporteros que cuestionaron el método electivo, voto 12 en 12, el nuevo magistrado presidente dijo que “estos consensos se establecen conforme al diálogo, mis compañeros decidieron hasta el último momento y cada uno decide, su motivación yo no la puedo decir”.

–Había varios aspirantes elegibles, ¿cómo sucedió esta votación unánime?—le preguntan. “El Pleno decidió por un servidor, me encuentro muy emocionado con ello, se los digo, no esperaba este resultado”.

ATRAÍDO POR INNOVAR

José Antonio León Ruiz adelantó que pondrá en marcha un curso de capacitación para periodistas sobre el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial Acusatorio. “Será una mejor manera para reforzar la forma de manejar la información referente al nuevo sistema”.

Concatenado, dijo que el trabajo que realizará con el Ejecutivo y Legislativo será de respeto “porque si no las leyes de impartición de justicia tendrán elementos para no poderse aplicar. Con relación al jefe del Ejecutivo, quiero decirles que el gobernador Carlos Joaquín tiene un proyecto, que lo ha hecho por el bien del estado y nosotros haremos lo propio con el fin de mejorar”.

El pasado 26 de julio, José Antonio León Ruiz acudió como invitado especial del gobernador Carlos Joaquín, representando al Poder Judicial durante la ceremonia por el aniversario 170 del inicio de la Guerra de Castas, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, zona maya de la entidad.

En su exposición, León Ruiz precisó que actuará con disponibilidad, entrega e ingenio para combatir el rezago en la justicia tradicional que permita resolver juicios en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, pero sobre todo fortalecer la oralidad familiar.

En este apartado, cabe recordar que en febrero pasado asistió y entrevistó para el canal televisivo del Poder Judicial, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Elsa Cordero Martínez, que días antes había promovido en Quintana Roo el pacto para excluir la violencia de género en la administración de justicia. La conducción de José Antonio León Ruiz motivó las respuestas claras y contundentes de su homóloga, quien dijo que las experiencias compartidas por los jueces quintanarroenses son una fortaleza que tiene Quintana Roo en el sistema de oralidad y contribuyen a que en Tlaxcala se le diera forma.

Este martes 8 de agosto, León Ruiz abundó que en materia mercantil hay avances en la impartición de justicia. Se refirió también a las sesiones del pleno que vendrán, y se habrán de realizar de forma similar a lo que realiza la Suprema Corte, donde se colocarán en la página de internet del Poder Judicial. “El objetivo es que la sesión la pueda ver cualquier persona”, agregó.

También comprometió que se cuidará el fallo que emitan los jueces, “que sea en forma correcta porque la ciudadanía tiene sus recursos también para apelar cualquier determinación. Aquí es importante decir que la defensoría pública tiene personal capacitado que no le cuesta un peso a las personas. También se cuenta con la justicia alternativa, así que falta más difundir lo que existe y el acercamiento a la ciudadanía…(sic”.

Por último, subrayó que el acercamiento con los medios de comunicación es relevante en esta nueva relación. “Son ustedes quienes difunden las situaciones de impartición de justicia, esa transparencia se da entre los medios y con la ciudadanía”, anotó.

En medio de un ambiente social y político que reclama justicia contra el saqueo patrimonial y el quebranto financiero heredado en los municipios, respondió una pregunta obligada: “¿Habrá condición de justicia para el caso de Fidel Villanueva?”.

Con un semblante ecuánime respondió que cualquier señalamiento deberá de ser investigado y si existe o no irregularidad se determinará lo que deba proceder. Agregó que las auditorías se llevan a cabo por medio de procedimientos que la propia ley establece; omitió (disculpándose) hablar de tiempos para proceder “porque es la propia ley la que nos va dando los tiempos y lo que implique una revisión, si ésta es amplia de acuerdo a las pruebas documentales, pero obviamente se investigará”.

 

Profesionales de la teoría del caos actuaron en Puerto Morelos: Vergara

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SECRETARIO SEFIPLAN

Por Basilio Arévalo

 

Más que identificar se busca entender con exactitud qué fue lo que pasó en todos los procesos que se reclaman por los terrenos en Puerto Morelos; sin embargo, aunque no se está hablando de delincuentes de cuello blanco sí es claro que Quintana Roo nunca debió haber permitido, en ninguna de sus instancias estas malas acciones, enfatizó Juan Melquiades Vergara Fernández, secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en la entidad.

El funcionario de primer nivel presidió en Puerto Morelos junto con la presidenta Laura Fernández, la instalación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional que analiza los procesos de cesión de terrenos en esta demarcación.

Aseveró que los procesos malhabidos que se han ventilado a nivel nacional “son heredados por administraciones pasadas y hoy son reflejo de estas inconformidades”, subrayó al tiempo de deslindar a la munícipe de los cuestionamientos señalados.

“No podemos adelantarnos hasta que tengamos muy bien instrumentados los archivos permanentes de las pruebas documentales que esta mesa analizará para poder proceder. Lo que es claro es que la presidenta municipal está actuando de buena fe y nosotros estamos en la disposición, esa es la instrucción del gobernador, de coadyuvar con el trabajo de la presidenta municipal”, abundó el responsable de las finanzas de la administración del gobernador Carlos Joaquín González.

Explicó que si hay funcionarios o ex funcionarios involucrados en este tema corresponderá a la Fiscalía General del Estado proceder como se tenga que proceder. “Cualquier metro en toda la costa de Quintana Roo vale mucho, por eso es la instalación de la mesa, para generar la certeza jurídica.

A la pregunta sobre las inquietudes de ciudadanos posesionarios de terrenos opinó: “cualquier mexicano que nos sintamos con derecho a nuestra propiedad haríamos lo mismo. Así que hay que escuchar todas las partes por eso la instalación de la mesa para integrar las pruebas documentales y analizarlas en cada uno de los procesos que se generaron en este tipo de malas acciones por fuera de la ley”.

Precisó que los gobiernos estatal y municipal ya escucharon a las partes y lo importante ahora es ver la gestión de los procesos de esos conflictos. “No vamos a litigar a favor de nadie, estamos analizando la gestión de los procesos de esos conflictos para que podamos determinar otras acciones”.

Entrevistado al término del encuentro, Vergara Fernández sostuvo que referente a los particulares que reclaman tierras, pero que no son legítimamente los propietarios advirtió: “Hoy se encuentran en litigio, acciones jurídicas los reclamos particulares, considero que esas acciones están avanzando. Insisto, por eso la importancia de generar la certeza jurídica que la presidenta municipal Laura Fernández solicita”.

Apuntó que sobre el tema de Punta Brava que “brincó” a nivel nacional dijo que eso es lo prioritario en las acciones de la mesa, pero también otro tema que surgió y que se va atender. “Hay un asunto privado que por la secrecía de la investigación no podemos comentar en este momento. Es importante decir que se tienen detectados todos, todas las malas acciones aquí en Puerto Morelos y la presidenta está actuando de muy buena fe, acordamos ir de la mano para que la ayudemos en este punto, pero primero lo de Punta Brava, que es público”.

A pregunta expresa acotó: “Nos estamos enfrentando a un tema hecho por profesionales del engaño, de la teoría del caos y sobre todo expertos en suplir documentos originales por documentos apócrifos”.

En ese sentido dijo que esa es la razón por la que con voluntad política se está atendiendo el tema. Insistió en que, de encontrarse responsables a ex funcionarios o servidores públicos en activo será facultad de la Fiscalía intervenir.

 

Paul Carrillo, el silencioso operador de Roberto Borge

Por Enrique Huerta

Al presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres no lo hace hablar ningún escándalo. Ni los feminicidios, ni el ascenso de la delincuencia, ni Tajamar, ni los señalamientos de opacidad en el manejo de recursos, entre otros casos. El joven priista no habla con nadie, incluso ha tenido roces con los reporteros.

Hay quienes explican este comportamiento en el sentido de que en realidad sólo es una figura decorativa, que en realidad quien gobierna y decide en Cancún es el gobernador Roberto Borge.

Aquellos que indican que Roberto Borge es quien gobierna detrás de Paul Carrillo se basan en sus palabras durante la ceremonia en que asumió el cargo de presidente municipal, celebrada el 30 de septiembre, en la que declaró que quería ser como el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y uno de sus primeros actos al frente del Ayuntamiento fue golpear y encarcelar a maestros disidentes de la reforma educativa.

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Pero no siguió del todo los pasos del gobernador, ya que mientras que con Borge la deuda pública de Quintana Roo creció a un ritmo de 20 por ciento anual, hasta ubicarse en más de 22 mil millones de pesos; en cambio en Cancún, Paul Carrillo no ha solicitado ningún crédito en lo que va de su gestión y recuperó las endebles finanzas del municipio con el aumento de recaudación y las presiones y extorsiones de sus inspectores a los locales.

Pero el hecho de no haber comprometido financieramente aún más al municipio más endeudado del estado (tiene pasivos de más de mil millones de pesos), no necesariamente habla de un buen gobierno.

Durante su gestión como alcalde, ha subido la tarifa del transporte, se amplió la privatización del agua con un nuevo pacto con la empresa Aguakan hasta el 2050 y su responsabilidad en el sonado caso Tajamar, han hecho difícil que alguien defienda la gestión de Paul Carrillo, quien se refugia en el silencio.

Además, durante su gestión la violencia se ha incrementado. Cada semana se tienen reportes de al menos un narcoejecutado y en lo que va del año se r¿han reportado cuatro casos de feminicidios -dos en una semana-.

Mal inicio

La trayectoria de Paul Carrillo de Cáceres comenzó en 1997, cuando fue secretario general del Frente Juvenil Revolucionario en Cancún.

En 2003 fue secretario privado del presidente municipal de Cozumel, el priista Carlos Rafael Hernández, para después participar en el gobierno municipal de Benito Juárez de Francisco Alor como director general de Participación ciudadana.

Entre el 2011 y el 2013, Paul Carrillo fue diputado local de la XIII Legislatura del Congreso estatal, en la que presidió la Comisión de Turismo. Incluso combinó su papel de legislador con el de líder del PRI municipal, cargo en el que duró apenas ocho meses, para saltar por la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez.

En ese periodo, Paul Carrillo se vio envuelto en su primera polémica, cuando fue exonerado por el  Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) de haber realizado una campaña propagandística encubierta del diario Quequi en anuncios espectaculares y camiones del transporte público, lo que suscitó las quejas del PRD.

Tanto el Teqroo como el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aceptaron el alegato de Carrillo de Cáceres: “(el periódico Quequi) usó mi imagen sin mi consentimiento”. Para el partido del sol azteca esto le valió la priista una campaña de seis meses.

Finalmente, en las elecciones de 2013, las últimas en las que el PRI ganó carro completo, Paul Carrillo fue el primer priista en gobernar el municipio de Benito Juárez, tras dos gobiernos del PRD –Gregorio “Greg” Sánchez y Julián Ricalde–.

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Según la revista Luces del Siglo, Roberto Borge prácticamente le entregó una lista completa de nombres para la integración del gabinete de Paul Carrillo. Un ejemplo de ello fue la designación de la oficial mayor, pues de haber sido por Carrillo de Cáceres, el puesto era para Víctor Olvera, pero el gobernador impuso a Gabriela Rodríguez en el cargo.

Incluso el secretario del Ayuntamiento, el verdeecologista José de la Peña, también es gente cercana al gobernador Roberto Borge y es quien, de hecho, da la cara a la prensa.

Y la influencia –o la mano del gobernador– se vio reflejada el 13 de octubre, cuando se suscitó un violento zafarrancho al interior del Palacio Municipal entre policías municipales y estatales contra maestros disidentes que protestaban por la reforma educativa. El balance fue de decenas de heridos y 58 detenidos, de los cuales 37 se acreditaron como maestros y los demás ciudadanos –muchos de los cuales fueron aprehendidos sin deberla ni temerla–.

Ante ello, el magisterio mostró su músculo y organizó una marcha de 2 mil maestros. Días después fueron liberados los 36 arrestados –uno de ellos tenía cuentas pendientes con la ley en Playa del Carmen–.

Y aunque el presidente municipal justificó a la policía al decir que “actuó conforme a la ley”, se rumoraba que quien en realidad mandó ejecutar la orden represiva fue el gobernador Roberto Borge, utilizando el recurso de mando único en la entidad.

Otro ejemplo del mal inicio de la gestión de Paul Carrillo fue el aumento a la tarifa del transporte público, que quedó en 8 pesos para la zona urbana y 10.50 pesos en la zona hotelera de Cancún. En este caso el priista le quiso achacar el alza a su antecesor, Julián Ricalde, aunque después dijo que el Cabildo había aprobado esa medida para acatar una orden el Tribunal de Superior de Justicia de Quintana Roo.

A esto hay que agregar que el priista, a cuatro meses de haberse instalado en el cargo –en febrero de 2014–, creó sin autorización del Cabildo dos subsecretarías: la del Ayuntamiento, en la que designó al exdirigente estatal del Partido Verde, Alaín Ferrat, y la de Seguridad, con Roque Tercero Salvatierra a la cabeza.

Esta medida se contrapuso con la política de austeridad instrumentada por el gobernador Roberto Borge, en la que se buscaba ahorrar alrededor de 400 millones de pesos anuales.

Seis meses después, el propio edil tuvo que salir y admitir ante los medios de comunicación que su administración operaba con números rojos, pero que no pediría ningún crédito.

Pero las finanzas se fueron recuperando, en parte por el aumento de los contribuyentes y por las multas impuestas a comercios y construcciones por quisquillosos inspectores. También porque, a diferencia de Julián Ricalde, las partidas presupuestarias llegaban a tiempo.

Tan es así que ya en 2015 el municipio recaudó 97 millones de pesos más de lo presupuestado para ese año, pero los integrantes del Cabildo se enteraron de último momento sobre dicha cantidad extra.

La repartición de ese dinero extra fue la siguiente: 81 millones de pesos para el Capítulo 3000 de Servicios Generales, del cual sólo dispone la presidencia municipal, con lo que quedó en 458 millones de pesos; 15 millones de pesos, se fueron al Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones y Subsidios, que pasó a 420 millones de pesos y sólo un millón 733 mil pesos se destinaron a obra pública, al quedar en 143 millones 325 mil pesos.

Ese primer año se vio reflejado en su informe de 2015, realizado en el Centro Convenciones de Punta Cancún, en donde Paul Carrillo fue criticado por hacer “caravana con sombrero ajeno”, ya que la mayoría de las obras y programas que presumió fueron hechas con recursos federales o son herencia de administraciones anteriores,

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El PRD dijo que ese informe estaba “lleno de mentiras” y alejado de la realidad e incluso realizó una clausura simbólica del Palacio Municipal.

Por su parte, el diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, criticó que el priista presuma el Alcoholímetro, cuando fue instaurado en el gobierno de Julián Ricalde junto con una organización civil, la cual terminó deslindándose de esta medida por la corrupción que ha alcanzado este programa, el cual también ha sido usado para golpeteo político al filtrar a la prensa información y fotos tomadas de las cámaras de seguridad de ‘El Torito’ de opositores o críticos al gobierno.

Ataques al medio ambiente

 En enero de 2014 se dio uno de los primeros escándalos de la gestión de Paul Carrillo: la revocación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado en el gobierno de Julián Ricalde, aunque los integrantes del Cabildo no sabían con certeza de qué se trataba.

En esa ocasión, Paul Carrillo declaró que el único autorizado para hablar del tema del PDU no es él, sino el secretario general, José de la Peña. Y hasta se organizó una mesa de debate con experto sobre el tema.

Al final, el PDU sí fue modificado lo que ocasionó disgusto a ambientalistas. Por ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) interpuso un amparo en contra de esta actualización, además de solicitar que el Ayuntamiento no apruebe, autorice, renueve o expida licencias o permisos basados en esta actualización.

La ONG informó que con el cambio en este instrumento que regula el desarrollo urbano de Cancún, los predios de gran relevancia ambiental ubicados en la zona hotelera se permitirá la redensificación y se afectará al medio ambiente.

Cemda advirtió que aumentará el desarrollo de obras en sitios que antes contaban restricciones por parte del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).

Por su parte, el entonces líder del PRD estatal, Julio Lara, señaló que el nuevo PDU es un “instrumento con fines recaudatorios y de corrupción”, que solamente beneficia a intereses particulares y deja de lado la preservación de áreas naturales protegidas.

Tajamar

Pero ese no fue el primer escándalo del gobierno del priista Paul Carrillo contra el medio ambiente: en enero pasado se dio el desmonte de casi todo el predio conocido como Malecón Tajamar.

El 90 por ciento de esos terrenos fueron devastados para iniciar construcciones que van desde comercios hasta una catedral, sepultando, incluso vivos, a los animales nativos y destruyendo la flora del área.

Esto ocasionó que la gente de Cancún se organizara y evitara que las obras continuaran. Incluso se organizaron grupos de vigilancia las 24 horas para evitar que siguiera ese proceso de devastación, en la que participó el mismo Ayuntamiento de Benito Juárez.

“En Tajamar, el Alcalde es más que cómplice. Incluso, maquinaria del Ayuntamiento estuvo en el lugar, en el desmonte. Dos, hay un espacio que es del Ayuntamiento, ahí en Tajamar, una esquina completa, que también está desmontada. Parece delincuencia organizada, metieron en la noche 50 camiones que estuvieron esperando todo el día”, comentó el diputado local independiente Jorge Aguilar Osorio.

Además, Paul Carrillo resguardó con granaderos la intervención en el malecón para que la maquinaria pudiera iniciar los trabajos que derivaron en una ecocidio.

Durante esos días, activistas arribaron a las oficinas de Paul Carrillo, en el Palacio del Ayuntamiento, con animales muertos por esta devastación. Al ser atendidos por el presidente municipal, éste se deslindó y tiró la bolita a sus superiores.

“(El presidente municipal) dice que él no fue, que fue el gobernador. En Quintana Roo tenemos el Mando Único que viene de la Federación”, declaró la ambientalista Katherin Ender, quien en esa ocasión se entrevistó con el funcionario a solas.

Posteriormente, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez otorgó los permisos de “chapeo y desmonte” luego de que los desarrolladores cumplieron las formalidades exigidas en el Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del Ayuntamiento. Sin embargo, días después un juez decidió ordenar la suspensión de la obra.

Sin embargo, legisladores e integrantes de la dirección estatal del PRD en Quintana Roo presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo, el secretario de Seguridad Pública del municipio, Jaime Ongay, y los delegados de Semarnat, Profepa y Fonatur, por el daño ecológico causado al manglar de Tajamar.

Además, este escándalo, que alcanzó notoriedad a nivel nacional e internacional, afectó la imagen de Paul Carrillo, que aunque no tenía muchas posibilidades en la carrera por la candidatura a la gubernatura por parte del PRI, esta posibilidad se le cerró con este caso.

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Aspiraciones evaporadas

Cada que ve llover, a Paul Carrillo de Cáceres le ha de dar coraje. Y es que este fenómeno meteorológico fue el causante de que el actual presidente municipal de Benito Juárez no haya sido electo como candidato a la gubernatura en los comicios del pasado 5 de junio.

A pesar de que este edil era uno de los mejores posicionados dentro del tricolor para pelear la sucesión de Roberto Borge bajo la bandera del PRI, su futuro político se evaporó como agua, luego de que la ciudad se inundara por las copiosas lluvias, ocurridas en febrero pasado debido a dos frentes fríos. Esta situación hizo trizas su campaña publicitaria con carteles con supuestos logros de su gobierno.

Y es que uno de ellos decía: “Mi ciudad ya no se inunda” y, días después de la colocación de dichos carteles que eran para posicionar a Paul Carrillo, comenzaron las lluvias que, como siempre, inundaron y desquiciaron las calles de Cancún. Incluso circularon en redes sociales memes burlándose de esta situación.

Pero no le llovió sobre mojado al alcalde de Cancún. Tras la derrota electoral, el PRI busca líder a nivel estatal y dentro de los candidatos se encuentra Paul Carrillo, quien es avalado por un amplio sector tricolor y por sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México.

Sin embargo, sus rivales serán casi los mismos que por la pugna por la candidatura a la gubernatura. Sus contrincantes nuevamente serán el ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, y el ex diputado local, José Luis “Chanito” Toledo. El primero es favorito del ex gobernador Félix González Canto y el segundo es el delfín del actual mandatario Roberto Borge.

Y es que los priistas señalan que Cancún fue la única de las cuatro ciudades más importantes del estado en la que no fueron derrotados para la alianza PAN-PRD en las pasadas elecciones.

Otro factor a su favor fue que el Revolucionario Institucional se llevó carro completo en los ocho distritos que comprende el municipio de Benito Juárez.

Incluso Paul Carrillo boicoteó al ahora gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al impedirle la realización de dos eventos públicos, lo que le ha ganado puntos tanto con Roberto Borge como con Félix González.

A falta de una semana para ver si se concreta su llegada a liderar el tricolor estatal, a Paul Carrillo sólo le resta seguir el refrán que dice: “al mal tiempo, buena cara”.