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Violencia en inspección de UBER hace que Imoveqroo cancele las redadas

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Cancún.- La delegada del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en Benito Juárez, Bibian Castillo Dzul, declaró en que “eventualmente” suspenderán sus operativos en contra de vehículos que brinden servicio de transporte a través de Uber, luego de que ayer sujetos atacaran a un automovilista detenido por un inspector de esta dependencia, causándole destrozos además al vehículo.
La agresión fue captada en video y muestra el momento en que tres personas comienzan a atacar a un automovilista detenido en un operativo del Imoveqroo. Los sujetos además comienzan a golpear al vehículo, generándole destrozos. El video muestra cómo la unidad del Imoveqroo es testigo pasivo de lo ocurrido, aunque, según un comunicado de esta dependecia, el inspector llamó al 911.
El automovilista agredido, socio de Uber, ya interpuso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en tanto que el Imoveqroo sacó un comunicado en el que aclaran que ellos no participaron en la violencia, sino que fueron particulares externos. También se afirma que los operativos continuarán.
Desde hace más de un año operadores de Uber denuncian que golpeadores pagados acompañan a inspectores del Imoveqroo en sus operativos y, en abierta complicidad, los agreden en cuanto son detenidos. El Imoveqroo también los utiliza como falsos clientes (a los que ellos llaman “cuatreros”), quienes los guían hacia donde están los inspectores de Imoveqroo y los golpeadores.
En su cuenta de Twitter, Bibian Castillo Dzul rechazó cualquier complicidad en estos u otros hechos, además de revelar que han descubierto rastreadores de GPS en sus unidades, además de vehículos haciendo guardia las 24 horas afuera de sus instalaciones, para llegar a los operativos.
Interrogada por un periodista, sobre el aparente “secuestro” de sus operativos por parte de estos golpeadores, y cuál sería su actuación como autoridad, ella respondió que éstos serían suspendidos “eventualmente”.
“Los suspendemos eventualmente, por seguridad del personal de @imoveqrooBJ y de los propios operadores en general, ya sea de transporte concesionado o irregular. Jamás @imoveqrooBJ va a fomentar, solapar, proteger ni respaldar la violencia. Colaboraremos con las autoridades SIEMPRE”, escribió.

Quintana Roo promueve acciones de prevención de la violencia contra las mujeres

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*Se impartió la conferencia “¡Qué el miedo no me calle!” por primera vez en Chetumal
*Habrá más difusión de los modelos de relación basados en la igualdad entre mujeres y hombres con la compaña “Vivas y libres”

Chetumal.- Como parte de las acciones que realiza el gobierno de Carlos Joaquín para empoderar a las mujeres, disminuir las desigualdades y prevenir la violencia, este día se impartió en Chetumal la conferencia “¡Qué el miedo no me calle!” y se presentó la campaña “Vivas y libres”.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Carlos Joaquín trabaja para empoderar a las mujeres, quienes en la actualidad juegan un papel determinante como guías y sostén de muchas familias en Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín ha puesto en marcha programas que impulsan su desarrollo y propician una igualdad en su crecimiento como “Crédito a la palabra”, “Taxi naranja” y el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

Carlos Joaquín impulsa la igualdad de oportunidades, con programas de apoyo social, acciones de prevención de la violencia de género, orientación jurídica gratuita y terapias psicológicas.

La conferencia, organizada por la Universidad de Quintana Roo en coordinación con el Instituto de la Cultura y las Artes, tuvo como objetivo invitar a las mujeres a acercarse a las instituciones para recibir ayuda en casos de ser víctimas de la violencia.

Catalina Ruiz Navarro, feminista colombiana, destacó la importancia que tiene empoderar a las mujeres para llegar a un balance de poder entre hombres y mujeres para disminuir las conductas de violencia, y mencionó también que las mujeres deben contar sus experiencias.

La directora del Instituto del Cultura y las Artes de Quintana Roo Jacqueline Estrada Peña recordó que el compromiso del gobernador Carlos Joaquín es trabajar de la mano con instituciones en acciones para prevenir y atender el problema de la violencia contra las mujeres.

Lidia Esther Rojas Fabro, una de las ponentes de los paneles de hostigamiento y acoso sexual, mencionó que Quintana Roo cuenta con instituciones como el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud que realizan acciones en beneficio de las mujeres y les brindan atención médica y psicológica cuando han sido víctimas de violencia.

Luisa Cecilia Balam Villarreald de la Comisión de los Derechos Humanos, expresó que es importante la participación de las instancias de gobierno para que mujeres y hombres se concientice sobre el tema de abuso sexual y de acoso.

“Puede pasar en muchos lugares, no solo en escuelas sino también en el ámbito laboral y muchas veces la mujeres no saben cómo actuar y creen que están solas. Con esta conferencia ven que hay redes de acompañamiento y que hay otras mujeres que también las pueden apoyar” añadió.

Este día, igualmente, se presentó la campaña “Vivas y libres”, compuesta por spots de televisión, radio y carteles para redes sociales con el fin de generar nuevos referentes sobre la convivencia social, y la construcción de nuevos modelos de relación basados en la igualdad entre mujeres y hombres.

En el marco de la presentación de esta campaña, la directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer Silvia Damián López y la titular del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Martha Silva Martínez firmaron un convenio para impulsar la difusión de la campaña “Vivas y libres”, que fue atestiguado por la coordinadora general de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo Haidé Serrano Soto.

La campaña se difundirá a lo largo del estado de Quintana Roo en la radio, la televisión y las redes sociales, y vinculará a las diversas instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y de la iniciativa privada para el fortalecimiento de dicha difusión.

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Primer semestre de 2019: en el nuevo gobierno, cada 17.4 horas se agrede a la prensa en México

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  • Durante el primer semestre del año, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas.
  • 2019 ya rebasó el año anterior en número de periodistas asesinados, con 10.
  • Quintana Roo, CDMX, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los estados con más agresiones.

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2019.- En México se registra una agresión contra un o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de ARTICLE 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas. Y desde el inicio del gobierno federal en turno, se han registrado 277 agresiones.

El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No sólo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado; en lo que va de 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018, cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México.

Para tener una perspectiva del riesgo que viven las y los periodistas es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016 (11 asesinatos) y 2017 (12 asesinatos, el registro más alto), sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010.

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México, con 25; Guerrero, con 22; Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. Es importante mencionar que los últimos cuatro estados, desde 2013, se mantienen como los más violentos.

Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones, en el mismo periodo, de un año a otro. Cabe destacar que en este estado se registraron 2 asesinatos de periodistas.

Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%.

En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico a través de manifestaciones indirectas de oposición, desaprobación o agresividad hacia la labor periodística.

Con respecto a las amenazas, el 67.16% de éstas (45 casos) tienen el agravante de ser de muerte. En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información. Respecto a los ataques físicos se contaron en 25 ocasiones de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intentos de asesinato.

El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron en contra de mujeres periodistas y 18% en contra medios de comunicación.

En el caso de los hombres periodistas las agresiones más frecuentes fueron las amenazas de muerte, con 38 casos. A su vez, en el caso de las mujeres periodistas, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos que se documentaron están la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio, y llamadas a directivos o jefes en los medios para preguntar por qué las periodistas abordan temas “de cierta manera”.

Diez de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de las periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición o de tratar de hacer escarnio de su imagen física o su vestimenta. A estos casos se les suma 1 caso de violencia sexual, 1 amenaza de violencia sexual y 1 campaña de desprestigio con connotación sexual.

Con respecto a las agresiones en internet, estas representan el 38% del total, con 94. De estas, el 22% se ejercieron contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación, pues el espacio digital se ha convertido en un complemento a la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones; en ese sentido, el objetivo de los ataques está claramente orientado a callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no ocupen los espacios de discusión pública

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que “la violencia contra las mujeres, y en especial contra las mujeres periodistas, no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres”.

Respecto a los contextos de las agresiones, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Es importante recordar que, en un país que enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las protestas son una forma de participación democrática, principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Para ello, las autoridades están obligadas a generar condiciones idóneas tanto para el derecho a la protesta como para el libre ejercicio periodístico.

Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8, las cuales se dieron principalmente al dar cobertura al conflicto migratorio, el cual es constantemente víctima de discursos de odio, así como la prensa que lo cubre.

En lo que se refiere a los bloqueos, alteración o remoción de contenido fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo del poder público fueron 16 donde destacan 4 casos de hostigamiento judicial por la vía civil, casos donde los y las periodistas afectadas recibieron citatorios para declarar respecto a notas que publicaron y donde se les apercibía respecto a recibir multas en caso de no asistir. La existencia de estos actos que constituyen abusos de autoridad y violaciones al derecho constitucional a la protección de fuentes de información debilita la democracia del país y poner en riesgo a las y los periodistas, principalmente por las malas prácticas de las fiscalías de filtrar información.

Respecto a los perpetradores de violencia contra la prensa, el 42.16%, es decir 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De éstos, más de la mitad (56.19%) fueron funcionarios municipales El 28.57% con 30 casos, se trató de funcionarios públicos estatales, seguidos por los funcionarios federales con 16 casos, equivalente a más del 15%.

No omitimos señalar la necesidad de que las autoridades propicien un ambiente idóneo para ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, ha sido una preocupación constante las declaraciones vertidas por las cabezas del Ejecutivo federal, estatales y municipales, los cuales de manera cada vez más recurrente atacan a la prensa y buscan mermar su credibilidad, cerrando con ello los canales de difusión de información, inhibiendo el debate y poniendo en riesgo a las y los periodistas.

Este año, a diferencia de los anteriores, después de funcionarios públicos, en 64 casos (25.70%) se registró una falta de elementos suficientes para señalar un responsable, lo cual tiene que ver principalmente con el aumento de agresiones digitales las cuales vuelven complicado identificar al agresor, así como a causa del ambiente polarizado en el país. El resto de las agresiones fueron perpetradas por particulares con 47 agresiones, equivalente al 18.87% del total de agresiones. Seguida de aquellas protagonizadas por algún grupo del crimen organizado con 27 casos, lo que representan el 10.8% del total de agresiones.  Finalmente 47 agresiones fueron realizadas por particulares y 6 por militantes de partidos políticos.

ARTICLE 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Es decir, la violencia contra la prensa se ejerce con el fin de silenciar y censurar las voces que podrían afectar intereses políticos, económicos y redes de delincuencia en las q incluso pueden estar involucradas autoridades por lo que dicha violencia se alimenta de la impunidad que existe en México.

A casi un año del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia ejercida contra periodistas. La consolidación democrática del país pasa por garantizar la libertad de expresión y una acción decidida por parte del Estado para brindar las condiciones idóneas para el ejercicio de tal derecho.

Bebés gemelas en Cancún presentaban signos graves de violencia; una falleció y otra está hospitalizada

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Por Gabriel Alcocer

CANCÚN, MX.- Una investigación fue iniciada por la Fiscalía General del Estado, por la muerte de una bebé de un mes de edad, quien presentaba signos de violencia, cuando era trasladada por su padre al Hospital General, mientras su hermana gemela sufrió una fractura en uno de sus brazos, en un grave caso de maltrato infantil.

De hecho, los padres adolescentes de las menores se encuentran detenidos para ser investigados por las lesiones que recibieron las dos pequeñas, una de éstas murió y la otra se encuentra hospitalizada, bajo el resguardo del DIF.

En este dramático caso, la Fiscalía General del Estado confirmó que las bebés gemelas presentan visibles signos de violencia física y por este motivo, el padre y la madre, ambos menores de edad, están retenidos.

La tragedia infantil fue reportada alrededor de las 11:00 horas de este jueves en la avenida Chac Mool, a la altura de la calle Felipe Carrillo Puerto, en el fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 223, donde paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención a una bebé de un mes de nacida, quien era trasladada en un vehículo particular hacia el Hospital General.

La pequeña recibió atención de los paramédicos, quienes trataron de reanimarla en el interior de la ambulancia, pero ya no tenía signos vitales y debido a que su cuerpo presentaba signos de violencia, reportaron esta situación a los policías.

Las primeras investigaciones revelaron que la hermana gemela de la ahora occisa, presenta una fractura en un brazo y también heridas en distintas partes del cuerpo, por lo cual se encuentra recibiendo atención médica.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, los padres, también menores de edad, agredieron a las bebés, les causaron lesiones que provocaron la muerte de la recién nacida y heridas de consideración a su pequeña hermana”, informó la Fiscalía.

El reporte de este caso indica que Policías Ministeriales adscritos al área de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes acudieron al lugar, luego de que paramédicos -que previamente habían llegado a prestar auxilio a una de las bebés debido a que la menor recién nacida era trasladada por el padre con aparente desvanecimiento-, se percataron que la niña presentaba lesiones visiblemente producidas por agresiones y ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte al Agente del Ministerio Público quien ordenó que se presentaran de inmediato los Agentes de Investigación. (Noticaribe)

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Los detenidos por la violencia en Q Roo: durante 2019, 99 personas fueron vinculadas o sentenciadas por casos de asesinato

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CANCÚN, MX.-Durante 2019 se han detenido a 99 personas por homicidio doloso, principal indicador de violencia por ser un delito de alto impacto. De los detenidos, 89 se encuentran vinculados a proceso y 10 ya fueron sentenciados, de acuerdo con estadísticas de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las cifras establecen que además casi el 80% de los asesinatos en Quintana Roo son perpetrados por gente que llega de fuera.

Entre los procesados y sentenciados 19 acreditaron como su lugar de origen a Quintana Roo, 19 a Tabasco, 13 a Yucatán, 12 Chiapas, 9 Guerrero, 4 Ciudad de México, 4 Jalisco, 3 Campeche, 2 Oaxaca, 1 Nayarit, 1 Costa Rica, 1 Colombia, y 11 sin datos por lo que no ha sido identificada aún su procedencia.

De igual forma la inmigración que provoca que la tasa de crecimiento poblacional (2.32%) en Quintana Roo sea más del doble que la del promedio nacional (0.97%), se refleja en el número de cuerpos de víctimas de homicidio doloso que no han sido reclamados ni identificados y que en este año suman 75.
El aeropuerto de Cancún moviliza cada año a 26 millones de personas. Tiene una población que no llega aún a los dos millones, según cifras de Conapo, pero recibe anualmente a 20 millones de turistas que, así como los inmigrantes, demandan atención y servicios generales.

Sin embargo, según la FGE, ni el flujo de inmigrantes ni el de visitantes ha sido reconocido por el gobierno federal como base para dotar a Quintana Roo de una mayor presencia de fuerzas federales que combatan al crimen organizado, responsable de 9 de cada 10 asesinatos en la entidad, ni de una repartición de recursos equitativa a la riqueza que genera para México: 33 de cada 100 pesos que ingresan al país se producen aquí por concepto de turismo.

32 mil inmigrantes en 2019

La inmigración hacia Quintana Roo que este año, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), sumará más de 32 mil personas entre nacionales y extranjeros. (Noticaribe)

Delegada de Imoveqroo condena violencia en sus propios operativos

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Cancún.- Luego de que ayer se diera a conocer un nuevo video donde dos supuestas clientes que al parecer trabajan en contubernio con inspectores del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) agredieran con una pistola eléctrica a un operador de Uber, la delegada de esta dependencia en la zona norte reprobó la violencia y señaló que colaborarán con las investigaciones.
“Personalmente repruebo todos los actos de violencia que se han suscitado recientemente en agravio tanto de operadores como de usuarios y del propio personal del Imoveqroo. Todos en Imoveqroo BJ colaboraremos con las autoridades para que sean investigados y sancionados”, publicó en su cuenta de Twitter Bibian Castillo Dzul, delegada del instituto en la zona norte.
Complementó diciendo que “El ejercicio de nuestras funciones y facultades previstas en la Ley de Movilidad vigente en Quintana Roo, no será un motivo para que grupos con intereses particulares generen ambientes hostiles. Estaremos atentos a sus reportes ciudadanos”.


El mensaje fue contestado con sorna por la cuenta del Movimiento TOUR, asociación de transportistas federales encabezada por José Bizarro Galván, quien señaló que es de conocimiento público que el Imoveqroo organiza estos operativos en contubernio con el Sindicato de Taxistas. También advirtió que, de continuar, alguien podría resultar muerto a causa de estas descargas eléctricas.
Cabe recordar que a inicios de semana operadores de Uber dieron a conocer por medio de una rueda de prensa el acoso al que son sometidos constantemente por los inspectores del Imoveqroo, pese a que la misma dependencia alega carencia de personal para regular el transporte público.
Los mismos conductores de Uber denunciaban que a ellos les han un “marcaje personal”, pero que no ven que les hagan lo mismo a los taxistas.
Falsos clientes, que los operadores de Uber llaman “cuatreras”, son quienes piden acudir a donde se encuentran los agentes del Imoveqroo, que de inmediato abordan la unidad, con pleno conocimiento de que se trata de un Uber, pese a que no hay nada que lo indique. Ayer, dos operadores recibieron descargas eléctricas por parte de estas “cuatreras”.

Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo

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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

 

Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible  a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6]a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho

En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

  1. Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
  2. Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
  3. A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
  4. A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
  5. Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
  6. Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
  7. A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
  8. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.

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Analiza Lili Campos reforma contra la violencia política de género

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Cancún.- Varias candidatas, incluida la panista Lili Campos Miranda, sufrieron aparente violencia política de género en las pasadas campañas electorales, las que, aunque fueron denunciadas en su momento, no cesaron, pues las investigaciones ni siquiera han llegado todavía al Tribunal Electoral. Ante estas circunstancias, la ahora diputada electa del Distrito 10 señala que no descarta el que se modifique la ley electoral.
“Fueron varias denuncias,” comentó, hablando de su caso “y pese a todo ello lo único que resultó… fueron amonestaciones, pero no inhibía la conducta. Terminó la campaña, incluso concluyó el proceso electoral y todavía hubo actos que afectaban mi persona”.
La diputada electa acudió a un Conversatorio de Violencia Política Contra las Mujeres, lo que dijo sirvió para ver que los magistrados traen en mente que este incidente pueda ser causa de nulidad de elección, en sus criterios, por lo que “también habría que considerarlo como criterio legislativo”.
La propuesta, que surgió de la discusión y que fue respaldada por varios de los presentes, es que el candidato que incurra en este delito pierda su registro como tal y no pueda contender en las elecciones.

Entrevistada por separado, Nora Cerón González, magistrada presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó que todavía no reciben alguna queja por violencia política de género, pues todos los casos siguen en el Instituto Electoral (Ieqroo).
Sobre una reforma legal, indicó que es un tema que puede retomar el Ieqroo con los diputados que queden en la Comisión de Igualdad de Género, o bien con el pleno de la Legislatura.
“El Instituto puede presentar la propuesta, el Tribunal no; lo que no impide que platiquemos con los diputados”, añadió.
Indicó que es un hecho público que hubo “algunas situaciones”, en las que todavía ignora si procederán o no, pero el desafío ahora es que no crezca el fenómeno, como indica la tendencia, al ser ya más candidatas, con una reforma para que los candidatos culpables de esto pierdan su registro, y que los partidos políticos también tengan sus sanciones al respecto.

El ayuntamiento determinado a erradicar la violencia contra la mujer 

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Tulum, 23 de julio de 2019.- En el ayuntamiento contamos con todos los servicios para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres dijo a nombre del presidente, Víctor Mas Tah, la regidora Jenny López Landero, al tiempo en que expreso que las mujeres deben acudir a Dirección de Equidad Género para recibir atención en cualquier materia que requieran.
Durante la “Jornada de Oferta de Servicios”, organizada por la Coordinación de Igualdad de Género, a cargo de Sazi Jiménez Ramírez, ésta expresó que se requieren más mujeres independientes y que luchen por la equidad entre los géneros.

López Landero, indicó que los servicios que se ofertan en esta jornada son permanentes y deben ser aprovechados por las mujeres “sobre todo las que más necesitan ser atendidas por las instituciones del ayuntamiento, que unidas, están tras el objetivo de lograr la igualdad de género”
Jiménez Ramírez, subrayó que el presidente, Víctor Mas Tah, es una persona convencida de la necesidad de generar condiciones de igualdad a lo largo y ancho del municipio, razón por la cual sigue sus instrucciones de atender a todas las mujeres tanto de las comunidades como de la cabecera municipal.

Continúa violencia en Corales; ejecutan a dos personas

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Cancún.- Dos hombres murieron acribillados esta tarde en el fraccionamiento Corales, en la Región 77 de Cancún, misma donde esta madrugada fue hallado un cuerpo desmembrado.
Dos personas en una motocicleta llegaron a un callejón donde bebían alcohol dos hombres, uno de 25 y el otro de 35 años.

El que iba de pasajero abrió fuego, disparándoles en múltiples ocasiones a sus dos blancos, quienes fallecieron de forma casi instantánea.
La zona ya fue acordonada por agentes de la Policía Municipal, en espera de la Fiscalía.
Cabe destacar que esta madrugada fue hallado un cuerpo trozado en 11 partes, en este mismo fraccionamiento.

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