violencia familiar

Por violento Jesus “D” es vinculado a proceso, golpeó a una mujer

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Othón P. Blanco.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, fiscales de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer, tras un intenso debate y presentar los datos de prueba ante la autoridad jurisdiccional, obtuvieron la vinculación a proceso de Jesús “D”, por el delito de violencia familiar relacionado con la carpeta administrativa 600/2022 en agravio de una mujer de identidad reservada.

Al tomar conocimiento, fiscales del Ministerio Público Especializado establecieron contacto con la víctima para que presentara la denuncia de este acto ilícito.

Tras incorporar los datos de prueba ante el juez de control, las fiscales solicitaron y obtuvieron la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en calles de la ciudad de Chetumal.

Jesús “D” fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Chetumal, para ser presentado ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia de formulación de imputación y de vinculación, el juez de control tras valorar las evidencias presentadas por las fiscales del Ministerio Público de los hechos registrados en distintos momentos donde el imputado utilizó la violencia física con arma punzocortante y violencia psicológica para agredir y controlar a la víctima, decretó la vinculación a proceso en contra de Jesús “D” y estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

La representación social obtuvo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su encomienda constitucional de investigar, perseguir, capturar y llevar ante los tribunales a probables participantes de hechos delictivos que vulneran la integridad de las mujeres quintanarroenses y sus visitantes.

Con información del Comunicado 25/2022-Z2 de la FGE Quintana Roo.

 

XVI Legislatura aprueba reformas a la ley de Seguridad Pública y de los Municipios para homologar la atención a la violencia familiar y de género

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Chetumal, Quintana Roo. – La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas con el fin de homologar los protocolos policiales de actuación del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, así como la implementación de programas de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y derechos humanos para los elementos activos.

En la sesión ordinaria número 19, se aprobó el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y de la Ley de los Municipios, en la que se establece como una obligación de los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito de los municipios, el contar con grupos especializados para la atención de violencia familiar y de género.

De acuerdo con el dictamen, se estableció que los municipios deben contar con un área operativa administrativa especializada para la atención a la violencia contra la mujer y la familia a cargo de una persona titular que cuente con el perfil idóneo y acorde a la materia, y con el nivel jerárquico necesario proporcional a la estructura de la dependencia municipal que le permita cumplir con sus funciones, sin estar supeditado a la determinación de las demás áreas de dirección.

En la misma sesión, se aprobó la adición de un artículo quinto transitorio al decreto número 68 expedido por la H. IV Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se Instituye la Medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana Roo”; para que la entrega de este galardón correspondiente al año 2022, se lleve a cabo en el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la XVI Legislatura.

Además, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, con el propósito de fortalecer los mecanismos que permitan regular el uso de la marca “Hecho en Quintana Roo”.

De igual forma, se turnó a comisiones la proposición con puntos de acuerdo por el que se propone exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo y a los once ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que colaboren de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la difusión hacia la población quintanarroense, del censo agropecuario 2022 (CA22).

Posteriormente en la sesión ordinaria número 20 celebrada este mismo día, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo, así como una iniciativa de Ley para la Promoción del Aprovechamiento y Donación de Alimentos del Estado de Quintana Roo.

Con información del Boletín 109/2022 del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo

 

“No soy generador de violencia, mi esposa quiere pensión de 200 mil pesos y usan golpes mediáticos”, dice en réplica Héctor Sarti, presidente de Barra de Abogados en caso del pleito en juzgados con su ex esposa

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Cancún.- El presidente de la Barra de Abogados fue vinculado a proceso el 29 de Noviembre por el presunto delito de Violencia Familiar, cometido en contra de quien fuera su esposa Brenda Aguirre Martínez, hechos que se encuentran sustentados en la carpeta administrativa 352/2021.

Hector Sarti es vinculado a proceso por violencia familiar en contra de su ex esposa

En su derecho de réplica ante la carta a la opinión pública de su ex esposa Brenda Aguirre y la abogada Aracely Andrade, Héctor Sarti, dice:
“No soy generador de violencia, mi esposa quiere pensión de 200 mil pesos y usan golpes mediáticos”, dice en réplica Héctor Sarti, presidente de Barra de Abogados en caso del pleito en juzgados con su ex esposa:
Reproducción su derecho de réplica:

¡LES TEMBLÓ LA MANO!

La mentira, golpes mediáticos y Fake News son parte de las artimañas que Araceli Andrade  Tolama y Miguel Ángel Peña, abogados de mi exesposa han utilizado para tratar de enderezar el juicio  de divorcio y las denuncias falsas presentadas en mi contra. No hay protección ni tráfico de influencias que me beneficie, lo que se corrobora con las determinaciones en mi contra carentes de todo fundamento legal tomadas por parte del Juez Primero Oral en Materia Familiar César Rafael Sandoval Vázquez y de la Juez de Instrucción Lilia Isabel Nadal Álvarez adscrita al Juzgado Segundo Oral en Materia Familiar; quienes faltando al debido proceso y alejados de toda legalidad han permitido que se violenten mis Derechos Humanos y los de mis menores hijos con tal de evitar que los sigan acosando en la prensa.

Lo mismo con la Juez Georgina María Méndez Vázquez quien no solo se negó a decretar la nulidad ante una imputación deficiente realizada por la Ministerio Público María de Jesús Mena, sino después de 12 horas y media de audiencia en la que destrozamos las pruebas aportadas por la denunciante  incluyendo pruebas obtenidas de manera ilegal,  y un deficiente dictamen psicológico alejado de los protocolos científicos para darle valor, y a pesar de que aportamos por nuestra parte  pruebas científicas irrefutables, documentales públicas, comprobantes de transferencias bancarias, tickets de supermercado, dictámenes de la propia Fiscalía  y Privado de los que se desprende que NO SOY GENERADOR DE VIOLENCIA, así como diversas testimoniales (incluyendo las de algunos testigos que ya fueron amenazados por la supuesta víctima); la misma dictó un auto de vinculación a proceso por posible violencia económica psicológica y moral basado en el dicho de Brenda y el de su mamá.

Quedó claro que después de casi 11 años de casados yo le demandé el divorcio a mi exesposa, y abusando de su condición de mujer denunció una supuesta violencia familiar sin argumento ni antecedente previo, llegando al absurdo de negarse a separarse del domicilio conyugal en el que se ordenó por una Juez quedaran bajo mi cuidado los menores. ¿Si la mamá Brenda estaba enterada de la supuesta violencia porqué no la puso a salvo? , ¿Si Brenda era violentada porque fui yo el que le demandó el divorcio y no viceversa?, ¿Porqué no se separó de su supuesto agresor aun con un mandato judicial?, ¿Si mi ex esposa ha generado con sus declaraciones y difamaciones la imagen de un monstruo, porque abandono a sus hijos a su suerte durante 4 meses con tan abominable persona?, ¿Si existe tráfico de influencias o corrupción como han señalado, porqué las resoluciones no me están favoreciendo y por el contrario hoy me encuentro vinculado a proceso?

No tengo la menor duda  que al  Juez Primero Oral en Materia Familiar César Rafael Sandoval Vázquez, a la Juez de Instrucción Lilia Isabel Nadal Álvarez adscrita al Juzgado Segundo Oral en Materia Familiar y a la Juez Oral en materia Penal  Georgina María Méndez Vázquez LES TEMBLO LA MANO para ser objetivos e impartir justicia con imparcialidad, alejándose de toda legalidad con tal de no ser atacados mediáticamente por mi contraparte. Ya que nada justifica su actuar y constantes violaciones al debido proceso revocando sus propios acuerdos o en el caso penal haciendo valoraciones absurdas y desestimando inclusive documentales públicas. No quiero pensar que hay línea por parte de superiores jerárquicos o inclusive intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial en un asunto familiar  lo que sería doblemente grave.

Hago un llamado al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que revise el actuar de los señalados jueces e inicien una investigación formal que llegue hasta las últimas consecuencias. Por mi parte ya presentamos la Recusación de uno de ellos y estamos trabajando no solo en los recursos legales aplicables que me restituyan en mis Derechos Humanos, sino también en las quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado. Si es necesario que los destituyan que lo hagan, ya que es muy grave que se dejen amedrentar por la presión mediática de mi contraria a menos que tengan algún otro tipo de interés.

La misma Araceli Andrade admite  en una de sus declaraciones que Brenda “tocó las puertas hasta del infierno (…)” con lo que me queda claro que ya vendió su alma al diablo y a pesar de ya tener de manera provisional la guarda y custodia de los menores, su interés es el económico como siempre lo ha sido pretendiendo una pensión de $200,000 pesos mensuales que esta fuera de mis posibilidades cumplir. ¿Eso es violencia económica?  ¿Si ya tiene a los niños ahora cuál es su causa? La misma abogada señala “hoy tengo 14 expedientes con la señora Brenda entre carpetas de investigación, juicios, apelaciones y amparos, esto significa que no es un tema jurídico, es un tema de poder(…)” Es una lástima que abogados faltos de ética  como Araceli Andrade y Miguel Ángel Peña en lugar de ser parte de la solución sean parte del problema, olvidándose del daño que le están causando a mis hijos con tal de seguir cobrando honorarios.

Es falso que el Poder Judicial de Quintana Roo me proteja, insisto que por el contrario, derivado de la presión mediática y en especial de las acusaciones  “denunciadas, no probadas” de “La Mañanera” fue evidente en las últimas semanas la parcialidad a favor de mi ex esposa por parte del Juez Primero Oral en Materia Familiar César Rafael Sandoval Vázquez y de la Juez de Instrucción Lilia Isabel Nadal Álvarez, quienes faltando al debido proceso y alejados de toda legalidad han permitido que se violenten mis Derechos Humanos y los de mis hijos, sin importarles los daños que les puedan generar a los mismos, al estar bajo el cuidado de una persona cuyos resultados psicológicos en la Fiscalía arrojaron tendencias suicidas. Y más grave aun la vinculación a proceso dictado por la juez Georgina María Méndez Vázquez que ya esta siendo recurrida por mis abogados y que no acredita mi culpabilidad, no es una sentencia definitiva, ni amerita de ningún modo una prisión preventiva prevaleciendo hasta el  momento mi presunción de inocencia.

LUIS HÉCTOR SARTI PÉREZ
Presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C.

 

Impiden soldados detención de compañero acusado de violencia familiar en Chetumal

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Chetumal.- Un caso de violencia familiar originó un enfrentamiento a golpes entre soldados y policías durante el intento de detención de un elemento del Ejército.

Todo empezó cuando una llamada entró al 911 para reportar que instantes antes un militar, que en sus horas libres trabaja como taxista, había agredida físicamente a su esposa e hijos en la vía pública cerca de las avenidas Palermo e Insurgentes.

Sin embargo, cuando llegó una unidad con personal de la Policía Quintana Roo para verificar la situación, se inició una persecución hasta la base de del Séptimo Regimiento de Caballería Motorizada.

Cuando el presunto agresor descendió de su auto los uniformados intentaron detenerlo, pero fueron recibidos a golpes; incluso, otros elementos castrenses salieron para auxiliarlo hasta que lograron llevárselo y meterlo a sus instalaciones.

Debido a que el taxi quedó abandonado a la entrada de la base militar, agentes de Tránsito solicitaron una grúa para trasladarlo a un corralón, pero altos mandos con una tropa de guardia salieron a impedir que se llevaran la unidad.

Trascendió que al final, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal tuvieron que intervenir para calmar los ánimos entre los policías y los elementos del Ejército.