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No es Fake: Cercan a Marciano Dzul: la UIF lo denuncian ante la FGR por recursos de procedencia ilícita

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Tulum.- Cuando el reportero de TV Azteca, Irving Pineda dio la exclusiva el 14 de Mayo sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las cuentas del candidato de Morena a la alcaldía de Tulum, Marciano Dzul, el ex priísta y su equipo acusaron que era Fake News y se apoyaron en la conferencia mañanera de López Obrador donde Santiago Nieto dijo que no había denuncia contra candidatos de morenistas.

Era verdad. Denuncia no había, pero una investigación sigilosa sí.

 

Hoy medios nacionales como Eje Central y La Silla Rota publicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra Marciano Dzul Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Tulum, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el oficio UIL/A/0367/2021, dirigido al subprocurador especializado en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la FGR, Alfredo Higuera Bernal, se establece que Marciano Dzul Caamal, aspirante de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), registró depósitos por 10 millones 100 mil 960 pesos, además de que realizó retiros por 29 millones 420 mil 714 pesos, en el periodo comprendido del 2 de julio de 2002 al 5 de junio de 2020. 

La denuncia contra Marciano Dzul Caamal, según establece el documento, halla sustento en los supuestos establecidos en el artículo 400 BIS del Código Penal Federal.

Para la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Dzul Caamal debió recurrir a operaciones electrónicas, tales como las que se efectúan mediante el Sistema de Pago Electrónico Interbancario (SIEP) o las que se gestan mediante las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).

Finalmente, la denuncia presentada por la UIF ante la FGR aclara que Dzul Caamal desempeñó cargos públicos en Quintana Roo en los periodos 2005 a 2008 como cuarto regidor en el ayuntamiento de Solidaridad, y de 2009 a 2011, fue presidente municipal de Tulum.

El candidato no se ha pronunciado sobre la investigación a sus cuentas que vendría darle al traste a sus aspiraciones.

UIF me ha exonerado, anuncia diputado de la Peña

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CANCÚN, QROO.- El diputado verdecologista de Quintana Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, anunció que fue exonerado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuya instancia le liberó cuatro cuentas bancarias que mantenía congeladas como parte de la investigación que se realiza contra Florian Tudor, presunto líder la “Banda de la Riviera Maya”.

“Más allá de un tema criminal, eran temas prácticamente de índole financiera. Tuve la oportunidad de presentar la documentación pertinente en tiempo y forma, donde acreditaba que los recursos con los que cuento son recursos de procedencia lícita, que no vienen de ningún tipo de actividades criminales, ni muchos menos que tengo relación con este tipo de actos que afectan de entrada al destino turístico y que afectan también la economía de muchos que en su momento pudieron haber sido defraudados”, dijo.

En febrero pasado se dio a conocer que varias cuentas de líderes del PVEM en Quintana Roo fueron congeladas como parte de una investigación por presunto lavado de dinero y vínculos aparentes con la mafia rumana que operaba en zonas turísticas de esa entidad.

De acuerdo con la indagatoria que realizaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado estatal del Verde, así como empresarios, ex funcionarios y políticos estaban bajo investigación por presuntamente blanquear dinero del grupo delictivo.

De la Peña Ruiz de Chávez se separó de su cargo como dirigente estatal del PVEM en Quintana Roo, puesto que ocupó por nueve años, tras el escándalo, pero ahora que dio a conocer su exoneración, afirmó que volverá a la actividad partidista, pero no como líder del verde estatal.

“Luego de haber superado esta etapa en la que doy por concluido el tema administrativo con la UIF, he tomado la determinación de retomar los trabajos partidistas. No quiere decidir que regrese como dirigente, pero sí estaremos trabajando para el proceso electoral que viene”, señaló.

En marzo se dio a conocer que le fue concedida una medida cautelar para liberar dos de seis cuentas bancarias intervenidas, de las que pudo demostrar su titularidad mediante la presentación de contratos de apertura, y ahora se le liberaron las cuatro restantes.

Félix, Borge, de la Peña, Remberto, Youg… larga lista de políticos cuyas cuentas fueron congeladas por la UIF por sospechas de nexos con la mafia rumana

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JANNET LÓPEZ PONCE/MILENIO

Ciudad de México.-El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.

Información de inteligencia obtenida por MILENIO apunta a que en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.

En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos.

Se señala que a través de varios colaboradores, usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento

De acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.

La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano. Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011.

En la lista de conexiones es notoria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, se incluye a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM señalado por tráfico de influencias.

Asimismo, al menos dos ex alcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del ex presidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, de acuerdo con el informe al que MILENIO tuvo acceso, “es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares”.

El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.

El ex gobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.

Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.

El contubernio policiaco

A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano.

Entre estos se encuentra Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.

Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios. La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumania el tráfico ilícito de sustancias y la trata con fines de explotación sexual.

También, Jesús Aíza Kaluf, El Sirio, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014. Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.

A partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red, con lo que se logró que la Unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros.

 

Retuvieron a 140 en aeropuerto

Entre lunes y martes de la semana pasada 140 ciudadanos rumanos que llegaron a Cancún en vuelos de Lufthansa y Airfrance fueron retenidos por autoridades migratorias, luego de que se sospechara que algunos de estaban relacionados con Tudor.

El miércoles 3 de febrero, el cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo informó que de las 140 personas retenidas, 136 lograron ser admitidas para internarse al país, mientras que otros cuatro fueron repatriados.

Congela UIF cuentas del diputado del verde José de la Peña y de Pepe Gómez, dueño del periódico Quequi, entre otros

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De la Redacción/La Palabra del Caribe

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto Castillo, congeló la semana pasada varias cuentas de empresarios y ex funcionarios públicos de Quintana Roo, quienes quedaron sujetos a una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda en la que tendrán que comprobar la procedencia licita del dinero en sus cuentas y operaciones bancarias.

Dicha lista está encabezada por “El Zar de las Gasolineras” Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de La Gas, las tiendas Go Mart y socio en otras estaciones como Full Gas y Gulf, así como dueño de la concesionaria automotriz Land Rover y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún, empresario ligado al ex gobernador Félix González Canto.

No es la primera que las cuentas de Ricardo Vega Serrador son bloqueadas por el SAT, ya que ha sido investigado anteriormente por “lavado de dinero” en México y Estados Unidos, razón por la cual le cancelaron la concesión de la agencia Ferrari en Cancún.

En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 aparecen también el diputado verde José de la Peña Ruiz Chávez, al notario Naín Díaz Medina y el dueño del periódico Quequi José Alberto Gómez Álvarez, así como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre José Luis Yong Cruz, y Leticia Rodríguez Lara.También se enlista a Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) durante la gestión del ex gobernador Félix González Canto.

Las cuentas de Francisco Garibay Osorio y su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido, ex funcionarios del gobierno de Félix González, quedaron congeladas y sujetos a investigación.
En la lista de empresas intervenidas y cuyas cuentas fueron embargadas por el SAT a solicitud de la UIF aparece Inmobiliaria Crisantemos S.A. de C.V. donde hay un nexo entre Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Garibay Osorio, ya que esta empresa fue creada el “Zar de las Gasolineras” el 23 de junio de 2003 y vendida el 4 de junio de 2010 a Garibay Osorio y a su hijo Iván Eliud Garibay Pulido.
Dicha empresa fue beneficiada en su momento por diversas operaciones del IPAE, se le adjudican la compra de 117 predios en los se beneficiaba a Garibay Osorio, quien también era socio de Maya Zama S.A de C.V. una inmobiliarias a la que el gobierno de Félix González cedió 352 hectáreas en Tulum a un precio ganga de 15 pesos el metro cuadrado para realizar un lujoso desarrollo turístico cuando el precio promedio era de 6 mil pesos el metro cuadrado, es decir 400 veces más barato.

Cuando Garibay Osorio estuvo al frente del IPAE también aparece que vendió un terreno de más de 15 hectáreas a Servicios Aéreos Milenio en 3 millones de pesos, es decir a 20 pesos el metro cuadrado, mismo que en menos de dos años fue traspasado a un valor de 34 millones de pesos (226 pesos el metro cuadrado).
La investigación embarra a varios funcionarios felixistas y borgistas, quienes no habían sido tocados durante muchos años, pero que por instrucciones del gabinete de seguridad nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se procedió a congelar sus cuentas e iniciar la investigación.

El documento en poder de este medio enlista a 20 empresarios, funcionarios y empresas a las que se les embargaron sus cuentas de acuerdo con el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera y folio SIARA UIF/2021/000097 mediante el cual se notifica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al SAT congelar dichas cuentas.
Las empresas y personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, cuentan con un plazo de 10 días a partir de la notificación para apelar ante la UIF lo que a derecho corresponda.

Predican pero no aplican: Mara Lezama será investigada por la UIF por enriquecimiento acelerado

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COMUNICADO

NO MENTIR , NO ROBAR, esto es lo que tanto predican los seguidores de morena y ahora resulta que la presidente Mara Lezama será investigada por enriquecimiento a toda velocidad , y así busca la reelección, que atrevimiento.
Primero fueron unos carros de súper lujo y ahora unos terrenos ( 900 m2) de 32 millones 9 mil 644 pesos, que casualidad que uno de los propietarios es su esposo.
¿Dónde se encuentra la transparencia que ellos tanto exigen?, ¿con qué moral predican que acabarán con la corrupción.?
Mientras Santiago Nieto gritaba a los cuatro vientos que se trataba de una “Fake news”, la
Unidad de Inteligencia Financiera recibía la orden de comenzar la investigación a la alcaldesa de Benito Juárez. Esperemos que la UIF realice su trabajo con total transparencia.

Por ello es que el partido de morena está urgido de una alianza el Estado porque saben que solos no hacen nada.

Acción Nacional repudia este tipo de actos sobre todo de un servidor público emanado de la 4T que se jactan de tener las manos limpias.

Presidente CDM Benito Juárez
Cristian Pérez Vázquez

Estuvo dos meses Genaro García Luna en la “lupa” de la UIF

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Cancún.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó las finanzas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, desde hace dos meses, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, reveló su titular, Santiago Nieto Castillo.
Aunque detenido hace dos días en Texas, el ex funcionario federal, acusado de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa, ya era investigado desde antes por autoridades de los dos lados de la frontera.
De visita en Cancún, para la presentación de su libro, Santiago Nieto Castillo indicó que le fueron congeladas sus cuentas bancarias no solo al ex funcionario calderonista, sino también a otras cinco personas físicas y cinco morales.

Por otro lado, confirmó que se investiga la venta de terrenos federales por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, hoy tras las rejas.
Cuestionado sobre la presunta compra irregular de un terreno por parte de José Chapur Zahoul, propietario de Palace Resorts, el funcionario federal indicó que no puede declarar sobre casos específicos; sin embargo, son dos las denuncias interpuestas contra Rosario Robles y su equipo.
Sobre el uso ilegal de outsourcings o pagadoras, indicó que ya se han interpuesto cinco denuncias contra empresas por estas prácticas ilegales y ya se firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo para ver si otros han incurrido en defraudación fiscal o daño a los trabajadores a través de este esquema.
A nivel nacional, estimó que Hacienda ha perdido 324 mil millones de pesos en impuestos a través de pagadoras y empresas “factureras” o fachadas.

TURISMO ELECTORAL
Al ser también ex titular de la Fepade, Nieto Castillo también fue cuestionado sobre los casos de turismo electoral detectados en Quintana Roo y Yucatán, contestando que se obtuvieron más de 400 órdenes de aprehensión por este delito.
“Lo que quedó claro es que se usó gente de muy escasos recursos, en una práctica vil en que hacían que en cada proceso electoral se cambiaran de domicilio”, recordó, añadiendo que es una práctica que se tiene que erradicar.